Bangladesh
Jefe del Estado
Zillur Rahman
Jefa del gobierno
Sheij Hasina
Pena de muerte
retencionista
Población
150,5 millones
Esperanza de vida
68,9 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
52 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
55,9 por ciento

Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, a pesar del compromiso del gobierno de ponerles fin. No se llevaron a cabo investigaciones independientes sobre los miembros del Batallón de Acción Rápida sospechosos de haber cometido más de 54 homicidios ilegítimos a lo largo del año ni se procesó a ninguno de ellos. El gobierno no puso en práctica su nueva política de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Se introdujeron modificaciones en las normas reguladoras del Tribunal de Crímenes Internacionales bangladeshí, que redujeron, pero no eliminaron, el riesgo de que las personas acusadas de perpetrar crímenes de guerra en 1971 fuesen juzgadas sin las debidas garantías. El gobierno no garantizó el derecho a los medios de vida y a la tierra de los pueblos indígenas que vivían en Chittagong Hill Tracts. Se impusieron más de 49 condenas a muerte y se llevaron a cabo al menos 5 ejecuciones.

Información general

En junio, el Parlamento aprobó la 15 enmienda a la Constitución, que eliminaba las disposiciones que permitían la celebración de elecciones organizadas por un gobierno de transición que no representase a ningún partido. También prohibía que las fuerzas armadas asumiesen el poder del Estado. Ese mismo mes, el Banco Mundial anunció que Bangladesh había reducido los índices de pobreza y mejorado el nivel de vida. Sin embargo, más del 35 por ciento de la población rural y el 21 por ciento de la población urbana vivían bajo el umbral de la pobreza. En noviembre, el gobierno aprobó la Ley de Devolución de las Propiedades Adquiridas (Enmienda). La nueva ley ponía fin a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de los hindúes autorizadas legalmente, al permitirles reclamar propiedades que les habían arrebatado con arreglo a la Ley sobre Propiedades Adquiridas vigente durante decenios.

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Ejecuciones extrajudiciales

El Batallón de Acción Rápida fue presuntamente responsable de al menos 54 muertes en 2011, elevando a más de 700 personas el total de sus víctimas mortales desde 2004, fecha de su creación. También hirió y torturó a decenas más de personas. En muchos casos, los familiares de las víctimas afirmaron que éstas habían muerto tras ser detenidas por el Batallón de Acción Rápida, y no en un enfrentamiento, tal y como afirmaba el Batallón. Las autoridades no investigaron estos sucesos de modo creíble.

  • El 23 de marzo, agentes del Batallón de Acción Rápida dispararon en una pierna a Limon Hossain, de 16 años, en Jhalakathi. Oficiales del Batallón alegaron que el joven pertenecía a una banda delictiva y que resultó herido cuando los agentes abrieron fuego en respuesta a disparos efectuados por la banda. Limon Hossain afirmó que, cuando los miembros del Batallón de Acción Rápida lo detuvieron y le dispararon, conducía el ganado a casa y se encontraba solo. Según informes, las conclusiones de una investigación que el gobierno llevó a cabo por separado –y que nunca se hicieron públicas– confirmaron las declaraciones del muchacho. La policía acusó a Limon Hossain de intentar matar a agentes del Batallón de Acción Rápida.
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Violencia contra las mujeres

En virtud de una nueva Política Nacional de Desarrollo de la Mujer, dada a conocer en marzo, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia anunció un plan para, entre otras cosas, “erradicar la violencia y la opresión que sufren las mujeres, los niños y las niñas ofreciéndoles tratamiento médico, asistencia jurídica y asesoramiento cuando son víctimas de abusos”. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que las autoridades no habían puesto en práctica el plan, y que un gran número de mujeres y menores de edad víctimas de violencia sexual y de otro tipo no recibían apoyo de las instituciones del Estado.

