La violencia en el ámbito familiar seguía siendo generalizada y persistía la trata de mujeres con fines de prostitución forzada. Cuatro manifestantes murieron tras enfrentamientos con la policía. Hubo denuncias de malos tratos policiales. Las condiciones de reclusión eran malas en general. No se respetó el derecho de acceso prioritario a una vivienda que la legislación nacional garantizaba a las personas sin hogar con la condición de “huérfanas”.
Creció la hostilidad entre gobierno y oposición tras los violentos enfrentamientos de enero entre policías y manifestantes que protestaban por el presunto fraude electoral y la corrupción gubernamental. Las elecciones municipales celebradas en mayo dieron pie a nuevas acusaciones mutuas entre el gobierno y la oposición, así como a disputas sobre el recuento de votos, especialmente en Tirana. Al final del año se había empezado a superar la situación de estancamiento político y comenzó el debate sobre la reforma electoral. La Comisión Europea volvió a concluir en octubre que Albania no había cumplido los criterios para ser candidato a miembro de la Unión Europea.
El 21 de enero estallaron violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes durante las manifestaciones antigubernamentales organizadas en Tirana por el opositor Partido Socialista. Se efectuaron disparos, que acabaron con la vida de tres manifestantes. Otro más murió posteriormente. Al día siguiente se cursaron órdenes de detención contra seis miembros de la Guardia Republicana –responsable de la seguridad de los edificios públicos– en relación con las muertes. La falta de cooperación de la policía y de altos mandos de la Guardia Republicana y las demoras en la recopilación de pruebas de balística obstaculizaron las investigaciones. Al término del año se estaba investigando a 11 miembros de la Guardia Republicana en relación con las muertes. En total hubo más de 140 heridos entre policías y manifestantes. La policía golpeó a manifestantes que se dispersaban y a varios periodistas. Se detuvo al menos a 112 manifestantes, de los que unos 30 fueron declarados culpables de prender fuego a vehículos, agredir a agentes de policía y violar el perímetro de seguridad de la oficina del primer ministro. El primer ministro Berisha calificó las manifestaciones de intento golpista del Partido Socialista y acusó a la fiscal general de apoyarlo.
Según afirmaron los comisionados de la Oficina del Defensor del Pueblo que visitaron comisarías de policía y centros de detención de Tirana tras las manifestaciones de enero, los manifestantes detenidos –dos de los cuales tenían señales de agresiones– habían denunciado malos tratos durante la detención y habían sido presionados psicológicamente para que hicieran declaraciones autoinculpatorias. Según informes, se presentaron nueve denuncias por malos tratos policiales. El Servicio de Control Interno de la Policía Estatal se comprometió en febrero a investigar las denuncias, pero al final del año no se había procesado a los responsables.
El defensor del Pueblo escribió a la fiscal general en relación con el caso de Reis Haxhiraj, presuntamente sometido a graves malos tratos durante su detención en marzo. Según el defensor del Pueblo, ni la policía ni la fiscal ni el juez ni el personal hospitalario habían hecho constar los malos tratos o iniciado una investigación a pesar de que las lesiones eran evidentes y el detenido se había quejado de malos tratos al comparecer ante el juez que ordenó su reclusión preventiva. Sus peticiones para entrevistarse con la Oficina del Defensor del Pueblo fueron desoídas. La fiscal general dio instrucciones posteriormente a los fiscales y agentes de la policía judicial para que reunieran pruebas de malos tratos a detenidos a fin de llevar a los responsables ante la justicia, y se inició una investigación sobre los presuntos malos tratos infligidos a Reis Haxhiraj.
En diciembre, Ilir Kumbaro no compareció en la vista de extradición celebrada ante un tribunal de Londres, Reino Unido. Albania había pedido su extradición a Reino Unido en 1995 por cargos de tortura y secuestro en relación con la desaparición forzada de Remzi Hoxha, macedonio de etnia albanesa, y la tortura de otros dos hombres. El juez revocó su fianza y dictó orden de detención contra él, pero al final del año seguía sin conocerse su paradero. Continuaron en Tirana las diligencias del juicio contra Ilir Kumbaro –in absentia– y otros dos ex agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, Arben Sefgjini y Avni Koldashi.
