Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

29 noviembre 2012

Té y gas lacrimógeno en la Plaza Tahrir

Té y gas lacrimógeno en la Plaza Tahrir
El decreto de presidente Morsi invalidando la autoridad judicial ha provocado protestas generalizadas.

El decreto de presidente Morsi invalidando la autoridad judicial ha provocado protestas generalizadas.

© Matic Zorman / Demotix


Mientras huíamos de un nuevo disparo de gas lacrimógeno vimos a uno de los vendedores callejeros de El Cairo empujar estoicamente su pesada carreta a través del humo irritante, siguiendo con aire resuelto a los manifestantes que regresaban a la Plaza Tahrir.
Fuente: 
Por el equipo del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, El Cairo
Fecha: 
Jue, 29/11/2012

La ciudadanía egipcia ha regresado a la Plaza Tahrir en muchas ocasiones desde la caída de Hosni Mubarak, pero pocas veces lo ha hecho de forma tan masiva.

Tras la multitudinaria protesta del martes 27 de noviembre, hay quien incluso está empezando a hablar de un segundo levantamiento, una “revolución de noviembre”.

Mientras tanto, los partidarios del presidente Morsi están preparando su respuesta, una reunión en la Plaza Tahrir prevista para el sábado que hace temer que se produzcan enfrentamientos entre los distintos bandos.

No hace mucho que los manifestantes pedían el fin del gobierno militar. Ahora, una gran cantidad de personas corea lemas contra el presidente Mohamed Morsi, el primer presidente elegido del país y el hombre en el que mucha gente confiaba para restaurar por fin el Estado de derecho.

En cambio, el presidente Morsi lo ha pisoteado, al decretar que sus decisiones no se pueden impugnar ante los tribunales y que la Asamblea Constituyente no se puede disolver. El Tribunal Constitucional egipcio está a punto de dar a conocer su fallo con respecto a la legitimidad de la Asamblea, que se esfuerza por presentar hoy el proyecto de Constitución al presidente.

Además, Mohamed Morsi ha destituido al fiscal general, ha permitido que se abran nuevas investigaciones –si se descubren nuevos indicios o hechos– sobre los policías y funcionarios a quienes los tribunales han absuelto de matar a manifestantes, y ha promulgado una nueva ley para “proteger la revolución” que permitiría un periodo de hasta seis meses de detención previa al juicio por delitos relacionados con la prensa y los medios de comunicación, organización de protestas, huelgas laborales, y “matonismo”.

Muchas personas nos han dicho que sentían que no les quedaba más remedio que volver a las calles. Pero el futuro inmediato está lleno de temor e incertidumbre. Ya se han recibido informes de enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente en varias ciudades de todo Egipto, y ambos bandos tienen previsto organizar nuevas marchas en los próximos dos días.

Aunque el ambiente en la Plaza Tahrir era fundamentalmente pacifico cuando la visitamos, las calles que conducían al cercano Parlamento y a la Embajada de Estados Unidos se han convertido en escenario de un tenso y prolongado pulso entre manifestantes y policía antidisturbios.

Allí hemos visto a la policía lanzando gas lacrimógeno contra la multitud una y otra vez. Algunos manifestantes han respondido arrojando cócteles Molotov. Pero son los menos; tras ellos se encuentra la inmensa e incontenible mayoría de manifestantes pacíficos.
El martes, cuando se disipó el gas, encontramos a un niño sentado en la acera con un bote de gas en la mano. Fabricado en Estados Unidos, en el bote estaban escritas instrucciones de primeros auxilios, en un idioma que el niño no entendía.

Mientras caminábamos por la zona vimos a manifestantes con botes similares. Ninguno sabía muy bien qué pensar, por qué se volvían a usar en las calles del El Cairo objetos que se habían fabricado tan lejos. En todos los botes de gas que examinamos constaba que habían sido fabricados en marzo de 2011, y, por tanto, se habían vendido a Egipto tras el levantamiento.

Lo cierto es que, para muchas personas de aquí, el gas lacrimógeno se ha convertido en una triste realidad más. Mientras huíamos de un nuevo disparo de gas lacrimógeno vimos a uno de los vendedores callejeros de El Cairo empujar estoicamente su pesada carreta a través del humo irritante, siguiendo con aire resuelto a los manifestantes que regresaban a la Plaza Tahrir. A medida que empezaba a dispersarse el gas, un hombre que repartía comida rápida a domicilio intentaba abrirse camino entre la multitud en una motocicleta, tocando la bocina con impaciencia. Los manifestantes hablaban por teléfono e intentaban esquivar a los vendedores callejeros, que ofrecían pañuelos de papel para paliar los efectos del gas que ya se estaba dispersando.

