Continuó la intimidación contra periodistas y activistas de la sociedad civil. Las autoridades siguieron prohibiendo manifestaciones en el centro de Bakú. Las ONG y las organizaciones religiosas fueron objeto de restricciones al intentar su inscripción en el registro.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) consideró que las elecciones parlamentarias del 7 de noviembre habían sido “pacíficas” aunque no bastaban para “constituir un avance significativo en el desarrollo democrático del país”.
Con el trasfondo de las escaramuzas a lo largo de la línea de alto el fuego entre Azerbaiyán y Armenia, y del incremento en los presupuestos de defensa de ambos países, apenas hubo progresos en las negociaciones auspiciadas por el Grupo de Minsk de la OSCE para resolver la disputa sobre Nagorno Karabaj. Las personas desplazadas internamente por el conflicto –unas 600.000– seguían soportando requisitos de registro discriminatorios y alojamientos inadecuados.
ArribaLas amenazas, el acoso y los actos de violencia contra periodistas y activistas de la sociedad civil continuaron impunemente y dieron lugar a un aumento de la autocensura. Se recurrió a la legislación civil y penal sobre la difamación para acallar las críticas, y el resultado fue la imposición de penas de prisión y fuertes multas a periodistas.
El 12 de febrero, el Parlamento azerbaiyano aprobó la prohibición de utilizar vídeos, fotografías o grabaciones de voz sin previo conocimiento o consentimiento del sujeto. Sólo estaban exentos de acatarla los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Los periodistas y los activistas de la sociedad civil sufrieron frecuentes actos de violencia y encontraron obstáculos para realizar su labor, a veces en forma de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Durante el periodo electoral, varios periodistas fueron expulsados de colegios electorales y detenidos por la policía cuando intentaban constatar violaciones de la ley electoral, como la adulteración de votos.
El 22 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que se había encarcelado ilegalmente a Eynulla Fatullayev, periodista y director de un periódico, y ordenó su liberación inmediata. Fatullayev había sido condenado a ocho años y medio de prisión por cargos de difamación, incitación al odio étnico, terrorismo y evasión fiscal. Continuó encarcelado y el 6 de julio un tribunal de Bakú lo declaró culpable y lo condenó a dos años y medio de cárcel por posesión ilegal de drogas. Aunque el 11 de noviembre el Tribunal Supremo anuló los cargos de difamación, incitación al odio étnico y terrorismo, Eynulla Fatullayev continuó en la cárcel por los cargos relacionados con drogas, unos cargos que, según la creencia general, eran falsos.
Adnan Hajizade y Emin Abdullayev –cuyo nombre de bloguero era Emin Milli–, ambos activistas juveniles y blogueros recluidos desde el 8 de julio de 2009 por falsos cargos de “vandalismo”, quedaron en libertad condicional los días 18 y 19 de noviembre tras haber cumplido 16 meses de sus respectivas penas de 24 y 30 meses de prisión. Al terminar el año no se habían anulado sus condenas.
ArribaSeguían prohibidas las manifestaciones en el centro de la ciudad de Bakú. A lo largo del año, especialmente en el periodo electoral, se impidió que los partidos de oposición celebraran mítines o manifestaciones, o se les asignó para hacerlo sitios inapropiados, como lugares en obras.
Seguían aprovechándose los vacíos legales relativos al registro oficial de ONG para impedir a organizaciones su inscripción en él. Algunas comunidades religiosas tampoco pudieron registrarse o tuvieron dificultades para volver a hacerlo después de las reformas introducidas en 2009 en la Ley de Libertad Religiosa, que declaraba ilegales las actividades de organizaciones no registradas. Según un informe publicado en junio por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, menos de la mitad de las 534 comunidades religiosas anteriormente registradas pudieron volver a realizar su inscripción.
ArribaEl 25 de mayo, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de Violencia Doméstica, que penalizaba la violencia en el ámbito familiar y disponía la creación de centros de ayuda para las víctimas de violencia.
Arriba