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La impunidad por los crímenes de guerra en Gaza y el sur de Israel supondrán más sufrimiento para la población civil

Thu, 02 Jul 2009 12:27:17 +0100

Las fuerzas israelíes mataron a centenares de civiles palestinos desarmados y destruyeron millares de viviendas en Gaza, en ataques que violaron las leyes de la guerra, concluye Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado el 2 de julio de 2009 con el título Operación “Plomo Fundido”: 22 días de muerte y destrucción. Este informe es el primero de alcance exhaustivo que se publica sobre este conflicto de 22 días ocurrido entre fines de 2008 y principios de 2009.

“La falta de medidas por parte de Israel para investigar debidamente la actuación de sus fuerzas en Gaza, incluidos los crímenes de guerra, y su continua negativa a cooperar con la misión internacional e independiente de investigación de la ONU, dirigida por Richard Goldstone, ponen de manifiesto su intención de eludir el escrutinio público y la rendición de cuentas”, ha manifestado Donatella Rovera, quien encabezó un delegación enviada por Amnistía Internacional a Gaza y el sur de Israel para realizar labores de investigación sobre el terrero durante el conflicto y después de él.

“La comunidad internacional, dirigida por el Consejo de Seguridad de la ONU, debe ejercer toda su influencia para conseguir que Israel coopere plenamente con la investigación Goldstone, que es ya el mejor medio para establecer la verdad.”

Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon centenares de cohetes contra el sur de Israel, que mataron a tres civiles israelíes, hirieron a decenas más y obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares. “Estos ataques ilegítimos constituyen crímenes de guerra y son inadmisibles”, ha añadido Rovera.

El informe de Amnistía Internacional, basado en datos recogidos por su delegación –de la que formaba parte un experto en cuestiones militares– durante la investigación que llevó a cabo sobre el terreno en enero y febrero, documenta el uso por parte de Israel de armas de campo de batalla contra una población civil que se hallaba atrapada en Gaza sin posibilidades de huida.

La magnitud e intensidad de los ataques contra Gaza no tenían precedente. Entre los 1.400 palestinos que mataron las fuerzas israelíes había unos 300 niños y niñas y centenares de civiles desarmados más que no tomaban parte en el conflicto.

A la mayoría de estas personas, las mataron con armas de alta precisión, para disparar las cuales se contaba con aviones de vigilancia teledirigidos no tripulados, cuyo excelente sistema óptico permitía ver con detalle el blanco. A otras las mataron con armas poco precisas –incluidos proyectiles de artillería con fósforo blanco, sustancia jamás utilizada anteriormente en Gaza– que no deben emplearse nunca en zonas con gran densidad de población.

Amnistía Internacional comprobó que las víctimas de los ataques que investigó no habían muerto por haberse visto atrapadas entre dos fuegos en el curso de combates entre activistas armados palestinos y las fuerzas israelíes ni porque estuvieran sirviendo de protección a combatientes u objetos militares. Muchas murieron al ser bombardeadas sus casas mientras dormían. Otras se encontraban en ese momento sentadas en sus patios o tendiendo ropa en la azotea. Entre las víctimas de los ataques había niños y niñas que estaban jugando en su habitación, en la azotea de su casa o en la calle. Se atacó reiteradamente a personal paramédico y a ambulancias que habían acudido a socorrer a personas heridas o a recoger cadáveres.

“No se pueden explicar tantas muertes de niños y niñas, así como de otros civiles, calificándolas sin más de ‘daños colaterales’, como hace Israel –ha manifestado Donatella Rovera–. Quedan muchas cuestiones sin responder en torno a estos ataques y al hecho de que siguieran llevándose a cabo a pesar del creciente número de víctimas mortales civiles que estaban causando.”

Más de 3.000 viviendas fueron destruidas y unas 20.000 sufrieron daños en ataques israelíes que redujeron a escombros barrios enteros de Gaza y dejaron la ya mala situación económica del territorio en ruinas. Gran parte de la destrucción fue gratuita y no estaba justificada por razones de “necesidad militar”.

El ejército israelí no ha respondido a las reiteradas peticiones que le ha hecho Amnistía Internacional durante los últimos cinco meses para que le proporcione información sobre los casos específicos descritos en su informe y se reúna con la organización para hablar de sus conclusiones.

"Hamás, por su parte, sigue justificando los ataques con cohetes que sus combatientes y otros grupos armados palestinos lanzaron a diario contra ciudades y pueblos del sur de Israel durante los 22 días de conflicto –ha explicado Rovera–. Aunque menos letales, estos ataques, efectuados con cohetes no guiados que no pueden dirigirse contra blancos específicos, violaron el derecho internacional humanitario y no pueden justificarse en ninguna circunstancia.”

Además de cohetes Qassam de fabricación local, los activistas armados palestinos dispararon a menudo cohetes de tipo Grad, proyectiles de mayor alcance, introducidos clandestinamente en Gaza por los túneles que comunican con Egipto, que llegaban a zonas de Israel situadas más en el interior y ponían en peligro a una parte mucho mayor de su población civil.

“Al cabo de cinco meses, ninguno de los dos bandos ha se ha mostrado dispuesto a modificar sus prácticas y cumplir las disposiciones del derecho internacional humanitario, lo que hace temer que sea una vez más la población civil que la sufra en especial las consecuencias si se reanudan los combates”, ha señalado Donatella Rovera.

De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación de ejercer la jurisdicción universal e iniciar investigaciones criminales en sus tribunales nacionales siempre que haya indicios suficientes de comisión de crímenes de guerra u otros delitos de derecho internacional, para detener y poner a disposición judicial a los presuntos responsables.

“No se debe dejar a los autores de crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia.”

Entre otras recomendaciones, en su informe Amnistía Internacional pide a los Estados que suspendan todas las transferencias de material militar, asistencia militar y municiones a Israel y a Hamás y los demás grupos armados palestinos hasta que no haya riesgo sustancial de que tal material se utilice para cometer violaciones graves del derecho internacional.

La organización pide a Israel que se comprometa a no llevar a cabo ataques directos, indiscriminados ni desproporcionados contra civiles, a no utilizar artillería, morteros ni armas de fósforo blanco en zonas densamente pobladas y a poner fin al bloqueo que mantiene sobre la Franja de Gaza, con el que está infligiendo un castigo colectivo a toda su población.

