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Un gran paso adelante en las investigaciones de Paraguay sobre la esclavitud sexual de las niñas

Wed, 13 Aug 2008 15:18:07 +0100

Las investigaciones sobre niñas sometidas a esclavitud sexual en Paraguay durante la dictadura de Stroessner han avanzado enormemente gracias al testimonio de una mujer.

Esto a su vez ha animado a otras mujeres a salir a la luz y testificar sobre sus experiencias de esclavitud sexual, lo cual ha dado mayor peso a la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia.

Julia Ozorio Gamecho fue la primera mujer que se presentó para hablar ante la Comisión sobre la esclavitud sexual a la que fue sometida por el ejército durante la dictadura.

La comisión está investigando miles de violaciones de derechos humanos que sucedieron mientras Stroessner estuvo en el poder, de 1954 a 1989.

Estas violaciones incluyen la violencia sexual contra mujeres. Se cree que niñas de tan sólo siete años fueron arrebatadas de sus hogares y “preparadas” para servir a militares de alta graduación.

El testimonio de Julia Ozorio ayudó a la Comisión a confirmar los detalles de un lugar al que llevaban a las niñas después de habérselas quitado a sus familias. Allí las preparaban a la fuerza para servir como esclavas sexuales a militares de alta graduación.

Yudith Rolón, miembro de la Comisión, declaró: “Valoramos y admiramos su valentía de contar los hechos que le sucedieron y habrán dejado traumas irreparables en su persona hasta hoy, por las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida”.

“Corrobora toda la investigación de estos hechos que ya había indagado la comisión de Verdad y Justicia. Habíamos escuchado muchos casos, pero nadie quiso dar un testimonio como lo está haciendo ella.”

Hasta ahora había sido casi imposible recoger estos testimonios debido al temor a las represalias. Se cree que algunos de los oficiales a los que sirvieron las mujeres como esclavas siguen vinculados al ejército.

Un ex oficial del ejército que ayudó a Ozorio a sobrevivir mientras estaba detenida también salió a la luz para dar su versión del caso ante la Comisión de Verdad y Justicia el martes 12 de agosto.

El caso de Ozorio se incluirá en el informe final de la Comisión, que se presentará al gobierno y a la sociedad civil el 28 de agosto. Su testimonio será uno de los más de 2.000 que detallan las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Stroessner.

El informe abarcará también el periodo de la transición de Paraguay a la democracia, hasta la promulgación de la ley que creó la Comisión, el 6 de octubre de 2003.

Ozorio fue arrebatada de su hogar en la ciudad de Nueva Italia, en el departamento Central de Paraguay, cuando tenía 13 años.

Se la llevó un coronel (vicecomandante del Regimiento Escolta Presidencial) y otros dos soldados. Durante los dos años siguientes permaneció cautiva y sometida a esclavitud sexual por el coronel.

Según Ozorio, a las niñas que lloraban mucho o que ya no les servían –por ejemplo, cuando llegaban a los 15 o 16 años y ya no las consideraban deseables– a veces las mataban.

El secuestrador de Ozorio la puso en libertad porque había cumplido los 15 años y ya no le interesaba. Según dice, salvó la vida porque a su secuestrador le recordaba a su hija muerta. Ozorio se fue a Argentina por seguridad y desde entonces ha vivido en Buenos Aires.

Treinta y siete años después, regresó a Paraguay para presentar su libro, Una rosa y mil soldados, la historia de lo que le ocurrió durante los dos años que estuvo sometida a esclavitud sexual.

En el libro, Ozorio escribe sobre la noche que fue secuestrada: “Me dijo estas palabras: ‘Por acá ya pasaron muchas niñas. Algunas salieron con vida, otras no corrieron con la misma suerte’ […]. Se puso a mirarme largo rato hasta que me dijo: ‘Eres una niña muy bonita - Te pido que no me obligues a matarte’[…]”.

“La primera noche fue horrible.No hay palabras humanas que puedan expresar mi dolor de esa noche […]. Mi cuerpo estaba lleno de moretones y cubierto de mordidas. Una profunda herida sangraba en mi seno.”

Tras prestar testimonio ante la Comisión, Julia Ozorio denunció haber recibido dos llamadas telefónicas anónimas amenazándola, a consecuencia de lo cual la Comisión le ha ofrecido protección.

Además de contar su dolorosa historia y de sensibilizar a la opinión pública sobre lo que experimentaron ella y muchas otras muchachas de corta edad, Ozorio espera ahora crear una fundación para proteger a las niñas víctimas de violencia sexual.

