Se prohibió a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas celebrar
reuniones y manifestaciones. Se detuvo y recluyó en régimen de incomunicación a presuntos
responsables de delitos relacionados con la seguridad. No se facilitó reparación a
mujeres víctimas de violencia de género. Se detuvo y expulsó a ciudadanos extranjeros
sin darles la oportunidad de recurrir la medida. Se procesó a cristianos por practicar
su religión sin permiso y se juzgó a otras personas por ofender los principios islámicos.
Se condenó a muerte a más de 130 personas, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución.
Las autoridades no adoptaron ninguna medida para combatir la impunidad de las desapariciones
forzadas y otros graves abusos contra los derechos humanos ocurridos en el pasado.
El gobierno mantuvo el estado de excepción vigente desde 1992.
En un clima de constante violencia política, grupos armados, en concreto la organización
Al Qaeda en el Magreb Islámico, mataron al menos a 45 civiles y a alrededor de 100
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, sobre todo en atentados con explosivos.
Según informes, las fuerzas de seguridad mataron a más de 200 presuntos miembros de
grupos armados islamistas durante escaramuzas u operaciones de registro, a menudo
en circunstancias poco claras, lo que suscitó el temor de que algunas de las víctimas
hubieran sido ejecutadas extrajudicialmente.
A lo largo del año hubo huelgas, disturbios y manifestaciones de personas que exigían
trabajo, vivienda y mejores salarios. Se detuvo y procesó a algunos manifestantes.
El gobierno señaló que había invitado a visitar Argelia a siete relatores especiales
de la ONU, pero no extendió la invitación al relator especial sobre la tortura ni
al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a pesar
de que ambos habían solicitado hacía tiempo permiso para llevar a cabo visitas de
investigación.
Las autoridades prohibieron algunas reuniones y manifestaciones de defensores de los
derechos humanos, periodistas y familiares de víctimas de desaparición forzada.
En marzo, las autoridades impidieron a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos
Humanos la utilización del recinto en que tenía previsto celebrar su congreso anual,
por lo que se vio obligada a buscar otro con muy poca antelación.
Las autoridades prohibieron una manifestación de periodistas y otras personas que
estaba previsto celebrar el 3 de mayo en Argel para exigir mayor libertad de prensa,
y mantuvieron detenidos brevemente a cuatro de los organizadores.
A partir de agosto, las autoridades impidieron a los familiares de víctimas de desaparición
forzada manifestarse ante la sede de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos (CNCPPDH); no dieron ninguna razón oficial para
ello, y la policía hizo uso de la violencia para dispersar a quienes intentaron desafiar
la prohibición.
Se acusó a periodistas y defensores de los derechos humanos de difamación o de otros
delitos, al parecer por criticar a funcionarios o instituciones del Estado o denunciar
casos de corrupción.
El 13 de mayo, Belhamideche Belkacem, director del diario Réflexion, y dos hombres más fueron condenados a seis meses de cárcel tras ser declarados culpables
de difamar al alcalde de Ain Boudinar en un artículo sobre presuntos casos de corrupción,
publicado en el periódico en junio de 2009. Los tres siguieron en libertad a la espera
del resultado de un recurso de apelación.
El 5 de septiembre detuvieron en el aeropuerto de Constantina al periodista y activista
anticorrupción Djilali Hadjadj, que había sido declarado culpable in absentia de falsificación. El 13 de septiembre volvieron a juzgarlo en Argel. Tras declararlo
culpable e imponerle una multa y una condena condicional de seis meses, lo dejaron
en libertad.
Agentes del Departamento de Información y Seguridad (DRS) –la inteligencia militar–
continuaron deteniendo a presuntos responsables de delitos relacionados con la seguridad
y recluyéndolos en régimen de incomunicación –en algunos casos durante más de los
12 días permitidos por la ley– en centros de detención no reconocidos, en los que
corrían peligro de sufrir torturas u otros malos tratos. Siguió estando muy arraigada
la impunidad en casos de tortura u otros abusos contra presuntos responsables de delitos
relacionados con la seguridad.
