Bahréin
Derechos humanos en Reino de Bahréin
Jefe del gobierno Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
Pena de muerte retencionista
Población 766.000
Esperanza de vida 75,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 14/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 86,5 por ciento
Las autoridades no investigaron debidamente denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos. Se detuvo brevemente a personas críticas con el gobierno y se cerraron varios sitios web. Se ejecutó a una persona. El gobierno indicó que iba a despenalizar ciertos delitos de publicación, a reducir la discriminación de las mujeres en la ley y a introducir otras reformas.
Información general
En marzo y abril se produjeron de nuevo violentas protestas de miembros de la población chií, mayoritaria en país, contra la discriminación que creían sufrir, especialmente a manos de la policía y las fuerzas de seguridad, y contra la paralización de las reformas políticas emprendidas por el rey en 2001 y 2002. Un policía resultó muerto, y se detuvo a decenas de personas. De éstas, 19 fueron procesadas. Otras 13, que habían sido acusadas de incendio premeditado y disturbios, formaban parte de un grupo al que el monarca concedió un indulto en julio, pero al final del año continuaban detenidas. Según informes, se habían negado a firmar los documentos oficiales en los que se autorizaba su liberación porque consideraban que debían retirarse incondicionalmente todos los cargos contra ellas.
"Se cerraron varios sitios web por contener artículos en los que se criticaba a la familia real y al gobierno."
Escrutinio internacional y novedades jurídicas
En abril se examinó la trayectoria de Bahréin en materia de derechos humanos conforme al sistema del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno contrajo considerables compromisos con respecto a los derechos humanos, como el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, la retirada de las reservas formuladas por Bahréin al ratificar ciertos tratados de derechos humanos, la reforma del derecho de familia y nacionalidad y la aprobación de nuevas leyes para proteger a las trabajadoras domésticas y levantar las restricciones impuestas a la prensa.
Tortura y otros malos tratos
Varias personas detenidas en relación con protestas violentas ocurridas en los pueblos de Karzajan y Demestan en marzo y abril denunciaron haber sido torturadas y sometidas a otros malos tratos por la policía. Dijeron que las habían tenido recluidas en régimen de incomunicación durante una semana y que en ese tiempo las habían obligado a permanecer de pie durante largos periodos, vendado los ojos y golpeado.
- Un total de 15 personas detenidas en diciembre de 2007 y acusadas de quemar un vehículo policial y de robar un arma denunciaron haber sido torturadas. Cinco fueron condenadas en julio a entre cinco y siete años de prisión por el Tribunal Penal Superior; a otras seis, les impusieron penas de un año de prisión, aunque se beneficiaron de un indulto real, y las cuatro restantes fueron absueltas. Entre estas últimas figuraba Mohammad Mekki Ahmad, de 20 años, que había pasado 12 días recluido en régimen de incomunicación en el Departamento de Investigación Criminal de Manama, donde afirmó haber sido sometido a torturas como colgarlo, golpearlo y aplicarle descargas eléctricas. En un informe médico solicitado por el Tribunal Penal Superior y que se remitió a éste en abril se señalaba que algunos de los acusados presentaban en el cuerpo marcas que podían haber sido causadas por tortura. El gobierno no ordenó realizar una investigación independiente sobre las presuntas torturas.
Libertad de expresión
El gobierno propuso reformar la Ley de Prensa y Publicaciones de 2002 para eliminar la pena de encarcelamiento por delitos como criticar al rey e «incitar al odio al régimen». El Consejo de la Shura (Consultivo) añadió otras reformas en mayo. Todas las reformas se presentaron a la Cámara de Representantes.
En junio, Abdullah Hassan Bu Hassan pasó tres días detenido en relación con sus escritos para The Democrat, publicación de la Sociedad de Acción Nacional Democrática. Ese mismo mes, siete colaboradores del sitio web Awal y del boletín de la Sociedad Islámica Al Wifaq estuvieron detenidos brevemente y fueron acusados de «incitar al odio e insultar al régimen». Se cerraron varios sitios web por contener artículos en los que se criticaba a la familia real y al gobierno.
En noviembre, el ministro del Interior anunció, según informes, que se iba a obligar a los ciudadanos bahreiníes, incluidos los parlamentarios y los miembros de ONG, a solicitar autorización con antelación para asistir en el extranjero a reuniones donde se hablara de los asuntos internos de Bahréin, y que quienes no lo hicieran podrían ser encarcelados o multados.
Pena de muerte
En agosto fue ejecutado un ciudadano de Bangladesh, Mizan Noor Al Rahman Ayoub Miyah, declarado culpable de asesinar a la persona para la que trabajaba.
En diciembre, Bahréin se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.