Las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de derechos humanos cometidas
durante los años de gobierno militar experimentaron avances significativos. Los pueblos
indígenas corrían peligro de ser desalojados de sus tierras tradicionales. El acceso
al aborto legal siguió siendo difícil.
La presidenta Cristina Fernández fue reelegida en octubre. El partido gobernante obtuvo
el control de ambas cámaras del Congreso para los siguientes dos años.
En abril se incorporó al Código Penal el delito de desaparición forzada, siguiendo
la recomendación formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el
caso de Iván Eladio Torres Millacura, desaparecido en 2003.
En octubre, Argentina ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Tras su visita a Argentina en abril, la relatora especial de la ONU sobre el derecho
a una vivienda adecuada expresó su preocupación por el creciente número de desalojos
violentos que afectaban a los residentes de asentamientos informales, campesinos e
indígenas.
Las comunidades indígenas seguían viviendo bajo la amenaza de desalojo, pese a la
vigencia de una prohibición total de desalojos hasta noviembre de 2013, mientras
se llevaba a cabo un estudio de ámbito nacional de los territorios indígenas. Tras
visitar Argentina en noviembre, el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas
expresó preocupación por el número de desalojos forzosos, por que no se hubiese implantado
un sistema de protección real del derecho a la tierra y por la falta de un mecanismo
de consulta a las comunidades sobre los proyectos que les afectaban.
En mayo finalizaron cinco meses de protestas en el centro de Buenos Aires cuando el
gobierno nacional se reunió por fin con la comunidad indígena toba qom de La Primavera,
provincia de Formosa. El gobierno accedió a garantizar la seguridad de la comunidad
y a iniciar un diálogo sobre los derechos a la tierra y otros derechos de la comunidad.
Sin embargo, la familia del dirigente comunitario Félix Díaz siguió siendo objeto
de amenazas y hostigamiento. Se habían presentado contra él cargos relacionados con
la dispersión violenta, por parte de la policía, de un corte de carretera organizado
por la comunidad en noviembre de 2010, en la que murieron dos hombres, uno de ellos
policía.
En noviembre murió por disparos Cristian Ferreyra, dirigente de la comunidad indígena
lule-vilela de San Antonio, provincia de Santiago del Estero. Ferreyra participaba
en la defensa de las tierras tradicionales de la comunidad frente a la deforestación
y la expansión de las plantaciones de soja.
En agosto, un tribunal de la provincia de Tucumán ordenó la suspensión de los intentos
de desalojar a la comunidad indígena quilmes de Colalao del Valle –sometida a amenazas
continuas de desalojo– hasta que concluyeran las actuaciones para determinar la propiedad
de las tierras donde vivía la comunidad.
Se hicieron avances significativos para condenar a los responsables de violaciones
graves de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar (1976-1983).
En octubre, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros 15 hombres fueron condenados
a penas de entre 18 años de prisión y cadena perpetua por su participación en 86 crímenes
de lesa humanidad cometidos en el centro de detención secreta de la Escuela Superior
de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires. Durante el régimen militar, cientos
de personas estuvieron recluidas en la ESMA tras ser secuestradas; algunas murieron
por torturas y otras fueron arrojadas desde aviones.
En abril, el ex general del ejército Reynaldo Bignone y el político y ex policía Luis
Abelardo Patti fueron condenados a cadena perpetua por varios casos de asesinato,
secuestro y tortura cometidos en la localidad de Escobar durante la década de 1970.
En mayo, ocho ex soldados fueron condenados a cadena perpetua por la masacre de Margarita
Belén de 1976, en la provincia del Chaco, en la que fueron torturados y ejecutados
22 presos políticos.
En mayo, los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, en tanto
que oficiales al mando, fueron juzgados como partícipes necesarios en actos de violencia
de género cometidos contra mujeres recluidas en el centro de detención secreta de
Villa Urquiza, en la provincia de Tucumán, en la década de 1970, y por la violación
sexual agravada en grado reiterado de una mujer de 19 años. Antonio Domingo Bussi
murió en noviembre mientras estaba bajo arresto domiciliario.
En febrero se divulgaron unas imágenes tomadas con un teléfono móvil de la tortura
en 2010 de dos presos a manos de unos guardias penitenciarios de la prisión de San
Felipe, en la provincia de Mendoza. Los presos Matías Tello y Andrés Yacante, de cuya
implicación en la divulgación de las imágenes sospechaban los funcionarios penitenciarios,
recibieron amenazas y fueron trasladados a la prisión de Almafuerte, donde afirmaron
haber sido torturados. Al finalizar el año nadie había comparecido ante la justicia
por estos actos.
Las mujeres continuaron teniendo dificultades para abortar legalmente.
En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución contra Argentina
por obstaculizar el acceso al aborto legal a una mujer de 19 años que sufría una discapacidad
mental y que había sido violada por su tío en 2006. El Comité concluyó que el hecho
de que el Estado no garantizara el derecho de la mujer a poner fin al embarazo le
había causado dolor físico y moral, y ordenó a Argentina el pago de una indemnización
por daños y la adopción de medidas para impedir similares vulneraciones de derechos
en el futuro.
La policía hizo uso excesivo de la fuerza durante la expulsión, en julio, de 700 familias
de unos terrenos privados en Libertador San Martín, provincia de Jujuy. En los sucesos
murieron 4 personas, un policía entre ellas, y al menos 30 resultaron heridas. El
policía al mando de la operación fue destituido y el ministro de Gobierno y Justicia
de la provincia dimitió.
