Se recluyó en régimen de incomunicación y se juzgó sin las debidas garantías a personas sospechosas de terrorismo. Las autoridades continuaron sometiendo a hostigamiento a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Se procesó a personas que habían abjurado del islam o atentado supuestamente contra sus principios. Las personas migrantes en situación irregular corrían riesgo de detención, reclusión por tiempo indefinido, malos tratos y expulsión colectiva. Persistió la impunidad de miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad que habían cometido graves abusos contra los derechos humanos durante el conflicto interno de la década de 1990.

Información general

Según informes de prensa, entre 60 y 90 civiles fueron víctimas de homicidio como consecuencia de la continuación de la violencia política, muchos de ellos en atentados con explosivos de los que se responsabilizó un grupo autodenominado Organización Al Qaeda en el Magreb Islámico. Decenas de presuntos miembros de grupos armados murieron en escaramuzas y operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. Cabía la posibilidad de que algunos hubieran sido ejecutados extrajudicialmente

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó al gobierno que tomara medidas para combatir la impunidad, investigara todos los casos presentes y pasados de tortura (incluidos los de desaparición forzada y violación) y garantizara que las iniciativas antiterroristas de Argelia cumplían las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno no hizo nada al respecto. 

"Habiba Kouider, cristiana conversa del islam, fue detenida en marzo al encontrar la policía ejemplares de la Biblia en su bolso."  

El 12 de noviembre, el Parlamento aprobó una reforma de la Constitución que eliminaba la imposibilidad de ocupar la presidencia durante más de dos mandatos, preparando así el terreno para que Abdelaziz Buteflika, en el poder desde 1999, resultara elegido por tercera vez en las elecciones presidenciales, previstas para abril de 2009.

Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades, en especial el órgano de inteligencia militar conocido como Departamento de Información y Seguridad (DRS), continuaron recluyendo a presuntos terroristas en régimen de incomunicación, con lo que quedaban expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos. Entre los detenidos hubo varios ciudadanos argelinos devueltos desde otros Estados.

• Rabah Kadri, ciudadano argelino devuelto de Francia en abril, fue detenido, según informes, a su llegada y recluido en régimen de incomunicación por el DRS durante 12 días, al cabo de los cuales quedó en libertad sin cargos.

• Durante 2008 fueron devueltos a Argelia siete hombres detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo. Todos fueron detenidos a su llegada y recluidos en régimen de incomunicación por periodos de entre 8 y 13 días. Tras ser puestos en libertad, quedaron sujetos a control judicial por presunta pertenencia a grupos terroristas en el extranjero. Seguía habiendo 14 ciudadanos argelinos detenidos en Guantánamo.

Continuó sometiéndose a juicios injustos a personas sospechosas de actividades subversivas o terroristas. A algunas se les negó el acceso a abogados durante su detención preventiva. Los tribunales aceptaron como prueba, sin realizar ninguna investigación, «confesiones» que los acusados afirmaron haber hecho bajo tortura o coacción.

• En enero, las autoridades de la prisión militar de Blida reconocieron por primera vez la detención de Mohamed Rahmouni, que llevaba ya seis meses recluido. Aunque era civil, se preveía que sería juzgado ante un tribunal militar de Blida acusado de terrorismo. No se le permitió el acceso a su abogado, que intentó en vano verlo al menos seis veces.

• En julio se aplazó indefinidamente el juicio de Malik Mejnoun y Abdelhakim Chenoui por presunta pertenencia a un grupo armado terrorista y por el asesinato del cantante Lounes Matoub. Ambos hombres, que llevaban más de nueve años recluidos sin cargos, parte de ellos en secreto y en régimen de incomunicación, continuaban en prisión al final del año. Los dos aseguraban haber sido torturados bajo custodia, pero las autoridades no habían ordenado realizar ninguna investigación, aun cuando Abdelhakim Chenoui había dicho que su «confesión», que implicaba a Malik Mejnoun, había sido obtenida con coacción.

• Al menos 30 personas recluidas por cargos de terrorismo en la prisión de El Harrach dijeron que habían sido golpeadas brutalmente por los guardias en febrero tras negarse a volver a sus celdas en protesta por la transformación de la zona que tenían asignada para la oración. No se investigaron las denuncias.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a las autoridades a que garantizaran que ninguna persona permanecía recluida una vez cumplido el plazo máximo de detención preventiva, investigaran los informes sobre centros secretos de detención y pusieran todos los centros de detención del DRS bajo el control de la administración penitenciaria civil y las autoridades judiciales.