Amnistía Internacional insta a Hamás a que renuncie a su política de ataques con cohetes contra centros de población civil de Israel e impida que otros grupos armados realicen tales ataques.

Normalización en el norte del Cáucaso: imposible sin rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos

Thu, 02 Jul 2009 11:35:30 +0100

La normalización en el norte del Cáucaso es imposible sin que se ponga completamente fin a las gravísimas violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en los últimos diez años y con anterioridad, y sin que se rindan plenamente cuentas por ellas, ha dicho Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, que se publicó el miércoles 1 de julio con el título Rule without law: Human rights violations in the North Caucasus, pone de relieve las violaciones de derechos humanos que siguen perpetrándose en Chechenia, Ingusetia, Dagestán y Kabardino-Balkaria en un clima de impunidad.

Amnistía Internacional ha elaborado el informe a partir de testimonios que hablan de homicidios indiscriminados y uso excesivo de la fuerza, además de muerte y tortura bajo custodia, detención arbitraria y secreta, secuestros, amenazas a activistas de derechos humanos y periodistas independientes, ataques a familiares de presuntos combatientes y desalojos forzosos de personas internamente desplazadas.

En el contexto de Chechenia, la operación antiterrorista que las autoridades rusas declararon allí dio luz verde a estos abusos. El 16 de abril de 2009 las autoridades anunciaron su fin, pero poco después volvieron a introducirla en varios distritos. La población civil sigue viviendo en un estado de desgobierno que engendra miedo e inseguridad.

Según Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional : “Ha habido y continúa habiendo una ausencia total de voluntad política para mantener el Estado de derecho y abordar la impunidad en Chechenia, lo que ha conducido a la desestabilización de todo el norte del Cáucaso. Con demasiada frecuencia los autores de violaciones de derechos humanos –tanto en el pasado como en la actualidad– están libres”.

Si bien en la actualidad hay menos combates entre las fuerzas del gobierno y los grupos armados en Chechenia, los combates se han intensificado en otras regiones.

“Los recientes ataques de grupos armados contra oficiales de alta graduación en Ingusetia, donde el 22 de junio el presidente Yunus-Bek Yevkurov resultó herido en un intento de asesinato, son sólo la punta del iceberg”, ha dicho Nicola Duckworth.

En los últimos años, cientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y gran número de civiles han muerto a manos de grupos armados en toda la región. También en junio fueron asesinados el vicepresidente del Tribunal Supremo de Ingusetia y el ministro del Interior de Dagestán.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha recibido informes desde Chechenia, Ingusetia y Kabardino-Balkaria según los cuales se han dictado sentencias condenatorias por delitos relacionados con el terrorismo basadas en confesiones forzadas y testimonios extraídos bajo tortura, mientras funcionarios encargados de hacer cumplir la ley implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado están en libertad.

“El objetivo legítimo de enfrentarse a los grupos armados y traer la estabilidad a la región no podrá conseguirse por medios ilegítimos y con medidas que violan el derecho internacional humanitario”, ha dicho Nicola Duckworth.

“Y, a pesar de ser esto muy necesario, tampoco podrá conseguirse la estabilidad únicamente reconstruyendo edificios, carreteras y fuentes de energía, como se ha hecho en los últimos años en Chechenia.”

“Sólo mediante investigaciones minuciosas e independientes de los abusos contra los derechos humanos perpetrados en el pasado y que siguen perpetrándose se podrá conseguir la normalización y la seguridad y acabar con el dolor de las víctimas. Tales investigaciones servirán además para disuadir de futuras violaciones.”

Durante 15 años Amnistía Internacional ha investigado constantemente y sacado a la luz casos de abusos contra los derechos humanos en el norte del Cáucaso, incluidos crímenes de guerra. La organización ha desvelado la falta de rendición de cuentas a pesar de las barreras impuestas por las autoridades rusas a sus representantes y a los de otras organizaciones de derechos humanos y observadores independientes para visitar la región.

“Abrir la región a periodistas y observadores independientes sería una señal de que las autoridades están dispuestas a la transparencia y el diálogo”, ha dicho Nicola Duckworth.

“Si todas las partes no muestran un respeto real por el Estado de derecho y no hay un verdadero compromiso de abordar el enconado legado que dejó la ostensible falta de voluntad política a todos los niveles para evitar y castigar toda una lista de graves abusos, no habrá estabilidad y seguridad para los habitantes del norte del Cáucaso”.

La industria petrolera ha traído pobreza y contaminación al delta del Níger

Mon, 29 Jun 2009 18:50:15 +0100

La industria petrolera del delta del Níger, en Nigeria, ha traído pobreza, conflictos, abusos contra los derechos humanos y desesperación a la mayoría de las personas que viven en las zonas productoras de petróleo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional.

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Para cientos de miles de personas, la contaminación y los daños medioambientales causados por la industria del petróleo han dado lugar a violaciones del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, del derecho a un nivel de vida adecuado (incluido el derecho al agua y la alimentación) y del derecho a ganarse el sustento mediante el trabajo.

El informe, titulado Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger, también examina la inacción del gobierno de Nigeria a la hora de exigir a las empresas petroleras que rindan cuentas por la contaminación que han causado.

“Las empresas petroleras llevan demasiado tiempo aprovechándose de las deficiencias del sistema de regulación existente en Nigeria –dice Audrey Gaughran, de Amnistía Internacional–. No toman suficientes medidas para prevenir los daños medioambientales y con frecuencia no abordan adecuadamente el impacto devastador que tienen sus malas prácticas en la vida de la población.”

El delta del Níger es uno de los 10 ecosistemas pantanosos y marino-costeros más importantes del mundo, y en él viven en torno a 31 millones de personas. Allí también se encuentran enormes depósitos de petróleo, que el gobierno de Nigeria y empresas petroleras multinacionales llevan extrayendo desde hace decenas de años.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región vive en medio del “abandono administrativo, el desmoronamiento de los servicios y las infraestructuras sociales, una elevada tasa de desempleo, privación social, una enorme pobreza, miseria e inmundicia y un conflicto endémico”. Esta pobreza, y el contraste que supone con la riqueza generada por el petróleo, se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios y alarmantes de la “maldición de los recursos”.

