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Más muertes y abusos mientras el gobierno colombiano niega la situación de derechos humanos

Protesta en 2006 por el asesinato de Alejandro Uribe, dirigente de un sindicato minero

Protesta en 2006 por el asesinato de Alejandro Uribe, dirigente de un sindicato minero

© Particular


28 octubre 2008

El gobierno colombiano niega la situación de derechos humanos en el país, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, titulado “¡Déjennos en paz!” La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia, sostiene que a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos internos forzados, agresiones contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios por parte de las fuerzas de seguridad, las autoridades colombianas están intentando ofrecer una versión positiva de la situación.

Las autoridades incluso se niegan a admitir que en su país exista un conflicto armado. “Es imposible resolver un problema si no se reconoce su existencia –ha afirmado Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional–. Negándolo sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir.”

El informe, el estudio más completo y actualizado sobre el estado de los derechos humanos en Colombia, es el resultado de investigaciones sobre el terreno realizadas entre 2006 y 2008. Recoge los casos de las personas y comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, por ejemplo, miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado.

El informe también documenta casos de víctimas de secuestros; de mujeres y niñas violadas; de niños y niñas reclutados por grupos paramilitares y guerrilleros o mutilados por las minas terrestres antipersonal; de comunidades que han adoptado una postura activa para defender su derecho a no ser involucradas en el conflicto y de defensores y defensoras de los derechos humanos y sindicalistas a quienes su labor en pro de los derechos humanos les ha costado la vida.

En 2007 hubo al menos 1.400 homicidios de civiles. Esta cifra es superior a los 1.300 registrados en 2006. De los casos en que se identificó a los autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.

En 2007, el número de personas desplazadas en Colombia alcanzó las 305.000, frente a 220.000 en 2006. Al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los grupos guerrilleros en 2007. Esta cifra supera a la de aproximadamente 180 en 2006.

El informe muestra que, si bien algunos indicadores de derechos humanos –por ejemplo, el índice de secuestros y la seguridad en algunas ciudades– ha mejorado en los últimos años, muchos otros han empeorado.

El estudio también echa por tierra declaraciones realizadas en repetidas ocasiones por el gobierno colombiano; por ejemplo, que los grupos paramilitares ya no están activos, que se obliga a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos, o que se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y de los sindicalistas.

“La población colombiana lleva más de 40 años atrapada en uno de los peores conflictos olvidados del mundo, atacada por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros, mientras que el gobierno no toma ninguna medida de peso para brindarle protección”, declaró Marcelo Pollack.

“Para cambiar radicalmente la trágica realidad de Colombia, el gobierno y los grupos guerrilleros tienen que dejar al margen del conflicto a la población civil de una vez por todas.”

El conflicto armado interno de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares con los grupos guerrilleros desde mediados de la década de los sesenta. Se ha caracterizado por niveles extraordinarios de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, y ha afectado principalmente a la población civil: decenas de miles de civiles han perdido la vida y miles más han sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad, de los paramilitares o de los grupos guerrilleros.

Tales abusos han dado como resultado una de las mayores crisis de personas desplazadas
que se conocen en el mundo; se cree que entre tres y cuatro millones de colombianos han huido de sus casas para escapar de la violencia. Estos crímenes son una muestra del desprecio que todas las partes implicadas en el conflicto exhiben por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a todas las partes implicadas en el conflicto colombiano que demuestren su voluntad política para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. La organización también insta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos para garantizar que las dos partes en el conflicto respetan los derechos humanos de la población colombiana.

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