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Las autoridades peruanas deben investigar las denuncias según las cuales se utilizó un programa de planificación familiar del gobierno para esterilizar a miles de mujeres indígenas y campesinas contra su voluntad, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras la reapertura de una investigación sobre el programa estatal. 

Representantes del gobierno anunciaron el miércoles que el Ministerio Público de Perú ha reabierto una investigación sobre la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori en la década de 1990. 

Las mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales empobrecidas fueron los objetivos principales del programa, que causó al menos una muerte, la de María Mamérita Mestanza Chávez en el norte de Perú en 1996. 

“Pedimos a las autoridades peruanas que garanticen una investigación sin demora, efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre las esterilizaciones forzadas de mujeres. Todas las mujeres que fueron obligadas a someterse a esa intervención deben obtener plena reparación, como dispone el derecho internacional” ha manifestado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para América. 

La medida formaba parte de un programa de planificación familiar patrocinado por el gobierno que se llevó a cabo durante el último mandato del presidente Fujimori, encarcelado en 2009 tras ser declarado culpable de diversas violaciones de derechos humanos. 

Su política oficial de control demográfico se dirigía específicamente contra las mujeres indígenas y campesinas de los sectores más pobres de la sociedad. Quienes se encargaban de aplicarla promovieron la esterilización –sobre todo de mujeres indígenas y campesinas– para cumplir las cuotas fijadas por el gobierno. 

Como consecuencia fueron esterilizadas miles de mujeres, en muchos casos sin su consentimiento o contra su voluntad.   

Las normas internacionales reconocen el derecho fundamental de todas las mujeres y niñas a decidir libremente el número de hijos, su espaciamiento y el momento de su nacimiento. Además, instan a los Estados a facilitarles el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva. 

Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones relacionadas con la reproducción sin sufrir discriminación, coacción o violencia. La práctica generalizada y sistemática de la esterilización forzada en Perú puede constituir un crimen de lesa humanidad.   

“La aplicación abusiva del programa de planificación familiar de Fujimori aparentemente ha supuesto la violación de los derechos reproductivos de miles de mujeres indígenas y campesinas con escasos recursos económicos”, afirmó Guadalupe Marengo. 

“Las víctimas y sus familiares llevan más de un decenio esperando a conocer la verdad sobre los motivos de que esto haya podido suceder. Justicia y reparación son un primer paso para que el Perú del siglo XXI demuestre su intención firme de acabar con la discriminación sistemática que las mujeres indígenas y campesinas soportan desde hace décadas.”