Bangladesh - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Popular de Bangladesh

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bangladesh is now live »

Jefe del Estado : Iayudin Ahmed
Jefe del gobierno : Fajrudin Ahmed (sustituyó a Iayudin Ahmed en enero)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 147,1 millones
Esperanza de vida : 63,1 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 65/64 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 47,5 por ciento

Los derechos humanos estuvieron gravemente restringidos bajo el estado de excepción impuesto tras un periodo de violencia política generalizada. Según los informes, se detuvo a cientos de miles de personas por presuntas actividades delictivas o violación de la normativa de excepción. La tortura continuó siendo generalizada. Organismos encargados de hacer cumplir la ley se vieron envueltos en la muerte de más de un centenar de personas que estaban bajo custodia, pero nadie rindió cuentas por ello. Al menos seis hombres fueron ejecutados.

Información general

El 11 de enero se declaró el estado de excepción, tras semanas de violentos enfrentamientos entre partidarios de los principales partidos políticos. Las elecciones previstas para el 22 de enero se aplazaron hasta 2008. El presidente Iayudin Ahmed nombró un nuevo gobierno provisional encabezado por Fajrudin Ahmed como asesor principal y apoyado por el ejército, que, junto con la policía, se encargó del mantenimiento del orden público.

El nuevo gobierno puso en marcha un plan anticorrupción y tomó medidas para llevar a cabo reformas electorales y judiciales, pero la lentitud a la que avanzaba el ritmo de estas reformas resultó decepcionante. También suscitaron preocupación generalizada el papel que desempeñaba el ejército en la vida política del país y los problemas económicos, como el drástico aumento del coste de los alimentos y de otros productos esenciales.

El gobierno anunció que había dado comienzo a la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional instó a las autoridades a que garantizasen que la Comisión sería independiente y contaría con el mandato y los recursos que le permitieran convertirse en un mecanismo efectivo para reforzar la protección de los derechos humanos.

Más de 60.000 personas fueron desalojadas por la fuerza cuando el gobierno procedió a demoler los barrios marginales de Dacca, Chittagong y Julna en los que vivían. No se les ofreció alojamiento alternativo ni una indemnización.

El ciclón Sidr que azotó zonas del sudoeste asiático a mediados de noviembre causó la muerte de más de 3.000 personas y grandes estragos en las viviendas y los medios de vida de más de un millón.

Restricciones impuestas por el estado de excepción

La normativa del estado de excepción restringió la libertad de reunión y asociación, eliminó algunas garantías constitucionales contra la detención arbitraria y otorgó amplios poderes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En septiembre se levantó parcialmente la prohibición de celebrar reuniones políticas, con el fin de permitir que los partidos políticos se preparasen para las conversaciones con la Comisión Electoral relativas a las reformas electorales. A los miembros de partidos que contaban con el apoyo de las autoridades se les permitió reunirse sin restricciones durante todo el año.

Las salvaguardas procesales se vieron debilitadas por la utilización de Tribunales Especiales, que restringieron gravemente el acceso de las personas encausadas a sus abogados, y por la negativa a conceder la libertad bajo fianza a personas acusadas en aplicación de la normativa del estado de excepción.

Fuerzas policiales y de seguridad: tortura y muertes bajo custodia

Las fuerzas de seguridad, como el ejército y unidades paramilitares que actuaban junto con la policía en aplicación de la normativa del estado de excepción, cometieron violaciones de derechos humanos con impunidad; entre ellas hubo tortura y otros malos tratos y presuntas ejecuciones extrajudiciales. La formación y el material de que disponían las fuerzas policiales eran insuficientes, y no existía una rendición de cuentas efectiva ni mecanismos de supervisión. Los militares acusados de violaciones de derechos humanos continuaban estando casi totalmente al margen de los mecanismos judiciales de rendición de cuentas del ámbito civil.

  • Rang Lai Mro, dirigente comunitario de Chittagong Hill Tracts, fue detenido el 23 de febrero y presuntamente torturado por militares. Tuvo que recibir tratamiento hospitalario debido a las heridas que sufrió. Fue acusado de tenencia de armas y, según informes, lo condenaron a 10 años de cárcel. En octubre volvió a quedar bajo custodia policial, fue golpeado de nuevo y tuvo que ser trasladado al hospital una vez más. Según los informes, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las denuncias de tortura.
  • Según los informes recibidos, miembros del Batallón de Acción Rápida detuvieron el 16 de mayo a Sahebullah, que fue torturado en la oficina del director del Hospital Universitario de Rajshahi. Según los informes, le rompieron las dos piernas. Lo detuvieron cuando pidió que un médico se ocupase de su esposa, que llevaba 12 horas esperando a ser atendida y murió al día siguiente.

Organismos encargados de hacer cumplir la ley se vieron envueltos en la muerte de más de un centenar de personas que estaban bajo custodia. Al parecer no se tomaron medidas para procesar a los responsables.

  • Khabirul Islam Dulal, procedente del municipio de Char Fashion, en el distrito de Bohla, fue detenido por militares de la armada el 20 de febrero. Según los informes, lo golpearon, lo arrojaron a un estanque con las manos atadas con una cuerda y lo golpearon de nuevo. Murió esa noche.
  • Cholesh Richil, dirigente de la comunidad indígena garo, murió el 18 de mayo mientras se encontraba bajo custodia de las Fuerzas Conjuntas (ejército y policía). Existían sólidos indicios de que había muerto a causa de torturas. Otros tres hombres de la comunidad indígena garo —Tohin Hadima, Piren Simsung y Protap Jambila— fueron detenidos al mismo tiempo y, según los informes, torturados. El gobierno inició una investigación judicial sobre la muerte de Cholesh Richil, pero al finalizar el año no se disponía de información al respecto.

