Argelia
Jefe del Estado
Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno
Ahmed Uyahiya
Pena de muerte
abolicionista en la práctica
Población
36 millones
Esperanza de vida
73,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
32,3 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
72,6 por ciento

El gobierno levantó el estado de excepción vigente en todo el país desde 1992, pero mantuvo severas restricciones con respecto a la libertad de expresión, asociación y reunión, y a la práctica de credos religiosos. Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones y en respuesta a disturbios, a consecuencia de lo cual varias personas perdieron la vida. Las personas detenidas continuaban expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos. Las mujeres seguían discriminadas en la ley y en la práctica, y carecían de protección adecuada contra la violencia de género, incluida la intrafamiliar. No se tomaron medidas para abordar el legado de impunidad de los graves abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Se siguieron dictando condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones. Se registraron atentados de grupos armados, con víctimas mortales entre la población civil.

Información general

Tras manifestaciones masivas y algunos disturbios ocurridos en enero, siguieron celebrándose durante todo el año protestas periódicas contra el aumento del precio de los alimentos y otros artículos, el desempleo, las precarias condiciones de vivienda, la corrupción oficial y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad. Muchas de ellas fueron convocadas por el grupo Coordinación Nacional para el Cambio y la Democracia, que aglutinaba a partidos de oposición, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. El grupo en cuestión fue fundado en enero, tras la violenta represión de las manifestaciones y disturbios por parte de las fuerzas de seguridad, que se saldó con la muerte de varias personas y cientos de heridos y de detenidos.

En respuesta a las reivindicaciones de los manifestantes, las autoridades tomaron algunas medidas, como rebajar provisionalmente los impuestos sobre algunos alimentos básicos y levantar en febrero el estado de excepción vigente desde 1992. En abril, el presidente Abdelaziz Buteflika anunció reformas, como nuevas leyes que permitirían elecciones libres y libertad de prensa, y la designación de un comité para modificar la Constitución. Al concluir el año aún no se habían puesto en marcha plenamente, y muchas de las leyes adoptadas a raíz de las reformas recibieron críticas por no ir lo bastante lejos.

El gobierno permitió la visita de los relatores especiales de la ONU sobre la libertad de expresión y el derecho a una vivienda adecuada, pero siguió rechazando las solicitudes que desde hacía tiempo venían presentando para visitar el país el relator especial de la ONU sobre la tortura y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

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Libertad de expresión, asociación y reunión

El gobierno continuó restringiendo la libertad de expresión e impidiendo las concentraciones públicas no autorizadas. Las manifestaciones masivas celebradas en enero en Argel, Orán y otras ciudades fueron disueltas violentamente por miles de policías antidisturbios y otras fuerzas de seguridad, a consecuencia de lo cual se registraron lesiones y muertes. Durante las semanas siguientes, se desplegaron miles de agentes de seguridad en previsión de protestas convocadas en Argel y otras ciudades para el 12 de febrero. Asimismo, según informes, las autoridades bloquearon en algunas zonas el acceso a Facebook y Twitter para impedir la organización y coordinación de protestas.

Tras el levantamiento del estado de excepción el 24 de febrero, se permitieron en todo el país, salvo Argel, las manifestaciones siempre que se contara con la debida autorización, que, sin embargo, se denegaba con frecuencia. No obstante, se celebraron numerosas manifestaciones no autorizadas tanto en Argel como en otros puntos del país. A menudo, las fuerzas de seguridad las dispersaron utilizando gas lacrimógeno y agua a presión, y detuvieron a manifestantes. Algunos de los detenidos fueron acusados de “concentración ilegal no armada” y de agresión a las fuerzas de seguridad, y juzgados ante tribunales penales, aunque la mayoría fueron absueltos.

En diciembre, el Parlamento aprobó una nueva ley sobre los medios de comunicación que restringía las actividades periodísticas en ámbitos como la seguridad del Estado, la soberanía nacional y los intereses económicos, y prescribía cuantiosas multas a quien incumpliese sus disposiciones.

Se tuvo noticia de organizaciones de derechos humanos que aseguraban que en ocasiones las autoridades les habían denegado el permiso para celebrar reuniones, así como de sindicalistas que afirmaban haber sido hostigados por las fuerzas de seguridad. Según informes, el gobierno se negó a autorizar nuevas asociaciones o partidos políticos, y comunicó a los que solicitaron su autorización que debían esperar hasta la aprobación de las nuevas leyes. En diciembre, el Parlamento aprobó una nueva ley sobre asociaciones que daba a las autoridades amplios poderes para suspender o disolver ONG y restringía aún más su registro legal y financiación.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Se produjeron atentados de grupos armados, sobre todo de la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico, dirigidos principalmente contra instalaciones militares, aunque a consecuencia de ellos también murieron civiles. Según informes, las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 presuntos miembros de dicha organización y de otros grupos armados islamistas, a menudo en circunstancias poco claras, lo que suscitó el temor de que algunos de ellos hubieran sido ejecutados extrajudicialmente.

