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Cuando se cumple el quinto aniversario de los homicidios de Andiyán en Uzbekistán, Amnistía Internacional pide a la Unión Europea (UE) que condene enérgicamente los ataques que siguen perpetrándose contra los periodistas y defensores de los derechos humanos que hablan del asunto públicamente en el país. 

Cientos de personas, entre las que había mujeres y niños, perdieron la vida el 13 de mayo de 2005 cuando las fuerzas de seguridad del gobierno abrieron fuego contra una multitud de manifestantes, en su mayoría pacíficos, en el centro de Andiyán.

Posteriormente, el gobierno uzbeko reprimió con dureza la expresión de opiniones disidentes y trató de silenciar la labor informativa independiente sobre los hechos.

La respuesta de la Unión Europea fue imponer un embargo de armas, que entró en vigor en octubre de 2005, y otras sanciones específicas. Pero en octubre de 2009 se levantó el embargo sin una sola alusión a la necesidad de llevar a cabo una investigación independiente sobre los homicidios, exigencia primordial en que se basó la decisión de imponer sanciones. 

En una carta dirigida a la responsable de la política exterior europea, Catherine Ashton, la organización también pide a la UE que se comprometa públicamente a mantener como asunto prioritario de política exterior el establecimiento de una investigación urgente, independiente e internacional sobre estos homicidios.

“La falta de coherencia de la Unión Europea con respecto a Andiyán está dañando la credibilidad de una política exterior cuyas decisiones deberían girar en torno a los derechos humanos. Debe existir en planteamiento claro y coherente para ejercer presión internacional sobre Uzbekistán, a fin de que autorice una investigación internacional independiente sobre los homicidios”, afirma Andrea Huber, directora adjunta de la Oficina de AI ante la UE.

Uzbekistán ha mencionado hace poco el levantamiento del embargo de armas de la UE como prueba de que el asunto de la investigación ya está zanjado.

Amnistía Internacional considera que la situación de los derechos humanos ha seguido deteriorándose desde los sucesos de mayo de 2005: el acoso, las agresiones y las detenciones de defensores de los derechos humanos y periodistas independientes han ido en aumento a pesar de que las autoridades lo niegan una y otra vez. El número de informes sobre tortura y otros malos tratos bajo custodia no ha disminuido. 

El caso de Dilorom Abdukadirova, de 44 años, refugiada en Australia, resulta especialmente indignante.

Huyó a Kirguistán tras asistir a la manifestación de Andiyán, dejando atrás a su esposo y a sus hijos. Regresó en enero de este año tras recibir garantías de las autoridades de que no le pasaría nada; pero nada más llegar al aeropuerto fue detenida y estuvo cuatro días bajo custodia.

En marzo volvieron a detenerla y permaneció dos semanas recluida en un calabozo policial sin acceso a un abogado ni a su familia.

Finalmente compareció ante un tribunal en abril acusada de actos anticonstitucionales y de salida y entrada ilegal en Uzbekistán por su participación en los hechos de Andiyán.

El 30 de abril fue condenada a 10 años y 2 meses de cárcel tras haber sido juzgada sin las garantías que exigen las normas internacionales. 

“La situación de los derechos humanos en Uzbekistán sigue siendo tan grave como era hace cinco años, y la Unión Europea debe reconocerlo de inmediato. Periodistas, defensores de los derechos humanos y otras personas valientes que aún se atreven a plantear el asunto de los homicidios están sufriendo, y la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado y continuar su relación con Uzbekistán como si nada hubiera pasado”, concluye Andrea Huber.