El general Stroessner llegó al poder tras derrocar al presidente civil Federico Chávez en 1954.

Durante su gobierno, miles de personas fueron víctimas de graves abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas, “desapariciones” y exilio forzado.

Algunos de estos abusos se perpetraron en el marco de la Operación Cóndor, un plan coordinado por los gobiernos militares del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) para eliminar a sus “oponentes” durante las décadas de 1970 y 1980.

Stroessner murió el 16 de agosto de 2006 en Brasilia, donde vivía en el exilio desde 1989. Tenía 93 años.

Ocho ciudadanos bahreiníes liberados

Wed, 13 Aug 2008 17:48:56 +0100

El 12 de julio de 2008 quedaron en libertad sin cargos en Arabia Saudí ocho ciudadanos bahreiníes tras haber pasado más de cuatro meses detenidos.

Habían viajado de Bahréin a Riad, en Arabia Saudí, y fueron detenidos por fuerzas de seguridad a su llegada, el 28 de febrero. Durante semanas sus familias no tuvieron contacto con ellos ni supieron cuál era su paradero exacto.

Siete de los ocho hombres son profesores –Sayyid Ahmad ‘Alawi, Majeed al-Ghasra, Muhammad ‘Abdullah al-Mu’man, ‘Abbas Ahmad Ibrahim, ‘Isa ‘Abdul-Hassan Ahmad, Muhammad Hassan ‘Ali Marhoun y Ibrahim Marzam al-Haddad– y uno ingeniero –Muhammad Mahdi Khalil–. Los ocho estuvieron recluidos en régimen de aislamiento durante todo el tiempo que permanecieron detenidos sin que se presentaran cargos contra ellos o fueran juzgados.

Amnistía Internacional acoge con satisfacción su liberación y el regreso a su hogar. No obstante, las autoridades saudíes siguen manteniendo a personas detenidas en régimen de incomunicación, y siguen sometiéndolas a tortura y otros malos tratos.

En 2007, el Ministerio del Interior anunció que había al menos 3.000 presuntos opositores políticos retenidos sin cargos ni juicio. Según informes, el Ministerio reveló que entre 2003 y 2007 detuvo a 9.000 personas en el contexto de la “guerra contra el terror”.

Excarcelación de un preso de conciencia sirio

Fri, 08 Aug 2008 18:24:25 +0100

Las autoridades sirias dejaron en libertad inesperadamente al Dr. Aref Dalilah el jueves pasado en virtud de una amnistía presidencial. Dalilah fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Alepo y era un conocido preso de conciencia de Siria.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción su excarcelación, señalando que hacía mucho que tenía que haberse producido y que espera que vaya seguida de la de todos los demás presos de conciencia de Siria.

Dalilah fue detenido en septiembre de 2001, y en julio de 2002 el Tribunal de Seguridad del Estado lo declaró culpable de “intentar cambiar la Constitución por medios ilegales”. Ha cumplido 7 años de los 10 a que fue condenado, gran parte de ellos recluido en régimen de aislamiento en el ala de presos políticos de la prisión de ‘Adra de Damasco.

Se cree que probablemente la excarcelación de Dalilah tenga que ver con su estado de salud, que se ha deteriorado de manera alarmante durante su estancia en prisión.

Dalilah ha sufrido un coágulo de sangre en el pulmón, trombosis venosa profunda, inflamación del corazón y diabetes. Tuvo un ataque en mayo de 2006, debido al cual perdió sensibilidad en el lado izquierdo del cuerpo.

No ha sido informado de ninguna condición impuesta a su excarcelación ni de restricciones de ninguna clase en caso de que quiera salir de país para recibir tratamiento.

Tras su liberación, Dalilah afirmó: "Agradezco todos los esfuerzos que hicieron todos en Amnistía Internacional y a todas las personas que tomaron parte en acciones en mi favor. Estamos unidos en la lucha por la causa de la justicia y la democracia. Es una lucha que aún continúa".

De las diez personas notables que fueron detenidas por su participación en la denominada “Primavera de Damasco”, Dalilah fue el que recibió la condena más larga. La “Primavera de Damasco” fue un breve periodo que siguió a la toma de posesión de Bashar al Assad como presidente, en julio de 2000, y en el que las autoridades se mostraron más tolerantes con la libertad de expresión y las actividades en favor de la democracia.

