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La reforma de las fuerzas de seguridad guineanas debe traer justicia por la masacre del "Lunes Sangriento"

Video de análisis de los disturbios en Conakry el 28 de septiembre de 2009.

© Amnistía Internacional

23 febrero 2010

Amnistía Internacional ha advertido hoy miércoles de que Guinea corre peligro de entrar en una nueva era de violaciones de derechos humanos si no se introducen reformas urgentes de las fuerzas de seguridad y si los autores de la masacre del año pasado siguen eludiendo la justicia.

En un nuevo informe que examina la masacre del “Lunes Sangriento” del 28 de septiembre de 2009 y el periodo que le siguió, Amnistía Internacional recomienda una serie de reformas de las fuerzas de seguridad guineanas con el fin de garantizar que se respetan y defienden los derechos humanos en este país del oeste de África.

Durante las protestas y después de ellas, las fuerzas de seguridad de Guinea mataron a más de 150 personas y violaron a más de 40 mujeres. Además, más de 1.500 personas resultaron heridas y muchas otras desaparecieron o fueron detenidas.

Al menos dos altos mandos militares a los que Naciones Unidas citó como posibles responsables penales individuales de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad siguen ocupando puestos de influencia en el gabinete presidencial guineano, pese a la formación de un nuevo gobierno de transición.

El informe documenta ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, violación, esclavitud sexual y detención arbitraria a manos de unidades específicas de las fuerzas armadas de Guinea –la gendarmería– y la policía. También revela cómo para cometer los delitos del 28 de septiembre de 2009 se utilizaron armas y material de seguridad suministrados por Sudáfrica, Francia y otros países.

“En lugar de enfrentarse a la justicia por estos crímenes, los responsables de la masacre del 'Lunes Sangriento' siguen ocupando puestos de autoridad, protegidos del procesamiento”, ha manifestado Gaëtan Mootoo, investigador de Amnistía Internacional sobre Guinea.

“Se necesita urgentemente una reforma de las fuerzas de seguridad basada en las normas internacionales de derechos humanos para evitar que se repitan los terribles sucesos del pasado septiembre. Esta reforma debe ir acompañada del procesamiento de los responsables de la masacre del 'Lunes Sangriento'”, ha manifestado Gaëtan Mootoo.

En el informe se saca a la luz la formación y ayuda militar prestadas recientemente por China, Francia y otros países al ejército y las unidades de seguridad de Guinea responsables del “Lunes Sangriento”. Esta ayuda se prestó sin salvaguardias adecuadas de derechos humanos, y a pesar de la década de violaciones de derechos humanos que tienen en su historial estas unidades.

Cualquier reforma futura de las fuerzas de seguridad guineanas debe establecer el respeto por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y no debe permitir la impunidad para los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones graves de derechos humanos. La comunidad internacional sólo debe ayudar a las reformas si éstas son conformes con el derecho y las normas internacionales.

El gobierno francés anunció el 16 de febrero de 2010 su intención de reanudar la cooperación militar con Guinea. Toda cooperación que implique ayuda técnica o formación en materia de equipo militar o de seguridad, como se ha hecho en el pasado reciente, puede contravenir el actual embargo de armas impuesto por la Unión Europea contra Guinea.

El informe de Amnistía Internacional detalla el amplio programa francés de asistencia a las fuerzas de seguridad de Guinea, y plantea serias dudas sobre un nuevo programa de ayuda para la formación en materia de orden público destinado a que la junta militar continúe con la importante ampliación de las unidades de seguridad interna de la gendarmería iniciada en 2009.

También se destaca la autorización de las exportaciones de gas lacrimógeno y equipo antidisturbios emitida entre 2004 y 2008, que no se ha publicado ni se ha puesto en conocimiento del Parlamento francés.

“En el pasado, algunos de los gobiernos que proporcionan ayuda militar se han mostrado más dispuestos a proteger sus intereses ante las autoridades guineanas que a proteger los derechos humanos de la población de Guinea. Cualquier ayuda futura debe basarse en las normas internacionales de derechos humanos”, ha manifestado Gaëtan Mootoo.

El informe destaca asimismo los indicios de que durante 2009 se contrató a empresas privadas e individuos con base en Israel, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica para proporcionar servicios militares y de seguridad al gobierno guineano.

Estas empresas e individuos han negado haber llevado a cabo actividad ilegal alguna, y se han negado a confirmar a Amnistía Internacional la naturaleza de sus actividades de seguridad en Guinea.

Los indicios reunidos por Amnistía Internacional identifican a algunos de estos individuos en lugares donde, a finales de 2009, formadores extranjeros y guineanos impartieron formación a nuevas milicias jóvenes que, al parecer, cuentan entre sus filas con menores de 18 años. El informe incluye los primeros relatos de testigos presenciales de este programa de formación de milicias.

El lunes 28 de septiembre de 2009, las fuerzas de seguridad de Guinea sometieron a fuerza excesiva, actos de violencia –incluida violencia sexual– y otras graves violaciones de derechos humanos a partidarios desarmados de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que se manifestaban pacíficamente en el Stade du 28 Septembre, en Conakry.

Las protestas, organizadas por un grupo de partidos políticos conocido como Forces Vives, iban dirigidas contra la decisión de Dadis Camara, jefe del Estado, de presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

La mayoría de estas graves violaciones de derechos humanos fueron cometidas por miembros de la Guardia Presidencial y otros sectores del regimiento de comando del ejército guineano, así como por unidades de gendarmería y milicianos vestidos de civil, con la presunta aprobación de las autoridades de Guinea. Los actos de violencia, aunque en menor escala, continuaron durante los días siguientes a las protestas, y sumieron a la capital, Conakry, en un estado de temor.

Desde 2004, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Malí, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica han proporcionado armas o formación a las fuerzas de seguridad de Guinea. Amnistía Internacional está haciendo campaña en favor de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que establezca una norma legalmente vinculante según la cual los Estados no podrán autorizar transferencias internacionales de armas o formación afín si existe un peligro serio de que contribuyan a que se cometan violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos.

El 19 de febrero de 2010, la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, manifestó, al final de una visita de tres días a Guinea, que se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante el "Lunes Sangriento" y después de él y que la CPI debía continuar con su investigación preliminar.

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