Abusos sistemáticos en Túnez en nombre de la seguridad

Cientos –si no miles– de personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos algunos menores de edad, han sido detenidos en Túnez desde la promulgación de la Ley Antiterrorista en 2003. Las autoridades están utilizando la amplia definición de "terrorismo" de esta ley para criminalizar actividades de oposición legítimas y pacíficas.

En los últimos cinco años, muchas personas han sufrido tortura o malos tratos, se las ha sometido a detención en régimen de incomunicación, o han sido objeto de desaparición forzada. Desde junio de 2006, al menos 977 personas han sido sometidas a juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares y otros, y condenados a largas penas de prisión o incluso a muerte.

El gobierno tunecino sigue afirmando que la situación de los derechos humanos en el país está mejorando. En la práctica, las reformas legales que deberían ofrecer una mayor protección en materia de derechos humanos se han quedado en poco más que promesas vacías.

Sigue sin ponerse freno a los abusos de las fuerzas de seguridad, que se cometen con impunidad, según revela el informe In the Name of Security: Routine Abuses in Tunisia

Pese a este historial de abusos, varios gobiernos árabes y europeos y el gobierno estadounidense han devuelto a personas a las que consideraban sospechosas de terrorismo a Túnez, donde han sido sometidas a detención y reclusión arbitraria, tortura u otros malos tratos y juicios flagrantemente injustos.

Una responsabilidad compartida por todos los gobiernos

El gobierno tunecino tiene la obligación de proteger a la población de los ataques violentos, pero al hacerlo debe cumplir con las obligaciones establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.

Los gobiernos extranjeros deben rechazar la retórica del gobierno tunecino y hacer frente a la realidad de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el país. En lugar de devolver a Túnez a ciudadanos de este país, deben garantizar que toda la cooperación que se efectúe en materia antiterrorista respeta las normas de derechos humanos. Y también que sirve para presionar al gobierno tunecino a eliminar la tortura y a lograr que los torturadores rindan cuentas.