Albania

Human Rights in República de Albania

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Albania is now live »

Jefe del Estado Bamir Topi
Jefe del gobierno Sali Berisha
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 3,2 millones
Esperanza de vida 76,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 24/20 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 98,7 por ciento

La violencia en el ámbito familiar era un fenómeno generalizado. Continuó la trata de mujeres y menores de edad con el fin de someterlos a prostitución forzada o a otras formas de explotación. Se registraron casos de tortura y otros malos tratos a detenidos en prisiones y comisarías. Las condiciones de reclusión de convictos y presos preventivos equivalían en ocasiones a trato inhumano y degradante. A los huérfanos que alcanzaban la edad adulta se les negaba su derecho legal a una vivienda adecuada.

Información general

A pesar del constante desarrollo económico, la tasa de desempleo seguía siendo elevada. Se calculaba que más del 18 por ciento de la población vivía por debajo del umbral de pobreza a escala nacional. Este sector de la sociedad padecía también de manera especial los efectos del acceso limitado a educación, agua y servicios médicos y sociales.

Aumentaron los procesamientos por corrupción, pero dirigidos sobre todo a funcionarios de baja categoría. La población confiaba poco en el sistema judicial.

Se inició una investigación sobre una explosión registrada en marzo en un depósito donde se estaban desmontando municiones en desuso. Se detuvo a varios funcionarios del Ministerio de Defensa, y el propio ministro fue destituido y perdió su inmunidad. La explosión ocasionó 26 muertos, más de 300 heridos y la destrucción parcial o total de centenares de viviendas. Dio lugar también a denuncias de corrupción y comercio irregular de armas.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En abril se aprobaron varias enmiendas constitucionales, incluidas algunas que comportaban cambios en el sistema electoral. En noviembre se aprobó un nuevo reglamento electoral. Se aprobó también la introducción de modificaciones en el Código Penal para reforzar la protección de los menores de edad, y se promulgó una ley sobre igualdad de género encaminada a aumentar la participación de las mujeres en la vida pública.

Desapariciones forzadas

  • En mayo comenzó el juicio contra cuatro ex agentes del Servicio Nacional de Información acusados de secuestrar y «torturar con consecuencias graves» a tres hombres en 1995. Seguía sin conocerse la suerte corrida por una de las víctimas, Remzi Hoxha, macedonio de etnia albanesa. A uno de los acusados, llir Kumbaro, se le juzgaba in absentia, pero en septiembre se detuvo en Reino Unido a un hombre que la policía británica creía que era él, y Albania solicitó su extradición. El detenido negó ser Ilir Kumbaro, y al finalizar el año no habían concluido todavía las actuaciones judiciales encaminadas a establecer su identidad y a adoptar una resolución sobre su extradición a Albania.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia en el ámbito familiar era un fenómeno generalizado, y al parecer afectaba aproximadamente a una de cada tres mujeres. Durante los nueve primeros meses de 2008, la policía tuvo constancia de 612 casos de violencia intrafamiliar, pero al parecer muchos otros no se denunciaron. Las autoridades adoptaron medidas para aumentar la protección de las víctimas, en su inmensa mayoría mujeres.

"Siguió practicándose la trata de mujeres y niñas con el fin de someterlas a prostitución forzada, y de niños y niñas para obligarlos a ejercer la mendicidad."

Pocos casos de violencia intrafamiliar eran objeto de acciones penales, salvo que comportaran amenazas contra la vida o hubieran acarreado actos con resultado de muerte o lesiones graves. Sin embargo, cada vez más víctimas solicitaban medidas de protección contra los maltratadores. Entre enero y septiembre, según los informes, la policía asesoró a 253 víctimas en relación con la solicitud de órdenes judiciales de alejamiento con arreglo a la legislación civil aprobada en 2007. Sin embargo, los tribunales no solían emitir estas órdenes porque las víctimas retiraban las denuncias o no comparecían en las vistas.

Trata de personas

Siguió practicándose la trata de mujeres y niñas con el fin de someterlas a prostitución forzada, y de niños y niñas para obligarlos a ejercer la mendicidad. El destino de las víctimas era por lo general Grecia e Italia. La policía seguía sin facilitar a las víctimas una protección adecuada y contaba en gran medida con que las propias víctimas denunciaran su situación. Durante el año, el Tribunal de Delitos Graves juzgó a 30 acusados de cargos de trata de mujeres para explotación sexual, y a 6 acusados de cargos de trata de menores de edad.

  • En junio se condenó a Allman Kera a 15 años de cárcel por introducir ilícitamente a su esposa menor de edad en Kosovo, donde la obligó a ejercer la prostitución hasta que la muchacha huyó y lo denunció a las autoridades.
  • En noviembre se acusó de manera formal a K.D. de introducir ilícitamente en 2002 a un niño de 9 años en Grecia y de obligarlo a ejercer la mendicidad. Al parecer, los progenitores del niño le habían denunciado a la policía cuando dejó de enviarles la suma mensual que habían convenido con él.

