Austria
Jefe del Estado
Heinz Fischer
Jefe del gobierno
Werner Faymann
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
8,4 millones
Esperanza de vida
80,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
4,1 por cada 1.000

Austria no introdujo el delito de tortura en la legislación nacional. Los menores de edad corrían más riesgo de ser recluidos en espera de su expulsión.

Escrutinio internacional

En enero se evaluó el historial de derechos humanos de Austria mediante el examen periódico universal de la ONU. El gobierno aceptó 131 de las 161 recomendaciones formuladas y se comprometió a ponerlas en práctica en consulta con la sociedad civil.

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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En noviembre, tras consultar con la sociedad civil, Austria aprobó una ley por la que se establecía un mecanismo nacional de prevención en el seno de la Oficina del Defensor del Pueblo, conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación con respecto a la plena independencia del mecanismo.

Al final del año seguían pendientes de aprobación reformas de la Ley de Policía de Seguridad que autorizaban la vigilancia policial de personas sin control judicial.

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Tortura y otros malos tratos

Austria no introdujo el delito de tortura en su Código Penal, a pesar de las recomendaciones formuladas reiteradamente por el Comité de la ONU contra la Tortura.

  • El ciudadano gambiano Bakary J., torturado por cuatro agentes de policía tras su expulsión fallida en 2006, aún no había recibido una reparación y continuaba expuesto a ser expulsado. Su denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seguía pendiente de resolución.
  • En enero, el agente de policía que en febrero de 2009 había herido al ciudadano estadounidense Mike B., maestro afroamericano, durante una operación policial encubierta en Viena fue condenado por el Tribunal Penal Regional de Viena al pago de una multa por causar lesiones corporales graves. El Tribunal Supremo redujo la cuantía de la multa en septiembre.
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Policía y fuerzas de seguridad

En junio, el Tribunal Penal Regional de Viena condenó a tres hombres a cadena perpetua y 19 y 16 años de cárcel, respectivamente, por el homicidio del refugiado checheno Umar Israilov el 13 de enero de 2009. El Tribunal Administrativo Independiente de Viena desestimó una denuncia presentada contra la policía por no haber protegido a la víctima. Sendos recursos interpuestos contra esta decisión ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Administrativo seguían pendientes.

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Racismo

Se siguieron conociendo casos de conducta indebida de la policía por motivos raciales hacia ciudadanos extranjeros y miembros de minorías étnicas. No se abordaron las deficiencias estructurales del sistema de justicia penal para dar respuesta a la discriminación, entre ellas la ausencia de un sistema integral de recogida de datos que permitiera el registro y la evaluación de estos casos.

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Derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo

Aunque el gobierno no había suspendido oficialmente las transferencias de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación del Reglamento Dublín II, no volvió a realizar ninguna tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa M.S.S. v. Belgium and Greece (véanse los apartados sobre Bélgica y Grecia).

En julio entró en vigor una reforma de la Ley de Extranjería por la que los extranjeros de entre 16 y 18 años corrían mayor peligro de detención en espera de su expulsión.

  • El Ministerio del Interior llevó a cabo una investigación interna a raíz de la muerte bajo custodia policial de Reza H. en Viena en julio de 2010. Solicitante de asilo afgano que a la sazón decía tener 16 años, Reza H. había intentado suicidarse y murió unos meses después a consecuencia de las lesiones sufridas. El ministerio tomó medidas posteriormente para mejorar el intercambio de información entre las autoridades responsables del asilo y la policía de inmigración. Al término del año seguían pendientes las investigaciones emprendidas por la Oficina del Defensor del Pueblo.
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