  • En octubre, en la ciudad de Satkhira, un grupo de hombres secuestró durante varias horas a la defensora de los derechos humanos Shampa Goswami, que había alentado a una superviviente de violación colectiva a denunciar los hechos a la policía. Los secuestradores amenazaron a Shampa Goswami con tomar represalias contra ella si no dejaba de apoyar a la víctima. Según contó Shampa Goswami a una delegación de Amnistía Internacional que la visitó en Satkhira en noviembre, en un primer momento la policía hizo caso omiso de su petición de protección. Posteriormente, las autoridades se comprometieron a protegerla, tras una enérgica campaña de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
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Justicia internacional

En mayo, el Tribunal de Crímenes Internacionales bangladeshí, creado en 2010 para juzgar a personas acusadas de abusos contra los derechos humanos a gran escala durante la guerra de independencia de 1971, comenzó a abordar las deficiencias procesales que estaban impidiendo que los juicios se celebrasen con las debidas garantías. Sus normas procesales modificadas estipulaban la libertad bajo fianza, la presunción de inocencia hasta que se demostrase la culpabilidad y medidas para garantizar la protección de víctimas y testigos. Sin embargo, continuaba vigente la disposición constitucional que negaba el derecho a cuestionar la jurisdicción del Tribunal.

  • Se dictó acta de acusación formal por crímenes de guerra contra Motiur Rahman Nizami, Ali Ahsan Muhammad Mojahid, Muhammad Kamaruzzaman, Abdul Quader Molla y Delwar Hossain Sayeedi, de Jamaat-e-Islami, y Salauddin Quader Chowdhury y Abdul Alim, del Partido Nacionalista de Bangladesh. Todos ellos continuaban recluidos, salvo Abdul Alim, que quedó en libertad bajo fianza. Cinco de los detenidos habían pasado más de 18 meses bajo custodia sin cargos. En octubre se dictó acta de acusación formal contra Delwar Hossain Sayeedi por ayudar presuntamente a las fuerzas armadas paquistaníes a cometer genocidio; matar, torturar y violar a civiles desarmados; incendiar casas de hindúes, y obligar a hindúes a convertirse al islam. No se encausó a nadie por los crímenes cometidos inmediatamente después de la victoria de las fuerzas independentistas a finales de 1971.
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Derechos de los pueblos indígenas

El gobierno no impidió la confiscación de tierras de pueblos indígenas por parte de colonos bangladeshíes en Chittagong Hill Tracts, lo que provocó violentos enfrentamientos entre las dos comunidades que se saldaron con pérdida de propiedades y, en ocasiones, de vidas. Los colonos bangladeshíes solían entrar en las tierras de los indígenas y apropiarse de ellas para fines agrícolas. Según contaron los indígenas a la delegación de Amnistía Internacional que visitó la zona en marzo, los colonos bangladeshíes, envalentonados por la tolerancia del ejército hacia sus acciones, a menudo habían incendiado casas de indígenas, generalmente a la vista de soldados u otros agentes encargados de hacer cumplir la ley, sin que nadie se lo impidiese.

  • En marzo, indígenas de Langadu, en el distrito de las colinas de Rangamati, contaron a Amnistía Internacional que funcionarios locales y soldados de la unidad local de la Guardia Fronteriza bangladeshí no habían impedido un ataque inminente de colonos bangladeshíes contra ellos en la localidad de Rangipara. Según afirmaron, los soldados se mantuvieron al margen mientras los colonos incendiaban sus casas el 17 de febrero.
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Tortura y otros malos tratos

Al menos tres hombres murieron bajo custodia, presuntamente tras ser torturados. El gobierno anunció que se presentarían cargos penales contra los policías responsables de estas muertes. Sin embargo, al concluir el año no se había acusado ni procesado a nadie. El gobierno no se comprometió a procesar a los policías, los miembros del Batallón de Acción Rápida u otro personal de seguridad que presuntamente torturaron a miles de personas bajo su custodia a lo largo del año.

  • En marzo, tras quedar en libertad, Mahmudur Rahman, director de un diario, contó a Amnistía Internacional que lo habían golpeado brutalmente en la espalda durante una noche que pasó en la comisaría en el acantonamiento del ejército. Lo habían detenido a mediados de 2010 tras publicar artículos que sacaban a la luz la presunta corrupción del gobierno. Los golpes fueron tan brutales que permaneció inconsciente durante varias horas. Afirmó que no tenía sentido denunciarlo, pues sabía que las autoridades no se molestarían en actuar.
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Pena de muerte

Al menos 5 hombres fueron ejecutados y más de 49 personas fueron condenadas a muerte.

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Amnistía Internacional en las redes sociales

Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Bangladesh en marzo, junio y noviembre.