Detención arbitraria

Según informes de los medios de comunicación, las autoridades afirmaron que más de 440.000 personas habían sido detenidas por diversas razones a lo largo del año. Muchas personas fueron detenidas de forma arbitraria, y para ello se recurría en un primer momento a la normativa del estado de excepción y posteriormente a órdenes de detención dictadas en aplicación de la Ley de Poderes Especiales, de 1974. Después algunas eran acusadas de delitos comunes por motivos políticos.

Varias personas recluidas en aplicación de la normativa del estado de excepción fueron acusadas de «extorsión» o de otras actividades delictivas. Entre los detenidos había más de 160 figuras políticas de los principales partidos y algunos hombres y mujeres de negocios adinerados. Según los informes, algunas de las personas recluidas sin juicio en aplicación de la normativa del estado de excepción o de la Ley de Poderes Especiales fueron torturadas o sometidas a malos tratos.

  • En febrero, Shahidul Islam, activista de derechos humanos, fue acusado de asesinato tomando como base la «confesión» de otro detenido, Badrul. Esta acusación impidió que Shahidul Islam quedase en libertad a finales de febrero, cuando expiró la orden de detención que se había dictado en su contra en aplicación de la Ley de Poderes Especiales. Badrul se retractó de su declaración inicial ante el tribunal, afirmando que la policía lo había obligado a hacerla. Sin embargo, no se retiraron los cargos contra Shahidul Islam, que, según informes, fue torturado mientras estaba recluido, antes de quedar en libertad bajo fianza a finales de agosto.
  • Tras los enfrentamientos de agosto entre organismos encargados de hacer cumplir la ley y estudiantes de Dacca y Rajshahi que pedían el fin del estado de excepción, 10 profesores de las universidades de ambas ciudades fueron detenidos. Se los consideró presos de conciencia. Decenas de estudiantes fueron también detenidos y acusados de participar en los enfrentamientos. Los seis profesores de la Universidad de Rajshahi quedaron en libertad en diciembre, pero los cuatro de la Universidad de Dacca continuaron detenidos.

Libertad de expresión

Aunque las amplias restricciones que el estado de excepción imponía a los medios de comunicación no se aplicaron de forma estricta, su persistencia intensificó la autocensura por parte de directores de publicaciones y periodistas: estos últimos fueron amenazados con ser detenidos si criticaban al ejército o a los servicios de inteligencia.

  • Tras recibir amenazas de grupos islamistas, el caricaturista Arifur Rahman fue detenido el 17 de septiembre en relación con una viñeta en la que se utilizaba el nombre del profeta Mahoma. Fue acusado de «herir sentimientos religiosos» y se lo consideró preso de conciencia. En aplicación de la Ley de Poderes Especiales se dictó contra él una orden de detención de 30 días que se amplió por tres meses más.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Al igual que en años anteriores, defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron detenciones arbitrarias y tortura. Al parecer, hubo abogados que fueron amenazados con ser detenidos por cargos de corrupción si se ocupaban de casos de personas destacadas.

  • El preso de conciencia Tasneem Khalil, periodista que trabajaba para el diario Daily Star, la CNN y Human Rights Watch, fue detenido el 11 de marzo y, según informes, lo torturaron porque había proporcionado información sobre violaciones de derechos humanos.
  • El preso de conciencia Jahangir Alam Akash, periodista y dirigente local de dos organizaciones de derechos humanos, fue detenido el 24 de octubre por agentes del Batallón de Acción Rápida en la ciudad noroccidental deRajshahi. Según los informes, le aplicaron descargas eléctricas, le golpearon las plantas de los pies con una vara y lo suspendieron del techo con las manos atadas. Fue trasladado al hospital de la prisión de Rajshahi con múltiples lesiones. Su detención se produjo tras informar en un programa de televisión emitido en mayo sobre los disparos efectuados por agentes del Batallón de Acción Rápida contra un hombre desarmado. Fue acusado de extorsión, acusación que, según la opinión general, era falsa y motivada por razones políticas, y permaneció recluido durante más de un mes antes de quedar en libertad bajo fianza.

Sistema de justicia

El gobierno tomó medidas, como la modificación de las leyes pertinentes, para poner en práctica la resolución adoptada en 1999 por el Tribunal Supremo que exigía la separación de los poderes judicial y ejecutivo. El nuevo sistema entró en vigor el 1 de noviembre. Sin embargo, los informes recibidos indicaban que los magistrados ejecutivos conservarían ciertas competencias judiciales.

Abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado

A lo largo del año cobraron impulso las peticiones para que se investigasen los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidos en 1971. Sin embargo, al igual que había ocurrido en el pasado, el gobierno no tomó medidas para aplicar la Ley de Delitos Internacionales (Tribunales), de 1973, ni se llegó a crear una comisión oficial para elaborar un informe exhaustivo de lo ocurrido en 1971, determinar responsabilidades y hacer recomendaciones para que las víctimas obtuviesen una reparación.

Violencia contra las mujeres

Continuaron los informes sobre violencia contra las mujeres, con agresiones como palizas, ataques con ácido y muertes a causa de la dote.

  • Según los informes, sólo en el mes de junio los registros policiales y hospitalarios del distrito de Kushtia pusieron de manifiesto que 19 mujeres se habían suicidado y 65 más lo habían intentado a causa de la violencia ejercida por sus esposos o familiares.

Pena de muerte

Al menos 90 hombres y 3 mujeres fueron condenados a muerte, y un mínimo de 6 hombres fueron ejecutados.

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