Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

23 mayo 2008

Sudáfrica debe proteger a las personas en peligro de ataques “xenófobos”

Sudáfrica debe proteger a las personas en peligro de ataques “xenófobos”
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Sudáfrica que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de aquellas personas que siguen estando expuestas a sufrir ataques violentos y desplazamiento de sus hogares debido al origen étnico o la condición de “extranjeras” o solicitantes de asilo que se les atribuye.

La organización ha instado al gobierno a garantizar ayuda humanitaria, recursos legales y apoyo psicosocial a las personas que han sido objeto de tales ataques y desplazamientos. No se debe llevar a cabo ninguna expulsión sin que la persona tenga acceso a unos procedimientos de concesión de asilo completos y justos y otras garantías procesales plenas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben adoptar medidas efectivas para investigar los ataques y llevar a los responsables ante la justicia.

Amnistía Internacional condena los abusos contra los derechos humanos que se han cometido y siguen cometiéndose contra personas individuales, familias y grupos definidos en función de su supuesta identidad o condición.

En esta ola de homicidios, palizas, agresiones sexuales, saqueos y destrucción de propiedades, los perpetradores señalan a las víctimas en función de su presunta identidad o condición. Esta clase de violencia ha tenido lugar ya en al menos cinco provincias, actualmente también en las zonas de Durban y Ciudad del Cabo.

Amnistía Internacional reconoce que miembros del gobierno han denunciado públicamente la violencia y están tomando algunas medidas para mejorar la coordinación y el grado de seguridad en la respuesta de las autoridades. Todos los miembros de las fuerzas de seguridad que velan por el cumplimiento de la ley, incluidos los pertenecientes a las fuerzas armadas, deben acatar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU. Junto a la encomiable labor de ONG proveedoras de servicios, también ha habido una mejora en la respuesta oficial a las necesidades humanitarias de muchos miles de personas desplazadas a causa de la violencia.  
 
Autoridades nacionales y provinciales y destacados representantes del Congreso Nacional Africano (ANC) han afirmado públicamente que esta violencia posiblemente tiene su origen en causas políticas, es organizada y procede de “terceras fuerzas”. Con independencia de que estas opiniones puedan estar basadas en datos objetivos, Amnistía Internacional ha pedido que toda investigación oficial sobre los actos de violencia sea independiente e imparcial y examine, entre otras cosas, cualquier indicio de negligencia por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, bien por no haber actuado tras recibir información sobre amenazas o ataques planeados, bien por haber mirado hacia otro lado cuando sucedían los ataques.

Además, la investigación debería examinar los posibles factores que contribuyen a la violencia, como un arraigado patrón de actitudes y prácticas discriminatorias hacia personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo por parte de las autoridades, desde el Departamento del Interior hasta los servicios policiales, pasando por la magistratura.

Organizaciones jurídicas y de defensa, entre ellas Amnistía Internacional, han planteado al gobierno en repetidas ocasiones su preocupación por el hecho de que tales prácticas y actitudes tienen como consecuencia la negación efectiva del acceso a los procedimientos de concesión de asilo, además de poner a las personas en peligro de detención arbitraria, expulsión ilegítima o devolución a países de origen donde podrían sufrir más violaciones de derechos humanos. Además, cabe la posibilidad de que la negación oficial implícita de que los zimbabuenses presentes en Sudáfrica puedan necesitar protección internacional también haya contribuido a la hostilidad hacia este grupo, blanco de los ataques en el marco de la violencia actual.

Amnistía Internacional también considera motivo de preocupación que los responsables de anteriores ataques contra personas o negocios pertenecientes a personas no sudafricanas, como el último perpetrado en marzo de 2008, no hayan comparecido aparentemente ante la justicia, lo cual no hace sino fomentar el clima de impunidad por estos abusos. Además, parece ser que no se han adoptado medidas disciplinarias o de otro tipo contra los agentes de policía que participaron el 31 de enero de este año en una redada policial en gran escala en la Iglesia Central Metodista de Johannesburgo, durante la cual se detuvo arbitrariamente a cientos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que se refugiaban en la iglesia y, en algunos casos, la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra ellos. Además, no recibieron tratamiento médico inmediato para sus enfermedades crónicas ni las lesiones sufridas a manos de la policía. Algunos de los detenidos, además, fueron puestos bajo custodia de manera ilegítima debido a la conducta indebida y prejuiciosa del juez que presidió las vistas para conceder la libertad bajo fianza.

Aunque el ministro del Interior afirmó públicamente que ninguna de las personas afectadas por la violencia debía ser objeto de expulsión, Amnistía Internacional ha recibido informes según los cuales se están llevando a cabo expulsiones, algunas de ellas presuntamente involuntarias. Amnistía Internacional pide garantías al ministro y al Departamento del Interior de que, en cooperación con otros departamentos y proveedores de servicios pertinentes, cualquier persona desplazada o afectada directamente por la violencia debe recibir apoyo orientativo y jurídico, así como asesoramiento para poder tomar una decisión informada sobre su regreso al país de origen. Esta medida es especialmente importante en el caso de aquellas personas que ya hubieran solicitado asilo, estuvieran en trámites de hacerlo o ya tuvieran reconocida la condición de refugiadas.

Por último, Amnistía Internacional pide al ministro de Desarrollo Social que ejerza la discrecionalidad en aplicación del artículo 5 de la Ley de Asistencia Social de 2004 para garantizar que todas las personas desplazadas por la violencia, con independencia de su condición de ciudadanas, pueden recibir subvenciones de ayuda de emergencia.

Tema

Discriminación 
Refugees, Displaced People And Migrants 

País

Sudáfrica 

Región

África 

@amnestyonline on twitter

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