Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

24 mayo 2013

Vivir en los Emiratos: “Esperamos cualquier cosa de las autoridades, lo tememos todo”

Vivir en los Emiratos: “Esperamos cualquier cosa de las autoridades, lo tememos todo”
Juicio contra 94 activistas en Emiratos Árabes Unidos.

Juicio contra 94 activistas en Emiratos Árabes Unidos.

© Demotix


Esperamos cualquier cosa de las autoridades. Lo tememos todo. No tienen límites en cuanto a lo que hacen con la gente. Nosotros sólo luchamos en favor de los derechos de la gente.
Fuente: 
Activista de Emiratos Árabes Unidos

Los dos hombres tienen tanto miedo que no desean que se revelen sus nombres.

Saben que si las autoridades de su país, Emiratos Árabes Unidos, se enteran de que han criticado la situación de los derechos humanos allí, sus familiares lo pagarán muy caro.

Ambos activistas forman parte de un grupo de 94 que actualmente están siendo juzgados por sus presuntos vínculos con una organización que amenazó la seguridad nacional.

Muchos son miembros de la Asociación para la Reforma y la Guía Social (Al Islah), organización que durante años ha propugnado pacíficamente una observancia más estricta de los preceptos islámicos y libertad en el país.

Se les acusa de violar el artículo 180 del Código Penal, que prohíbe la creación, la organización y el funcionamiento de cualquier grupo cuyo objetivo sea “derrocar” el sistema político del país. Si son declarados culpables, podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel.

La presión de las autoridades sobre las personas vinculadas con al-Islah comenzó en marzo de 2011, cuando más de un centenar de activistas, intelectuales, abogados y dirigentes estudiantiles enviaron una petición a las autoridades del país pidiendo libertad y la celebración de elecciones parlamentarias.

A partir de ahí, se desencadenó una reacción sin precedentes en los Emiratos.

Una vez enviada la petición, los servicios de inteligencia empezaron a hostigar a activistas políticos y de derechos humanos de todo el país.

En abril de 2011 se ordenó el cierre de cuatro ONG, incluida la Asociación de Juristas y la Asociación de Maestros.

Dos meses después se juzgó a cinco hombres por cargos de difamación por unos artículos publicados en el foro de debate online UAE Hewar. Los cinco fueron condenados a prisión. Al día siguiente quedaron en libertad indultados por el presidente, aunque se mantuvieron sus antecedentes penales.

La presión aumenta

En marzo de 2012, la presión sobre los activistas comenzó a aumentar.

Uno por uno se detuvo a los 94 que ahora están siendo juzgados, entre los que figuran varias mujeres. Algunos perdieron sus empleos, y otros fueron denigrados en los medios de comunicación.

Las esposas de muchos de ellos también perdieron sus trabajos, y en algunos casos sus hijos tuvieron que dejar de ir al colegio.

Muchos de sus familiares tienen prohibido viajar fuera del país.

A los activistas detenidos los llevaron a lugares desconocidos y algunos han declarado en el tribunal que los torturaron. Pasó un mes hasta que les permitieron llamar a sus casas para informar a sus seres queridos de que estaban vivos.

Y hasta un año después, en marzo de 2013, no pudieron comparecer ante un juez por primera vez.

“[La petición de 2011] no fue la primera. En 2008 ya habíamos publicado otra sobre una nueva ley de medios de comunicación. En aquella ocasión no dijeron nada, se limitaron a aceptarla, pero con la segunda se volvieron locos, tal vez porque la publicamos después de la ‘primavera árabe’. Reaccionaron como si los hubieran abofeteado y quisieran vengarse”, contó uno de los hombres a Amnistía Internacional

“Quieren controlarlo todo y ahora dicen en los medios de comunicación que estamos contra ellos, contra el país y contra el pueblo.”

Juicio injusto

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han señalado las deficiencias del juicio masivo de los 94 activistas. No se ha seguido el proceso debido ni se ha permitido el acceso de los medios de comunicación internacionales.

A los familiares de los acusados se les prohibió la asistencia después de la detención de Abdulla al-Hadidi, hijo de uno de los acusados, el 21 de marzo, acusado de publicar en Internet, “de forma deshonrosa y de mala fe”, detalles de una sesión pública.

En marzo de 2013, a Ahmed Nashmi al-Dhafeeri, observador internacional del juicio para Amnistía Internacional, y a Noemie Crottaz, representante de la organización de derechos humanos radicada en Ginebra Alkarama, que pensaba asistir a la primera sesión del juicio, les impidieron entrar en el país.

Al menos 64 de las personas detenidas estuvieron en lugares no revelados durante hasta un año antes del juicio. Muchas de ellas no pudieron acceder a un abogado hasta finales de febrero y, cuando lo hicieron, las entrevistas se desarrollaron en presencia de un representante de la fiscalía.

De mal en peor

Los activistas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que la situación de los derechos humanos en los Emiratos iba “de mal en peor”.

“En los Emiratos, si dices que algo es culpa de las autoridades, te atacan en los medios de comunicación y de repente te encuentras detenido. No se puede hablar de política, de democracia [ni] de la familia gobernante. Si hablas de elecciones, te consideran un delincuente. Desean que pensemos como ellos quieren.”

Los dos hombres saben mejor que nadie el precio que sus familiares pagan por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

“Una de las personas detenidas es mi hermano [...] En julio de 2012 fueron a su casa 20 personas en cinco vehículos. Lo detuvieron, aunque no tenían orden judicial, y se lo llevaron todo: ordenadores, teléfonos… No supimos de su paradero hasta marzo de 2013, cuando lo llevaron a juicio”, relató uno de los ellos.

"A mi sobrino lo detuvieron en diciembre. Tiene 19 años y se lo llevaron porque utilizaba Twitter. No sabemos dónde está. Nos llamó una vez y nos dijo: ‘Estoy bien, recen por mí’”.

Desde que se presentaron los primeros cargos contra los acusados, a algunos de sus familiares les han impedido salir del país.

“Mi esposa –contó uno de los hombres– fue a renovar su pasaporte y el de mi hijo y no la dejaron. Cuando les preguntó el motivo, le dijeron: ‘Pregúnteselo a su marido’”.

El veredicto del juicio de los 94 activistas se emitirá el 2 de julio.

“Esperamos cualquier cosa de las autoridades. Lo tememos todo. No tienen límites en cuanto a lo que hacen con la gente. Nosotros sólo luchamos en favor de los derechos de la gente”, dijeron.

Al publicar su Informe 2013, Amnistía Internacional dijo que el caso muestra la situación general de los derechos humanos en este país de Oriente Medio, cuyas autoridades intensificaron durante 2012 la represión de la disidencia pacífica, que comenzó en 2011 y se ha dirigido especialmente contra las redes sociales y los medios de comunicación online.

“Entre la imagen internacional que Emiratos Árabes Unidos promociona de sí mismo como próspero destino turístico y los muchos abusos que se cometen a puerta cerrada en el país media un abismo”, ha dicho Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Para hacer honor a su imagen pública, las autoridades de los Emiratos deben ajustar sus políticas y prácticas a las normas internacionales de derechos humanos.

“Llevamos muchos meses pidiendo la libertad de todos los presos de conciencia, como los destacados abogados de derechos humanos Mohamed al-Roken y Mohamed al-Mansoori, y solicitando que las autoridades de Emiratos Árabes Unidos garanticen que en todos los juicios se sigue el proceso debido y pongan fin a todas las restricciones ilegítimas del ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión”.

Tema

Activistas 
Juicios y sistemas judiciales 

País

UAE 

Región

Oriente Medio y Norte de África 

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