Bielorrusia - Informe 2010 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Bielorrusia

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bielorrusia is now live »

Jefe del Estado
Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno
Serguéi Sidorski
Pena de muerte
retencionista
Población
9,6 millones
Esperanza de vida
69 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
14/9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Bielorrusia siguió dictando sentencias de muerte. Se prohibieron los actos públicos y algunas personas que se manifestaron pacíficamente fueron detenidas o sufrieron malos tratos bajo custodia policial. Los derechos a la libertad de expresión y asociación estaban restringidos. Se adoptaron algunas medidas inadecuadas para combatir la violencia contra las mujeres. El gobierno siguió controlando los medios de comunicación.

Información general

Las instituciones europeas continuaron el proceso de diálogo con Bielorrusia. En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa restituyó el estatuto de invitado especial al Parlamento bielorruso con varias condiciones. Además de la suspensión del uso de la pena de muerte y el registro legal de la organización de derechos humanos Nasha Viasna (Nuestra Primavera), las condiciones incluían el levantamiento inmediato e incondicional de las condenas de “libertad restringida” impuestas a varias personas jóvenes por su participación en una manifestación pacífica en enero de 2008. Sin embargo, al finalizar el año estos requisitos no se habían cumplido. En noviembre, el Consejo de la Unión Europea revisó la decisión adoptada en octubre de 2008 y decidió no levantar las restricciones sobre viajes impuestas a ciertas autoridades prominentes del gobierno bielorruso, aunque mantuvo la suspensión de dicha restricción hasta octubre de 2010. La mayoría de los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, siguieron bajo control del gobierno, y el Estado mantuvo su monopolio del sistema de distribución de la prensa. Dos periódicos independientes –Narodnaya Volya (Voluntad Popular) y Nasha Niva (Nuestro Campo)– fueron autorizados de nuevo a utilizar el sistema estatal de distribución.

Pena de muerte

El 29 de junio la Cámara de Representantes estableció un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas sobre una suspensión en el uso de la pena de muerte. Sin embargo, y a pesar de la presión internacional, Bielorrusia siguió dictando sentencias de muerte. A lo largo del año dos hombres fueron condenados a muerte por asesinato: el 29 de junio, el Tribunal Regional de Brest condenó a Vasily Yuzepchuk, de 30 años; el 22 de julio, el Tribunal Regional de Minsk condenó a Andrei Zhuk, de 25 años. Ambas penas fueron confirmadas en apelación.

  • En enero, Vasily Yuzepchuk y otro hombre de nombre desconocido fueron detenidos y acusados del asesinato en primer grado de seis ancianas cometido entre noviembre de 2007 y enero de 2008. El 29 de junio, el Tribunal Regional de Brest declaró a ambos culpables. El segundo hombre, condenado en calidad de cómplice, recibió una pena de cadena perpetua. Vasily Yuzepchuk fue condenado a muerte. El 2 de octubre, el Tribunal Supremo desestimó su recurso de apelación y, a continuación, el condenado solicitó el indulto. Vasily Yuzepchuk, originario de Ucrania, pertenecía al grupo étnico marginado romaní y posiblemente tuviese una discapacidad intelectual. Su abogado afirmó que la investigación y el juicio adolecieron de graves deficiencias y que habían golpeado a Vasily Yuzepchuk para obligarlo a “confesar”. El 12 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno bielorruso a que no ejecutase a Vasily Yuzepchuk hasta que el Comité hubiera estudiado el caso.

Libertad de reunión

Las autoridades siguieron violando el derecho a la libertad de reunión al no autorizar manifestaciones y actos públicos, en aplicación de la restrictiva Ley sobre Actos Públicos. Se recibieron informes sobre el uso de fuerza excesiva para dispersar manifestaciones no violentas y sobre la detención de manifestantes pacíficos.

