Azerbaiyán - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Azerbaiyán

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Azerbaiyán is now live »

Jefe del Estado
Ilham Aliyev
Jefe del gobierno
Artur Rasizade
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
8,8 millones
Esperanza de vida
70 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
54/52 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,5 por ciento

A lo largo del año aumentaron las restricciones a la libertad de expresión. La legislación sobre la prohibición de la tortura y otros malos tratos y la práctica en ese ámbito –como el hecho de que no se investigasen las denuncias de tortura– no cumplían las normas internacionales. Seguía acosándose y encarcelándose a periodistas independientes y activistas de la sociedad civil por cargos de vandalismo y libelo. Las autoridades no llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre la muerte bajo custodia de un defensor de los derechos humanos condenado tras un juicio injusto y a quien se denegó asistencia médica indispensable.

Información general

Hubo ciertos progresos en las conversaciones entre Azerbaiyán y Armenia sobre el territorio en disputa de Nagorno Karabaj, un enclave de mayoría étnica armenia dentro de Azerbaiyán que se escindió tras la guerra de 1990. El 2 de noviembre, tras las conversaciones celebradas en Moscú, Armenia y Azerbaiyán firmaron un acuerdo conjunto destinado a resolver su disputa sobre Nagorno Karabaj con arreglo al derecho internacional. Unas 600.000 personas internamente desplazadas por el conflicto seguían teniendo un acceso limitado a sus derechos económicos y sociales.

Tortura y otros malos tratos

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el hecho de que Azerbaiyán no aplicase la Convención contra la Tortura ni en la ley ni en la práctica, por ejemplo, al no enjuiciar a los responsables de tortura. El Comité también veía con preocupación la extradición de chechenos a la Federación Rusa y de kurdos a Turquía, donde corrían riesgo de sufrir tortura.

  • En enero, el Tribunal Supremo revocó la decisión adoptada en julio de 2008 por el Tribunal de Apelación de Bakú de mantener las sentencias condenatorias de Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov. Las sentencias condenatorias de los tres menores acusados de asesinar a otro adolescente, emitidas en junio de 2007, se habían basado en confesiones presuntamente extraídas mediante tortura. El Tribunal Supremo falló que el Tribunal de Apelación no había citado a testigos, no les había sometido a interrogatorios cruzados sobre testimonios contradictorios, ni había investigado las denuncias de confesiones bajo coacción. En junio, el Tribunal de Apelación revisó el caso por tercera vez pero, según los informes, no rectificó los errores señalados por el Tribunal Supremo.

Libertad de expresión

Las protestas en la calle estaban prohibidas en la práctica. Según los informes, la policía detuvo a varios jóvenes activistas de oposición que intentaron celebrar manifestaciones en Bakú en enero.

En marzo, el Parlamento aprobó varias reformas de las leyes por las que se regían los medios de comunicación. Las reformas permitían el cierre de medios de comunicación por causas tan vagas como “abusar de la libertad de discurso y de los derechos del periodista” o distribuir información que supusiese una amenaza para la “integridad del Estado” o alterase el orden público.

El referéndum constitucional celebrado en marzo permitió la incorporación de medidas restrictivas adicionales en la Constitución y en la legislación. Según estas medidas, se prohibía fotografiar, filmar o grabar a personas sin su consentimiento, incluso en lugares públicos, con lo que en la práctica se impedía informar sobre eventos de interés público. Al parecer, la policía acosó e intimidó a partidarios de la oposición y a grupos que intentaban hacer campaña contra el referéndum.

Se siguió acusando y encarcelando a periodistas independientes y activistas de la sociedad civil con arreglo a los delitos penales de difamación y vandalismo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en junio el examen periódico universal sobre la situación de los derechos humanos en el país y pidió a Azerbaiyán que despenalizase la difamación y levantase la prohibición que pesaba sobre las emisoras de radio extranjeras. En agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno a poner fin a las restricciones directas e indirectas a la libertad de expresión.

  • En noviembre, un tribunal de Bakú condenó a dos conocidos activistas juveniles, Emin Abdullayev –cuyo nombre como autor de blog era Emin Milli– y Adnan Hajizade, a 30 y 24 meses de prisión, respectivamente. Ambos habían sido declarados culpables de vandalismo y de infligir lesiones corporales leves. Según los informes, las acusaciones eran falsas y tenían como fin castigar la expresión pacífica de sus opiniones disidentes, en el contexto de una continua campaña de represión de la disidencia.

En la república autónoma de Naxçivan, territorio azerbaiyano fronterizo con Irán y Armenia, las autoridades siguieron acosando a periodistas y obstaculizando su trabajo.

  • En enero, según los informes, Hakimeldosu Mehdiyev, Elman Abbasov y Mehman Mehdiyev –corresponsales del Instituto para la Libertad y Seguridad de los Periodistas– y Malta Nasibova –corresponsal de la emisora Radio Free Europe/Radio Liberty– fueron golpeados por autoridades locales, que les impidieron filmar cuando investigaban informes de abusos policiales en el pueblo de Heydarabad. Hakimeldosu Mehdiyev afirmó que agentes de la policía local lo golpearon, lo introdujeron a la fuerza en su automóvil y lo expulsaron del pueblo.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sometidos a presión. En septiembre entraron en vigor nuevas normas para las ONG que introducían obligaciones no especificadas relativas a la presentación de informes económicos y el requisito para las ONG extranjeras de obtener autorización del Ministerio de Justicia para poder operar en Azerbaiyán.

  • En marzo, el Ministerio del Interior retiró una demanda por difamación contra la activista de derechos humanos Leila Yunus. Había sido acusada de libelo en diciembre de 2008 después de informar sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos que se realizaron en un juicio penal público al que ella asistía como observadora.

Las autoridades no llevaron a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la muerte en prisión, al parecer debido a negligencia médica, de un defensor de derechos humanos gravemente enfermo.

  • En agosto, Novruzali Mammadov, activista de la minoría talish de 67 años de edad, falleció en un hospital penitenciario. Cumplía una condena de 10 años de cárcel por traición, tras un juicio celebrado en junio de 2008 que al parecer no respetó las normas de justicia procesal y que se entabló por motivos políticos, debido a las actividades de Novruzali Mammadov para promover la lengua y la cultura talish. No se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre su muerte que, entre otras cosas, esclareciese si se le había denegado tratamiento médico indispensable.

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