Argelia
Jefe del Estado
Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno
Ahmed Uyahiya
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
35,4 millones
Esperanza de vida
72,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)(h/m)
35/31 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72,6 por ciento

Se prohibió a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas celebrar reuniones y manifestaciones. Se detuvo y recluyó en régimen de incomunicación a presuntos responsables de delitos relacionados con la seguridad. No se facilitó reparación a mujeres víctimas de violencia de género. Se detuvo y expulsó a ciudadanos extranjeros sin darles la oportunidad de recurrir la medida. Se procesó a cristianos por practicar su religión sin permiso y se juzgó a otras personas por ofender los principios islámicos. Se condenó a muerte a más de 130 personas, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución. Las autoridades no adoptaron ninguna medida para combatir la impunidad de las desapariciones forzadas y otros graves abusos contra los derechos humanos ocurridos en el pasado.

Información general

El gobierno mantuvo el estado de excepción vigente desde 1992.

En un clima de constante violencia política, grupos armados, en concreto la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico, mataron al menos a 45 civiles y a alrededor de 100 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, sobre todo en atentados con explosivos. Según informes, las fuerzas de seguridad mataron a más de 200 presuntos miembros de grupos armados islamistas durante escaramuzas u operaciones de registro, a menudo en circunstancias poco claras, lo que suscitó el temor de que algunas de las víctimas hubieran sido ejecutadas extrajudicialmente.

A lo largo del año hubo huelgas, disturbios y manifestaciones de personas que exigían trabajo, vivienda y mejores salarios. Se detuvo y procesó a algunos manifestantes.

El gobierno señaló que había invitado a visitar Argelia a siete relatores especiales de la ONU, pero no extendió la invitación al relator especial sobre la tortura ni al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a pesar de que ambos habían solicitado hacía tiempo permiso para llevar a cabo visitas de investigación.

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Libertad de expresión, asociación y reunión

Las autoridades prohibieron algunas reuniones y manifestaciones de defensores de los derechos humanos, periodistas y familiares de víctimas de desaparición forzada.

  • En marzo, las autoridades impidieron a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos la utilización del recinto en que tenía previsto celebrar su congreso anual, por lo que se vio obligada a buscar otro con muy poca antelación.
  • Las autoridades prohibieron una manifestación de periodistas y otras personas que estaba previsto celebrar el 3 de mayo en Argel para exigir mayor libertad de prensa, y mantuvieron detenidos brevemente a cuatro de los organizadores.
  • A partir de agosto, las autoridades impidieron a los familiares de víctimas de desaparición forzada manifestarse ante la sede de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CNCPPDH); no dieron ninguna razón oficial para ello, y la policía hizo uso de la violencia para dispersar a quienes intentaron desafiar la prohibición.

Se acusó a periodistas y defensores de los derechos humanos de difamación o de otros delitos, al parecer por criticar a funcionarios o instituciones del Estado o denunciar casos de corrupción.

  • El 13 de mayo, Belhamideche Belkacem, director del diario Réflexion, y dos hombres más fueron condenados a seis meses de cárcel tras ser declarados culpables de difamar al alcalde de Ain Boudinar en un artículo sobre presuntos casos de corrupción, publicado en el periódico en junio de 2009. Los tres siguieron en libertad a la espera del resultado de un recurso de apelación.
  • El 5 de septiembre detuvieron en el aeropuerto de Constantina al periodista y activista anticorrupción Djilali Hadjadj, que había sido declarado culpable in absentia de falsificación. El 13 de septiembre volvieron a juzgarlo en Argel. Tras declararlo culpable e imponerle una multa y una condena condicional de seis meses, lo dejaron en libertad.
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Seguridad y medidas antiterroristas

Agentes del Departamento de Información y Seguridad (DRS) –la inteligencia militar– continuaron deteniendo a presuntos responsables de delitos relacionados con la seguridad y recluyéndolos en régimen de incomunicación –en algunos casos durante más de los 12 días permitidos por la ley– en centros de detención no reconocidos, en los que corrían peligro de sufrir torturas u otros malos tratos. Siguió estando muy arraigada la impunidad en casos de tortura u otros abusos contra presuntos responsables de delitos relacionados con la seguridad.

