Angola
Jefe del Estado y del gobierno
José Eduardo dos Santos
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
19,6 millones
Esperanza de vida
51,1 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
160,5 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
70 por ciento

Las autoridades restringieron la libertad de reunión mediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones y reclusiones arbitrarias y cargos penales. El uso de fuerza excesiva por parte de la policía provocó muertes. Los periodistas hicieron frente a un aumento de las restricciones. Dos periodistas fueron juzgados y declarados culpables de difamación por escribir artículos críticos. Hubo nuevos desalojos forzosos y el gobierno incumplió su promesa de realojar a 450 familias que habían sido desalojadas en años anteriores. Continuaron las violaciones de derechos humanos contra personas de nacionalidad congoleña expulsadas de Angola.

Información general

En mayo se retiró un proyecto de ley, cuyo propósito era criminalizar los delitos cometidos por Internet, que había sido criticado por la sociedad civil por considerar que suponía un riesgo para la libertad de expresión y de información. Persistía la preocupación de que el proyecto de ley pudiera ser introducido de nuevo o que sus disposiciones se incorporasen al Código Penal aprovechando su revisión.

Durante todo el año tuvieron lugar manifestaciones contra el gobierno en las que se pedía la dimisión del presidente. En septiembre, una protesta degeneró en violencia después de que presuntos miembros de los Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado se infiltrasen en la multitud y, según informes, causaran daños materiales y golpeasen a algunas personas, entre ellas periodistas. Se detuvo a algunos manifestantes.

En septiembre, el gobierno provincial de Luanda dictó una ordenanza que indicaba las zonas en las que podían celebrarse reuniones y manifestaciones. Quedaba excluida la plaza de la Independencia, donde habían tenido lugar la mayoría de las manifestaciones antigubernamentales durante el año.

En junio, el Parlamento aprobó una ley contra la violencia en el ámbito familiar.

En julio, el presidente inauguró la primera fase del proyecto Ciudad de Kilamba, que comprendía 20.000 nuevos apartamentos, 14 escuelas, un hospital y 12 centros de salud. Durante el año se anunciaron otros planes de construcción de viviendas sociales en diversas zonas del país.

En agosto, las autoridades de inmigración del aeropuerto internacional de Luanda negaron la entrada a Angola a las delegaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil que habían viajado para asistir al Foro de la Sociedad Civil de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), cuya celebración estaba prevista coincidiendo con la Cumbre de Jefes de Estado de la SADC. Se habían hecho gestiones para que a estas personas se les entregaran los visados a su llegada al aeropuerto. También se negó la entrada, pese a estar en posesión de visados válidos, a dos periodistas mozambiqueños que habían viajado para informar sobre la Cumbre.

En noviembre, varios parlamentarios de partidos de oposición abandonaron el Parlamento durante un debate sobre el nuevo conjunto de disposiciones legislativas en materia electoral para las elecciones generales de 2012. La Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) afirmó que el conjunto de propuestas contenía disposiciones inconstitucionales. En diciembre se aprobó la Ley Orgánica sobre la Comisión Nacional Electoral.

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Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Continuaron los desalojos forzosos, aunque en menor escala que en años anteriores, y miles de personas seguían corriendo el riesgo de ser desalojadas por la fuerza. Algunos desalojos previstos fueron suspendidos. Miles de familias que habían sido objeto de desalojos forzosos en el pasado seguían sin recibir indemnización.

En junio, el gobierno anunció que más de 450 familias de Luanda cuyas viviendas habían sido demolidas entre 2004 y 2006 serían realojadas a partir de septiembre. Al terminar el año los realojamientos no habían comenzado.

El gobernador provincial de Huíla canceló en agosto las demoliciones previstas en el barrio de Arco Íris, en el centro de la ciudad de Lubango, debido a las condiciones inadecuadas en las que aproximadamente 750 familias iban a ser reasentadas. En junio se había concedido a las familias un plazo de un mes –que se prorrogó por un mes más– para abandonar sus hogares, y se les habían ofrecido tierras en una zona aislada a 14 kilómetros de la ciudad.

