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Dos leyes que restringirían gravemente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y limitarían la libertad de reunión en Egipto deben modificarse significativamente o de lo contrario ser retiradas, ha dicho Amnistía Internacional hoy, cuando la cámara alta del Parlamento se prepara para debatir las leyes propuestas.

Un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Desarrollo Local que se debatirá mañana reforzará las duras restricciones impuestas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Egipto en temas como su inscripción en el registro, sus actividades y su posibilidad de obtener financiación internacional.

Con arreglo a esta ley y a otra propuesta por el Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales, las autoridades conservarían la facultad de rechazar o bloquear la inscripción de las ONG en el registro de asociaciones y tendrían amplios poderes para disolver organizaciones.

El proyecto de ley desarrollado por el Ministerio de Seguridad Social y Asuntos Sociales permite que agentes del gobierno entren a las sedes de las ONG para examinar sus registros y sus actividades. Además, prohíbe las actividades que “amenacen la unidad nacional, violando la moral o el orden públicos”, así como la “investigación sobre el terreno” y las encuestas de opinión, salvo autorización previa de las autoridades pertinentes.

En virtud de este proyecto de ley, la participación en tales actividades se castigaría con multas y penas de entre uno y tres años de cárcel.

Ambas propuestas permiten la creación de un poderoso Comité de Coordinación que consagra el papel de las fuerzas de seguridad en la vigilancia del trabajo de las organizaciones internacionales y el control del acceso a la financiación extranjera de las organizaciones nacionales e internacionales.

“Las autoridades egipcias intentan de nuevo aprobar leyes draconianas para reprimir a la sociedad civil independiente y silenciar las voces críticas, las mismas que fueron fundamentales para documentar los abusos del régimen de Mubarak y generar la ‘revolución del 25 de Enero’”, ha dicho Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El gobierno del presidente Mohamed Morsi debe romper con las tácticas de la era Mubarak de calumniar a las ONG en los medios de comunicación controlados por el Estado, tildándolas de ‘espías’ del extranjero y convirtiéndolas en el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad.”

Otro proyecto de ley sobre protestas públicas, que también se debate en la cámara alta del Parlamento, restringiría gravemente la libertad de reunión por “afectar a la seguridad o al orden público; lesionar los intereses de los ciudadanos; bloquear calles o transportes; retrasar el tráfico [...] o suponer una grave amenaza para lo antedicho”.

También establece una serie de trabas burocráticas para organizar una protesta, faculta a los gobernadores para posponer una manifestación o imponer amplias prohibiciones, y permite que las fuerzas de seguridad utilicen cañones de agua, gas lacrimógeno y porras  para dispersar protestas pacíficas si no se atiende a un aviso audible.

“Una ley que restringe arbitrariamente el derecho a la protesta pacífica en el Egipto postrevolucionario y que otorga a la policía poderes discrecionales para que empleen la fuerza contra manifestantes pacíficos sería un gran paso atrás y una traición a todos los que defendieron los derechos humanos en el levantamiento de enero”, ha dicho Philip Luther.