  • Salah Koulal permaneció recluido 13 días en un centro de detención no reconocido de Bida tras ser detenido el 5 de septiembre en Baghtiya, provincia de Boumerdès, por agentes de seguridad vestidos de civil. Al finalizar el año se hallaba en la prisión de El Harrach en espera de ser juzgado por el cargo de “apología” del terrorismo.
  • La DRS mantuvo recluido durante 12 días a Mustafa Labsi después de que fuera devuelto de Eslovaquia a Argelia el 19 de abril. Más tarde fue trasladado a la prisión de El Harrach. Al finalizar 2010 estaba en espera de ser juzgado por su presunta pertenencia a un “grupo terrorista radicado en el extranjero”.
  • En abril, sospechosos de delitos relacionados con la seguridad recluidos en la prisión de El Harrach se declararon en huelga de hambre para protestar por los presuntos malos tratos que habían sufrido a manos de los guardias, que, según dijeron, los habían insultado, abofeteado y humillado. No se llevó a cabo ninguna investigación oficial sobre estas denuncias.

Se juzgó sin las debidas garantías a presuntos responsables de delitos de terrorismo. Algunos fueron declarados culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas presuntamente bajo tortura u otras formas de coacción, entre ellos varios que fueron condenados a muerte por tribunales militares. A algunos se les negó el acceso a abogados de su elección. Otros sospechosos de delitos relacionados con la seguridad fueron recluidos sin juicio.

  • Al finalizar 2010 no se había reanudado todavía el juicio contra Malik Medjnoun y Abdelhakim Chenoui. Acusados de asesinar a Lounès Matoub, famoso cantante cabileño, y de delitos de terrorismo, llevaban más de 10 años recluidos sin juicio. Tras ser detenidos en 1999, ambos habían sido torturados durante un largo periodo de reclusión en régimen de incomunicación.
  • En enero fueron trasladados a Argelia Hasan Zumiri y Adil Hadi bin Hamlili tras haber permanecido bajo custodia estadounidense en Guantánamo, y en julio, Abdelaziz Naji. Los tres quedaron en libertad mientras proseguían las investigaciones para determinar si se los acusaba o no de pertenencia a “un grupo terrorista radicado en el extranjero”. Otros dos ex detenidos de Guantánamo, Mustafa Ahmed Hamlily y Abdul Rahman Houari, fueron absueltos de una acusación similar en febrero y noviembre, respectivamente. A otro ex detenido de Guantánamo, Bachir Ghalaab, se le impuso una condena condicional de prisión.
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Discriminación y violencia contra las mujeres

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer visitó Argelia en noviembre. A pesar de algunas iniciativas encaminadas a poner en marcha una estrategia nacional para combatir la violencia contra las mujeres, las autoridades no habían tipificado todavía como delito la violencia intrafamiliar, incluida la violación conyugal, y no se llevaba ante la justicia a los responsables de actos de violencia de género.

  • En marzo y abril se produjeron una serie de ataques contra mujeres que vivían solas en dos zonas de la localidad de Hassi Messaoud conocidas como las “36 viviendas” y las “40 viviendas”. Grupos de hombres entraron por la fuerza en sus domicilios y les robaron y las agredieron. Algunas mujeres sufrieron también abusos sexuales. Se incrementaron las medidas de seguridad en torno a las zonas atacadas tras la presentación de algunas denuncias, pero no se puso a disposición judicial a ninguno de los presuntos responsables.
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Impunidad: desapariciones forzadas

No se adoptó ninguna medida para investigar los miles de desapariciones forzadas y otros graves abusos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990. Las autoridades siguieron aplicando la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad y trataba como delito la crítica pública de su conducta y que amnistiaba a miembros de grupos armados responsables de flagrantes abusos contra los derechos humanos. En octubre, un alto funcionario indicó que desde 2005 se había amnistiado a 7.500 “terroristas arrepentidos”. Señaló también que 6.240 familias de personas desaparecidas habían aceptado indemnizaciones económicas y que sólo 12, “manipuladas por ONG y organismos extranjeros”, las habían rechazado. Según la Ley 06-01, para que una familia pudiera solicitar una indemnización, las autoridades tenían que expedirle previamente un certificado de defunción de la persona desaparecida.