Algunas personas han muerto aquí. En el hospital Al Hilal de El Cairo, un médico nos contó que uno de los manifestantes, Ahmed Negib, había sufrido muerte cerebral el 25 de noviembre tras recibir el impacto de bolitas de vidrio que, al parecer, habían sido disparadas con una escopeta en circunstancias poco claras. Otro manifestante, Fathy Gharib, ingresó en el hospital el 27 de noviembre y murió tras sufrir un derrame cerebral en la protesta masiva celebrada en Tahrir.

Las muertes han avivado la creciente ira contra las autoridades. Muchas personas que hablaban del decreto presidencial se referían a la vez a Mohamed Gaber Salah, un adolescente abatido por disparos el 20 de noviembre, en una protesta en la calle Mohamed Mahmoud de El Cairo.

Al igual que muchas otras personas, había ido allí para recordar a los 51 muertos registrados en todo Egipto un año antes, muchos de ellas en esa misma calle. Lo pagó con su vida. Islam Masoud, otro adolescente, también murió en Damanhour, en el norte de Egipto, durante los enfrentamientos en las calles entre partidarios y detractores del último decreto de Morsi.

Cuando regresamos a la Plaza Tahrir nos encontramos a una vieja amiga, Azza Hilal Ahmad Suleiman. El pasado diciembre se había convertido en blanco de los soldados por intentar proteger a una manifestante. Ahora, con una alegre sonrisa, nos preguntó qué pensaba el resto del mundo de las nuevas manifestaciones.

El martes por la noche, mientras tomábamos un té con ella en la Plaza Tahrir, vimos como iban llegando una marcha de protesta tras otra, miles de personas de toda condición, coreando lemas contra un presidente al que muchas de ellas probablemente habían votado hace unos meses.

Ante el decreto del presidente Morsi, los jueces egipcios han reaccionado con indignación y han denunciado que constituye un ataque a su independencia. La Asociación de Jueces ha convocado una huelga que ha paralizado los juzgados de todo el país, incluido el máximo tribunal de apelación de Egipto, el Tribunal de Casación.

Mientras pasábamos por delante de un juzgado cerrado, sentimos un profundo desasosiego al darnos cuenta de que un presidente que estuvo detenido en una ocasión por manifestarse en favor de la independencia del poder judicial se ha convertido ahora en su adversario más implacable.

Y además está el proceso de redacción de una nueva Constitución. El miércoles, mientras hablábamos con Manal Tibe, destacada activista del derecho a la vivienda, se supo que solo se había dado un día a la Asamblea Constituyente para concluir este documento crucial. Meses de trabajo, y quizás el futuro de las próximas generaciones, se iban a condensar de forma precipitada en unas cuantas horas.

Manal, ex miembro de la Asamblea y una de las integrantes del reducido grupo de siete mujeres en una institución con 100 escaños, mostró su incredulidad y enojo por esta decisión.

Había presentado su dimisión porque la Asamblea no había protegido derechos humanos clave como los derechos de las mujeres, la libertad de religión y expresión, o la prohibición de los desalojos forzosos y de que la población civil fuese sometida a juicios sin garantías ante tribunales militares.

Al igual que muchos otros egipcios, hacía mucho que había abandonado la esperanza de que el proceso de redacción de la nueva Constitución fuese inclusivo y consultivo. Pero esta última decisión fue un nuevo y duro golpe para un proceso que, según se creía, iba a suponer el regreso de Egipto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

Esta última decisión supuso un duro golpe para un proceso que, según se creía, iba a suponer el regreso de Egipto a los derechos humanos y el Estado de derecho. A medida que íbamos leyendo los artículos aprobados por la Asamblea esa mañana, nuestra incredulidad iba en aumento. Disposiciones sumamente básicas que habrían consagrado los derechos humanos son imprecisas o han desaparecido; no hay artículos que prohíban expresamente la discriminación de las mujeres.

Por el contrario, la represión ha sustituido a la reforma. El proyecto de Constitución prohíbe las críticas a la religión y consiente de forma expresa que la población civil sea juzgada ante tribunales militares, una concesión de última hora al ejército que ha plasmado la injusticia por escrito, nada menos que en la piedra angular de la legislación egipcia.

En una semana tumultuosa, la población egipcia, entre la incredulidad y la ira, ha visto como la han vuelto a obligar a quedarse al margen. Hace días, los manifestantes dejaron claro que la única salida que tenía el presidente Morsi era derogar su propio decreto. Pero el torpe proceso constitucional no ha hecho más que echar leña al fuego y avivar la ira de los manifestantes.

Lo que sí está claro es que los manifestantes no van a aceptar que se vuelva a gobernar por decreto, como tampoco van a admitir una Constitución elaborada por una comisión que no habla en su nombre.

Por el equipo del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África en El Cairo

Tema

Activistas 
Libertad de expresión 

País

Egipto 

Región

Oriente Medio y Norte de África 

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