Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, a pesar del compromiso del gobierno de
ponerles fin. No se llevaron a cabo investigaciones independientes sobre los miembros
del Batallón de Acción Rápida sospechosos de haber cometido más de 54 homicidios ilegítimos
a lo largo del año ni se procesó a ninguno de ellos. El gobierno no puso en práctica
su nueva política de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. Se introdujeron modificaciones
en las normas reguladoras del Tribunal de Crímenes Internacionales bangladeshí, que
redujeron, pero no eliminaron, el riesgo de que las personas acusadas de perpetrar
crímenes de guerra en 1971 fuesen juzgadas sin las debidas garantías. El gobierno
no garantizó el derecho a los medios de vida y a la tierra de los pueblos indígenas
que vivían en Chittagong Hill Tracts. Se impusieron más de 49 condenas a muerte y
se llevaron a cabo al menos 5 ejecuciones.
En junio, el Parlamento aprobó la 15 enmienda a la Constitución, que eliminaba las
disposiciones que permitían la celebración de elecciones organizadas por un gobierno
de transición que no representase a ningún partido. También prohibía que las fuerzas
armadas asumiesen el poder del Estado. Ese mismo mes, el Banco Mundial anunció que
Bangladesh había reducido los índices de pobreza y mejorado el nivel de vida. Sin
embargo, más del 35 por ciento de la población rural y el 21 por ciento de la población
urbana vivían bajo el umbral de la pobreza. En noviembre, el gobierno aprobó la Ley
de Devolución de las Propiedades Adquiridas (Enmienda). La nueva ley ponía fin a las
violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de los hindúes autorizadas
legalmente, al permitirles reclamar propiedades que les habían arrebatado con arreglo
a la Ley sobre Propiedades Adquiridas vigente durante decenios.
El Batallón de Acción Rápida fue presuntamente responsable de al menos 54 muertes
en 2011, elevando a más de 700 personas el total de sus víctimas mortales desde 2004,
fecha de su creación. También hirió y torturó a decenas más de personas. En muchos
casos, los familiares de las víctimas afirmaron que éstas habían muerto tras ser detenidas
por el Batallón de Acción Rápida, y no en un enfrentamiento, tal y como afirmaba el
Batallón. Las autoridades no investigaron estos sucesos de modo creíble.
El 23 de marzo, agentes del Batallón de Acción Rápida dispararon en una pierna a Limon
Hossain, de 16 años, en Jhalakathi. Oficiales del Batallón alegaron que el joven pertenecía
a una banda delictiva y que resultó herido cuando los agentes abrieron fuego en respuesta
a disparos efectuados por la banda. Limon Hossain afirmó que, cuando los miembros
del Batallón de Acción Rápida lo detuvieron y le dispararon, conducía el ganado a
casa y se encontraba solo. Según informes, las conclusiones de una investigación que
el gobierno llevó a cabo por separado –y que nunca se hicieron públicas– confirmaron
las declaraciones del muchacho. La policía acusó a Limon Hossain de intentar matar
a agentes del Batallón de Acción Rápida.
En virtud de una nueva Política Nacional de Desarrollo de la Mujer, dada a conocer
en marzo, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia anunció un plan para,
entre otras cosas, “erradicar la violencia y la opresión que sufren las mujeres, los
niños y las niñas ofreciéndoles tratamiento médico, asistencia jurídica y asesoramiento
cuando son víctimas de abusos”. Organizaciones de derechos humanos afirmaron que las
autoridades no habían puesto en práctica el plan, y que un gran número de mujeres
y menores de edad víctimas de violencia sexual y de otro tipo no recibían apoyo de
las instituciones del Estado.
En octubre, en la ciudad de Satkhira, un grupo de hombres secuestró durante varias
horas a la defensora de los derechos humanos Shampa Goswami, que había alentado a
una superviviente de violación colectiva a denunciar los hechos a la policía. Los
secuestradores amenazaron a Shampa Goswami con tomar represalias contra ella si no
dejaba de apoyar a la víctima. Según contó Shampa Goswami a una delegación de Amnistía
Internacional que la visitó en Satkhira en noviembre, en un primer momento la policía
hizo caso omiso de su petición de protección. Posteriormente, las autoridades se comprometieron
a protegerla, tras una enérgica campaña de organizaciones nacionales e internacionales
de derechos humanos.