No obstante, la excarcelación de Dalilah no cierra en absoluto el capítulo de las detenciones de la “Primavera de Damasco”. Kamal Labwani y Habib Saleh, que también fueron detenidos entonces y quedaron en libertad antes que Dalilah, han sido detenidos de nuevo. Labwani fue condenado a 15 años por sus actividades en favor de la democracia y Saleh está siendo juzgado actualmente por publicar artículos políticos en Internet. Hay centenares de presos políticos recluidos en Siria, entre ellos muchos presos de conciencia.

Periodista tunecino excarcelado

Tue, 22 Jul 2008 18:21:51 +0100

Un periodista tunecino ha quedado en libertad ocho meses después de que fuera detenido.
Tras ser excarcelado el lunes 21 de julio de 2008, Slim Boukhdir indicó que el ministro de Justicia le había concedido la libertad condicional. No le dieron más explicaciones.

La concesión de la libertad condicional se ha debido al parecer a su “buen comportamiento”. Le han comunicado que, si es declarado culpable de un delito similar a aquél por el que fue condenado, tendría que cumplir el resto de la pena.

Tras ser detenido el 26 de noviembre de 2007, fue acusado de “insultos a un agente público en el cumplimiento de sus funciones”, “violación de la moral pública” y “negativa a mostrar su documento de identidad”. El 4 de diciembre lo condenaron a un año de cárcel en un juicio celebrado en la localidad de Sfax, al que asistió como observadora Amnistía Internacional. El juicio se desarrolló sin las debidas garantías, y la organización lo consideró un preso de conciencia y se movilizó para conseguir su excarcelación.

Amnistía Internacional señaló que la condena era “otro intento de las autoridades de sofocar las críticas ejercidas de forma pacífica” y que al parecer su propósito era enviar un “mensaje estremecedor” a las voces independientes de que no se tolerarían las críticas a la política del gobierno ni a las acciones del presidente Ben Ali o de sus familiares.

Slim Boukhdir escribía sobre todo para medios de información en lengua árabe, como Al-Arabiya.net y el diario londinense Al Quds Al Araby. En mayo de 2007, después de que concediera una entrevista a Al Hiwar (Diálogo), canal por satélite radicado en Londres, recibió amenazas telefónicas anónimas procedentes –según él– de agentes de los servicios de seguridad. En dicha entrevista había manifestado que un pariente del presidente Ben Ali debía asumir la responsabilidad de la estampida que se había producido en un concierto organizado por él, en la que resultaron muertas siete personas.

Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la excarcelación, pero ha pedido a las autoridades tunecinas que, con arreglo a sus obligaciones internacionales, permitan a los periodistas trabajar sin ser objeto de intromisiones o actos de hostigamiento y sin el temor a ir a la cárcel, y que garanticen la libertad de expresión.

El Ministerio de Defensa británico acuerda compensar a víctimas iraquíes de tortura

Mon, 14 Jul 2008 10:14:34 +0100

El Ministerio de Defensa británico pagará una indemnización a la familia de un hombre iraquí que trabajaba como recepcionista de hotel y que murió tras ser torturado durante 36 horas bajo custodia de las tropas británicas en Basora, Irak.

Se abonarán casi tres millones de libras esterlinas como reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos a las que tanto ese hombre como otros detenidos al mismo tiempo que él fueron sometidos por miembros de las fuerzas armadas británicas.

Baha Mousa, iraquí de 26 años y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2003. La autopsia reveló que había 93 lesiones distintas en el cadáver. Varios iraquíes que estuvieron recluidos hacia la misma época también fueron torturados y maltratados.

El jueves 10 de julio se anunció que las indemnizaciones ascenderán a 2,83 millones de libras esterlinas (5,59 millones de dólares estadounidenses), a repartir entre la familia de Baha Mousa y nueve hombres más que estuvieron detenidos junto con él.

Según los abogados que actuaron en nombre de Baha Mousa en el litigio para el pago de la indemnización, Daoud Mousa, padre de Baha y ex coronel de la fuerza policial iraquí, ha manifestado en relación con la concesión de la indemnización: “Tengo presente cada día la muerte de mi hijo. El acuerdo de indemnización aliviará algo ese dolor, y servirá en parte para que sus hijos, mis nietos, puedan rehacer su vida.”

Amnistía Internacional ha afirmado que considera que la concesión de esta indemnización es un reconocimiento necesario, aunque muy tardío, de las graves violaciones de derechos humanos a las que Baha Mousa y quienes estuvieron detenidos con él fueron sometidos. La organización estima asimismo que se trata de un paso hacia la reparación de esas violaciones.