Muchos familiares de personas desaparecidas siguieron manifestándose en varias ciudades, como Argel, Constantina y Jijel. En agosto, el presidente de la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos declaró que la demanda de verdad y justicia formulada por los familiares de las víctimas era poco realista debido a la ausencia de testimonios y a la imposibilidad de identificar a los responsables.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que las autoridades debían investigar la desaparición de Douia Benaziza, detenida por las fuerzas de seguridad en junio de 1996, y facilitar a su familia reparación satisfactoria. El Comité llegó a la conclusión de que las autoridades habían vulnerado el derecho de la víctima a la libertad y la seguridad personal y a no sufrir torturas ni malos tratos.

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Libertad de religión

En un clima de constante represión de las iglesias protestantes, los cristianos, incluidos los conversos, eran objeto de procedimientos judiciales “por practicar ritos religiosos sin autorización” en virtud de la Ordenanza 06-03, que regulaba las confesiones religiosas distintas del islam. La Constitución garantizaba la libertad religiosa, pero establecía que el islam era la religión del Estado.

  • En enero fue saqueada una iglesia protestante en Tizi Uzu, pero las autoridades no llevaron a cabo ninguna investigación.
  • En agosto, en la localidad de Al Arbaa Nath Irathen, comenzó el juicio contra Mahmoud Yahou, que había fundado recientemente una iglesia protestante en la provincia de Tizi Uzu, y contra otros tres cristianos conversos. Se los acusaba de infringir la Ordenanza 06-03. Al parecer, no se había permitido el registro de la iglesia por la negativa de las autoridades a autorizar el establecimiento de nuevas iglesias protestantes. En diciembre, los cuatro acusados fueron condenados a penas condicionales de prisión y a una multa.

En virtud del apartado 2 del artículo 144 bis del Código Penal, se procesó a algunas personas por no guardar ayuno durante el mes santo del Ramadán. Los tribunales no fueron unánimes a la hora de dictar sentencia: en algunos casos absolvieron a los acusados y en otros les impusieron multas y penas de cárcel.

  • El 5 de octubre, un tribunal de Ain el Hammam absolvió a dos cristianos conversos, Hocine Hocini y Salem Fellak, de todos los cargos. Habían sido procesados por comer durante el Ramadán antes de la puesta del sol.
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Pena de muerte

Argelia fue uno de los países patrocinadores de la resolución de la Asamblea General de la ONU en favor de una moratoria en el uso de la pena de muerte y mantuvo la suspensión de facto de las ejecuciones vigente desde 1993. Sin embargo, más de 130 personas fueron condenadas a muerte, muchas in absentia y en su mayoría por delitos de terrorismo.

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Derechos de las personas migrantes

A pesar de los cambios introducidos en 2009 en el Código Penal para tipificar como delito la “salida ilícita” del país, miles de personas de nacionalidad argelina y del África subsahariana siguieron migrando a Europa desde Argelia. Algunas perdieron la vida en el desierto o en el mar o fueron interceptadas por las autoridades encargadas del control de fronteras.

Según estadísticas de la policía, entre enero y junio se dictaron órdenes de expulsión contra 34 ciudadanos extranjeros y se devolvió a las fronteras del país a 5.232. La Ley 08-11, que regulaba la entrada, la estancia y la circulación de extranjeros en Argelia, autorizaba a los gobernadores provinciales a ordenar la expulsión de quienes hubieran entrado en territorio argelino o se hallaran en él de forma “ilegal” sin garantizarles el derecho a apelar.

En mayo, el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes, de la ONU, expresó su preocupación por el hecho de que la legislación argelina permitiera la reclusión indefinida de migrantes irregulares y de que las autoridades no hubieran investigado las denuncias de expulsiones colectivas.

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Los derechos humanos región a región

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Visitas

  • No se concedió a Amnistía Internacional el permiso que había solicitado para efectuar una visita de investigación al país. Las autoridades indicaron que la organización podía visitar sólo los campos de refugiados saharauis de Tinduf, administrados por el Frente Polisario, no el resto del país.