Población civil desplazada de Filipinas, en peligro pese al alto el fuego en Mindanao

Más de 200.000 civiles de la región central de Mindanao siguen siendo vulnerables a abusos, a pesar del reciente alto el fuego entre el ejército filipino y el insurgente Frente Moro de Liberación Islámica, advirtió Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 25 de agosto.

El informe, titulado Philippines: Shattered lives, beyond the 2008 – 2009 Mindanao armed conflict, expone en detalle los riesgos a que se enfrentan cientos de miles de personas que se ven visto obligadas a vivir en campos o en refugios improvisados, a veces rodeadas de una intensa presencia militar. Muchas de estas personas no han podido regresar todavía a sus hogares tras la implementación del alto el fuego el 29 de julio de 2009.

“La vulnerabilidad y la incertidumbre a que hace frente la población civil de Mindanao central obligan al gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica a poner los derechos humanos en un lugar destacado de su agenda en las futuras conversaciones de paz”, ha afirmado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

El informe, basado en una visita de Amnistía Internacional a Mindanao y en actualizaciones detalladas sobre el terreno, pone de relieve las condiciones desesperadas de los civiles que viven en campos superpoblados, con acceso limitado a alimentos y medios de vida. El informe también proporciona información sobre abusos contra los derechos humanos cometidos por el ejército y por el Frente Moro de Liberación Islámica contra habitantes de poblaciones de la provincia de Maguindanao, en Mindanao central.

En uno de estos casos, en enero de 2009, un grupo numeroso de soldados entró en la población de Ungap, municipio de Sultan Kudarat, y detuvo a 10 hombres. Los soldados entraron por la fuerza en las casas, apuntando con sus armas y destruyendo las pertenencias de sus moradores. Una persona dijo a Amnistía Internacional que a los hombres detenidos, entre los que estaba su esposo, les aplicaron después descargas eléctricas; nueve quedaron en libertad, pero su esposo continúa detenido. Según otro miembro de la familia, sus interrogadores le hicieron preguntas durante un periodo de 10 semanas mientras le aplicaban descargas eléctricas y lo golpeaban.

Muchas personas desplazadas dijeron a Amnistía Internacional que se habían visto obligadas a poner en peligro su vida y regresar a sus antiguos hogares para recuperar sus pertenencias y ocuparse de sus cultivos a fin de poder sobrevivir. Otros testimonios ofrecieron detalles sobre detenciones arbitrarias y graves palizas propinadas por el ejército filipino, el Frente Moro de Liberación Islámica o milicias locales.

“Decenios de conflicto han dejado cicatrices en la población civil, que sigue viviendo con miedo, sin saber qué sucederá mañana” –ha declarado Donna Guest–. El reciente acuerdo de alto el fuego les ha hecho concebir esperanzas, por lo que ahora recae sobre el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica la carga de demostrar que son sinceros dando prioridad al bienestar de la población local.”

“El gobierno de Filipinas tiene la obligación en virtud del derecho internacional de garantizar la protección de las personas desplazadas y su acceso a alimentos, agua y asistencia médica adecuados”, ha agregado Donna Guest.

Amnistía Internacional ha pedido tanto a las autoridades filipinas como al Frente Moro de Liberación Islámica que garanticen la seguridad y el bienestar de la población civil en su totalidad. La organizació ha manifestado que cuando se formulen denuncias creíbles de abusos contra los derechos humanos, el gobierno debe abrir una investigación inmediata e imparcial sobre las denuncias y hacer públicas las conclusiones. El Frente Moro debe cooperar con el gobierno para facilitar esas investigaciones.

Asimismo, Amnistía Internacional ha señalado que el gobierno debe implementar, en cooperación con las personas desplazadas, un plan para el retorno seguro y voluntario a sus aldeas, que incluya la provisión de alimentos, vivienda y medios de vida adecuados una vez sean reasentadas.

El conflicto de Mindanao entre el ejército filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica se intensificó en agosto de 2008, tras dictar la Corte Suprema una orden de suspensión temporal del Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales. Este documento se había concebido para preparar el terreno para la paz, ampliando la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

En octubre, la Corte dictaminó que el Memorándum era inconstitucional. Los combates continuaron de forma esporádica hasta que se llegó a un acuerdo de alto el fuego en julio de 2009. Un total de más de 700.000 personas se han visto desplazadas durante el año que ha durado el conflicto.

A principios de la década de 1970 estalló un conflicto armado en gran escala entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Nacional. En 1978, el Frente Moro de Liberación Islámica se escindió del Frente Moro de Liberación Nacional, con el que posteriormente el gobierno firmó un acuerdo de paz en 1996. Estallaron combates intermitentes entre el ejército y el Frente Moro de Liberación Islámica, al tiempo que también continuaban los intentos de negociaciones de paz.

El 29 de julio de 2009, el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica acordaron en Kuala Lumpur, capital de Malaisia, suspender las operaciones militares y trabajar para establecer un mecanismo de protección para la protección civil. Las conversaciones adicionales entre las dos partes no se han reanudado todavía.

Hay disponibles resúmenes del informe en inglés, alemán, árabe y tagalo.