Información general

El 8 de enero, el equipo nacional de fútbol de Togo sufrió un ataque armado en Cabinda cuando viajaba para participar en la Copa de África de Naciones que debía celebrarse en Angola. Dos personas murieron y varias resultaron heridas durante el ataque. El Frente de Liberación del Estado de Cabinda/Posición Militar (FLEC/PM), facción del Frente de Liberación del Estado de Cabinda, reivindicó la autoría del ataque y afirmó que no pretendía atacar al equipo, sino a los miembros de las Fuerzas Armadas Angoleñas (FAA) que escoltaban a la expedición. Unos días después, según los informes, otra facción, Frente de Liberación del Estado de Cabinda-Fuerzas Armadas de Cabinda (FLEC-FAC), reivindicó también la autoría. Se detuvo a dos hombres, João António Puati y Daniel Simbai, como sospechosos de haber perpetrado el ataque. João António Puati fue declarado culpable y condenado a 24 años de prisión por el atentado, mientras que Daniel Simbai resultó absuelto. Al menos otras 14 personas fueron detenidas después del ataque, aunque no se las acusó directamente de haberlo llevado a cabo. El FLEC perpetró otros ataques en Cabinda durante 2010.

En enero, el Parlamento aprobó una nueva Constitución en virtud de la cual el presidente sería elegido por el Parlamento. La Constitución permitía asimismo que el presidente Dos Santos, que ocupaba su cargo desde hacía más de 30 años, lo ejerciera durante dos mandatos adicionales de cinco años. Además, sustituía el cargo de primer ministro por el de vicepresidente seleccionado por el presidente.

En septiembre, el Colegio de Abogados de Angola pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciase sobre la legalidad del artículo 26 de la Ley de Delitos contra la Seguridad del Estado. Este artículo afirmaba que “será punible todo acto no previsto en la ley que ponga en peligro o pueda poner en peligro la seguridad del Estado”. En diciembre, el Tribunal decidió que no tenía que resolver sobre este asunto, ya que el Parlamento había aprobado en noviembre una nueva Ley de Delitos contra la Seguridad del Estado. Esta ley revocaba el artículo 26 de la ley anterior, pero tipificaba como delito las injurias a la República, al presidente o a cualquier órgano del poder del Estado.

En febrero se examinó el historial de derechos humanos de Angola en virtud del examen periódico universal de la ONU. En septiembre, Angola presentó su informe al Comité de los Derechos del Niño.

Derecho a una vivienda adecuada: desalojos forzosos

En octubre, el presidente Dos Santos reiteró el compromiso del gobierno de facilitar que las familias angoleñas obtengan sus propias viviendas, y en noviembre presentó un proyecto de rehabilitación de asentamientos precarios. Pese a ello, continuaron los desalojos forzosos en la capital, Luanda, y se llevaron a cabo desalojos en gran escala en la provincia de Huíla. También se produjeron amenazas de desalojos forzosos en otras zonas del país.

• En marzo, más de 3.000 viviendas construidas en las proximidades de la vía férrea en Lubango, provincia de Huíla, fueron demolidas para dejar espacio para mejoras de las instalaciones ferroviarias. Al menos dos niños murieron durante estos desalojos forzosos, uno al caerle encima escombros y el otro, al parecer, por causa de las precarias condiciones de vida después de las demoliciones. Las personas desalojadas por la fuerza fueron trasladadas a la barriada de Tchavola, a las afueras de Lubango, donde no tenían acceso a agua limpia ni a servicios básicos y estaban expuestas a condiciones meteorológicas extremas. Sólo se facilitaron 600 tiendas de campaña para todas las familias. En abril, el gobierno provincial de Huíla pidió disculpas por las demoliciones. Sin embargo, se recibieron informes de nuevos desalojos forzosos en Lubango en agosto y septiembre.

Homicidios ilegítimos

En marzo, siete agentes de policía fueron declarados culpables y condenados a 24 años de cárcel por el Tribunal Provincial de Luanda por el homicidio de ocho jóvenes en la zona de Largo da Frescura en julio de 2008. Sin embargo, muchos agentes policiales seguían violando derechos humanos con impunidad.

• En mayo, familiares de William Marques Luís (“Líro Boy”) y Hamilton Pedro Luís (“Kadú”) encontraron sus cadáveres en la morgue central de Luanda. Los dos hombres habían sido detenidos sin orden judicial por agentes de policía en su domicilio de la barriada luandesa de Benfica y después habían sido ejecutados extrajudicialmente. Según informes, “Kadú” fue golpeado por la policía en el exterior de su casa antes de que los agentes se lo llevaran junto con “Líro Boy”. “Kadú” había recibido disparos en la cabeza y el abdomen, y su cuerpo mostraba signos de haber sido golpeado. “Líro Boy” había recibido varios disparos en la cabeza, y su cuerpo mostraba señales de tortura, incluidas fracturas de miembros. En noviembre, las autoridades policiales anunciaron que habían detenido a los responsables de estas muertes. No dieron más detalles.
• En julio, Valentino Abel, de 19 años, resultó muerto cuando un agente de policía abrió fuego en la zona de Belo Horizonte, municipio de Kunhinga, Huambo. Al parecer, el agente intervino para poner fin a un altercado y le propinaron una bofetada. Según los informes, entonces se enfureció y comenzó a disparar de forma indiscriminada. Tres disparos alcanzaron a Valentino Abel en el tórax, causándole la muerte. El jefe municipal de policía afirmó que el agente estaba ebrio y había huido tras el incidente, pero fue capturado dos días después. Sin embargo, no se disponía de información relativa a la incoación de procedimientos en su contra.