El petróleo ha generado ingresos de aproximadamente 600.000 millones de dólares estadounidenses desde la década de 1960. Pese a ello, muchas personas que viven en las zonas productoras de petróleo tienen que utilizar agua contaminada para beber, cocinar y lavarse y comen pescado contaminado con petróleo y otras toxinas.

“Más del 60 por ciento de los habitantes de la región dependen del entorno natural para ganarse la vida –señala Audrey Gaughran–. Pero la contaminación causada por la industria petrolera está destruyendo los recursos vitales de los que dependen.”

La contaminación por hidrocarburos en el delta del Níger mata los peces, sus larvas y fuentes de alimentación, perjudica su capacidad de reproducción y causa un daño inmediato y a largo plazo en los bancos de pesca. Esta contaminación también daña el material de pesca.

Los vertidos de petróleo y residuos también han afectado gravemente a las tierras de cultivo. Las consecuencias a largo plazo incluyen pérdida de fertilidad del suelo y de productividad agrícola, que en algunos casos pueden prolongarse durante decenios. En muchos casos, estas consecuencias a largo plazo han afectado al único medio de sustento de que disponía una familia.

La destrucción de los medios de vida y la ausencia de resarcimiento y rendición de cuentas han llevado a algunas personas a robar petróleo y destruir infraestructuras petroleras con el objeto de conseguir una indemnización o contratos de limpieza.

Cada vez es más frecuente que los grupos armados exijan un mayor control de los recursos de la región, a la vez que cometen robos de petróleo a gran escala y piden rescates por trabajadores petroleros secuestrados. Al tomar represalias por el activismo y la violencia, el gobierno a menudo hace un uso excesivo de la fuerza y somete a las comunidades a actos de violencia y castigos colectivos, lo que alimenta la ira y el resentimiento

En la industria petrolera del delta del Níger participan tanto el gobierno de Nigeria como filiales de empresas multinacionales. Shell Petroleum Development (Shell), filial de Royal Dutch Shell, es el principal operador en tierra firme. La mayoría de los casos recibidos e investigados por Amnistía Internacional están relacionados con Shell.

Los vertidos de petróleo y residuos y la combustión de gases, tristemente conocidos, son endémicos. Los vertidos de crudo se producen a causa de la corrosión de las tuberías, el deficiente mantenimiento de la infraestructura, fugas, errores humanos y, en ocasiones, vandalismo, sabotaje o robo de petróleo.

Nunca se ha evaluado adecuadamente la magnitud de la contaminación y el daño medioambiental en la zona. Las cifras existentes varían considerablemente en función de las fuentes, pero cada año se producen centenares de vertidos. El PNUD ha señalado que entre 1976 y 2001 se registraron más de 6.800 vertidos. Según la Agencia Nacional de Detección y Respuesta a los Vertidos de Petróleo, en marzo de 2008 había al menos 2.000 puntos del delta del Níger que necesitaban tratamiento a causa de la contaminación relacionada con el petróleo. La cifra real puede ser muy superior.

El sistema de regulación en el delta del Níger es pésimo. Nigeria cuenta con leyes y reglamentos que exigen a las empresas el cumplimiento de normas de “buenas prácticas en los yacimientos de petróleo”, así como con leyes y reglamentos que protegen el medio ambiente, pero la aplicación de todas estas normas es deficiente. Los organismos gubernamentales responsables de su cumplimiento no actúan con eficacia y, en algunos casos, se ven comprometidos por conflictos de intereses.

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“La población del delta del Níger ha visto sus derechos humanos socavados por empresas petroleras a las que el gobierno no puede o no quiere obligar a rendir cuentas de sus actos –añade Audrey Gaughran–. Se le ha negado sistemáticamente el derecho a la información sobre cómo la van a afectar las actividades de prospección y explotación de petróleo y se la priva una y otra vez de acceso a la justicia.”

Información complementaria:

Resumen: Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

Folleto de campaña: Nigeria: Petróleo, contaminación y pobreza en el delta del Níger

Políticas frente a prácticas empresariales: la hora de la verdad

Asentamientos precarios de Nairobi: dos millones de personas viven en un agujero de derechos humanos

Mon, 15 Jun 2009 13:59:19 +0100

El 12 de junio Amnistía Internacional publicó su informe sobre las espantosas condiciones y graves violaciones de derechos humanos que se padecen en los asentamientos informales de Nairobi. La mayoría invisible: Dos millones de personas viven en asentamientos precarios en Nairobi describe cómo la mitad de la población de Nairobi vive en asentamientos informales, y hacinada en sólo el 5 por ciento del área residencial de la ciudad y únicamente el 1 por ciento de todo el terreno municipal.

Este informe es el primero de los que se presentarán en la nueva e innovadora campaña mundial de la organización, “Exige Dignidad”, que pretende poner al descubierto y combatir los abusos contra los derechos humanos que crean y perpetúan la pobreza. En Kenia, Amnistía Internacional está movilizando a los habitantes de los asentamientos precarios para que “exijan dignidad” y su derecho a una vivienda adecuada. La campaña hará que se oigan sus voces y exigirá a los dirigentes políticos kenianos que den respuestas efectivas.

“Millones de personas viven en condiciones miserables, y no sólo sufren la privación de servicios básicos, sino también discriminación, inseguridad y marginación”, ha afirmado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No se escuchan sus voces ni se les consulta o informa sobre las decisiones que afectan a sus vidas. Esto no es más que un escándalo de derechos humanos.”

El informe describe cómo sucesivos gobiernos kenianos se han abstenido de proteger a los habitantes de los asentamientos precarios y cómo el abandono de los políticos durante generaciones ha permitido el aumento de estos asentamientos, que ha convertido a sus habitantes en prisioneros de la pobreza. Amnistía Internacional considera que los derechos humanos son fundamentales para permitir que las personas rompan el círculo de la pobreza.

En el informe, habitantes de asentamientos precarios describen una vida caracterizada por la privación, el aumento del precio de los alimentos, la falta de centros educativos o de atención a la salud, el hostigamiento por parte de las autoridades o la constante amenaza del desalojo forzoso. Según las víctimas, a menudo se llevan a cabo desalojos forzosos durante la noche o cuando hace mal tiempo y se hace un uso excesivo de la fuerza. Los desalojos se producen sin previo aviso o sin haberlos notificado del modo adecuado, y se destruyen las pertenencias de las personas al mismo tiempo que sus casas.