Salah Koulal permaneció recluido 13 días en un centro de detención no reconocido de
Bida tras ser detenido el 5 de septiembre en Baghtiya, provincia de Boumerdès, por
agentes de seguridad vestidos de civil. Al finalizar el año se hallaba en la prisión
de El Harrach en espera de ser juzgado por el cargo de “apología” del terrorismo.
La DRS mantuvo recluido durante 12 días a Mustafa Labsi después de que fuera devuelto
de Eslovaquia a Argelia el 19 de abril. Más tarde fue trasladado a la prisión de El
Harrach. Al finalizar 2010 estaba en espera de ser juzgado por su presunta pertenencia
a un “grupo terrorista radicado en el extranjero”.
En abril, sospechosos de delitos relacionados con la seguridad recluidos en la prisión
de El Harrach se declararon en huelga de hambre para protestar por los presuntos malos
tratos que habían sufrido a manos de los guardias, que, según dijeron, los habían
insultado, abofeteado y humillado. No se llevó a cabo ninguna investigación oficial
sobre estas denuncias.
Se juzgó sin las debidas garantías a presuntos responsables de delitos de terrorismo.
Algunos fueron declarados culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas presuntamente
bajo tortura u otras formas de coacción, entre ellos varios que fueron condenados
a muerte por tribunales militares. A algunos se les negó el acceso a abogados de su
elección. Otros sospechosos de delitos relacionados con la seguridad fueron recluidos
sin juicio.
Al finalizar 2010 no se había reanudado todavía el juicio contra Malik Medjnoun y
Abdelhakim Chenoui. Acusados de asesinar a Lounès Matoub, famoso cantante cabileño,
y de delitos de terrorismo, llevaban más de 10 años recluidos sin juicio. Tras ser
detenidos en 1999, ambos habían sido torturados durante un largo periodo de reclusión
en régimen de incomunicación.
En enero fueron trasladados a Argelia Hasan Zumiri y Adil Hadi bin Hamlili tras haber
permanecido bajo custodia estadounidense en Guantánamo, y en julio, Abdelaziz Naji.
Los tres quedaron en libertad mientras proseguían las investigaciones para determinar
si se los acusaba o no de pertenencia a “un grupo terrorista radicado en el extranjero”.
Otros dos ex detenidos de Guantánamo, Mustafa Ahmed Hamlily y Abdul Rahman Houari,
fueron absueltos de una acusación similar en febrero y noviembre, respectivamente.
A otro ex detenido de Guantánamo, Bachir Ghalaab, se le impuso una condena condicional
de prisión.
La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitó Argelia en
noviembre. A pesar de algunas iniciativas encaminadas a poner en marcha una estrategia
nacional para combatir la violencia contra las mujeres, las autoridades no habían
tipificado todavía como delito la violencia intrafamiliar, incluida la violación conyugal,
y no se llevaba ante la justicia a los responsables de actos de violencia de género.
En marzo y abril se produjeron una serie de ataques contra mujeres que vivían solas
en dos zonas de la localidad de Hassi Messaoud conocidas como las “36 viviendas”
y las “40 viviendas”. Grupos de hombres entraron por la fuerza en sus domicilios y
les robaron y las agredieron. Algunas mujeres sufrieron también abusos sexuales. Se
incrementaron las medidas de seguridad en torno a las zonas atacadas tras la presentación
de algunas denuncias, pero no se puso a disposición judicial a ninguno de los presuntos
responsables.
No se adoptó ninguna medida para investigar los miles de desapariciones forzadas y
otros graves abusos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990. Las
autoridades siguieron aplicando la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional
(Ley 06-01), que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad y trataba como delito
la crítica pública de su conducta y que amnistiaba a miembros de grupos armados responsables
de flagrantes abusos contra los derechos humanos. En octubre, un alto funcionario
indicó que desde 2005 se había amnistiado a 7.500 “terroristas arrepentidos”. Señaló
también que 6.240 familias de personas desaparecidas habían aceptado indemnizaciones
económicas y que sólo 12, “manipuladas por ONG y organismos extranjeros”, las habían
rechazado. Según la Ley 06-01, para que una familia pudiera solicitar una indemnización,
las autoridades tenían que expedirle previamente un certificado de defunción de la
persona desaparecida.
