Afganistán
Jefe del Estado y del gobierno
Hamid Karzai
Pena de muerte
retencionista
Población
29,1 millones
Esperanza de vida
44,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
233/238 por cada 1.000

En todo el país, incluidos el norte y el oeste, considerados relativamente seguros hasta entonces, se intensificó la situación de violencia generada por el conflicto, así como las consiguientes violaciones de derechos humanos. La Oficina para la Seguridad de las ONG en Afganistán (ANSO), que asesora a estas organizaciones sobre las condiciones de la seguridad en el país asiático, registró 2.428 civiles muertos en 2010 como consecuencia del conflicto; la mayoría de los casos se atribuyeron a los talibanes y otras fuerzas contrarias al gobierno. Se produjo un aumento significativo del número de asesinatos y ejecuciones de civiles llevados a cabo por los talibanes por “apoyar” al gobierno o “espiar” para las fuerzas internacionales. Se intensificó la violencia ejercida por los insurgentes, lo que provocó abusos generalizados contra los derechos humanos. En vista de la escalada de violencia del conflicto y la ausencia de un sistema nacional de justicia adecuado, Amnistía Internacional pidió a la Corte Penal Internacional que investigase los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos. La comunidad internacional comenzó a considerar cada vez más la posibilidad de poner fin a su presencia militar en el país. Aumentó la desconfianza de la población afgana en la capacidad del gobierno y las fuerzas de seguridad internacionales para defender el Estado de derecho y prestar servicios sociales esenciales. En la mayoría de las zonas rurales, en especial en el sur y sureste, donde el conflicto era más intenso, la población seguía sin tener acceso a la atención de la salud, la educación y la ayuda humanitaria.

Información general

Las elecciones al Parlamento, celebradas el 18 de septiembre, se vieron empañadas por casi 6.000 denuncias de fraude e irregularidades electorales, ataques a candidatos y actos de intimidación y agresiones de los talibanes contra votantes, funcionarios electorales y candidatos.

Tras la celebración de la conferencia internacional sobre Afganistán el 28 de enero en Londres, Reino Unido, y de la Jirga Consultiva Nacional de la Paz del 2 al 4 de junio en Kabul, el presidente Karzai creó en septiembre el Alto Consejo de la Paz con objeto de proseguir las negociaciones de paz con los grupos insurgentes. Entre los 68 miembros de este nuevo órgano había personajes acusados por muchos de cometer abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra. Sólo se designó para formar parte del Alto Consejo a 10 mujeres, pese a la fuerte presión ejercida por organizaciones nacionales e internacionales para que las mujeres estuviesen adecuadamente representadas en los equipos y foros de negociación.

Grupos de la sociedad civil afgana, en especial organizaciones de mujeres, víctimas de la guerra y quienes sufrían la violencia de los talibanes, pidieron al gobierno que garantizase que no se renunciaría a la protección y promoción de los derechos humanos a fin de facilitar las negociaciones con los talibanes y otros grupos insurgentes.

Se promulgó oficialmente el proyecto de Ley de Estabilidad y Reconciliación Nacional, que concedía inmunidad penal a personas que habían cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra durante los últimos 30 años. La Ley se había aprobado en marzo de 2007, pero no se hizo pública ni se promulgó hasta comienzos de 2010.

Nueve millones de afganos, más del 30 por ciento de la población, vivía con menos de 25 dólares estadounidenses al mes, con lo que no podían cubrir sus necesidades básicas. Según UNICEF, Afganistán seguía siendo el segundo país con mayor tasa de mortalidad materna: 1.800 por cada 100.000 nacidos vivos. Se calculaba que cada año más de medio millón de mujeres afganas moría durante el parto o tras dar a luz.

