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El Parlamento uruguayo ha aprobado en la madrugada de hoy una ley que representa un importante paso hacia la justicia para las numerosas víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, ha declarado hoy Amnistía Internacional.  

La nueva ley elimina los efectos de la ley de amnistía de 1986 (conocida como Ley de Caducidad), que protegía a la policía y al personal militar del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos, y revoca las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas formulasen denuncias penales a partir del 1 de noviembre.

“Con la aprobación de esta nueva ley, el Parlamento de Uruguay ha dado un histórico paso adelante en la lucha contra la impunidad por delitos cometidos en el pasado”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional había solicitado a las autoridades uruguayas en reiteradas ocasiones que revocaran la ley de amnistía, que impedía el enjuiciamiento de las personas acusadas de torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1985, antes de que se reinstaurase la democracia en el país.

El pasado mes de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Uruguay debía garantizar que la ley de amnistía dejaba de obstaculizar la investigación de crímenes cometidos en el pasado y que las personas responsables de las violaciones graves de derechos humanos comparecían ante la justicia. La sentencia también ordenaba a Uruguay que no aplicara ninguna ley similar que exonerase a los responsables.

“La decisión de hoy del Parlamento permite que Uruguay cumpla sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y aplica en parte la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado deben responder ahora ante la justicia”, añadió Guadalupe Marengo.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 (también conocida como Ley de Caducidad), promulgada tras la reinstauración de la democracia, otorgaba al presidente la última palabra sobre los casos de violaciones de derechos humanos que podían ser investigados. La medida protegía a la policía y al personal militar de ser enjuiciados por torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante 11 años de régimen autoritario, hasta 1985.

En mayo de 2011 hubo un intento de anular los efectos de la Ley de Caducidad que fue derrotado por un escaso margen de votos en el Parlamento; la Ley había sido refrendada en sendas consultas populares en 1989 y 2009.

Ese mes la Corte Suprema concluyó que dos ex oficiales del ejército no podían ser juzgados por desapariciones forzadas porque el crimen no se incorporó a la legislación uruguaya hasta 2006 y ésta no se podía aplicar retroactivamente. Los militares fueron declarados culpables del delito común de “homicidio muy especialmente agravado”.

El tratamiento de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en Uruguay durante los gobiernos civiles y militares de las décadas de 1970 y 1980 como delitos comunes y no como crímenes de lesa humanidad significaba que los casos podían prescribir, y habrían prescrito efectivamente el 1 de noviembre. La nueva ley elimina esta prescripción.