Libertad de expresión

Periodistas y defensores de derechos humanos continuaron sufriendo hostigamiento. Se procesó a algunos, acusados de difamación y otros delitos por criticar a instituciones o cargos públicos.

• En abril, el abogado de derechos humanos Amine Sidhoum fue declarado culpable de desacreditar a la judicatura por unos comentarios atribuidos a él que se habían publicado en 2004 en un artículo de prensa. El tribunal le impuso una condena condicional de seis meses y una multa. Tras confirmar un tribunal de apelación la condena en noviembre, la causa se remitió al Tribunal Supremo en virtud de recursos presentados tanto por el fiscal como por Amine Sidhoum.

• En octubre, Hassan Bourras, periodista del diario El Bilad, fue condenado a dos meses de prisión y a pagar una multa tras confirmar el Tribunal de Apelaciones de Saida la sentencia condenatoria dictada contra él por difamación con motivo de un artículo suyo sobre presunta corrupción en la ciudad de El Bayadh. Quedó en libertad bajo fianza en espera de otra posible apelación.

• Hafnaoui Ghoul, periodista y activista de derechos humanos de la sección de Djelfa de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, se enfrentaba a cuatro procedimientos judiciales distintos por difamación y desacato como consecuencia de denuncias presentadas por cinco funcionarios de la gobernación de Djelfa por unos artículos que había publicado en el periódico Wasat sobre mala gestión y corrupción. Las acusaciones guardaban también relación con denuncias del periodista sobre centros secretos de detención y tortura.

Libertad de religión

La Constitución establecía el islam como religión oficial del Estado, pero garantizaba la libertad de conciencia. Según informes, en medio de indicios de expansión de las iglesias cristianas evangélicas en el país, las autoridades ordenaron el cierre de decenas de templos de la Iglesia Protestante de Argelia. El ministro del Patrimonio y Asuntos Religiosos negó que se hubieran cerrado iglesias «autorizadas».

Al menos 12 personas cristianas o que habían abjurado del islam para convertirse al cristianismo fueron procesadas por infringir la Ordenanza 06-03, promulgada en febrero de 2006 para regular otras religiones aparte del islam. Esta norma criminalizaba el uso de incitación, coacción y otros medios de «seducción» para convertir a musulmanes a otra religión, así como las actividades religiosas no reguladas por el Estado. Según informes, se impusieron condenas de prisión condicional y multas a algunas de las personas procesadas.

• Habiba Kouider, cristiana conversa del islam, fue detenida en marzo al encontrar la policía ejemplares de la Biblia en su bolso. Fue acusada de «practicar una fe distinta del islam sin autorización». Su juicio se suspendió en mayo, y según informes, funcionarios judiciales le dijeron que se retirarían los cargos contra ella si abrazaba de nuevo el islam.

• En junio fueron juzgados en Tiaret por infringir presuntamente la Ordenanza 06-03 seis hombres. Dos negaron ser adeptos al cristianismo y resultaron absueltos; los demás fueron declarados culpables y condenados a prisión condicional y a pagar una multa. Otras personas fueron acusadas de «denigrar el dogma o los preceptos del islam».

• En septiembre se juzgó en dos causas distintas a 10 hombres por romper públicamente el ayuno durante el mes santo de Ramadán. Seis resultaron absueltos tras apelar contra las condenas de cuatro años de prisión y las fuertes multas que les había impuesto un tribunal de primera instancia de Biskra. Los otros fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar una multa por un tribunal de Beir Mourad Rais, aunque la pena de cárcel se redujo a dos meses de prisión condicional en apelación en noviembre.

Derechos de las personas migrantes

Millares de personas, argelinas y de otras nacionalidades, en su mayoría de países del África subsahariana, intentaron migrar a Europa desde Argelia. A centenares de ellas las interceptaron cuando intentaban hacerlo por mar.