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Abusos cometidos por grupos armados

La población civil era víctima de hostigamiento, secuestro, ataques indiscriminados y homicidios ilegítimos a manos de los talibanes y otros grupos armados (algunos, contrarios al gobierno, y otros, aparentemente a su favor), que cometieron abusos contra los derechos humanos y graves violaciones del derecho internacional humanitario. Según la ANSO, el número de víctimas de los talibanes y otros grupos armados contrarios al gobierno ascendió a 2.027, lo que suponía un aumento de más de un 25 por ciento con respecto a 2009. El número de civiles asesinados o ejecutados por grupos armados, que recurrieron incluso a la ejecución pública de menores de edad, aumentó en más de un 95 por ciento. Se acusó a las víctimas de “apoyar” al gobierno o “espiar” para las fuerzas internacionales.

Atentados suicidas

  • El 18 de enero, los talibanes perpetraron atentados suicidas y ataques con hombres armados contra importantes edificios oficiales del centro de Kabul, así como contra el hotel Kabul Serena, un centro comercial y un cine. Como consecuencia de ello murieron 7 personas, una de ellas menor de edad, y resultaron heridos al menos 35 civiles.
  • El 26 de febrero, cuatro hombres cometieron un atentado suicida contra un hotel de Kabul, en el que murieron al menos 16 personas, en su mayoría personal médico extranjero, y resultaron heridas más de 50. Los talibanes reivindicaron el atentado, pero el gobierno afgano se lo atribuyó a Lashkar e Taiba, grupo armado radicado en Pakistán.
  • El 3 de mayo, los talibanes perpetraron atentados suicidas y ataques con hombres armados contra edificios oficiales en la provincia de Nimroz, causando la muerte de 13 personas, entre ellas, la parlamentaria Gul Makai Osmani.
  • El 9 de junio, al menos 40 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado durante la celebración de una boda en la provincia meridional de Kandahar. Entre las víctimas mortales había 14 niños y niñas.

Secuestros

  • El 26 de septiembre, los talibanes secuestraron a Linda Norgrove, trabajadora humanitaria escocesa, y a tres compañeros suyos afganos en la provincia oriental de Kunar. El 3 de octubre fueron liberados sus compañeros, pero, al parecer, fuerzas especiales estadounidenses le causaron la muerte a ella cuando trataban de rescatarla.

Homicidios ilegítimos

  • El 8 de junio los talibanes ahorcaron a un niño de siete años de edad al que habían acusado de espiar para las fuerzas británicas en el sur de la provincia de Helmand.
  • El 5 de agosto mataron en el sur de la provincia de Badakhshan a 10 miembros de la organización humanitaria Misión de Asistencia Internacional cuando volvían de una misión médica. Tanto los talibanes como Hezb e Islami se atribuyeron la responsabilidad del ataque y acusaron a las víctimas de ser misioneros.
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Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas afganas e internacionales

La ANSO informó de que 401 civiles habían muerto a manos de las fuerzas de seguridad afganas e internacionales, lo que supuso un descenso del 14 por ciento con respecto a 2009. Los ataques aéreos siguieron siendo la táctica militar más lesiva, causante del 53 por ciento de las muertes civiles atribuidas a las fuerzas de seguridad afganas e internacionales. El 37 por ciento de las muertes se produjeron durante operaciones terrestres, algunas de ellas nocturnas.

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) dictó en marzo y agosto sendos conjuntos de directrices tácticas para reducir el impacto de los combates sobre la población civil. La finalidad del primero era regular las incursiones nocturnas, y la del segundo, regular los ataques aéreos y el fuego indiscriminado sobre complejos residenciales. Sin embargo, aumentó el número de incursiones nocturnas, en especial en el este y el sur del país, que a menudo causaron víctimas en la población civil.

