Suscitó preocupación el trato infligido a los migrantes haitianos. Al menos cinco personas fueron condenadas a muerte, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución.
Se nombraron los miembros de una nueva Inspección General de Denuncias contra la Policía, cuyo cometido era estudiar las denuncias de abusos cometidos por agentes de policía y garantizar que las investigaciones se llevaban a cabo de forma imparcial. La Inspección General se creó para abordar la impunidad que afectaba desde hacía tiempo a los casos de abusos policiales.
ArribaTras el terremoto de Haití de enero, las autoridades anunciaron la suspensión de la repatriación de migrantes haitianos. Sin embargo, poco después hubo informes de que se había acusado formalmente de desembarco ilegal y se había devuelto a su país a migrantes haitianos que habían desembarcado en Bahamas. Al concluir el año se había devuelto a cientos de haitianos.
El gobierno no hizo público un informe del Departamento de Inmigración sobre denuncias de malos tratos a decenas de migrantes recluidos en el Centro de Detención de Charmichael en 2009.
ArribaAl concluir 2010, el Parlamento no había debatido aún el proyecto de ley introducido en julio de 2009 para modificar ciertas disposiciones de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de 1991, que excluía la violación conyugal de la definición del delito de violación.
ArribaSe impuso la pena capital al menos a cinco personas. Trece del total de personas condenadas a muerte se hallaban en espera de un nuevo juicio tras una resolución dictada en 2006 por el Comité Judicial del Consejo Privado de la Corona, radicado en Reino Unido, que abolió la pena de muerte preceptiva por asesinato. En diciembre, Bahamas votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria sobre el uso de la pena de muerte.
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