Austria - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Austria

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Austria is now live »

Jefe del Estado
Heinz Fischer
Jefe del gobierno
Werner Faymann
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
8,4 millones
Esperanza de vida
79,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
6/5 por cada 1.000

Persistieron las denuncias de racismo y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades vulneraron y socavaron los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Racismo

Los ciudadanos austriacos que no eran de raza blanca corrían mayor riesgo de ser considerados presuntos delincuentes y maltratados por la policía. Las denuncias de malos tratos policiales de miembros de minorías étnicas a menudo iban seguidas de una respuesta inadecuada por parte tanto de la policía como del sistema judicial; las denuncias no se investigaban adecuadamente, y sólo en contadas ocasiones se enjuiciaba a los agentes de policía; además, a los pocos que eran procesados se les imponían sanciones leves.

  • Entre abril y mediados de 2009 la policía vienesa llevó a cabo una operación a gran escala basada en criterios raciales. En abril, en respuesta a un incremento en el índice de robos en domicilios, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recibieron la orden de llevar a cabo registros domiciliarios en las casas de todas las personas de origen georgiano y moldavo, sin que hubiera ninguna razón concreta para sospechar de ellas, con el fin de interrogar a los que allí vivían y establecer si poseían bienes robados o herramientas para cometer robos.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades no aplicaron salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos.

  • Bakary J., ciudadano de Gambia que había sido víctima de tortura, todavía no había recibido indemnización ni forma alguna de rehabilitación. En 2006 había sido torturado por tres agentes de policía en Viena y seguía corriendo el riesgo de ser expulsado por residir ilegalmente en el país. El 20 de noviembre, la Comisión Disciplinaria Superior decidió apartar de sus puestos a dos agentes de policía implicados en el caso. Un tercer agente, ya jubilado, perdió todas las prestaciones de pensión derivadas de su empleo público.

Policía y fuerzas de seguridad

Persistieron las denuncias de violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades no investigaron ni condenaron adecuadamente esos casos de acuerdo con las normas internacionales, lo que dio lugar a un alto grado de impunidad.

  • En agosto, Florian P., de 14 años, murió, y otro joven de 17 años resultó gravemente herido, al parecer por disparos realizados por dos agentes de policía, tras un robo en la localidad de Krems. No se llevó a cabo una investigación pronta e imparcial. Los agentes de policía implicados sólo fueron interrogados días después de los hechos por otros colegas, no por personal de la fiscalía, conforme establecía la ley. En septiembre, un experto nombrado por la fiscalía concluyó que el relato del incidente ofrecido por uno de los agentes contenía importantes inexactitudes, lo que había dado lugar a demoras en la investigación. A pesar de estar gravemente herido, el sospechoso de 17 años fue interrogado inmediatamente en el hospital, sin respetar su derecho a que estuviera presente una “tercera parte de confianza”. Al finalizar el año, la investigación no había concluido.
  • El 13 de enero de 2009, Umar Israilov, refugiado checheno de 27 años, murió presuntamente a manos de varios asaltantes chechenos en Viena. Umar Israilov había declarado públicamente que el presidente Kadirov y sus fuerzas de seguridad lo habían torturado en Chechenia y había presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2006 por torturas. El abogado de Umar Israilov había explicado el caso con todo detalle a la policía y había pedido reiteradamente que protegieran a su cliente, pero las autoridades no pusieron en práctica una respuesta adecuada.

Derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo

El 21 de octubre, el Parlamento adoptó una nueva legislación que modificaba la Ley de Extranjería de 2005. Las nuevas disposiciones, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2010, incrementaban considerablemente el número de casos en los que se debía detener a los solicitantes de asilo, lo que contravenía las normas internacionales de derechos humanos. El Ministerio del Interior puso fin a los contratos de casi todas las ONG independientes que facilitaban asesoramiento legal a los solicitantes de asilo, lo cual limitaba la capacidad de estas personas para obtener asilo o protección internacional y para impugnar las razones de su detención y expulsión.

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