En su trabajo sobre este caso, Amnistía Internacional ha hecho campaña para conseguir que el Reino Unido lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre todas las circunstancias de la tortura y la muerte de Baha Mousa, y de la tortura de los demás iraquíes recluidos junto con él.

En mayo de 2008, el Ministerio de Defensa anunció finalmente que se iba a abrir una investigación pública sobre este caso. Su ámbito y alcance no se han comunicado aún, pero se ha confirmado ya que la investigación se realizará dentro del marco de la Ley de Investigaciones de 2005.

Amnistía Internacional considera desde hace mucho tiempo que ninguna investigación iniciada en aplicación de esta ley sobre una denuncia de violación grave de derechos humanos será lo suficientemente independiente del gobierno que la encargue como para cumplir los criterios pertinentes establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Fortalecimiento de los derechos económicos, sociales y culturales

Thu, 19 Jun 2008 18:39:50 +0100

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha adoptado un nuevo instrumento jurídico para reforzar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la sesión que celebró el miércoles 18 de junio, el Consejo adoptó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Protocolo Facultativo permitirá que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examine las quejas que presenten personas que busquen una reparación por violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Se podría utilizar para contribuir a solucionar casos como la exclusión de los menores romaníes de la educación en muchos países europeos o la violación del derecho a una vivienda en varios países africanos.

Amnistía Internacional acogió con satisfacción la adopción del Protocolo Facultativo como “un momento histórico de la lucha para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

“Las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los relativos a una vivienda adecuada, a alimentos, agua y condiciones de salubridad, así como a la salud y a la educación, afectan con más frecuencia y de forma más severa a los grupos marginados y a personas que viven en la pobreza”, señaló Amnistía Internacional.

Con la adopción del Protocolo Facultativo, la ONU ha dado un paso importante en el cumplimiento de la promesa contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de hacer más efectivo el derecho a un recurso contra violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.

Aunque Amnistía Internacional acogió con satisfacción el Protocolo, señaló que “podría, y debería, haber sido un instrumento más enérgico, que hubiera estado más basado en la experiencia de los mecanismos de comunicaciones existentes”.

La organización calificó el texto acordado como “una solución de compromiso honorable que debería servir de catalizador para el desarrollo de recursos efectivos contra las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales”.

Amnistía Internacional pidió también a todos los Estados miembros de la ONU que celebren el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la adopción de este Protocolo Facultativo, en su forma actual, por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008.

Activista liberada en Uzbekistán

Thu, 05 Jun 2008 12:05:53 +0100

La defensora de los derechos humanos uzbeka Mutabar Tadzhibaeva, condenada en 2006 a ocho años de prisión, fue puesta en libertad de forma inesperada el lunes 2 de junio.

Esta presa de conciencia, galardonada el mes pasado con el Premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos de 2008, fue llevada en automóvil a su casa de Margilán, donde se reunió con su familia. Tadzhibaeva ha expresado su agradecimiento a las ONG, entre ellas Amnistía Internacional, que hicieron campaña para conseguir su libertad.

“Pasé 900 días en una ‘isla de la tortura’, 700 de ellos en régimen de aislamiento –ha manifestado Tadzhibaeva–. Sólo conseguí soportarlo gracias al apoyo de la gente que sentía preocupación por mi suerte. Fue lo único que me infundió las fuerzas necesarias. Quiero agradecerles que no hayan olvidado a mis seres queridos: eso me ayudó a permanecer firme.”

Mutabar Tadzhibaeva fue arrestada en mayo de 2005 tras criticar la reacción del gobierno uzbeko frente a la matanza de Andiyán. El 7 de marzo de 2006 la condenaron a ocho años de cárcel por 17 cargos diferentes, entre ellos “difamación” y “pertenencia a una organización ilegal”.

Según el hermano mayor de Mutabar, ésta no sabía que le iban a devolver la libertad sino que creía que la llevaban a un hospital de Tashkent para someterla a exámenes médicos. El hermano de Mutabar dijo que la defensora de los derechos humanos estaba pálida y había adelgazado, pero que su estado emocional era satisfactorio.

La liberación de Tadzhibaeva fue acogida con satisfacción por la comunidad de activistas de los derechos humanos, que atribuyeron la medida a la presión internacional. Los seis años que le quedaban por cumplir de su condena de ocho años han sido conmutados por una pena condicional de tres años.

