Australia continuó conculcando los derechos de los pueblos indígenas, al privar a
las tierras aborígenes de servicios básicos. La política sobre refugiados primaba
las prácticas disuasorias, pues establecía la detención preceptiva e indefinida en
lugares remotos de las personas solicitantes de asilo que llegaban en embarcaciones.
El gobierno continuó limitando los fondos para vivienda y servicios municipales tales
como agua y saneamiento destinados a los pueblos aborígenes que vivían en tierras
ancestrales del Territorio del Norte y que, por lo tanto, se veían de hecho obligados
a abandonarlas para poder acceder a servicios básicos.
Estaba previsto que en diciembre se presentasen al Parlamento federal las recomendaciones
de un grupo de expertos sobre el reconocimiento constitucional de la población indígena
australiana.
Sistema de justicia
A pesar de que los pueblos indígenas representaban aproximadamente el 2,5 por ciento
de la población de Australia, el índice de indígenas entre la población reclusa adulta
ascendía al 26 por ciento. La mitad de todos los menores recluidos eran aborígenes.
Un informe sobre justicia y juventud aborigen elaborado por un comité parlamentario
y publicado en junio señaló que la tasa de reclusión de indígenas entre 2000 y 2009
había aumentado en un 66 por ciento.
En septiembre y octubre se impusieron multas a los empleados de una empresa de seguridad
que no evitaron la muerte de Ward, un anciano aborigen que falleció en 2008 en una
furgoneta penitenciaria debido a un golpe de calor.
En julio, los gobiernos de Australia y Malaisia alcanzaron un acuerdo para intercambiar
a 800 solicitantes de asilo que habían llegado a Australia en embarcaciones por 4.000
refugiados (procedentes sobre todo de Myanmar) que se encontraban en Malaisia en espera
de ser reasentados.
Un total de 42 personas solicitantes de asilo (fundamentalmente de Afganistán), entre
las que había seis menores de edad no acompañados, impugnaron su traslado a Malaisia.
En agosto, un fallo histórico del Tribunal Superior declaró nulo el intercambio con
arreglo a la Ley sobre Inmigración australiana, que prohibía que Australia expulsase
a solicitantes de asilo a países en los que no existían suficientes garantías jurídicas
para la protección de los refugiados (véase el apartado sobre Malaisia).
En noviembre había 5.733 personas en centros de detención de inmigrantes, de las que
441 eran menores de edad y el 38 por ciento llevaban más de 12 meses recluidas. En
casi todos los centros de detención se tuvo constancia de un aumento en el índice
de suicidios y autolesiones entre los migrantes, incluidos casos de niños de tan sólo
nueve años. En julio, el defensor del Pueblo de la Commonwealth inició una investigación;
al finalizar el año aún no se conocían los resultados.
En septiembre, el gobierno presentó legislación que reforzaba la protección de las
personas que huían de abusos –como la mutilación genital femenina, los homicidios
en nombre del “honor” y la pena de muerte– no incluidos en la Convención de la ONU
sobre el Estatuto de los Refugiados.
En febrero, el gobierno federal y los gobiernos estatales y territoriales refrendaron
el Plan Nacional de Reducción de la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos.
En enero, Australia se sometió por primera vez al examen periódico universal de la
ONU, en el que se evaluó su historial en materia de derechos humanos. Australia acordó
ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y
estudiar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
(Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Sin embargo, se negó
a promulgar una Ley de Derechos Humanos, a poner fin a la detención preceptiva de
solicitantes de asilo, a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y a
indemnizar a los indígenas a quienes habían separado por la fuerza de sus familias
en la infancia.
