Bielorrusia

Human Rights in República de Bielorrusia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bielorrusia is now live »

Jefe del Estado Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno Serguéi Sidorski
Pena de muerte retencionista
Población 9,6 millones
Esperanza de vida 68,7 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 14/10 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 99,6 por ciento

El gobierno siguió ejerciendo un control excesivo sobre la sociedad civil. Aumentó el control del Estado sobre los medios de comunicación y continuaron las restricciones sobre los medios independientes. Se prohibieron algunos actos públicos, se impusieron multas y breves periodos de reclusión a personas que se manifestaban pacíficamente y se hostigó a activistas de la sociedad civil y periodistas. Bielorrusia continuó dictando sentencias de muerte y ejecutando a personas condenadas.

Información general

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) envió una delegación de observación a las elecciones parlamentarias celebradas el 28 de septiembre y concluyó que éstas habían distado de cumplir las normas de la OSCE. Aunque hubo algunas mejoras en el acceso de los candidatos de la oposición a los medios de comunicación, la delegación observó que los votantes seguían sin poder hacer una elección informada. El artículo 193.1 del Código Penal continuaba restringiendo los derechos a la libertad de reunión y de expresión. En diciembre de 2005, con antelación a las elecciones presidenciales de marzo de 2006, se había introducido esta ley –que penalizaba la pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y las actividades de éstas– mediante decreto presidencial.

Hubo señales de un compromiso mayor con la Unión Europea. Tras la liberación a lo largo del año de varias personas de la oposición encarceladas, el 13 de octubre la Unión Europea levantó parcialmente y con carácter provisional la prohibición de viajar que se había impuesto en 2006 a varias autoridades prominentes del gobierno.

"En septiembre no eran más de 30 las publicaciones sociales y políticas independientes que seguían publicándose..."

Libertad de reunión

Las autoridades siguieron limitando la libertad de reunión al prohibir manifestaciones o emplear la fuerza para dispersarlas, detener a manifestantes pacíficos y acosar a activistas de la sociedad civil y periodistas.

  • Los días 10 y 21 de enero y 18 de febrero, más de 40 personas fueron detenidas y condenadas a penas de reclusión de 15 días como máximo o al pago de multas por participar en las manifestaciones contra el decreto núm. 760, que obligaba a las pequeñas empresas a pagar impuestos muy elevados si no empleaban únicamente a miembros de la unidad familiar.
  • El 25 de marzo, según los informes recibidos, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra unos manifestantes que se habían congregado en la capital, Minsk, para conmemorar el Día de la Libertad, aniversario de la proclamación de la República Popular Bielorrusa en 1918. Alrededor de un centenar de personas que participaban en la manifestación fueron detenidas y posteriormente condenadas al pago de multas o recluidas en detención administrativa. Las autoridades adoptaron medidas sin precedentes contra los periodistas que cubrían la manifestación. Entre las personas detenidas estaba Andrey Lyankevich, periodista gráfico del periódico independiente Nasha Niva, quien informó de que lo habían golpeado. Acusado de organizar y participar en una reunión no autorizada, quedó en libertad el 27 de marzo, aunque la investigación judicial siguió abierta hasta el final del año. Una mujer y un hombre, periodistas de televisión lituanos, sufrieron, al parecer, una paliza a manos de la policía, que además causó destrozos en sus equipos. El 27 de marzo, los Servicios de Seguridad del Estado, todavía llamados KGB, efectuaron registros por todo el país en domicilios de periodistas que trabajaban con medios de comunicación extranjeros. El 31 de marzo, la Unión Europea expresó su «enorme decepción ante la detención de un gran número de participantes, especialmente de personas jóvenes» y condenó el recurso a la violencia para dispersar a manifestantes pacíficos.

Dos activistas de la oposición, Andrey Kim y Syarhey Parsyukhevich, fueron acusados posteriormente de agresión a un agente de policía en aplicación del artículo 364 del Código Penal. Andrey Kim fue condenado el 22 de abril a 18 meses de cárcel por ese cargo. Según testigos, en realidad fue un agente de policía quien lo golpeó a él y no al revés. Syarhey Parsyukhevich, dirigente de una organización de pequeños empresarios de la ciudad de Vitebsk, estuvo 15 días en detención administrativa tras la manifestación del 10 de enero. El 24 de abril fue condenado a dos años y medio de cárcel por agresión a un agente de policía cuando estaba bajo custodia, aunque él asegura que dos agentes lo sacaron de su celda y lo golpearon. Grupos locales de derechos humanos afirmaron que las acusaciones contra ellos eran inventadas y que ambos estaban siendo castigados por la expresión pacífica de sus ideas políticas. Los dos quedaron en libertad en agosto por decreto presidencial.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Se denegó el permiso para celebrar actos públicos a activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Estos grupos solicitaron autorización para celebrar pequeños actos callejeros en la ciudad de Gomel y en la capital, Minsk, los días 4 y 10 de mayo, respectivamente, pero en uno y otro sitio la administración local se la denegó. A los activistas de Minsk se les dijo que su acción bloquearía el tráfico, y a los de Gomel que no habían demostrado que estuvieran en condiciones de prestar asistencia médica o garantizar la seguridad necesaria para el evento, o de limpiarlo todo una vez concluido el acto, aunque sí lo habían demostrado en su solicitud.