El informe señala que hay hasta 127.000 personas en peligro inminente de sufrir la demolición de sus viviendas provisionales y negocios informales, a causa de un plan gubernamental para la limpieza de la cuenca del río Nairobi.

A pesar de la política nacional sobre vivienda aprobada hace cuatro años, en la que se prometía el progresivo cumplimiento del derecho a la vivienda, el gobierno no ha facilitado viviendas asequibles y accesibles. El programa de mejora de los asentamientos precarios ha avanzado con demasiada lentitud y carece de los recursos necesarios. Los habitantes de los asentamientos consideran que no se les ha consultado adecuadamente sobre su aplicación.

“Explotados por terratenientes, amenazados por la policía, extorsionados por bandas de delincuentes: los asentamientos precarios de Nairobi son un agujero negro para los derechos humanos, porque a sus habitantes se les priva de servicios básicos, se les niega seguridad y no se les permite opinar sobre su futuro”, ha afirmado Irene Khan.

El informe de Amnistía Internacional pide al gobierno de Kenia que:

ponga fin a todos los desalojos forzosos;
adopte directrices conformes al derecho internacional de los derechos humanos para garantizar la seguridad de tenencia y proteger a las personas frente a los desalojos arbitrarios;
consulte del modo adecuado con las comunidades afectadas;
mejore la coordinación entre las entidades gubernamentales que se ocupan de cuestiones relativas a la tierra y la vivienda.

“La promesa de ofrecer viviendas y servicios adecuados a quienes viven en barrios marginales y asentamientos informales lleva incumpliéndose desde hace mucho tiempo”, ha afirmado Irene Khan.

Información complementaria:

Irene Khan se reunió con habitantes y activistas de los asentamientos de Soweto (Kibera) y Korogocho. La delegación de Amnistía Internacional también visitó el asentamiento de Deep Sea.
La secretaria general de Amnistía Internacional presentó un número gratuito (3221) de envío de mensajes SMS para que los kenianos cuenten a su gobierno lo que significa para ellos el derecho a la vivienda y vivir con dignidad.
Irene Khan y otros miembros de la delegación de Amnistía Internacional participaron en una marcha de varios cientos de personas de asentamientos de todo Nairobi para exigir su derecho a una vivienda adecuada.
El informe incluye testimonios directos, como el caso de una mujer que describió cómo se había quedado sin casa en dos ocasiones, la primera a causa de un desalojo forzoso y la segunda al incendiarse la vivienda mientras ella y otros familiares dormían en el interior. La única pertenencia que pudo salvar fue su tarjeta de identidad. Otra mujer describió que, tras sufrir un desalojo forzoso, sus hijos habían pasado varias semanas sin ir al colegio de educación primaria porque sus libros, uniformes y material escolar habían quedado destruidos cuando derribaron su vivienda. En un caso, una víctima de desalojo forzoso contó cómo él y las casas de sus vecinos habían sido incendiadas mientras se encontraban en la iglesia.

Galería de imágenes de la visita de alto nivel de Amnistía Internacional a Kenia

La injusticia alimenta el ciclo de abusos e impunidad en Sri Lanka

Fri, 12 Jun 2009 13:15:42 +0100

Amnistía Internacional ha acusado al gobierno de Sri Lanka de encerrar al país en un círculo vicioso de abusos e impunidad. En un nuevo informe hecho público el 11 de junio, la organización describe en detalle como el gobierno de Sri Lanka no ha impartido justicia por las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos veinte años.

El informe, Twenty Years of Make-Believe: Sri Lanka’s Commissions of Inquiry, documenta cómo los sucesivos gobiernos de Sri Lanka no han hecho rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas, homicidios y tortura.

Desde 1991, el gobierno srilankés ha constituido nueve comisiones especiales de investigación para investigar las desapariciones forzadas y ha llevado a cabo otras investigaciones relacionadas con los derechos humanos.

Estas comisiones de investigación han carecido de credibilidad y han retrasado las investigaciones criminales, según ha manifestado Amnistía Internacional, que ha acusado al gobierno de no proteger a víctimas y testigos. Aunque la mayoría de estas comisiones de investigación, si no la totalidad, identificaron presuntos autores de violaciones de derechos humanos, los procesos por violaciones de esos derechos han sido muy escasos.

Desde el estallido de los disturbios antitamiles en julio de 1983, que dieron paso a un enfrentamiento armado a gran escala entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, un número creciente de personas han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Sri Lanka. A finales de los años ochenta, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales habían alcanzado amplias proporciones.

Estas violaciones se produjeron en el contexto de dos importantes conflictos en el país: la guerra entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en el norte y este del territorio, y un segundo enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales y el Janatha Vimukthi Peramuna (Frente de Liberación Popular), partido cingalés radicado en el sur del país, cuyo objetivo era derribar al gobierno.

En 1991, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU había recibido casi 15.000 informes de desapariciones forzadas y había transmitido 4.932 casos al gobierno de Sri Lanka.

El presidente Ranasinghe Premadasa creó la primera comisión de investigación de Sri Lanka sobre "traslados involuntarios de personas" en enero de 1991. Su mandato era extremadamente limitado, ocupándose sólo de las desapariciones forzadas producidas después del establecimiento de la comisión (la gran mayoría de los decenas de miles de desapariciones forzadas en Sri Lanka se produjeron entre 1988 y 1990).

Desde 1991 se han constituido nueve comisiones especiales de investigación para investigar las desapariciones forzadas y se ha llevado a cabo otras investigaciones relacionadas con los derechos humanos. Aunque la mayoría de estas comisiones de investigación, si no la totalidad, identificaron presuntos autores de violaciones de derechos humanos, los procesos por violaciones de esos derechos han sido muy escasos.

El gobierno srilankés ha desoído las peticiones de que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del reciente conflicto militar pese a que, el 23 de mayo, el presidente de Sri Lanka y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en una declaración conjunta, afirmaron: “El gobierno tomará medidas para abordar esos agravios”.