Internos de las cárceles de Lezhë y Fushë-Krujë se declararon en huelga de hambre para protestar por las duras condiciones de reclusión. El defensor del Pueblo criticó las condiciones de saneamiento en algunas cárceles y centros de detención preventiva y citó la sordidez de los aseos, la presencia de roedores, la humedad de las celdas y la falta de higiene en la preparación y distribución de alimentos. Asimismo señaló la mala calidad de los materiales de construcción de los nuevos centros de detención de Durrës, Kavaja y Korça. Los centros de reclusión preventiva y la cárcel para mujeres de Tirana tenían problemas de hacinamiento, y los servicios médicos penitenciarios eran inadecuados, sobre todo para los internos con enfermedades mentales.
La violencia en el ámbito familiar seguía siendo generalizada. Las casas refugio para mujeres sobrevivientes no eran suficientes para cubrir la demanda. El número de casos denunciados se elevó a 1.683 en los nueve primeros meses del año, 260 más que en el mismo periodo de 2010. El 82 por ciento de las víctimas (1.377) fueron mujeres. La mayoría de los incidentes, incluidos los de violencia contra menores de edad, no se denunciaban. La violencia intrafamiliar no estaba tipificada como delito específico y, salvo en los casos más graves, era la víctima quien debía iniciar las acciones judiciales. No se respetaba la legislación que disponía la prestación gratuita de asistencia letrada a las personas que solicitaban órdenes de protección y, según informes, los trabajadores de la salud a menudo no extendían partes de lesiones certificados a pesar de los programas de formación. En la mayoría de los casos se suspendían las actuaciones, bien porque la persona denunciante se retiraba, casi siempre debido a la presión social y a su dependencia económica del agresor, bien por falta de pruebas escritas. Los perpetradores que incumplían los términos de las órdenes de protección podían ser sancionados con una multa o hasta dos años de cárcel, pero los tribunales rara vez imponían penas privativas de libertad.
Servete Karoshi murió en septiembre a manos de su esposo, quien había ignorado repetidamente las órdenes de protección. Ella había denunciado los continuos actos de violencia pero no recibió protección efectiva.
En marzo se aprobó legislación que establecía una ayuda económica mínima de 30 dólares estadounidenses al mes para las víctimas sujetas a una orden de protección, y también para las víctimas de trata de personas.
Continuó la trata de personas, sobre todo de mujeres jóvenes y niñas con fines de prostitución forzada, pero también de niños y niñas con fines de mendicidad y trabajos forzados. Según las estadísticas de 2010, 12 personas habían sido declaradas culpables de trata de personas. En su informe anual sobre la trata de personas, el Departamento de Estado de Estados Unidos observó que Albania había tomado medidas concretas para mejorar la estrategia destinada a combatir la trata, pero afirmó que “la corrupción generalizada, sobre todo en el poder judicial, seguía obstaculizando en general los esfuerzos para hacer cumplir la ley contra la trata y proteger a las víctimas”. El gobierno aprobó en febrero un plan nacional de acción contra la trata de personas.
En febrero, unas 40 familias romaníes huyeron del lugar donde vivían, cerca de la estación de tren de Tirana, tras ser atacadas. En julio se absolvió a dos hombres de incitación al odio racial, pero se los condenó a cuatro meses de cárcel por incendio provocado. Las autoridades ofrecieron a las familias romaníes alojamiento temporal en tiendas de campaña instaladas en las afueras de Tirana, pero muchas lo rechazaron por motivos de salud y seguridad, y por la lejanía de sus lugares de trabajo. Las familias que aceptaron trasladarse a ese lugar aún seguían allí al final del año a pesar de que las autoridades habían prometido rehabilitar para ellas dos edificios militares abandonados.
La legislación albanesa establecía que las personas sin hogar de hasta 30 años de edad registradas como huérfanas tenían prioridad en la adjudicación de vivienda social, pero esta disposición no se aplicaba salvo raras excepciones, y muchos de esos huérfanos seguían viviendo en decrépitas residencias estudiantiles abandonadas o hacían un gran esfuerzo para pagar el alquiler de una infravivienda privada.
En junio, la policía desalojó a la fuerza a Mjaftoni Xhymertaj, de 22 años, y a su hijo de corta edad de su habitación compartida en una residencia estudiantil de Tirana, al parecer sin previo aviso por escrito ni oportunidad de ejercer el derecho de apelación. A la joven no se le ofreció alojamiento alternativo. Mjaftoni Xhymertaj se había criado en un orfanato, no tenía empleo, no gozaba de buena salud y vivía en la miseria. Posteriormente obtuvo permiso para volver, pero sin seguridad de tenencia. Las condiciones eran muy deficientes para una familia joven.