  • Según la información recibida, el atentado perpetrado por Al Qaeda en el Magreb Islámico contra un cuartel militar de Cherchel el 26 de agosto provocó la muerte de 2 civiles y 16 soldados.

En febrero, en virtud de un decreto presidencial, se concedía al ejército poderes para combatir el terrorismo, a la vez que se levantaba el estado de excepción.

También en febrero se promulgó un decreto presidencial que modificaba el Código de Procedimiento Penal y autorizaba a los jueces a remitir a los presuntos terroristas a “establecimientos seguros” situados en lugares secretos, para su confinamiento allí durante meses seguidos, lo que en la práctica equivalía a aprobar la detención secreta durante periodos prolongados.

Las personas detenidas como sospechosas de delitos de terrorismo eran presuntamente torturadas y sometidas a malos tratos mientras se encontraban recluidas en el Departamento de Información y Seguridad (inteligencia militar) y, en algunos casos, estaban sometidas a régimen de incomunicación, lo que podía constituir desaparición forzada.

  • El 18 de julio, Abdelhakim Chenoui y Malik Medjnoun, que llevaban recluidos sin juicio desde 1999, fueron condenados a 12 años de prisión en un juicio, al parecer sin las debidas garantías, en el que fueron declarados culpables del asesinato del cantante cabileño Lounès Matoub años atrás. La condena se basó en una “confesión” que Abdelhakim Chenoui afirmó haber hecho bajo coacción y de la que posteriormente se retractó.
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Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. En particular, de conformidad con el Código de Familia de 2005, los derechos de las mujeres se subordinaban a los de los hombres en cuestiones relativas al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y las herencias.

En mayo, tras haber visitado Argelia en abril, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer aseguró que el gobierno había tomado medidas positivas para promover los derechos de las mujeres, pero instó a las autoridades a abordar la violencia contra las mujeres en la familia, el acoso sexual y la estigmatización de las mujeres solteras y las mujeres que vivían solas.

En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley para incrementar la representación de las mujeres en el Parlamento, pero no adoptó las propuestas existentes para establecer una cuota del 30 por ciento en todas las circunscripciones y para que se colocara a mujeres en los primeros lugares de las listas electorales.

  • En junio y julio se tuvo noticia de que grupos de hombres jóvenes de la septentrional localidad de Msila habían agredido a mujeres a las que acusaban de prostitución.
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Impunidad: desapariciones forzadas

Las autoridades siguieron sin tomar medidas para investigar los miles de desapariciones forzadas y otros graves abusos perpetrados durante el conflicto interno de la década de 1990 y garantizar que los perpetradores rindieran cuentas. Continuaron aplicando la Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional (Ley 06-01), que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad, trataba como delito la crítica pública de su conducta y amnistiaba a miembros de grupos armados responsables de flagrantes abusos contra los derechos humanos. Se presionó a familias de personas desaparecidas para que aceptaran certificados de carácter general, en los que se hacía constar la muerte de sus familiares sin especificar la fecha ni la causa, como requisito para pedir indemnizaciones. Las fuerzas de seguridad disolvieron manifestaciones organizadas por familiares de desaparecidos.

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Libertad de religión

De conformidad con la Ordenanza 06-03, que regulaba las confesiones religiosas distintas del islam, la religión oficial, los cristianos, incluidos los conversos, seguían siendo objeto de procedimientos judiciales por celebrar actividades religiosas no autorizadas. Asimismo, en virtud de la legislación seguían encontrando obstáculos para construir o mantener iglesias. En mayo, el gobernador de la provincia de Bejaia, en el noreste del país, ordenó, en cumplimiento de la ley, cerrar todas las iglesias. La orden fue revocada por el ministro del Interior.

  • El 25 de mayo un tribunal de Cité Yamal, en la ciudad de Orán, condenó a Abdelkarim Siaghi, cristiano converso, a cinco años de prisión y al pago de una cuantiosa multa tras haberlo declarado culpable de “ofender al profeta Mahoma” en un juicio injusto, según informes, en el que no se permitió a sus abogados interrogar a los testigos. Al final del año, el condenado seguía en libertad en espera de que se resolviera un recurso de apelación.
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Pena de muerte

Los tribunales siguieron dictando condenas a muerte, principalmente contra personas juzgadas in absentia por delitos de terrorismo. La última ejecución había tenido lugar en 1993.

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  • Amnistía Internacional visitó Argelia de febrero a marzo.