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El padre Nguyen Van Ly, activista de derechos humanos y sacerdote católico que fue excarcelado temporalmente ayer lunes, debe ser puesto en libertad de forma incondicional y permanente, ha declarado Amnistía Internacional.   

El sacerdote, que cumple una condena de ocho años de prisión por difundir “propaganda” contra el Estado en 2007, fue excarcelado ayer por un periodo de 12 meses por razones humanitarias, para recibir tratamiento médico. 

Ly, de 63 años, ya ha cumplido tres años de su condena a prisión. Es uno de los fundadores del movimiento por la democracia en Internet Grupo 8406 y ha participado en grupos políticos prohibidos. 

“El padre Ly nunca debió ser encarcelado. Su excarcelación debe ser incondicional y permanente y se le debe permitir recibir tratamiento médico adecuado —ha afirmado Brittis Edman, investigadora de Amnistía Internacional sobre Vietnam—. Este pequeño paso positivo se produce en un contexto de deterioro de la situación de los derechos humanos, en el que sólo en los últimos seis meses se ha encarcelado a 16 disidentes y decenas más están detenidos actualmente por criticar las políticas del gobierno.” 

La salud de Nguyen Van Ly se ha deteriorado rápidamente en prisión. Padece una parálisis parcial causada por una apoplejía que sufrió en noviembre del año pasado y los médicos también han descubierto la presencia de un tumor cerebral. 

El padre Ly permanecerá sometido a vigilancia durante el periodo de excarcelación temporal, mientras reside en una casa para sacerdotes retirados de la diócesis del Arzobispado de Hue, en el centro del país, donde ha vivido con anterioridad. 

Este activista pacífico por la democracia ha sido encarcelado en tres ocasiones desde la década de 1970. Amnistía Internacional adoptó al padre Ly como preso de conciencia por primera vez en diciembre de 1983 y lo ha hecho de nuevo tras las detenciones posteriores. 

Amnistía Internacional ha dicho que sigue instando al gobierno de Vietnam a que modifique o revoque las disposiciones sobre seguridad nacional contenidas en el Código Penal que se utilizan para silenciar y detener a activistas.

La organización manifestó que estas disposiciones infringen directamente los tratados internacionales ratificados por Vietnam y que las autoridades deben permitir la disidencia pacífica, el debate y la libertad de expresión y de reunión, en consonancia con las obligaciones contraídas por Vietnam en virtud del derecho internacional, y excarcelar a todos los presos de conciencia.