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La pobreza y la pena de muerte en Nigeria

Una mujer en la prisión central de Katsina en espera de ser ejecutada por un aborto, Nigeria, marzo de 2003.

Una mujer en la prisión central de Katsina en espera de ser ejecutada por un aborto, Nigeria, marzo de 2003.

© Amnistía Internacional


21 octubre 2008

Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, centenares de personas que están en espera de ejecución en Nigeria no han tenido un juicio justo y por tanto podrían ser inocentes.

En el informe, titulado Nigeria: Waiting for the Hangman, se señala que las personas condenadas a muerte carecen de recursos económicos y que más de la mitad de las condenas se basan en confesiones obtenidas en la mayoría de los casos bajo tortura.

En el informe, elaborado en colaboración con la organización nigeriana Proyecto de Asistencia y Defensa Jurídica (Legal Defence and Assistance Project, LEDAP), se dice también que el sistema de justicia penal nigeriano está “corroído por la corrupción, la negligencia y una carencia de recursos que roza lo delictivo”.

En febrero de 2008 había en Nigeria 725 hombres y 11 mujeres en espera de ejecución. Al menos 40 de estas personas eran menores de 18 años de edad. Alrededor de un 53 por ciento habían sido condenadas por asesinato. La mayoría de las demás lo habían sido por robo y robo a mano armada.

El 47 por ciento de la personas condenadas a muerte está en espera de que se resuelvan sus recursos de apelación. En el 25 por ciento de los casos, el procedimiento de apelación ha durado más de 5 años. El 6 por ciento de las personas condenadas a muerte lleva esperando más de 20 años a que se resuelvan sus recursos de apelación. Una persona lleva 24 años en espera de ser ejecutada.

“La verdad es que resulta terrible pensar en la cantidad de personas que pueden haber sido ejecutadas y que pueden serlo todavía –indicó Aster van Kregten, investigadora sobre Nigeria de Amnistía Internacional, desde Abuja–. El sistema  judicial está lleno de deficiencias que pueden tener consecuencias desastrosas. Es evidente que para las personas acusadas  de delitos castigados con la pena capital los efectos son mortíferos e irreversibles.”

La vida de los condenados a muerte es extremadamente dura. Quienes ya han agotado los recursos de apelación permanecen recluidos en celdas desde las que pueden ver las ejecuciones. Cuando se ahorca a alguien, se obliga a otros condenados a muerte a limpiar el lugar en el que ha tenido lugar la ejecución.

Casi el 80 por ciento de las personas recluidas en  prisiones nigerianas afirman que han sido objeto de tortura, golpes o amenazas con armas en calabozos de la policía. Las confesiones se obtienen a menudo bajo tortura.

“La policía tiene demasiado trabajo y no dispone de los recursos suficientes –señaló Aster van Kregten–. Por esta razón, con el fin de 'resolver' los casos, en lugar de llevar a cabo investigaciones que resultan caras, se preocupa sobre todo de obtener confesiones. Es evidente que sobre las condenas basadas exclusivamente en confesiones pesa una gran incertidumbre.”

“Según la legislación nigeriana, si un presunto delincuente confiesa bajo presión, amenaza o tortura, la confesión no se puede utilizar como prueba ante un tribunal –indicó Chino Obiagwu, coordinador nacional del LEDAP–. A pesar de que saben que la policía practica la tortura de manera generalizada, los jueces siguen condenando a muerte a presuntos delincuentes en función de confesiones obtenidas por la fuerza, lo que comporta la posibilidad de que se imponga la pena capital a muchas personas que pueden ser inocentes.”

Las personas con pocos recursos económicos son las que corren mayor peligro en el sistema de justicia penal nigeriano. Chino Obiagwu afirma que la culpabilidad o la inocencia es una cuestión casi baladí en dicho sistema. “Lo importante es que puedas pagar para mantenerte al margen del sistema, ya sea a la policía para que investigue el caso de manera adecuada, a un abogado para que te defienda o a alguien para que ponga tu nombre en la lista de posibles indultados”, señala el coordinador nacional del LEDAP.

Muchos presos que estaban en espera de juicio o que habían sido condenados ya a muerte indicaron a Amnistía Internacional y al LEDAP que la policía, tras detenerlos, les había pedido dinero para ponerlos en libertad. A los que no pudieron pagar los trataron como presuntos atracadores.  

Otros condenados a muerte señalaron a Amnistía Internacional que los habían detenido cuando se dirigían a una comisaría para denunciar un delito que habían presenciado. La policía les pidió dinero para ponerlos en libertad. En ocasiones les pidió dinero para gasolina, pues sin ella no podía visitar a los testigos ni comprobar las coartadas.

Amnistía Internacional y el LEDAP han pedido al gobierno federal de Nigeria que elimine la pena de muerte. Ambas organizaciones afirman que, hasta que se lleve a cabo la abolición de la pena capital, el gobierno debería declarar de inmediato una suspensión de todas las ejecuciones, como se establece en la resolución 62/149 adoptada por la Asamblea General de la ONU, y conmutar sin demora todas las condenas de muerte por penas de cárcel.