Libertad de expresión

  • El 7 de agosto, el presidente firmó la entrada en vigor de una nueva ley sobre medios de comunicación de masas. La Asociación de Periodistas de Bielorrusia afirmó que la nueva ley aumentaría considerablemente las restricciones a la libertad de expresión y dificultaría todavía más el trabajo de los medios y de los periodistas. En septiembre no eran más de 30 las publicaciones sociales y políticas independientes que seguían publicándose, y la mitad habían sido excluidas de los sistemas de distribución de propiedad estatal. El representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación expresó su preocupación por el hecho de que esta ley ampliara el derecho del gobierno a amonestar, suspender y cerrar medios de comunicación. La nueva ley también aumentaba las restricciones sobre el registro oficial, prohibía toda financiación procedente del extranjero o de fuentes no reconocidas y facilitaba a los órganos del Estado el cierre de medios de comunicación sin una orden judicial y con un solo aviso. La ley era aplicable a las publicaciones por Internet, y la subdirectora de Administración Presidencial, Natalya Pyatkevich, afirmó que se aplicaría a los sitios web debido a la necesidad de controlar la «desinformación procedente de sitios extranjeros», y añadió que las autoridades se basaban en «la experiencia de China, que había cerrado el acceso a esos sitios en su territorio».

En septiembre, el Tribunal del Distrito de Kastrychnitski, en la ciudad de Hrodna, calificó de extremistas una edición del diario independiente Svaboda (Libertad) y varios materiales videográficos, entre ellos la película documental polaca «Lección en bielorruso», tras una solicitud del departamento de distrito de la KGB en Hrodna. El periódico Svaboda había publicado una noticia sobre una manifestación del movimiento juvenil de oposición Frente Maladi contra la acción militar rusa en Osetia del Sur. La información contravenía disposiciones de la Ley para Combatir el Extremismo, ratificada en 2007, según la cual toda organización que resultara culpable de haber promovido el derrocamiento violento del orden constitucional, fomentado la actividad terrorista o incitado al odio racial, nacional o religioso, podía ver ordenado su cierre, y toda publicación calificada de extremista podía ser destruida. La decisión adoptada contra el Svaboda se anuló en la vista de apelación. En noviembre, el mismo tribunal se negó a considerar una solicitud para calificar de extremista el informe de 2004 de la ONG Viasna (Primavera) sobre la situación de los derechos humanos.

Presos de conciencia

  • El 18 de enero, el Tribunal Municipal de Minsk condenó a Alyaksandr Zdvizhkou, ex director adjunto del periódico Zhoda (Unidad), a tres años de prisión por «incitación a la enemistad o a la discordia racial, nacional o religiosa». Fue condenado por publicar en 2006 unas caricaturas del profeta Mahoma que algunos miembros de la comunidad musulmana consideraban ofensivas y que un diario danés había publicado inicialmente en 2005. El proceso penal comenzó el 22 de febrero de 2006, y el periódico se cerró al mes siguiente. Alyaksandr Zdvizhkou se marchó de Bielorrusia para evitar el procesamiento, pero el 18 de noviembre de 2007 fue detenido cuando regresó para visitar la tumba de su padre. Según informes, el jefe de la comunidad musulmana de Bielorrusia se opuso a la condena impuesta a Alyaksandr Zdvizhkou y al cierre del diario Zhoda. El 22 de febrero, el Tribunal Supremo de Bielorrusia redujo a tres meses la pena de tres años que se le había impuesto. Esta decisión dio lugar a su excarcelación inmediata de la prisión de máxima seguridad en la que estaba recluido.
  • Zmitser Dashkevich, dirigente del Frente Maladi condenado a 18 meses de cárcel en noviembre de 2006 por «participar en una actividad de una organización no gubernamental no reconocida», quedó en libertad el 23 de enero, dos meses antes de lo previsto.
  • En agosto, el presidente Lukashenko liberó a Alyaksandr Kazulin, candidato presidencial en las elecciones de marzo de 2006 que había sido declarado culpable de «vandalismo» y de «organizar actividades colectivas que alteran el orden público» y condenado a cinco años y medio de cárcel en julio de 2006.

Pena de muerte

Según información publicada en medios de comunicación, cuatro personas fueron ejecutadas en el año. El 5 de febrero se ejecutó a Valery Harbaty, Syarhey Marozaw e Ihar Danchanka, condenados a muerte por varios asesinatos cometidos en la región de Gomel entre 1990 y 2004. El Tribunal Supremo condenó a los tres a morir por fusilamiento el 1 de diciembre de 2006. El 9 de octubre de 2007 se juzgó a Syarhey Marozaw e Ihar Danchanka por otros asesinatos y Syarhey Marozaw fue condenado a muerte de nuevo. Según informes de prensa, los tres solicitaron el indulto al presidente Lukashenko. El secretario general del Consejo de Europa condenó las ejecuciones y acusó a las autoridades bielorrusas de mostrar un «desprecio absoluto» por los valores humanos.

El 6 de octubre se ejecutó a Pavel Lenny, condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Gomel por violación y asesinato de un niño. En una conferencia de prensa ofrecida el 9 de septiembre, el presidente del Tribunal Supremo afirmó que solamente una persona había sido condenada a muerte en 2008. El Ministerio del Interior manifestó en octubre que existía un «avance gradual e irreversible hacia la abolición». En diciembre, Bielorrusia se abstuvo en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU en la que se pedía una moratoria mundial de las ejecuciones.

Visitas de Amnistía Internacional

Una delegada de Amnistía Internacional visitó Bielorrusia en octubre para investigar sobre la pena de muerte.

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