  • En agosto, según los informes, funcionarios municipales protegidos por agentes armados de la Policía Nacional y la Policía Militar desalojaron por la fuerza a 40 familias en el barrio Km 30 de Viana, Luanda, al parecer después de que la tierra se vendiera a una empresa privada. Según SOS-Habitat, organización local de defensa del derecho a la vivienda, los funcionarios demolieron las casas de las personas que no estaban presentes y destruyeron sus pertenencias. Según los informes, Firmino João Rosário murió por disparos de la policía cuando intentaba detener las demoliciones, y otro residente, Santos António, recibió un disparo en una mano.
  • En octubre, miembros de los servicios comunitarios de la administración municipal de Lubango, protegidos por la Policía Nacional, demolieron 25 viviendas pertenecientes a familias de la zona de Tchavola, en Lubango, provincia de Huíla. Los desalojos fueron acompañados de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Todas las personas detenidas quedaron en libertad el mismo día. Las viviendas demolidas pertenecían a familias que habían sido reasentadas en la zona tras ser desalojadas por la fuerza para habilitar espacio para mejoras ferroviarias en Lubango a partir de marzo de 2010.
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Policía y fuerzas de seguridad

La policía desempeñó sus funciones de manera partidista, sobre todo durante algunas manifestaciones contra el gobierno. Además, usó fuerza excesiva, incluidos fuego real, perros y aerosol irritante para los ojos, para dispersar a los manifestantes, y llevó a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias.

  • En septiembre, unos agentes de policía dispararon con fuego real durante una protesta de conductores de mototaxi en la ciudad de Kuito, provincia de Bie. Dos manifestantes murieron tras recibir disparos en la cabeza y la espalda, y otros seis resultaron heridos. Los conductores protestaban contra el abuso de poder por parte de la policía, a la que acusaban de confiscar las motocicletas de taxistas que operaban de manera legítima en la provincia, así como de detener arbitrariamente e infligir malos tratos a varios conductores de mototaxi durante una operación de control de sus actividades. Al parecer, no se había puesto a disposición de la justicia a ningún agente por el uso de fuerza excesiva y los homicidios ilegítimos.

En algunos casos se acusó a agentes policiales fuera de servicio de disparar y matar a personas. En la mayoría de los casos, al terminar el año no se había puesto a los agentes a disposición de la justicia.

  • El 12 de noviembre, según informes, un agente de policía fuera de servicio mató a tiros a Francisco dos Santos con un arma de fuego reglamentaria después de que el fallecido hubiera intervenido para detener una pelea entre dos niños en el barrio luandés de Rangel. Según testigos presenciales, uno de los niños llamó a su padre, agente de policía, que llegó y comenzó a disparar y luego se dio a la fuga. Dos disparos alcanzaron en la espalda a Francisco dos Santos, que murió en un hospital ese mismo día. Al terminar el año, el agente de policía continuaba en libertad y no se habían practicado detenciones.
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Libertad de expresión: periodistas

Los periodistas hicieron frente a un aumento de las restricciones. Varios estuvieron detenidos durante breves periodos o fueron golpeados por la policía o por presuntos miembros de los servicios de seguridad, y sufrieron la confiscación o la destrucción de sus pertenencias mientras informaban sobre las manifestaciones contra el gobierno. A dos se les impusieron penas de cárcel por presunta difamación.