En mayo, el Tribunal de Crímenes Internacionales bangladeshí, creado en 2010 para
juzgar a personas acusadas de abusos contra los derechos humanos a gran escala durante
la guerra de independencia de 1971, comenzó a abordar las deficiencias procesales
que estaban impidiendo que los juicios se celebrasen con las debidas garantías. Sus
normas procesales modificadas estipulaban la libertad bajo fianza, la presunción de
inocencia hasta que se demostrase la culpabilidad y medidas para garantizar la protección
de víctimas y testigos. Sin embargo, continuaba vigente la disposición constitucional
que negaba el derecho a cuestionar la jurisdicción del Tribunal.
Se dictó acta de acusación formal por crímenes de guerra contra Motiur Rahman Nizami,
Ali Ahsan Muhammad Mojahid, Muhammad Kamaruzzaman, Abdul Quader Molla y Delwar Hossain
Sayeedi, de Jamaat-e-Islami, y Salauddin Quader Chowdhury y Abdul Alim, del Partido
Nacionalista de Bangladesh. Todos ellos continuaban recluidos, salvo Abdul Alim, que
quedó en libertad bajo fianza. Cinco de los detenidos habían pasado más de 18 meses
bajo custodia sin cargos. En octubre se dictó acta de acusación formal contra Delwar
Hossain Sayeedi por ayudar presuntamente a las fuerzas armadas paquistaníes a cometer
genocidio; matar, torturar y violar a civiles desarmados; incendiar casas de hindúes,
y obligar a hindúes a convertirse al islam. No se encausó a nadie por los crímenes
cometidos inmediatamente después de la victoria de las fuerzas independentistas a
finales de 1971.
El gobierno no impidió la confiscación de tierras de pueblos indígenas por parte de
colonos bangladeshíes en Chittagong Hill Tracts, lo que provocó violentos enfrentamientos
entre las dos comunidades que se saldaron con pérdida de propiedades y, en ocasiones,
de vidas. Los colonos bangladeshíes solían entrar en las tierras de los indígenas
y apropiarse de ellas para fines agrícolas. Según contaron los indígenas a la delegación
de Amnistía Internacional que visitó la zona en marzo, los colonos bangladeshíes,
envalentonados por la tolerancia del ejército hacia sus acciones, a menudo habían
incendiado casas de indígenas, generalmente a la vista de soldados u otros agentes
encargados de hacer cumplir la ley, sin que nadie se lo impidiese.
En marzo, indígenas de Langadu, en el distrito de las colinas de Rangamati, contaron
a Amnistía Internacional que funcionarios locales y soldados de la unidad local de
la Guardia Fronteriza bangladeshí no habían impedido un ataque inminente de colonos
bangladeshíes contra ellos en la localidad de Rangipara. Según afirmaron, los soldados
se mantuvieron al margen mientras los colonos incendiaban sus casas el 17 de febrero.
Al menos tres hombres murieron bajo custodia, presuntamente tras ser torturados. El
gobierno anunció que se presentarían cargos penales contra los policías responsables
de estas muertes. Sin embargo, al concluir el año no se había acusado ni procesado
a nadie. El gobierno no se comprometió a procesar a los policías, los miembros del
Batallón de Acción Rápida u otro personal de seguridad que presuntamente torturaron
a miles de personas bajo su custodia a lo largo del año.
En marzo, tras quedar en libertad, Mahmudur Rahman, director de un diario, contó a
Amnistía Internacional que lo habían golpeado brutalmente en la espalda durante una
noche que pasó en la comisaría en el acantonamiento del ejército. Lo habían detenido
a mediados de 2010 tras publicar artículos que sacaban a la luz la presunta corrupción
del gobierno. Los golpes fueron tan brutales que permaneció inconsciente durante varias
horas. Afirmó que no tenía sentido denunciarlo, pues sabía que las autoridades no
se molestarían en actuar.
