Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

20 agosto 2008

Sudán recluye sin cargos a cientos de personas por el ataque del 10 de mayo

Sudán recluye sin cargos a cientos de personas por el ataque del 10 de mayo

El gobierno sudanés mantiene recluidas a cientos de personas sin cargos ni acceso a asistencia letrada tras el ataque armado lanzado contra Jartum el 10 de mayo por el Movimiento Justicia e Igualdad. El gobierno se prepara para juzgar a otras 109 personas detenidas en relación con este ataque.

Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de la mayoría de las personas que continúan recluidas. Se han recibido informes de tortura y malos tratos de personas que fueron puestas en libertad. Amnistía Internacional teme que quienes siguen detenidos corran grave peligro de sufrir torturas. Según los informes que ha recibido la organización, entre los recluidos hay mujeres y un bebé de nueve meses.

Los temores de Amnistía Internacional han sido suscitados por las condenas a muerte en la horca dictadas el domingo 17 de agosto por los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán contra 8 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad. Entre ellos se encuentra un jefe militar del grupo. Otros doce presuntos miembros del mismo grupo fueron condenados a la horca el 20 de agosto de 2008. La condena eleva a 50 el número de personas condenadas a muerte en relación con el ataque del 10 de mayo.

"Los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán no son más que una parodia de justicia", ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. "Algunas de las personas condenadas ayer vieron a sus abogados por primera vez durante el juicio, mientras que varias afirmaron que las torturaron mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación y las obligaron a confesarse culpables."

"Esos juicios fueron claramente injustos y ahora Sudán se prepara para juzgar a más personas con este sistema. ¿Es eso justicia?", ha dicho Tawanda Hondora.

Uno de los abogados de los condenados el 17 de agosto dijo a Amnistía Internacional que el tribunal había rechazado su petición de que se examinaran las denuncias de tortura y malos tratos de su cliente, incluida la petición para que se le realizara un examen médico, a pesar de que, cuando comparecieron ante el juez, los acusados presentaban claras señales de malos tratos en sus cuerpos.

Los abogados defensores han recurrido las 38 sentencias en el limitado plazo que permiten los Tribunales Especiales. La decisión final, que se espera para las próximas semanas, deberá ser tomada por un Tribunal Especial de Apelaciones. A partir de entonces, el presidente tendrá que sancionar con su firma la decisión para que se lleven a cabo las ejecuciones.

"El gobierno sudanés tiene la obligación de investigar los delitos y poner a sus autores a disposición judicial, pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional y su propia Constitución, que garantiza juicios justos", ha manifestado Tawanda Hondora.

"Instamos a las autoridades sudanesas a que no ejecuten a estos hombres y revisen de inmediato sus causas."

Amnistía Internacional ha instado también a las autoridades sudanesas a que revelen el paradero de todas las personas recluidas en el marco de la investigación de los sucesos del 10 de mayo y a que presenten cargos contra ellas sin demora o las pongan en libertad de inmediato.

La organización también pide que a todos los detenidos se les permita acceder de forma regular a sus abogados y familiares y que se les facilite la atención médica adecuada.

Información complementaria

Con el ataque del 10 de mayo, un grupo armado de oposición con base en Darfur alcanzó por primera vez la capital desde el comienzo conflicto en 2003.

En las semanas siguientes al ataque cientos de personas fueron detenidas por la policía y las fuerzas de seguridad sudanesas. La mayoría de los detenidos eran naturales de Darfur. Amnistía Internacional recibió informes de ejecuciones extrajudiciales durante las oleadas de detenciones.

En julio, el presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, anunció que pondría en libertad a 87 presuntos niños soldados acusados de participar en el ataque.

A finales de julio, los Tribunales Especiales condenaron a muerte a otras 30 personas, tras declararlas culpables de delitos relacionados con los ataques del 10 de mayo.

Los Tribunales Especiales Antiterroristas se crearon el 29 de mayo expresamente para juzgar a personas acusadas de participar en el ataque del 10 de mayo.

Se ha acusado y condenado a personas en virtud de artículos como los del Código Penal de 1991, la Ley Antiterrorista de 2001 y la Ordenanza sobre Armas y Municiones de 1993.

La sentencia del 17 de agosto es la cuarta dictada por estos tribunales.

Tema

Conflictos armados 
Armed Groups 
Pena de muerte 
Detención 
Tortura y malos tratos 
Juicios y sistemas judiciales 

País

Sudán 

Región

África 

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