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La industria petrolera ha traído pobreza y contaminación al delta del Níger

Mujeres junto a un manantial que desde 2004 vierte crudo cerca de la comunidad de Ikot Ada Udo, en el delta del Níger.

Mujeres junto a un manantial que desde 2004 vierte crudo cerca de la comunidad de Ikot Ada Udo, en el delta del Níger.

© Kadir van Lohuizen/NOOR


30 junio 2009

La industria petrolera del delta del Níger, en Nigeria, ha traído pobreza, conflictos, abusos contra los derechos humanos y desesperación a la mayoría de las personas que viven en las zonas productoras de petróleo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

Para cientos de miles de personas, la contaminación y los daños medioambientales causados por la industria del petróleo han dado lugar a violaciones del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del derecho a un nivel de vida adecuado (incluido el derecho al agua y la alimentación) y del derecho a ganarse el sustento mediante el trabajo.

El informe, titulado Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger, también examina la inacción del gobierno de Nigeria a la hora de exigir a las empresas petroleras que rindan cuentas por la contaminación que han causado.

“Las empresas petroleras llevan demasiado tiempo aprovechándose de las deficiencias del sistema de regulación existente en Nigeria –dice Audrey Gaughran, de Amnistía Internacional–. No toman suficientes medidas para prevenir los daños medioambientales y con frecuencia no abordan adecuadamente el impacto devastador que tienen sus malas prácticas en la vida de la población.”

El delta del Níger es uno de los 10 ecosistemas pantanosos y marino-costeros más importantes del mundo, y en él viven en torno a 31 millones de personas. Allí también se encuentran enormes depósitos de petróleo, que el gobierno de Nigeria y empresas petroleras multinacionales llevan extrayendo desde hace decenas de años.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región vive en medio del “abandono administrativo, el desmoronamiento de los servicios y las infraestructuras sociales, una elevada tasa de desempleo, privación social, una enorme pobreza, miseria e inmundicia y un conflicto endémico”. Esta pobreza, y el contraste que supone con la riqueza generada por el petróleo, se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios y alarmantes de la “maldición de los recursos”.

El petróleo ha generado ingresos de aproximadamente 600.000 millones de dólares estadounidenses desde la década de 1960. Pese a ello, muchas personas que viven en las zonas productoras de petróleo tienen que utilizar agua contaminada para beber, cocinar y lavarse y comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas.

“Más del 60 por ciento de los habitantes de la región dependen del entorno natural para ganarse la vida –señala Audrey Gaughran–. Pero la contaminación causada por la industria petrolera está destruyendo los recursos vitales de los que dependen.”

La contaminación por hidrocarburos en el delta del Níger mata los peces, sus larvas y fuentes de alimentación, perjudica su capacidad de reproducción y causa un daño inmediato y a largo plazo en los bancos de pesca. Esta contaminación también daña el material de pesca.

Los vertidos de petróleo y residuos también han afectado gravemente a las tierras de cultivo. Las consecuencias a largo plazo incluyen pérdida de fertilidad del suelo y de productividad agrícola, que en algunos casos pueden prolongarse durante decenios. En muchos casos, estas consecuencias a largo plazo han afectado al único medio de sustento de que disponía una familia.

La destrucción de los medios de vida y la ausencia de resarcimiento y rendición de cuentas han llevado a algunas personas a robar petróleo y destruir infraestructuras petroleras con el objeto de conseguir una indemnización o contratos de limpieza.

Cada vez es más frecuente que los grupos armados exijan un mayor control de los recursos de la región, a la vez que cometen robos de petróleo a gran escala y piden rescates por trabajadores petroleros secuestrados. Al tomar represalias por el activismo y la violencia, el gobierno a menudo hace un uso excesivo de la fuerza y somete a las comunidades a actos de violencia y castigos colectivos, lo que alimenta la ira y el resentimiento

En la industria petrolera del delta del Níger participan tanto el gobierno de Nigeria como filiales de empresas multinacionales. Shell Petroleum Development (Shell), filial de Royal Dutch Shell, es el principal operador en tierra firme. La mayoría de los casos recibidos e investigados por Amnistía Internacional están relacionados con Shell.

Los vertidos de petróleo y residuos y la combustión de gases, tristemente conocidos, son endémicos. Los vertidos de crudo se producen a causa de la corrosión de las tuberías, el deficiente mantenimiento de la infraestructura, fugas, errores humanos y, en ocasiones, vandalismo, sabotaje o robo de petróleo.

Nunca se ha evaluado adecuadamente la magnitud de la contaminación y el daño medioambiental en la zona. Las cifras existentes varían considerablemente en función de las fuentes, pero cada año se producen centenares de vertidos. El PNUD ha señalado que entre 1976 y 2001 se registraron más de 6.800 vertidos. Según la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo, en marzo de 2008 había al menos 2.000 puntos del delta del Níger que necesitaban tratamiento a causa de la contaminación relacionada con el petróleo. La cifra real puede ser muy superior.

El sistema de regulación en el delta del Níger es pésimo. Nigeria cuenta con leyes y reglamentos que exigen a las empresas el cumplimiento de normas de “buenas prácticas en los yacimientos de petróleo”, así como con leyes y reglamentos que protegen el medio ambiente, pero la aplicación de todas estas normas es deficiente. Los organismos gubernamentales responsables de su cumplimiento no actúan con eficacia y, en algunos casos, se ven comprometidos por conflictos de intereses.

“La población del delta del Níger ha visto sus derechos humanos socavados por empresas petroleras a las que el gobierno no puede o no quiere obligar a rendir cuentas de sus actos –añade Audrey Gaughran–. Se le ha negado sistemáticamente el derecho a la información sobre cómo la van a afectar las actividades de prospección y explotación de petróleo y se la priva una y otra vez de acceso a la justicia.”

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