Muchos familiares de personas desaparecidas siguieron manifestándose en varias ciudades,
como Argel, Constantina y Jijel. En agosto, el presidente de la Comisión Nacional
Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos declaró que la demanda
de verdad y justicia formulada por los familiares de las víctimas era poco realista
debido a la ausencia de testimonios y a la imposibilidad de identificar a los responsables.
En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que las autoridades debían
investigar la desaparición de Douia Benaziza, detenida por las fuerzas de seguridad
en junio de 1996, y facilitar a su familia reparación satisfactoria. El Comité llegó
a la conclusión de que las autoridades habían vulnerado el derecho de la víctima a
la libertad y la seguridad personal y a no sufrir torturas ni malos tratos.
En un clima de constante represión de las iglesias protestantes, los cristianos, incluidos
los conversos, eran objeto de procedimientos judiciales “por practicar ritos religiosos
sin autorización” en virtud de la Ordenanza 06-03, que regulaba las confesiones religiosas
distintas del islam. La Constitución garantizaba la libertad religiosa, pero establecía
que el islam era la religión del Estado.
En enero fue saqueada una iglesia protestante en Tizi Uzu, pero las autoridades no
llevaron a cabo ninguna investigación.
En agosto, en la localidad de Al Arbaa Nath Irathen, comenzó el juicio contra Mahmoud
Yahou, que había fundado recientemente una iglesia protestante en la provincia de
Tizi Uzu, y contra otros tres cristianos conversos. Se los acusaba de infringir la
Ordenanza 06-03. Al parecer, no se había permitido el registro de la iglesia por la
negativa de las autoridades a autorizar el establecimiento de nuevas iglesias protestantes.
En diciembre, los cuatro acusados fueron condenados a penas condicionales de prisión
y a una multa.
En virtud del apartado 2 del artículo 144 bis del Código Penal, se procesó a algunas
personas por no guardar ayuno durante el mes santo del Ramadán. Los tribunales no
fueron unánimes a la hora de dictar sentencia: en algunos casos absolvieron a los
acusados y en otros les impusieron multas y penas de cárcel.
El 5 de octubre, un tribunal de Ain el Hammam absolvió a dos cristianos conversos,
Hocine Hocini y Salem Fellak, de todos los cargos. Habían sido procesados por comer
durante el Ramadán antes de la puesta del sol.
Argelia fue uno de los países patrocinadores de la resolución de la Asamblea General
de la ONU en favor de una moratoria en el uso de la pena de muerte y mantuvo la suspensión
de facto de las ejecuciones vigente desde 1993. Sin embargo, más de 130 personas fueron condenadas
a muerte, muchas in absentia y en su mayoría por delitos de terrorismo.
A pesar de los cambios introducidos en 2009 en el Código Penal para tipificar como
delito la “salida ilícita” del país, miles de personas de nacionalidad argelina y
del África subsahariana siguieron migrando a Europa desde Argelia. Algunas perdieron
la vida en el desierto o en el mar o fueron interceptadas por las autoridades encargadas
del control de fronteras.
Según estadísticas de la policía, entre enero y junio se dictaron órdenes de expulsión
contra 34 ciudadanos extranjeros y se devolvió a las fronteras del país a 5.232. La
Ley 08-11, que regulaba la entrada, la estancia y la circulación de extranjeros en
Argelia, autorizaba a los gobernadores provinciales a ordenar la expulsión de quienes
hubieran entrado en territorio argelino o se hallaran en él de forma “ilegal” sin
garantizarles el derecho a apelar.
En mayo, el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes, de la ONU, expresó su
preocupación por el hecho de que la legislación argelina permitiera la reclusión indefinida
de migrantes irregulares y de que las autoridades no hubieran investigado las denuncias
de expulsiones colectivas.
No se concedió a Amnistía Internacional el permiso que había solicitado para efectuar
una visita de investigación al país. Las autoridades indicaron que la organización
podía visitar sólo los campos de refugiados saharauis de Tinduf, administrados por
el Frente Polisario, no el resto del país.
Oriente Medio y Norte de África Selecciona un país