  • El 21 de febrero, cerca de la frontera de las provincias de Dai Kundi y Uruzgan, 27 civiles resultaron muertos y 12 más heridos cuando dos helicópteros militares estadounidenses dispararon contra varios vehículos civiles en los que se creía, equivocadamente, que viajaban insurgentes.
  • El 23 de julio, hasta 45 civiles, entre los que había menores de edad, murieron en un ataque aéreo de la OTAN en la provincia de Helmand.
  • El 4 de agosto, más de 12 civiles murieron durante una incursión nocturna llevada a cabo en la provincia de Nangarhar por tropas estadounidenses en busca de talibanes.
  • El 11 de agosto, tres hermanos perdieron la vida durante una incursión nocturna de fuerzas estadounidenses y de la OTAN en la provincia de Wardak. Su muerte desencadenó una protesta contra la fuerzas estadounidenses en la zona, cuyos habitantes aseguraban que los hermanos no eran insurgentes, sino civiles.

Ni la justicia afgana ni los gobiernos que mantenían la ISAF mostraron capacidad ni disposición para garantizar la debida rendición de cuentas y una indemnización a las víctimas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas progubernamentales.

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Libertad de expresión

Los periodistas afganos continuaron informando con espíritu crítico de lo que sucedía, exponiéndose a sufrir acoso, violencia y censura. Las autoridades afganas, en especial la Dirección Nacional de Seguridad, como se denominaban los servicios de inteligencia, detuvieron arbitrariamente a periodistas. La Fiscalía General clausuró ilegalmente emisoras de radio y censuró otros medios de comunicación. La acusación ambigua e indefinida de ser contrario al islam era uno de los pretextos al que se recurría con más frecuencia para justificar la aplicación de estas medidas restrictivas.

Los talibanes y otros grupos contrarios al gobierno continuaron dirigiendo sus ataques contra los periodistas y bloquearon casi toda la actividad informativa en las zonas bajo su control.

  • El 5 de septiembre fue asesinado en Kabul Sayed Hamed Noori, presentador de televisión, periodista y vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas de Afganistán.
  • El 18 de septiembre (día de las elecciones), la Dirección Nacional de Seguridad detuvo a Hojatullah Mujadadi, director de Radio Kapisa FM, en un colegio electoral de la provincia de Kapisa. Hojatullah Mujadadi denunció que había recibido amenazas tanto del gobernador como de agentes de la Dirección Nacional de Seguridad por informar con independencia sobre la situación en la provincia.
  • Kosuke Tsuneoka, periodista independiente japonés, fue secuestrado a finales de marzo mientras realizaba un reportaje en una región del norte de Afganistán bajo control talibán. Sus captores lo entregaron a la embajada japonesa el 7 de septiembre. Tras su liberación, el periodista dijo que las personas que lo habían secuestrado no eran insurgentes talibanes, sino “un grupo de facciones armadas corruptas” vinculado con el gobierno afgano.
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Libertad de religión

La justicia afgana procesaba a quienes se convertían a otras religiones. La Dirección Nacional de Seguridad detuvo y puso bajo custodia a tres afganos que se habían convertido al cristianismo. Se obligó a algunas ONG de inspiración religiosa, acusadas de hacer proselitismo, a suspender temporalmente sus actividades.

  • En octubre se detuvo a Shoib Asadullah por abjurar del islam para convertirse al cristianismo. Un tribunal de primera instancia de la ciudad septentrional de Mazar e Sharif amenazó con ejecutarlo por apostasía si no se retractaba.
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Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas afganas seguían siendo víctimas de una violencia y una discriminación endémicas tanto en el hogar como en el ámbito público. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán documentó 1.891 casos de violencia contra mujeres, aunque la cifra real podía ser mayor.

  • En marzo, en la provincia meridional de Uruzgan, Bibi Aysha, de 18 años de edad, fue mutilada por su esposo, que le seccionó la nariz y las orejas, aparentemente por orden de un jefe talibán erigido en “juez” para juzgarla por huir de los abusos a los que la sometía su familia política.
  • El 9 de agosto, los talibanes mataron a tiros en la provincia de Badghis a una mujer acusada de adulterio, tras haberla obligado a abortar.
  • El 16 de agosto, los talibanes lapidaron a una pareja en el distrito de Imam Sahib, provincia de Kunduz, presuntamente por cometer adulterio y fugarse juntos.

