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La Unión Africana (UA) ha rehusado cooperar con una orden de detención por crímenes de guerra emitida contra el presidente sudanés Omar al Bashir. Amnistía Internacional ha calificado la decisión de la UA de no reconocer la orden de detención, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo, de insulto a las víctimas de violaciones de derechos humanos de Darfur.

”Esta decisión de los Estados miembros de la Unión Africana muestra el desprecio por todas las personas que sufrieron en Darfur graves violaciones de derechos humanos, y convierte a la UA en una farsa como organismo internacional", ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.

"Al apoyar a una persona a la que se busca por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, socava la credibilidad de los Estados Partes en el Estatuto de Roma y de la UA en conjunto."

La resolución de la UA, adoptada al final de la 13ª Cumbre de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrada en Libia, violaría la obligación de los Estados Partes africanos en el Estatuto de Roma de cooperar con la Corte (artículo 86).

Dicha obligación incluye la de cooperar para la ejecución de las órdenes de detención. África desempeñó un importante papel –decisivo, de hecho– en la creación, en 1998, de la CPI. Hasta ahora son 30 los Estados africanos que han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI.

Los Estados africanos apoyaron firmemente la creación de la CPI como tribunal que constituye el último recurso para garantizar que las víctimas africanas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra reciben justicia y reparaciones cuando los Estados no pueden o no quieren investigar y procesar tales crímenes.

Tres Estados africanos, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda, remitieron situaciones de sus países a la CPI basándose en la citada premisa. Un cuarto país, Costa de Marfil, ha reconocido la jurisdicción de la CPI para investigar y procesar crímenes cometidos en su territorio o perpetrados por sus ciudadanos en el extranjero.