"Hay poderosas razones para cuestionar la sinceridad del gobierno srilankés en relación con su reciente promesa de proporcionar rendición de cuentas por los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos ocurridas en los últimos meses, dado el paupérrimo historial de logros reconocidos documentado en el último informe de Amnistía Internacional”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que aproveche la oportunidad que brinda el fin de las operaciones militares contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil para hacer que se rindan cuentas por los graves abusos y violaciones cometidos por ambos bandos durante los últimos meses de enfrentamientos, que costaron miles de vidas y obligaron a desplazarse a cientos de miles de personas.

“Mientras los habitantes de Sri Lanka hacen frente a los abusos más recientes cometidos por ambas partes de este último conflicto, y especialmente durante los últimos meses de enfrentamientos, la realidad es que llevan años asediados por la injusticia y la impunidad”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Para que las comunidades desgarradas por décadas de violencia e impunidad se reconcilien, el gobierno srilankés debe emprender reformas internas y pedir ayuda internacional para impedir que continúen los abusos y garantizar una rendición real de cuentas por los cometidos en el pasado.”

Como prioridad inmediata, Amnistía Internacional pide que se establezca una comisión internacional independiente encargada de investigar las denuncias de abusos y violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos a manos tanto de las fuerzas srilankesas como de los Tigres de Liberación en las recientes hostilidades militares.

“Las autoridades de Sri Lanka han tenido poco éxito a la hora de hacer rendir cuentas por los abusos contra civiles cometidos por los Tigres de Liberación, y tienen aún menos probabilidades de investigar y procesar de forma efectiva a sus propias fuerzas por violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, ha manifestado Sam Zarifi.

“Dada la escala del problema de la impunidad en Sri Lanka, sólo se conseguirá una rendición de cuentas si el gobierno srilankés se compromete activamente a ello y cuenta con el respaldo de una observación internacional de los derechos humanos y una ayuda técnica sistemáticas y sostenidas”, ha manifestado Sam Zarifi.

Para hacer frente a la necesidad de una protección y una reforma más amplias de los derechos humanos, Amnistía Internacional pide también que se establezca una presencia de observación de la ONU en materia de derechos humanos bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; esa presencia debe investigar los abusos denunciados y ayudar a las instituciones nacionales de Sri Lanka a impartir justicia.

Amnistía Internacional celebrará el 12 de junio una mesa redonda en un acto paralelo durante el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ella se debatirán en detalle las conclusiones del informe, y participarán:

Gene Dewey, miembro de la última comisión internacional de investigación sobre Sri Lanka
Dr. Manoharan, cuyo hijo murió en el incidente de “Trico 5”, uno de los casos destacados de derechos humanos en los que la familia sigue esperando que se haga justicia.

Cerca de 2.000 personas en paradero desconocido 10 años después del conflicto de Kosovo

Wed, 10 Jun 2009 13:03:08 +0100

Hace 10 años, la pequeña región de Kosovo se convirtió en escenario de un importante conflicto internacional. Un decenio después del fin de la guerra, unas 1.900 familias kosovares y serbias todavía no conocen la suerte ni el paradero de sus familiares desaparecidos.

Se calcula que 3.000 personas de etnia albanesa fueron detenidas o aprehendidas de otra forma por la policía serbia, los grupos paramilitares o las autoridades del ejército durante la guerra de Kosovo y después desaparecieron. Se calcula que 800 personas pertenecientes a la comunidad serbia, romaní y otras minorías fueron secuestradas, según informes, por el Ejército de Liberación de Kosovo.

Los cadáveres de aproximadamente la mitad de las víctimas fueron localizados y entregados a sus familiares. Todavía no ha respondido nadie de los restos mortales de unas 1.911 personas, registradas como desaparecidas tras el conflicto de Kosovo.

“Durante los últimos 10 años, las autoridades de Serbia y de Kosovo no han hecho ningún intento de abordar el legado de crímenes de guerra cometidos en Kosovo en 1999 –ha manifestado Sian Jones, experto de Amnistía Internacional sobre los Balcanes–. Al no haberse emprendido investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales en Serbia ni en Kosovo, se ha generado una cultura de impunidad y se ha dejado de hacer justicia con los familiares de las personas de etnia albanesa desaparecidas a manos de las fuerzas serbias y con los familiares de personas serbias secuestradas por el Ejército de Liberación de Kosovo.”

Concluida la guerra, Amnistía Internacional entrevistó a familiares de personas desaparecidas en ambos lados del conflicto y regresó en 2009 para reunir más testimonios. El informe titulado Burying the past: impunity for enforced disappearances and abductions in Kosovo, se basa en numerosos relatos de primera mano de personas afectadas.

El informe describe un historial de exhumaciones no documentadas, documentación perdida, injerencias políticas en el sistema de justicia, investigaciones abortadas y una duplicación masiva de los esfuerzos por distintos organismos, factores todos ellos que se confabulan para negar el acceso a la justicia a los familiares de las personas desaparecidas.

Entre los casos documentados en el informe está el de un hijo de Nesrete Kumnova, Albion, de 21 años, a quien la policía serbia se llevó del domicilio de su madre en ?akovica/Gakovë, junto a otras cinco personas, el 31 de marzo de 1999.

“Vi pasar un vehículo de la policía serbia. Levanté la mano y me puse delante de él; M.M. [mujer policía serbia a la que ella conoce] iba en ese coche. Me dijo: ‘¿eres Nesrete?’ Yo le conté que habían secuestrado a mi hijo y a otros cinco hombres.

Ella me preguntó quién se los había llevado, y le contesté que la policía serbia. Entonces me preguntó si tenía alguna documentación de mi hijo para comprobar si estaba implicado en algo, así que le di su documento de identidad. Al día siguiente, fui con mi hermana a encontrarme con M.M.. Ella no se atrevió a mostrarme la documentación de Albion allí delante [de otro agente de policía], pero me acompañó al patio de entrada y me dijo: ‘Tu hijo está absolutamente limpio, pero tal vez lo hayan enviado a algún lugar de Albania’.

Yo le dije que no llevaba dinero encima por lo que no podía viajar a Albania, y me contestó que no habría necesitado dinero para ir allí, sino que quizá lo habían enviado a Peja. Le pregunté si conocía a alguien en Peja que pudiera darle información a ella, y me contestó: ‘no, hay estado de guerra y nadie viaja’.