  • En marzo, Armando Chicoca, corresponsal de Voice of America, fue declarado culpable de difamación y condenado a un año de cárcel. Los cargos guardaban relación con dos artículos que había escrito relativos a denuncias de acoso sexual y corrupción formuladas contra el presidente del Tribunal Provincial de Namibe. Armando Chicoca quedó en libertad condicional bajo fianza en abril, en espera de la resolución de un recurso.
  • En octubre, William Tonet, director y propietario del periódico Folha 8, fue declarado culpable de difamar en 2007 a tres generales del ejército. Según la información recibida, se le impuso una condena de un año de prisión con una suspensión de dos años y el pago de una multa de 10 millones de kwanzas (más de 100.000 dólares estadounidenses). William Tonet presentó un recurso, que estaba pendiente al final del año.
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Libertad de reunión

La libertad de reunión fue objeto de restricciones en todo el país. La policía usó en algunos casos fuerza excesiva, incluidos perros y armas de fuego, para reprimir manifestaciones, y detuvo arbitrariamente a manifestantes y periodistas. Algunas personas quedaron en libertad sin cargos al cabo de unas horas o unos días, pero decenas de detenidos fueron juzgados por desobediencia y resistencia a la autoridad.

  • En marzo, durante una manifestación, la policía detuvo a 3 periodistas y 20 manifestantes, y afirmó que se trataba de precauciones para “prevenir consecuencias incalculables”. Los detenidos quedaron en libertad sin cargos unas horas después. También se detuvo a manifestantes en mayo, septiembre y octubre. El 9 de septiembre, la policía hizo uso de perros para dispersar a cientos de personas que se habían congregado ante un tribunal donde se juzgaba a 21 personas en relación con una manifestación celebrada seis días antes. Se detuvo a otras 27 personas, contra las cuales se presentaron cargos de ataque a las fuerzas de seguridad; la causa fue desestimada por un tribunal el 19 de septiembre por falta de pruebas. Sin embargo, 18 de las 21 personas a las que se estaba juzgando fueron declaradas culpables de desobediencia, resistencia y agresión el 12 de septiembre. El 14 de octubre, el Tribunal Supremo anuló las sentencias condenatorias de esas 18 personas, que quedaron en libertad.
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Presos de conciencia y posibles presos de conciencia

Un total de 33 miembros de la Comisión del Manifiesto Jurídico Sociológico del Protectorado de Lunda Tchokwe continuaron en la cárcel sin juicio hasta que el Tribunal Supremo ordenó su liberación en marzo, pese a que en diciembre de 2010 se había derogado la ley en virtud de la cual habían sido acusados. No se les concedió indemnización alguna por su reclusión ilegítima.

En marzo, otros dos miembros de la Comisión, Mário Muamuene y Domingos Capenda, detenidos desde octubre de 2010, fueron condenados a un año de cárcel por rebelión. Continuaron en prisión aunque la condena expiró en octubre. Estas dos personas y otros cinco presos –Sérgio Augusto, Sebastião Lumani, José Muteba, António Malendeca y Domingos Henrique Samujaia– se declararon en huelga de hambre en mayo y en octubre para protestar contra la continuidad de su detención y las deficientes condiciones de reclusión.

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Derechos de las personas migrantes

De acuerdo con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, al menos 55.000 nacionales de la República Democrática del Congo fueron expulsados de Angola durante el año, y al menos 6.000 de estas personas denunciaron haber sufrido violencia sexual. No se exigieron responsabilidades a nadie por los abusos contra los derechos humanos cometidos durante las expulsiones de personas migrantes congoleñas de Angola en los últimos años. Después de una visita a Angola en marzo, la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos expresó su preocupación por la continuidad de los informes de violencia sexual contra personas migrantes de nacionalidad congoleña a manos de las fuerzas armadas angoleñas durante las expulsiones. El ministro de Asuntos Exteriores angoleño negó las denuncias. En noviembre, la representante especial pidió a los gobiernos de Angola y República Democrática del Congo que investigasen estos informes y pusieran a los responsables a disposición de la justicia. En diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que el gobierno se coordinaría con la ONU para expulsar del país a ciudadanos extranjeros.

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Amnistía Internacional en las redes sociales

Visitas

  • A pesar de que las autoridades seguían afirmando que nunca se habían negado visados a Amnistía Internacional para visitar Angola, no se habían atendido todavía las solicitudes presentadas en octubre de 2008, octubre de 2009 y noviembre 2010.