Los talibanes y otros grupos armados cometieron un creciente número de ataques contra políticas y otras mujeres afganas, incluidas candidatas a las elecciones parlamentarias.

  • En marzo, la parlamentaria Fawzia Kofi resultó herida por disparos efectuados por unos desconocidos cuando viajaba de Jalalabad a Kabul.
  • En abril, Nadia Kayyani, miembro del Consejo Provincial, quedó en estado crítico después de que le disparasen desde un vehículo en marcha en Pul e Khumri, capital de la provincia septentrional de Baghlan.
  • Dos trabajadoras humanitarias afganas murieron en Helmand después de volver del distrito de Garmseer, donde dirigían un proyecto destinado a promover la emancipación económica de la mujer. Fueron obligadas a salir de su vehículo por un grupo de hombres armados, y al día siguiente se encontraron sus cadáveres cerca del centro del distrito de Garmseer.
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Personas refugiadas y desplazadas internamente

El ACNUR informó de que, como consecuencia del conflicto armado, 102.658 afganos se habían visto obligados a huir de sus hogares en 2010, con lo que la cifra total de personas internamente desplazadas ascendía a 351.907.

  • Entre febrero y mayo, en torno a 26.000 personas se vieron desplazadas en la provincia de Helmand después de que la OTAN lanzase allí una importante ofensiva militar contra grupos insurgentes del distrito de Marjah.
  • Más de 7.000 personas se vieron desplazadas de los distritos de Zhari y Arghandab, provincia de Kandahar, tras una importante operación militar llevada a cabo por la OTAN en la zona en septiembre. Las partes en el conflicto no prestaron asistencia humanitaria adecuada a la población desplazada.

Según el ACNUR, 2,3 millones de afganos continuaron viviendo en otros países como refugiados, en su mayoría en los vecinos Irán y Pakistán. Se redujo el número de los que decidieron regresar a Afganistán, como consecuencia del aumento de la inseguridad, las deficiencias en materia de infraestructuras, las escasas oportunidades de empleo y la falta de servicios básicos, como la educación y la salud. La mayoría de las personas desplazadas que vivían en asentamientos informales emplazados en zonas urbanas carecían también de tales servicios básicos, y corrían el riesgo de ser víctimas de desalojo forzoso.

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Justicia y fuerzas de seguridad

La mayoría de la población afgana continuaba sin poder acceder al sistema de justicia formal. Suscitaban preocupación la corrupción, la ineficacia y el alto coste de la justicia, por lo que muchos ciudadanos recurrían a métodos tradicionales de resolución de conflictos, así como a reclamar “justicia” en los tribunales talibanes, que actuaban sin las garantías fundamentales del debido proceso y el Estado de derecho, imponían castigos brutales y discriminaban de forma habitual a las mujeres.

El gobierno puso en marcha iniciativas para aumentar el número de efectivos policiales de 96.800 a 109.000 en 2010 y mejorar la actuación de la policía en los distritos. No obstante, la policía afgana fue objeto de acusaciones generalizadas de implicación en actividades ilegales, como contrabando, secuestro y extorsión en los puestos de control.

En ausencia de un sistema de justicia funcional, que abordase la falta de rendición de cuentas de las partes en el conflicto, Amnistía Internacional instó al gobierno afgano a solicitar a la Corte Penal Internacional que investigase las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por todas ellas.

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Pena de muerte

El Tribunal Supremo condenó a muerte y confirmó las condenas de al menos 100 personas, que se hallaban en espera de que se resolviera su solicitud de indulto presidencial. El 24 de octubre, Hamid Karzai ordenó al poder judicial que revisase las causas de todos los condenados a muerte.

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Informes

Visitas

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Afganistán en febrero y julio.