Fuimos a diario a preguntar si había alguna noticia de nuestros hijos. Pensábamos que la policía serbia nos diría algo, ya que yo conocía a todos los serbios que vivían en ?akovica en ese momento, y nunca pensamos que los serbios locales pudieran cometer semejantes crímenes contra nosotros. Más tarde volví a reunirme con M.M. y le pregunté si había noticias.

Me dijo: ‘no, lo siento’, y añadió: ‘seguirá acudiendo a preguntar por el paradero de su hijo durante un año o dos, porque así funcionan las cosas en tiempo de guerra’.”

El cadáver de Albion nunca apareció.

Andrija Tomanovic se quedó en la capital, Pristina, para continuar con su labor de cirujano en el hospital de Pristina, en el que llevaba 36 años trabajando. Fue secuestrado en el exterior del hospital el 24 de junio de 1999 por un grupo de hombres que lo arrastraron al interior de un vehículo y se lo llevaron. Desde entonces no se lo ha vuelto a ver.

Su esposa contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Mi esposo se dedicaba a salvar vidas de personas sin importarle su nacionalidad o religión. Era un gran hombre y estoy orgullosa de él: humanista, cirujano y miembro del Colegio de Médicos. Se quedó para continuar su labor.”

El conflicto armado internacionalizado de Kosovo tuvo lugar entre marzo y junio de 1999. En aquel tiempo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) efectuó una serie de bombardeos contra la República Federativa de Yugoslavia con el objetivo declarado de impedir una crisis humanitaria y detener la limpieza étnica de la población albanesa en Kosovo.

Cuando comenzó la operación militar de la OTAN, el ejército y la policía serbios incrementaron la violencia armada contra la población civil albanesa. Más de 9.000 hombres, mujeres, niños y niñas, en su mayoría civiles de etnia albanesa, murieron a manos de las fuerzas serbias.

A otras personas las secuestraron de sus hogares y nunca se las volvió a ver. Tras la retirada de las fuerzas serbias de Kosovo entre junio y julio de 1999, serbios, romaníes y miembros de otros grupos étnicos minoritarios (incluidos algunos albanokosovares que se pensaba estaban aliados con las autoridades serbias) fueron víctimas de secuestro, homicidio y otros abusos contra los derechos humanos por parte de los grupos armados albanokosovares.

En diciembre de 2006 fue entregado el cadáver de Daka Asani, hombre romaní, a su familia para su inhumación. El hijo de Daka Asani había visto a su padre por última vez cuando ambos estaban comprando en el mercado de Uroševac/Ferizaj el 1 de agosto de 1999. Fue uno de los 176 cadáveres exhumados de un cementerio en Dragodan, en Pristina, en el año 2000 por orden del Tribunal.

En junio y agosto de 2007, su hijo Skender Asani se dirigió por escrito al Servicio de Policía de Kosovo para solicitar una investigación sobre el asesinato de su padre. Amnistía Internacional también entregó información que había recibido de la familia, incluidas copias de toda la documentación pertinente, a la Unidad de Investigación sobre Crímenes de Guerra de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK). Sin embargo, en agosto de 2008, la unidad de la UNMIK informó a la organización de que en ningún momento habían recibido un informe criminalístico sobre ese caso.

Una mujer serbia cuyo hijo fue secuestrado el 19 de agosto de 1999 contó lo siguiente a Amnistía Internacional en febrero de 2009:

“Lo intenté todo: fui a la sede de la KFOR en Pristina. Me reuní con representantes de nuestra policía, nuestro ejército y la UNMIK, y les di toda la información. Acudí a la sede del gobierno en Kosovo y hablé con Bajram Rexhepi [primer ministro en aquel momento]; me puse en contacto con Flora Brovina, y también con Barbara Davies, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

"Me puse en contacto con familiares que habían pagado un rescate. También di una muestra de ADN. Lo he intentado todo. Nosotros, todos sus familiares y amistades, somos las víctimas de este crimen.

“Tanto en Serbia como en Kosovo, hay quienes prefieren que los desaparecidos y secuestrados continúen enterrados en el pasado –concluía Sian Jones–. Amnistía Internacional cree que Kosovo y Serbia deben abordar el legado del conflicto armado, y eso sólo puede hacerse revelando la localización de todas las fosas comunes, poniendo fin a las injerencias políticas en las investigaciones e investigando los crímenes de guerra con prontitud, independencia e imparcialidad.”

Las elecciones libanesas deben allanar el camino para la mejora de los derechos humanos

Fri, 08 May 2009 11:24:07 +0100

La necesidad de reformar el sistema de justicia libanés y las persistentes denuncias de tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad se encontraban entre los motivos de preocupación manifestados por Amnistía Internacional en la presentación de su agenda detallada de derechos humanos para el país, el pasado jueves 30 de abril.

Líbano: Una agenda de derechos humanos para las elecciones se publica en el periodo previo a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Líbano el 7 de junio. El informe examina en detalle los cinco puntos clave planteados en la carta abierta que la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha dirigido a los líderes políticos de Líbano, instándolos a colocar los derechos humanos en el centro de sus campañas electorales.

“El sistema de justicia necesita una revisión exhaustiva, ya que carece de independencia e imparcialidad y sigue permitiendo que los tribunales militares juzguen a civiles, en contra de lo establecido por las normas internacionales”, ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Con el establecimiento del Tribunal Especial para Líbano, los responsables del homicidio del ex primer ministro Rafic Hariri pueden ya ser llevados ante la justicia, pero la creación del Tribunal subraya también la necesidad de que se reforme el sistema de justicia y de que se establezcan mecanismos complementarios para garantizar que los responsables de otros delitos graves de derechos humanos también rinden cuentas plenamente de sus actos. De lo contrario, el Tribunal Especial puede verse como poco más que una ‘justicia selectiva’.”

La semana pasada, cuatro altos mandos del ejército y de los servicios de seguridad libaneses que habían sido detenidos tras el homicidio de Rafic Hariri en 2005 fueron puestos en libertad tras pasar 44 meses detenidos sin cargos ni juicio. “Por desgracia, su experiencia no es única, ni mucho menos”, ha manifestado Malcolm Smart.

“Durante demasiado tiempo, las fuerzas de seguridad de Líbano han detenido a sospechosos y los han recluido sin cargos ni juicio, y en ocasiones los han sometido a tortura u otros malos tratos, y han podido hacerlo impunemente. Estas prácticas deben cesar, y debe exigirse a las fuerzas de seguridad que obedezcan, respeten y defiendan la ley.”

