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Amnistía Internacional reitera su llamamiento al gobierno israelí para que deje de construir o ampliar los asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) tras la aprobación oficial de un proyecto para construir 1.600 viviendas nuevas destinadas a colonos israelíes en Jerusalén Oriental.

Hoy miércoles se anunció el proyecto que, si se lleva a la práctica, supondrá la expansión del asentamiento de Ramat Shlomo, que en la actualidad acoge a unos 18.000 colonos. 

"La política de Israel en materia de asentamientos no sólo es ilegal, sino que también repercute gravemente en los derechos humanos de los palestinos de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que han visto arruinadas sus vidas y medios de sustento por las construcciones que se están llevando a cabo en las tierras palestinas ocupadas", ha señalado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el norte de África de Amnistía Internacional.

“El gobierno israelí debe poner fin de inmediato a los proyectos para ampliar los asentamientos existentes o para construir asentamientos nuevos, como primera medida para retirar completamente los asentamientos israelíes ilegales de los Territorios Ocupados."

La construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado viola el derecho internacional humanitario, que prohíbe que una Potencia ocupante efectúe traslados de población al territorio por ella ocupado.

A la población palestina de Cisjordania, sometida al derecho militar y no al derecho civil israelí, que es por el que se rigen los colonos israelíes, no se le permite entrar en los asentamientos israelíes ni utilizar las carreteras de los colonos, por lo que sufre severas restricciones en su libertad de circulación.

Además, los colonos reciben del gobierno israelí considerables ayudas económicas y de otro tipo, y se les permite explotar terrenos y recursos naturales que pertenecen a la población palestina.

La apropiación ilegítima de terrenos palestinos para la construcción de asentamientos israelíes y carreteras de "circunvalación" que comuniquen los asentamientos, así como de recursos esenciales, como el agua, ha tenido efectos devastadores sobre la población palestina local.

Desde que las fuerzas armadas israelíes iniciaran la ocupación de los territorios palestinos en 1967, se han establecido en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, unos 135 asentamientos israelíes oficialmente reconocidos y unos 99 "puestos de avanzada" —asentamientos oficialmente no autorizados, auspiciados, sin embargo, por el Estado y financiados por ministerios del gobierno israelí—, lo que supone una violación del derecho internacional y desafía resoluciones de la ONU. 

Actualmente en Cisjordania hay más de 450.000 colonos israelíes, de los cuales casi 200.000 viven en asentamientos en Jerusalén Oriental y alrededores.

A medida que se han multiplicado y extendido por toda Cisjordania los asentamientos israelíes y las carreteras de "circunvalación", también lo han hecho las carreteras y las zonas vetadas a la población palestina, lo que dificulta los desplazamientos entre sus propias comunidades.

La población palestina que vive bajo control israelí en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, se encuentra sometida a severas restricciones por lo que respecta a la vivienda y las infraestructuras.  

Con frecuencia el gobierno israelí considera “ilegales” viviendas, edificios públicos y otras construcciones pertenecientes a la población palestina, que pueden ser, por lo tanto, demolidos en cualquier momento. Sólo en 2009, las autoridades israelíes demolieron en Cisjordania más de 270 construcciones palestinas, lo que ocasionó el desplazamiento de más de 600 personas, entre las cuales más de la mitad eran niños y niñas.