Australia
Jefa del Estado
reina Isabel II, representada por Quentin Bryce
Jefa del gobierno
Julia Gillard (sustituyó a Kevin Rudd en junio)
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
21,5 millones
Esperanza de vida
81,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)(h/m)
6/5 por cada 1.000

El gobierno reanudó la aplicación de la Ley contra la Discriminación Racial, pero sólo restableció parcialmente la protección de los derechos humanos. El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial criticó al gobierno por la discriminación y las desventajas que seguían sufriendo los pueblos indígenas. El gobierno suspendió temporalmente la tramitación de las solicitudes de asilo presentadas por personas srilankesas y afganas, pero se comprometió a dejar en libertad a algunos menores de edad y familias que se encontraban en centros de detención de inmigrantes.

Derechos de los pueblos indígenas

En junio, el gobierno federal reanudó la aplicación de la Ley contra la Discriminación Racial; en 2007 la había suspendido en las comunidades aborígenes del Territorio del Norte tras su intervención en esa zona como respuesta a un informe que hablaba de un elevado nivel de abusos sexuales. Los pueblos aborígenes fueron objeto de medidas discriminatorias de motivación racial, como la gestión obligatoria de sus ingresos. Sin embargo, al reanudarse la aplicación de la Ley sólo se restableció parcialmente la protección de los derechos humanos, y no se ofrecieron recursos para la persistente discriminación ni vías de reparación por los daños sufridos.

En agosto, Australia compareció ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial. Entre otras preocupaciones clave, el Comité mencionó la ausencia de una firme protección contra la discriminación racial en la Constitución de Australia, el restablecimiento sólo parcial de la protección de los derechos humanos, las desproporcionadas tasas de reclusión de indígenas, y el hecho de que seguían produciéndose fallecimientos de indígenas bajo custodia.

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Personas refugiadas y solicitantes de asilo

En abril, el gobierno suspendió la presentación de solicitudes de asilo de ciudadanos srilankeses y afganos durante tres y seis meses, respectivamente.

En junio, el gobierno reabrió el polémico centro de detención de Curtin y detuvo a algunas familias en la remota ciudad minera de Leonora, en Australia occidental.

En septiembre, el ministro de Inmigración anunció planes para recluir a 300 solicitantes de asilo en una base de la fuerza aérea en la ciudad de Weipa, en el extremo norte de Queensland.

  • Tres solicitantes de asilo srilankeses que habían sido devueltos a Sri Lanka desde Australia fueron posteriormente detenidos y torturados.

Un gran número de solicitantes de asilo detenidos corrían peligro de autolesionarse y de sufrir enfermedades mentales a causa de la reclusión indefinida preceptiva, combinada con las deficientes condiciones de algunos centros de detención.

En octubre, el gobierno se comprometió a dejar en libertad a varios centenares de niños y niñas y familias recluidas con arreglo al sistema de detención preceptiva de Australia. Sin embargo, el gobierno anunció la creación de dos nuevos centros, a fin de aumentar la capacidad de los centros de detención del país en 1.200 plazas más, muchas de las cuales estaban destinadas a menores de edad y familias.

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Violencia contra mujeres y niñas

En septiembre, el gobierno presentó el borrador de su Plan Nacional de Reducción de la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos.

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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En abril se introdujeron leyes que tipificaban el delito específico de tortura y garantizaban que no podría reinstaurarse la pena de muerte en ningún lugar de Australia.

  • En octubre fue absuelta una pareja de jóvenes que se enfrentaban a cargos penales en el estado de Queensland por abortar. El hecho puso de relieve las contradicciones en las leyes sobre el aborto de las distintas jurisdicciones estatales y la necesidad de regular el aborto con arreglo a la legislación sobre salud.

Tras una amplia consulta entre la opinión pública, un comité designado por el gobierno recomendó la promulgación de una Ley Federal de Derechos Humanos. Sin embargo, el gobierno no siguió la recomendación.

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