Tortura y otros malos tratos

Se recibieron denuncias según las cuales se habían infligido torturas u otros malos tratos a detenidos, por lo general inmediatamente después de su detención y durante los interrogatorios. En octubre, el ministro del Interior afirmó que, en los tres últimos años, el Servicio de Inspección Interna había denunciado ante la Fiscalía a 128 policías por «actos arbitrarios» relacionados con el uso de la violencia.

Sin embargo, muy pocos de estos casos terminaron en los tribunales. Por lo general sólo se emprendían acciones penales si la víctima presentaba una denuncia o si el Defensor del Pueblo formulaba una recomendación en este sentido. En una ocasión, ni la fiscalía ni los jueces emprendieron las investigaciones pertinentes cuando un acusado se presentó con magulladuras en una vista convocada para decidir si se decretaba o no su prisión preventiva. Los fiscales nunca o casi nunca presentaban cargos de tortura, y preferían invocar delitos menores, como «actos arbitrarios», que en la práctica comportaban por lo general simplemente la imposición de multas.

En enero se confió al Defensor del Pueblo el mecanismo nacional de prevención de la tortura, creado en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Durante una serie de visitas efectuadas sin previo aviso a diversas comisarías, el Defensor del Pueblo detectó e hizo públicos varios casos de malos tratos a manos de la policía. A raíz de una de estas visitas, llevada a cabo en noviembre, la policía de la localidad de Shkoder emprendió acciones penales contra el Defensor del Pueblo, asegurando que había puesto en peligro una investigación al citar por sus iniciales a dos agentes de la policía judicial y a su presunta víctima.

  • En noviembre se inició una investigación contra un agente de la policía judicial de Saranda por «haber ejercido la violencia durante una investigación». El 6 de noviembre, mientras lo interrogaba, el agente había golpeado al parecer a Aristil Glluçaj, de 18 años, hasta hacerle perder el conocimiento. El joven ingresó en un hospital ese mismo día.

Se recibieron también denuncias según las cuales guardias de prisiones habían infligido malos tratos a reclusos. En febrero, el Servicio de Inspección Interna del Ministerio del Interior investigó varias quejas presentadas por reclusos de las cárceles de Peqin y Lehzë que afirmaban haber sido objeto de malos tratos por parte de algunos guardias. En la investigación llevada a cabo a tal efecto se llegó a la conclusión de que las quejas eran fundadas y se impusieron medidas disciplinarias a los guardias en cuestión.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión equivalían en algunos casos a trato inhumano o degradante. La asistencia médica era inadecuada, y a los internos con enfermedades mentales no se les mantenía separados de los demás reclusos y nunca o casi nunca se les proporcionaba tratamiento especializado. Los detenidos, incluso después de que se les hubiera impuesto una condena o decretado su prisión preventiva, permanecían a menudo en comisarías, donde las condiciones eran en general muy malas. Esta circunstancia se debía a la falta de capacidad de las cárceles y a retrasos en los trámites burocráticos. No obstante, se registraron algunas mejoras en las condiciones de reclusión y en la legislación relativa al control de las cárceles y a los derechos de los presos.

A pesar de inaugurarse tres nuevas prisiones, persistieron las condiciones de hacinamiento. En noviembre, el número de presos se elevaba a 4.666, unos 900 más de los que cabían en las cárceles. En junio, el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que nada menos que 120 personas se encontraban en prisión preventiva en los calabozos situados en los sótanos de la comisaría del distrito de Korça y que sus condiciones equivalían a trato inhumano y degradante. La comisaría sólo podía acoger a 40 detenidos.

En octubre se inauguró una nueva prisión en Korça, a la que se trasladó a condenados y presos preventivos. En noviembre, el Comité Albanés de Helsinki criticó las condiciones de una prisión construida recientemente en Fushë-Krujë, en concreto la humedad en las celdas de la planta baja, la escasez de agua corriente y el mal funcionamiento de las duchas. El Comité criticó también las condiciones de falta de higiene de las prisiones para mujeres 302 y 313 de Tirana.

Derecho a la vivienda

El Estado siguió sin aplicar la legislación nacional que establecía que, después de finalizar la educación secundaria o alcanzar la mayoría de edad, debía darse prioridad a los huérfanos en el acceso a la vivienda. Alrededor de 300 adultos que se quedaron huérfanos siendo niños seguían compartiendo habitaciones en edificios inadecuados y medio en ruinas, en unas condiciones que agravaban su exclusión social. Al no contar con preparación académica, no solían encontrar empleo o ejercían trabajos ocasionales mal pagados, y por consiguiente se veían obligados a vivir con los reducidos subsidios del Estado. Según la legislación albanesa, los huérfanos registrados menores de 30 años eran uno de los grupos vulnerables a los que había que dar prioridad a la hora de asignar una vivienda social. Sin embargo, la escasa oferta de viviendas sociales no satisfacía las necesidades de las 45.000 familias registradas que, según los informes, no disponían de un lugar donde vivir.

 

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