Libertad de reunión

A pesar de las disposiciones de la nueva Constitución que garantizaban el derecho a manifestarse pacíficamente sin necesidad de autorización, este derecho se negó en algunas ocasiones.

• El 1 de abril, OMUNGA, ONG radicada en Benguela, informó al gobierno provincial de Benguela de su intención de celebrar una marcha pacífica el 10 de abril para protestar contra los desalojos forzosos en la provincia de Huíla y en solidaridad con las víctimas. En marzo no se había permitido una marcha semejante, presuntamente por no haberse cumplido todos los requisitos legales. Aunque los organizadores cumplieron lo establecido en la legislación nacional, el gobierno provincial de Benguela tampoco autorizó la marcha prevista para abril, por considerar que no se habían producido desalojos forzosos en la provincia. No obstante, la manifestación se celebró pacíficamente el día previsto.
• En mayo, el gobierno provincial de Cabinda no permitió una marcha organizada para protestar contra las detenciones y reclusiones arbitrarias en relación con el ataque sufrido por el equipo nacional de fútbol de Togo, aun cuando los organizadores de la marcha habían cumplido todos los requisitos prescritos por la ley.

En junio, el presidente del Tribunal Constitucional afirmó que la legislación nacional angoleña no exigía autorización previa de las autoridades administrativas para la celebración de manifestaciones. Sin embargo, las autoridades seguían impidiendo la celebración de manifestaciones pacíficas.

Presos de conciencia y posibles presos de conciencia

Entre enero y abril, al menos 14 personas fueron detenidas en Cabinda por cargos relacionados con el ataque perpetrado en enero contra el equipo nacional de fútbol de Togo. Dos eran presos de conciencia y otras eran posibles presos de conciencia. Siete de estas personas quedaron en libertad sin cargos, mientras que las demás fueron acusadas formalmente de delitos contra la seguridad del Estado. Los cargos contra una de éstas se retiraron después de siete meses de reclusión, y otra fue absuelta, mientras que cinco fueron declaradas culpables pero posteriormente quedaron en libertad debido a la derogación del artículo 26 de la Ley de Delitos contra la Seguridad del Estado, con arreglo a la cual habían sido condenadas. En otras provincias se detuvo también a posibles presos de conciencia.

• En agosto, los presos de conciencia Francisco Luemba, abogado, y Raul Tati, sacerdote católico, fueron declarados culpables de ser los “autores morales del delito de otros actos contra la seguridad del Estado” y condenados a cinco años de prisión por el Tribunal Provincial de Cabinda. Fueron juzgados junto con otros dos hombres que podrían haber sido también presos de conciencia, José Benjamin Fuca y Belchior Lanso Tati, condenados a tres y seis años de cárcel, respectivamente. La policía detuvo a los cuatro hombres tras el ataque de enero. Estaban en posesión de documentos sobre Cabinda y habían asistido en fechas recientes a una conferencia que tenía por objeto encontrar una resolución pacífica de la situación. José Benjamin Fuca y Belchior Lanso Tati también confesaron presuntamente ser miembros del Frente de Liberación del Estado de Cabinda. Recurrieron ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El 22 de diciembre, el Tribunal Provincial de Cabinda puso a los cuatro hombres en libertad incondicional debido a la derogación de la ley con arreglo a la cual habían sido condenados.
• La policía detuvo a más miembros de la Comisión del Manifiesto Jurídico Sociológico del Protectorado de Lunda Tchokwe. Entre enero y octubre, según los informes, al menos 24 miembros de la Comisión fueron detenidos en las provincias de Lunda Norte y Luanda, de los que 13 quedaron en libertad sin cargos luego de pasar periodos variables de detención en prisión preventiva. Tres de ellos, Sebastião Lumani, José Muteba y José António da Silva Malembela, fueron declarados culpables de delitos contra la seguridad del Estado por el Tribunal Provincial de Lunda-Norte y condenados a 6, 5 y 4 años de prisión, respectivamente. Al finalizar el año seguían en prisión, pese a la revocación de la ley en virtud de la cual habían sido condenados. Domingos Manuel Muatoyo y Alberto Cabaza, que habían sido detenidos en Luanda en julio, fueron acusados de manifestación contra el gobierno y al terminar el año continuaban recluidos en espera de juicio. Otras seis personas seguían recluidas sin cargos. Otros miembros de la Comisión detenidos en 2009 continuaban en prisión sin juicio al finalizar el año, pese a la revocación de la ley en virtud de la cual habían sido condenados.

Derechos de las personas migrantes

A pesar del acuerdo firmado en 2009 para poner fin a las expulsiones entre Angola y la República Democrática del Congo, las autoridades angoleñas continuaron expulsando a personas de nacionalidad congoleña y las expulsiones fueron acompañadas de violaciones de derechos humanos, incluida violencia sexual. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) informó de que más de 12.000 migrantes habían sido expulsados a las provincias de Bandundu, Bajo Congo y Kasai entre septiembre y diciembre de 2010. Según la OCAH, 99 mujeres y 15 hombres fueron violados durante la expulsión. Según informes, una mujer murió en un hospital tras ser violada. También se perpetraron actos de tortura y otros malos tratos, y muchas personas migrantes llegaron desnudas y sin sus pertenencias. Durante el año se produjeron otras expulsiones.

No se tenía constancia de que se hubieran exigido responsabilidades a ninguna persona por las violaciones de derechos humanos relacionadas con estas expulsiones o con expulsiones semejantes en años anteriores.