En el informe de 13 páginas, Amnistía Internacional pide asimismo al gobierno que emprenda acciones para abordar el legado de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado y para poner fin a la discriminación y a la violencia contra las mujeres, incluidas las personas extranjeras empleadas en el servicio doméstico, así como las pertenecientes a otros grupos marginados.

Entre ellas se encuentran los miles de refugiados palestinos que siguen viviendo en Líbano pero se encuentran con obstáculos jurídicos y de otro tipo para acceder a derechos humanos fundamentales.

El informe también pide la abolición de la pena de muerte y señala que no se han llevado a cabo ejecuciones en Líbano desde hace varios años.

“En el último año se han producido varios cambios potencialmente positivos en materia de derechos humanos y el Parlamento ha elaborado un Plan de Acción sobre Derechos Humanos que, si se pone en práctica, puede proporcionar el tan necesario marco para la reforma futura”, ha manifestado Malcolm Smart.

“Los dirigentes libaneses deben abrazar estos cambios y aprovechar la oportunidad que brindan las elecciones para comprometerse a poner en práctica un programa claro y general para la reforma de los derechos humanos, en caso de resultar elegidos para formar parte del nuevo Parlamento o gobierno.”

Obama: Mensajes contradictorios en sus primeros 100 días

Wed, 29 Apr 2009 12:33:57 +0100

Al tomar posesión de su cargo el 20 de enero de 2009, el presidente Barack Obama heredó un legado de tortura, impunidad y detención ilegal. Ese legado era resultado de la respuesta de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001, una respuesta caracterizada por un ataque al marco del derecho internacional de los derechos humanos.

El gobiernoestadounidense no sólo cometió violaciones de derechos humanos –incluidos los delitos de tortura y desaparición forzada, contemplados por el derecho internacional–, sino que las justificó, alegando que eran necesarias y legales.

Las imágenes de detenidos enjaulados y encadenados en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, de las torturas y malos tratos en la prisión de Abu Ghraib, Irak, o de los aviones Gulfstream utilizados para trasladar detenidos a prisiones secretas de todo el mundo, han quedado grabadas en la conciencia pública.

Durante su campaña por la presidencia, Barack Obama se comprometió a cerrar el centro de detención de Guantánamo y a poner fin a la tortura a manos de personal estadounidense. Lo que está por ver es hasta qué punto estas promesas supondrán un cambio real que lleve a Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.

Amnistía Internacional publicó el 5 de noviembre de 2008 una lista de control frente a la cual evaluar los progresos realizados a este respecto por el nuevo gobierno en sus 100 primeros días.

Tras las elecciones, la organización pidió al presidente electo Obama que, durante sus 100 primeros días en el cargo, tomara 17 medidas concretas para:

cerrar Guantánamo y poner fin a la detención ilegal;

erradicar la tortura y otros malos tratos;

acabar con la impunidad.

Al concluir los 100 días, está claro que el nuevo gobierno ha tomado medidas importantes, entre ellas algunas para reparar las nocivas políticas de detención e interrogatorio establecidas durante el gobierno anterior.

Sin embargo, otros cambios han sido más simbólicos que sustanciales, y las pocas acciones emprendidas por el nuevo gobierno para hacer rendir cuentas de las violaciones de derechos humanos cometidas han cimentado la impunidad nutrida en el pasado, al menos para algunos de los responsables.

“Las acciones emprendidas por el presidente Obama, menos de 48 horas después de haber tomado posesión de su cargo, para cerrar Guantánamo en el plazo de un año y poner fin a las detenciones secretas de la CIA fueron acogidas con gran satisfacción”, ha manifestado Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional.

“No se completará ese cierre ni se acabará con el secreto hasta que el gobierno estadounidense no proceda a poner fin a todas las detenciones ilegales, llevar ante la justicia a todos los responsables de tortura y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la administración Bush y proporcionar a las víctimas la posibilidad real de obtener resarcimiento.”

“Hemos visto importantes avances en los primeros 100 días, pero hay todavía medidas que no se han llevado a término o que quedan aún por tomar, por ejemplo con respecto a Bagram, donde sigue habiendo centenares de personas detenidas sin solución a la vista”, ha añadido Irene Khan.

En el informe de Amnistía Internacional sobre los primeros 100 días del presidente Obama se utiliza como criterio de contraste la lista de control citada en párrafos anteriores. El informe analiza las palabras y los hechos del nuevo gobierno para valorar si Estados Unidos ha dado realmente los pasos necesarios para combatir el terror con justicia, como pide Amnistía Internacional.

Turquía no protege a los solicitantes de asilo

Thu, 23 Apr 2009 10:12:50 +0100

Las personas que llegan a las fronteras de Turquía en búsqueda de asilo arriesgan la vida, pues las autoridades turcas no les prestan protección internacional, ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El informe, titulado Stranded: Refugees in Turkey denied protection, fue publicado el miércoles, 22 de abril. Trata de los obstáculos que encuentran en Turquía, desde el momento que entran en territorio turco, las personas que llegan allí, en su mayor parte huyendo de persecución en sus propios países.

Los casos expuestos en el informe de Amnistía Internacional demuestran la falta de respeto del derecho internacional por parte del gobierno, que insiste en devolver a personas a países donde están expuestas a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

Es frecuente recluir a los solicitantes de asilo durante largos periodos en duras condiciones, sin alimentos suficientes ni una justificación clara de su detención. Pueden ser expulsados sin el debido procedimiento jurídico y devueltos a países donde están expuestos a perder la vida.

Sufren graves restricciones del acceso a la atención de la salud, a una vivienda adecuada y al trabajo, lo que constituye una violación de las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del derecho internacional.

“Los riesgos que están dispuestas a correr las personas que intentan llegar a Turquía son muestra de su desesperación –ha manifestado Andrew Gardner, experto de Amnistía Internacional en Turquía-. No obstante, el país aplica un doble rasero y se niega a reconocerlas como refugiados.”

Turquía es el único Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no reconoce, en la práctica, a los ciudadanos de países no pertenecientes al Consejo de Europa. Debido a ello, a un número creciente de personas que necesitan protección internacional, se les niega ésta.