El 25 de junio, el Parlamento aprobó la Ley 08-11, que regulaba la entrada, estancia y circulación de extranjeros en Argelia. En el caso de los extranjeros contra los que el Ministerio del Interior hubiera dictado orden de expulsión, la Ley permitía suspender ésta para que pudieran apelar contra ella, pero concedía a los gobernadores atribuciones para ordenar expulsiones sin derecho alguno de apelación si consideraban que los extranjeros habían entrado en el país o residían en él ilegalmente. Esta disposición aumentaba el riesgo de que se llevaran a cabo expulsiones colectivas y arbitrarias. Asimismo, la Ley preveía el establecimiento de centros de «espera» para migrantes irregulares donde éstos podían quedar sujetos a detención indefinida, y prescribía severas penas para los responsables de tráfico ilícito de personas y otros individuos que ayudaran a extranjeros a entrar o permanecer en Argelia de manera irregular.

En agosto, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que prescribía penas más severas para la introducción ilegal de migrantes y tipificaba como delito penado con hasta seis meses de cárcel la salida ilegal de Argelia.

Impunidad

El gobierno no tomó ninguna medida para abordar los graves y generalizados abusos contra los derechos humanos cometidos por grupos armados y por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto interno de la década de 1990, en el que se creía que la cifra de víctimas de homicidio ascendía a 200.000 personas.

En mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a reformar los artículos 45 y 46 del Decreto de Implementación de la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), de 2006, que concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y permitía el castigo de las víctimas y sus familiares, los defensores de los derechos humanos y otras personas que criticaran la conducta de las fuerzas de seguridad durante el conflicto interno.

Desapariciones forzadas

Las autoridades no habían investigado aún la suerte de millares de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada.

En mayo, un alto cargo manifestó que 5.500 familias de personas sometidas a desaparición forzada habían aceptado recibir una indemnización, pero que otras 600 se habían negado, insistiendo en que les dijeran la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Posteriormente, el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos dijo que el 96 o el 97 por ciento de las familias de los desaparecidos habían aceptado la indemnización, pero no dio más información. Según la Ley 06-01, los familiares de los desaparecidos podían solicitar una indemnización si presentaban un certificado oficial de defunción de éstos. Algunas familias denunciaron haber sido presionadas para que solicitaran el certificado.

Se siguió sometiendo a hostigamiento a familias de víctimas que pedían verdad y justicia.

• No hubo avances en la resolución de la desaparición de Salah Saker, profesor detenido por agentes del Estado en 1994. En agosto, su esposa, Louisa Saker, presidenta de la Asociación Nacional de Familias de Desaparecidos de la Provincia de Constantina, perdió un recurso que había presentado contra la decisión de las autoridades judiciales del Tribunal de Constantina de rechazar su denuncia de la desaparición de su esposo. En noviembre, el Tribunal de Apelaciones de Constantina confirmó una sentencia condenatoria dictada contra ella por haber participado en una «marcha desarmada» no autorizada en relación con una manifestación pacífica celebrada en 2004 por familias de víctimas de desaparición forzada. Le habían impuesto una multa condicional. Louisa Saker recurrió el fallo. Otras dos personas acusadas junto con ella y juzgadas in absentia habían sido condenadas a un año de prisión y a pagar una multa.

Pena de muerte

Se condenó a muerte a centenares de personas, en la mayoría de los casos por acusaciones de terrorismo, pero las autoridades mantuvieron en la práctica una moratoria de las ejecuciones. Muchas de las personas condenadas eran presuntos miembros de grupos armados, que habían sido juzgados y declarados culpables in absentia.

En diciembre, Argelia copatrocinó una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Violencia contra mujeres y niñas

Según la policía judicial, entre enero y junio de 2008 se recibieron 4.500 denuncias de violencia y acoso a mujeres. Se creía que la cifra real era mucho más alta.

En noviembre se aprobaron cambios constitucionales entre los que figuraba una disposición para la promoción de los derechos políticos de las mujeres.

En su informe de 2008, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer elogió los avances realizados en Argelia con respecto a los derechos de las mujeres, pero criticó que las autoridades no hubieran abordado adecuadamente la violencia y la discriminación contra ellas. La relatora instó a las autoridades a investigar la violencia sexual durante el conflicto interno, indemnizar a las supervivientes y poner a los responsables a disposición judicial.

Informes de Amnistía Internacional

Algeria: Briefing to the Committee against Torture (en inglés, 17 abril 2008)
Argelia: Amnistía Internacional condena los atentados cometidos en Issers y Bouira (20 agosto 2008)