Las autoridades rusas, responsables de la desaparición forzada de mujeres chechenas

Tue, 03 Jun 2008 17:35:30 +0100

En una sentencia pronunciada el 29 de mayo de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado que las autoridades rusas son responsables de la desaparición forzada de dos jóvenes mujeres chechenas, Aminat Dugaeva y Kurbika Zinabdieva, ocurrida en mayo de 2003.

“La sentencia del Tribunal es un paso adelante en la lucha por obtener justicia para Aminat, Kurbika y sus familiares. Seguiremos haciendo campaña en su favor y exhortamos a las autoridades rusas a garantizar que se investigará exhaustivamente la desaparición forzada de estas dos mujeres y que los responsables serán puestos a disposición judicial”, ha manifestado Nicola Duckworth, de Amnistía Internacional.

Estas mujeres, integrantes de la misma familia, fueron secuestradas la noche del 16 de mayo de 2003 en el domicilio de Kurbika, en Ulus-Kert, Chechenia, por un grupo de 20 hombres vestidos de uniforme azul y pasamontañas.

Aminat tenía apenas 15 años. Kurbika, que padecía un tumor cerebral y epilepsia, necesitaba cuidados constantes. Sus familiares no han vuelto a saber de ellas.

En su sentencia del 29 de mayo, Gekhayeva and others v. Russia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio su respaldo de forma categórica a las alegaciones de la familia de que los secuestradores eran en realidad soldados rusos. El Tribunal también criticó a las autoridades rusas por no haber proporcionado documentación relativa a la investigación oficial sobre el caso.

El Tribunal Europeo resolvió que la investigación oficial, iniciada en 2003, había sido incompleta e inadecuada. La investigación estuvo suspendida desde junio de 2004 hasta agosto de 2006 y hasta la fecha no ha conseguido identificar a los responsables de la desaparición forzada de estas mujeres.

Por consiguiente, el Tribunal falló que las autoridades rusas habían cometido una violación grave del Convenio Europeo de Derechos Humanos, concluyendo que:
•    se había producido una violación del derecho a la vida, dado que debía presumirse que las mujeres habían muerto tras su detención no reconocida a manos de soldados rusos y dado que las autoridades no habían justificado el uso de fuerza letal por sus agentes;
•    la detención no reconocida de Aminat y Kurbika había violado su derecho a la libertad y a la seguridad;
•    la forma en que las autoridades rusas habían tratado las quejas presentadas por los familiares de las víctimas constituía trato inhumano, dados el estrés y la angustia que habían sufrido.

El Tribunal también concluyó que las autoridades rusas no habían llevado a cabo una investigación criminal efectiva. Entre las graves deficiencias determinadas por el Tribunal figuraba la negativa inicial de las autoridades a abrir una investigación criminal y la suspensión de la investigación durante más de dos años.

Acuerdo en Dublín para un tratado sobre municiones en racimo

Fri, 30 May 2008 11:18:48 +0100

El miércoles 28 de mayo, 110 Estados llegaron en Dublín a un acuerdo sobre el texto provisional de una nueva e histórica Convención sobre Municiones en Racimo, que prohibirá el "empleo, la producción y la transferencia de municiones en racimo”.

A este acuerdo se ha llegado tras una campaña mundial organizada por miembros de la sociedad civil, y tras la celebración de diversas conferencias internacionales con la participación de gobiernos y ONG, que comenzaron en Oslo en febrero de 2007, y terminaron el viernes 30 de mayo de 2008, tras 10 días de intensas negociaciones en Dublín, bajo el liderazgo del gobierno irlandés.

El tratado provisional se adoptará formalmente en Dublín el viernes, 30 de mayo de 2008, y quedará abierto a la firma de todos los Estados en Oslo en diciembre de 2008. Tan pronto como se adopte formalmente, sus más de 100 Estados Parte, entre ellos numerosos aliados de la OTAN, como Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, se comprometerán a poner fin al uso de estas armas de efectos indiscriminados. El tratado será jurídicamente vinculante una vez que lo hayan ratificado 30 Estados.

Amnistía Internacional se ha unido a sus socios y aliados de todo el mundo en la campaña de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC, por sus siglas en inglés), a la hora de dar la bienvenida a este trascendental acuerdo, que constituirá una nueva norma internacional sobre la prohibición de armas de efectos indiscriminados y la protección de la población civil en conflictos armados y tras éstos.

Amnistía Internacional considera que si bien el tratado no es perfecto, permitirá a los Estados reducir de manera considerable el peligro de muertes y lesiones de civiles en conflictos y situaciones posconflicto.

