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Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades yemeníes que dejen sin efecto la pena de tres meses de prisión impuesta a una periodista tras ser declarada culpable de difamar al presidente Alí Abdulá Salé.

Según la información de los medios de comunicación, Anissa Uthman, periodista de Al Wassat, una publicación semanal, fue procesada a raíz de unos artículos que escribió en los que criticaba la detención y el encarcelamiento de activistas de derechos humanos.

“Las medidas tomadas contra Anissa Uthman parecen reflejar la creciente intolerancia del gobierno hacia las críticas pacíficas a las autoridades vertidas por los medios de comunicación y otros, incluidas las relativas a violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto de la gobernación de Sada y en respuesta a las protestas que siguen produciéndose en el sur”, ha indicado Malcom Smart, director del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

Según los informes, Anissa Uthman fue condenada a prisión el sábado pasado tras ser juzgada in absentia en Saná por un tribunal de prensa, creado recientemente para juzgar los casos relacionados con los medios de comunicación. El tribunal comenzó a funcionar en junio de 2009 y, al parecer, conoce de unos 150 casos.  

Se teme que la periodista corra riesgo inminente de ser encarcelada, aunque el fallo del tribunal y la condena todavía pueden recurrirse.

El director y dueño de Al Wassat también fue juzgado por este caso y compareció ante el tribunal. Fue declarado culpable y condenado a pagar una multa.

“Si Anissa Uthman fuera encarcelada por el mero hecho de criticar pacíficamente al gobierno, sería una presa de conciencia –ha señalado Malcom Smart–. Si éste fuera el caso, pediríamos su puesta en libertad inmediata e incondicional.”

Hoy en día, otros miembros de los medios de comunicación yemeníes están siendo detenidos.

Hisham Bashraheel, director del diario Al Ayyam, fue detenido este mes junto con dos de sus hijos. Los tres continúan detenidos. Se teme que puedan sufrir torturas y otros malos tratos.

Fueron detenidos el 4 de enero cuando participaban en una sentada de protesta en las oficinas de Al Ayyam, en la ciudad de Adén, al sur del país. El motivo de la sentada era protestar por la decisión de las autoridades, ocho meses antes, de prohibir al periódico la impresión y la distribución de copias.

Mientras, crece la preocupación por la seguridad de Muhammad al Maqalih, periodista y director del sitio web del partido socialista de Yemen (http://www.aleshteraki.net), del que no se tienen noticias desde que el 17 de septiembre de 2009 fuera secuestrado en una calle de Saná. Se lo llevaron un grupo de hombres que llegaron en un minibus blanco, sin matrícula, y que se cree que son funcionarios del servicio de seguridad nacional. Las autoridades no han facilitado las razones por las que Muhammad al Maqalih fue detenido, aunque el periodista había criticado con anterioridad el homicidio de civiles a manos del ejército en Sada. En diciembre, el ministro de Información reconoció que estaba detenido, pero no facilitó más detalles.
 
Estas últimas medidas contra los medios de comunicación se producen en un momento en el que las fuerzas gubernamentales están inmersas, en la ciudad de Sada, en el enfrentamiento contra simpatizantes armados del difunto clérigo chií zaidí Hussain Badr al Din al Huthi. Además, continúan las protestas en el sur de país contra el presunto trato discriminatorio y a favor del separatismo.

Por otro lado, los informes que apuntan que el hombre que presuntamente intentó hacer explotar una bomba en una avión cerca de Detroit, en Estados Unidos, había recibido entrenamiento en Yemen, han dirigido la atención internacional sobre los miembros y simpatizantes de Al Qaeda y la amenaza del terrorismo.

La difamación es un delito en virtud de la Ley de Prensa y Publicaciones (de 23 de diciembre de 1990) y del Código Penal (Ley 12 de 1994) y puede ser castigado con hasta dos años de prisión y una multa de 4.000 riales yemeníes (unos 20 dólares estadounidenses). El delito está definido vagamente y puede utilizarse, con facilidad, para encausar y encarcelar a aquellas personas que critican pacíficamente al gobierno.