En Turquía, el organismo de la ONU para los refugiados, el ACNUR, se ocupa de determinar la condición de refugiado y facilita el reasentamiento en terceros países de algunas de las personas a las que se reconoce como tales.

Según datos oficiales, en 2006 el ACNUR recibió 4.550 nuevas solicitudes de asilo de países no europeos. La cifra ascendió a 12.980 en 2008. La mayoría de estas personas procedían de Irán, Irak, Afganistán y Somalia. Es posible que en Turquía haya millares de personas más en situación irregular, aunque no se dispone de cifras fiables.

En abril de 2008, Amnistía Internacional fue informada del caso una familia iraquí que había huido de Bagdad y estaba detenida en el sur de Turquía. Sin embargo, la policía se negaba a admitir que la familia se hallara bajo custodia, y le negó la oportunidad de solicitar asilo, a pesar de haber pedido el ACNUR que se le permitiera hacerlo. Aunque se temía por su vida allí, la familia fue devuelta a Irak.

“Las autoridades turcas violan continuamente los derechos de los solicitantes de asilo desde el momento en que intentan entrar en el país –ha señalado Andrew Gardner-. Las violaciones continúan durante la tramitación de sus solicitudes y después de habérseles reconocido la condición de refugiados.”

Una persona de nacionalidad afgana explicó así, a Amnistía Internacional, el trato que había recibido bajo custodia policial en el oeste de Turquía: “Si nos les dábamos dinero, nos golpeaban. Utilizaban nuestro dinero para enviarnos de regreso a Afganistán”.

En abril de 2008, un grupo de 18 personas se vieron obligadas a cruzar a nado el río Tigris, que separa Turquía de Irak, al negarse las autoridades iraquíes a admitirlas de nuevo en su territorio. Cuatro de ellas se ahogaron.

En septiembre de 2008, funcionarios de seguridad turcos obligaron a 24 refugiados uzbekos, 15 de ellos niños y niñas, a entrar en territorio iraní. Al parecer, durante la expulsión golpearon a algunos de ellos y amenazaron con violar a las mujeres y las niñas.

En Irán, un grupo desconocido tomó a los uzbecos como rehenes y amenazó con matarlos. Quedaron en libertad a cambio de 5.000 dólares de rescate y fueron devueltos a Turquía de manera irregular. En octubre, volvieron a ser expulsados a Irán. Según información proporcionada por activistas de los derechos humanos, vivían en lo alto de las montañas, cerca de la frontera, pues las autoridades iraníes se habían negado a admitirlos. Las familias no tienen lo suficiente para alimentar a sus hijos.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades turcas que elaboren las leyes necesarias para aplicar un procedimiento interno de asilo justo y que respeten plenamente los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados. Según la organización, de este modo se garantizará que a todas las personas que necesitan protección internacional se les reconoce y se les concede esta protección.

Las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí, por encima de la ley

Tue, 14 Apr 2009 12:15:00 +0100

Las fuerzas de seguridad de la región autónoma del Kurdistán, en Irak, actúan sin respetar el estado de derecho y abusan habitualmente de su autoridad, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Durante una visita realizada a la región del Kurdistán iraquí en 2008, los investigadores de Amnistía Internacional conocieron muchos casos de personas detenidas y recluidas arbitrariamente por los agentes de la Asayish (seguridad), algunas de las cuales fueron torturadas o víctimas de desaparición forzada y cuya suerte y paradero sigue sin conocerse.

Los métodos de tortura utilizados consisten en descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, golpes con el puño y con cables y bastones de metal o madera, suspensión de la persona torturada por las muñecas o los tobillos, golpes en las plantas de los pies (falaqa); privación del sueño y patadas.

La organización ha pedido al Gobierno Regional del Kurdistán que haga responder de sus actos a los responsables de violaciones de derechos humanos.

“La región del Kurdistán se ha evitado el derramamiento de sangre y la violencia que sigue sacudiendo al resto de Irak, y su gobierno regional ha hecho importantes avances en materia de derechos humanos”, ha dicho Malcolm Smart, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. “Pero aún sigue habiendo verdaderos problemas, como la detención arbitraria y la tortura, los ataques contra los periodistas y la libertad de expresión y la violencia contra las mujeres, que el gobierno debe resolver con urgencia”.

Cientos de personas detenidas sin cargos ni juicio durante varios años han quedado en libertad, pero las autoridades no han limitado de forma significativa los poderes de la Asayish y tampoco han frenado a la Parastin y la Dezgay Zanyari, las ramas de seguridad de los dos principales partidos políticos kurdos, el Partido Demócrata del Kurdistán y la Unión Patriótica del Kurdistán, que juntos componen el Gobierno Regional del Kurdistán.

"Para que los recientes avances en el ámbito de los derechos humanos sean eficaces, el Gobierno Regional del Kurdistán debe tomar medidas concretas a fin de frenar a estas fuerzas y hacerlas responder plenamente ante la ley”, ha dicho Malcolm Smart. "Las autoridades deben hacer más para respetar y defender la libertad de los medios de comunicación y redoblar sus esfuerzos para vencer la discriminación y la violencia contra las mujeres, y poner fin al círculo vicioso de los llamados homicidios en nombre del ‘honor’ y otras agresiones contra las mujeres perpetradas por hombres que desean su subordinación”.

En el informe de Amnistía Internacional aparecen varios casos de mujeres asesinadas por familiares varones en 2008, como el de Cilan Muhammad Amin, de 23 años, estrangulada al parecer por su hermano, que sospechaba que mantenía relaciones con otro hombre.

Otra mujer, Kowan Yunis Qadir, de 17 años, murió a causa de disparos cuando pidió el divorcio a su marido.

Otros casos de mujeres y niñas que se han suicidado debido a la violencia o a la amenaza de violencia por parte de sus familiares varones, como el de Rojan, de 13 años, que se mató prendiéndose fuego en marzo de 2008 para no verse obligada a casarse con un adulto.

"Estos casos muestran lo mucho que a las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán aún les queda por hacer para proteger eficazmente a mujeres y niñas de la violencia de quienes desean controlar su conducta u obligarlas a casarse contra su voluntad”, ha dicho Malcolm Smart. "No deben ahorrarse esfuerzos para procesar y encarcelar a quienes cometen actos de violencia contra las mujeres y para dejar claro que los autores de estos delitos no pueden escapar a la justicia”.