A lo largo de varios años, Amnistía Internacional ha contribuido a denunciar los efectos de las bombas en racimo, por ejemplo en Irak y Líbano, y ha participado activamente en la CMC desde 2007. Varias Secciones de Amnistía Internacional (en especial AI Austria, AI Irlanda, AI Noruega, AI Nueva Zelanda y AI Perú) han colaborado en las reuniones del “proceso de Oslo”, mientras que otras muchas han llevado a cabo actividades de captación de apoyos entre sus respectivos gobiernos, algunos de los cuales fabrican estas armas, como es el caso de AI Bélgica, AI Estados Unidos, AI Francia y AI Reino Unido. Asimismo, una delegación de expertos de Amnistía Internacional participó en la conferencia de Dublín.

Uno de los aspectos más destacados del texto del tratado es su prohibición categórica de las municiones en racimo. A pesar de que algunos países han tratado de proteger sus arsenales, no se ha permitido ningún periodo de transición ni se han contemplado excepciones.

Además, las disposiciones relativas a la ayuda humanitaria a las víctimas y comunidades afectadas, y a las obligaciones de los países afectados y los donantes en relación con la remoción y limpieza de áreas contaminadas, va más allá de lo acordado en el tratado contra las minas terrestres, y desarrolla lo establecido en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

No obstante, resulta decepcionante la incorporación al tratado de una controvertida disposición por la que se permiten operaciones militares conjuntas con Estados que se nieguen a ratificarlo. Por su parte, los activistas insisten en que se debe interpretar que el tratado prohíbe a terceros países almacenar este tipo de armas en el territorio de los Estados Parte, y a los Estados Parte ayudar conscientemente a utilizarlas.

Las municiones en racimo son armas que se abren en el aire y esparcen aleatoriamente decenas o cientos de submuniciones explosivas en grandes extensiones. Las municiones en racimo suponen un peligro grave para la vida y el sustento de la población civil, tanto en el momento de su uso como una vez que han cesado las hostilidades, dada la amplitud del área a la que afectan y el elevado número de submuniciones que quedan sin detonar. Estas últimas tienen repercusiones a largo plazo: conducen a violaciones de derechos humanos y dificultan las labores de asistencia humanitaria, las operaciones de paz y las tareas de reconstrucción y desarrollo tras los conflictos. A menos que se tomen internacionalmente medidas prácticas, las municiones en racimo serán una amenaza cada vez mayor para la población civil, a medida que van proliferando y se utilizan cada vez más a escala mundial.

Pakistán ratifica un tratado de derechos humanos clave

Fri, 18 Apr 2008 18:24:14 +0100

Pakistán ha ratificado un tratado de derechos humanos de la ONU clave y ha firmado otros dos.

“Convertirse en Estado Parte en pactos de derechos humanos de la ONU es un paso clave para garantizar que en Pakistán se respetan, protegen y hacen realidad los derechos humanos, de conformidad con las normas internacionales”, ha dicho Amnistía Internacional.

La organización ha pedido a las autoridades paquistaníes que aprovechen esta oportunidad para abordar los acuciantes problemas de derechos humanos del país.

Al presentar su candidatura para las elecciones del Consejo de Derechos Humanos en abril de 2006, Pakistán se comprometió a ratificar pronto tratados básicos de derechos humanos.

El 17 de abril de 2008, el país cumplió este compromiso al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Durante muchos años, Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Pakistán a que ratifique éstos y otros tratados de derechos humanos de la ONU.

Amnistía Internacional ha pedido ahora al gobierno paquistaní que ratifique sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, y promulgue la legislación necesaria que garantice que los tres tratados pasan a formar parte de las leyes nacionales de Pakistán. El país debe asimismo ratificar el resto de tratados de derechos humanos y sus protocolos facultativos, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y hacer plenamente efectivos los tratados internacionales de derechos humanos en la ley y en la práctica.

Amnistía Internacional ha instado también a las nuevas autoridades paquistaníes a poner en libertad o revelar la suerte y el paradero de todas las víctimas de desaparición forzada; a poner fin a todas las detenciones secretas, en régimen de incomunicación y administrativas; a poner fin a todas las torturas y malos tratos y revocar todas las leyes que impliquen penas crueles, inhumanas o degradantes; y a declarar la suspensión de todas las condenas a muerte y conmutar las penas de muerte de las más de 7.000 personas que actualmente están en espera de ejecución.