  • El 12 de febrero, las autoridades municipales de la ciudad de Gomel denegaron una solicitud presentada por un grupo de 20 personas para celebrar un pequeño acto público de concienciación sobre los problemas de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las autoridades alegaron que la solicitud no incluía copia de los contratos con el departamento de policía local, el centro de salud y los servicios de recogida de basuras para cubrir el coste de garantizar el orden público, la seguridad y la limpieza del lugar una vez concluido el acto. El Tribunal de Distrito de Gomel falló que la solicitud había sido denegada de conformidad con la Ley sobre Actos Públicos y desestimó el recurso.
  • Varias manifestaciones pacíficas legales –que se celebraban el día 16 de cada mes– para conmemorar el aniversario de la desaparición de los destacados líderes de la oposición Viktor Hanchar y Anatoly Krasouski fueron disueltas mediante la fuerza. Viktor Hanchar y Yury Zakharenko, así como el empresario Anatoly Krasouski y el periodista Dmitry Zavadsky, fueron víctimas de desaparición forzada en 1999 y 2000. El 16 de septiembre, según informes, agentes de policía usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes en Minsk y detuvieron a 31 personas durante más de tres horas antes de ponerlas en libertad sin cargos. Los manifestantes contaron que se hallaban de pie, en silencio, sosteniendo los retratos de los desaparecidos, cuando alrededor de 40 hombres vestidos de civil se acercaron y comenzaron a pegarles, seguidos de cerca por agentes de la policía antidisturbios que los detuvieron y los condujeron en un autobús al departamento de policía del distrito de Tsentralny. Según un manifestante, los agentes no les explicaron los motivos de su arresto y golpearon a algunos de los detenidos en el autobús. De acuerdo con los informes, en la comisaría los obligaron a permanecer de pie de cara a la pared durante tres horas y recibieron golpes, insultos y amenazas. El 17 de septiembre, la Presidencia de la Unión Europea expresó su preocupación por la represión de las manifestaciones pacíficas celebradas en Minsk el día anterior e instó a las autoridades bielorrusas a abstenerse de usar fuerza excesiva durante la celebración de manifestaciones pacíficas.

Presos de conciencia

Varias personas seguían en “libertad restringida” tras participar en una protesta pacífica en enero de 2008. Las condiciones de la “libertad restringida” eran tan duras que podían equipararse a la pena de arresto domiciliario. Además, aunque la condena de “libertad restringida” era impuesta por un juez, los detalles concretos de las restricciones podían ser modificados arbitrariamente por el agente de policía encargado del caso, sin que cupiese la posibilidad de interponer un recurso. Por ello, a la persona condenada le resultaba muy difícil cumplir las condiciones de su pena.

  • El 7 de julio, Artsyom Dubski fue condenado a un año de cárcel por el Tribunal de Distrito de Asipovichi, en la región de Mahilyow, y el 15 de junio, la pena de “libertad restringida” que estaba cumpliendo Maxim Dashuk fue ampliada 15 meses por el Tribunal de Distrito de Maskouski, en Minsk. Los dos fueron condenados por violar los términos de condenas anteriores impuestas por su participación en la protesta de enero de 2008, y Amnistía Internacional los consideraba presos de conciencia. Estos jóvenes se encontraban entre las 11 personas condenadas a cumplir periodos de hasta dos años de “libertad restringida” por “organizar o participar en acciones causantes de graves alteraciones del orden público”. En noviembre de 2009, 5 de las 11 personas habían sido amnistiadas, una había visto reducidas las restricciones y otras 3 permanecían en el extranjero.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las organizaciones de la sociedad civil se enfrentaban a numerosos obstáculos a la hora de inscribirse en el registro oficial para que se las autorizase a operar.

  • El 26 de enero, la organización de derechos humanos Nasha Viasna (antes conocida como Viasna), presentó su solicitud de inscripción, que fue rechazada por tercera vez. El Ministerio de Justicia alegó varias razones para el rechazo: que algunos miembros del grupo habían sido declarados culpables de delitos administrativos en ocasiones anteriores, que la lista de miembros fundadores contenía inexactitudes, que no se describía el mecanismo de elección de presidente y secretario, que el nombre de la organización no figuraba en un documento, y que las dimensiones de la sede eran demasiado reducidas. El 19 de marzo los miembros fundadores recurrieron esta decisión y el 22 de marzo el Tribunal Supremo ratificó la decisión del Ministerio de Justicia. El 25 de abril los fundadores presentaron una nueva solicitud, que fue rechazada el 28 de mayo por el Ministerio de Justicia. Además de las razones citadas en denegaciones anteriores, el Ministerio afirmó que la segunda parte del nombre de la organización no se correspondía con su estatuto. El 16 de junio de 2009 los fundadores de Nasha Viasna recurrieron esta decisión pero, una vez más, el 12 de agosto el Tribunal Supremo ratificó la denegación de la solicitud de inscripción.

Violencia contra las mujeres

El 21 de enero entró en vigor una nueva Ley sobre Prevención del Delito que, por primera vez, se refería a la violencia intrafamiliar y pedía a los organismos estatales, entre ellos el Ministerio del Interior, que investigasen todos los casos de violencia en el ámbito familiar y enjuiciasen a los responsables. Sin embargo, se carecía de los recursos y estructuras adecuados para abordar el problema de la violencia contra las mujeres. Al finalizar el año sólo dos casas refugio para víctimas de violencia intrafamiliar se financiaban gracias a una combinación de fondos estatales y no gubernamentales.

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