Bielorrusia
Jefe del Estado
Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno
Serguéi Sidorski
Pena de muerte
retencionista
Población
9,6 millones
Esperanza de vida
69,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
14/9 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Se dictaron tres sentencias de muerte, y dos hombres fueron ejecutados. Los derechos a la libertad de expresión y asociación se restringían con dureza, y se detuvo y multó a manifestantes pacíficos. No se investigaban con prontitud e imparcialidad las denuncias de tortura y otros malos tratos. Se negó a presos de conciencia el acceso a asistencia jurídica y atención médica.

Información general

En diciembre, el presidente Alexander Lukashenko fue reelegido por cuarta vez con un 79,7 de los votos en unas elecciones que, a juicio de los observadores internacionales, no cumplieron los criterios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La policía antidisturbios dispersó violentamente una manifestación en su mayoría pacífica celebrada por simpatizantes de la oposición al cierre de los colegios electorales el 19 de diciembre. Tras estos sucesos se emprendió una campaña de represión contra activistas de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, a quienes las autoridades sometieron a detención arbitraria, registros, amenazas y otras formas de hostigamiento.

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Pena de muerte

Representantes del Estado expresaron su voluntad de colaborar con la comunidad internacional en relación con la pena capital. En febrero se creó una comisión parlamentaria de trabajo sobre la pena de muerte. En septiembre, el gobierno reconoció la necesidad de abolir esta pena ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y declaró su intención de influir en la opinión pública en favor de la abolición y seguir cooperando con la comunidad internacional. Pero Bielorrusia continuó dictando sentencias de muerte y llevando a cabo ejecuciones.

  • En marzo fueron ejecutados Vasily Yuzepchuk y Andrei Zhuk, condenados a muerte en junio y julio de 2009, respectivamente. Como en todos los demás casos de pena capital de Bielorrusia, no se informó de la fecha con antelación a los presos ni a sus familiares. La madre de Andrei Zhuk no supo que su hijo había sido ejecutado hasta que fue a llevarle un paquete de alimentos el 19 de marzo. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de que ambos condenados habían apelado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y, el 12 de octubre de 2009, éste había pedido al gobierno que no los ejecutara hasta que hubiera examinado sus casos.
  • El 14 de mayo, el Tribunal Regional de Hrodna condenó a muerte a Oleg Grishkovtsov y Andrei Burdyko por homicidio con premeditación, asalto a mano armada, incendio provocado, secuestro de un menor, hurto y robo. El Tribunal Supremo desestimó sus recursos el 17 de septiembre de 2010.
  • Ihar Myalik fue condenado a muerte el 14 de septiembre por el Tribunal Regional de Mogilev por una serie de asaltos a mano armada y asesinatos cometidos en 2009 en la carretera que unía Mogilev con Gomel. A otro hombre se le impuso la cadena perpetua por los mismos delitos, y un tercero murió bajo custodia antes de la conclusión del juicio.
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Libertad de expresión

En mayo, en una carta dirigida a las autoridades bielorrusas, la representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación expresó su preocupación por la presión ejercida sobre los medios de comunicación independientes en el país y afirmó que “la intimidación de periodistas ejerce un efecto ‘paralizante’ en el periodismo de investigación, ya debilitado en Bielorrusia”.

  • Aleh Byabenin, fundador y director del sitio web extraoficial de noticias Charter’97, apareció muerto el 3 de septiembre, suspendido del pasamanos de su casa de campo con una soga alrededor del cuello. El 4 de septiembre se anunciaron las conclusiones iniciales de una autopsia, según las cuales la causa más probable de la muerte había sido el suicidio. Colegas y familiares cuestionaron la versión oficial y señalaron varias contradicciones en la forma en que se había encontrado el cadáver, así como el hecho de que Aleh Byabenin había sufrido la persecución de las autoridades en el pasado y de que, poco antes de su muerte, se había unido al equipo de campaña de Andrei Sannikau, candidato presidencial de la oposición.

El 1 de julio entró en vigor el Decreto Presidencial núm. 60 “sobre medidas para mejorar el uso del sector nacional de Internet”. Establecía, entre otras cosas, que los proveedores de servicios de Internet debían comprobar personalmente la identidad de los suscriptores y poner a disposición de las autoridades la información que tuvieran sobre ellos, y que debían aplicarse medidas para limitar el acceso a información que pudiera clasificarse como extremista, pornográfica o que hiciera apología de la violencia y otros actos ilegales. Según un estudio encargado por la OSCE, tales medidas daban lugar a “restricciones injustificadas del derecho del ciudadano a recibir y difundir información” y conferían excesivas atribuciones a las autoridades para limitar el acceso a ciertas fuentes de información.

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Libertad de reunión

Continuaba en vigor la Ley de Actos Multitudinarios, que imponía restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Esta ley exigía a los manifestantes pedir una autorización a las autoridades locales y establecía la prohibición de celebrar actos públicos a menos de 200 metros de estaciones de metro y pasos peatonales. Además, obligaba a los organizadores a asumir la responsabilidad de las medidas de seguridad pública, así como de la prestación de servicios médicos y la limpieza tras el acto, y a hacerse cargo de todos los gastos que comportaran. En virtud de estas disposiciones se rechazaron numerosas solicitudes.

  • El 8 de mayo, las autoridades municipales de Minsk denegaron el permiso para celebrar la marcha del Orgullo Eslavo el 15 de mayo debido a que el trayecto propuesto discurría a menos de 200 metros de estaciones de metro y pasos de peatones. Un grupo de manifestantes organizó ese día una marcha a pesar de la prohibición. Ocho de ellos estuvieron detenidos durante el fin de semana, y a cinco los acusaron de participar en una manifestación no autorizada y les impusieron una multa.
  • El 19 de diciembre, la policía antidisturbios dispersó violentamente una manifestación en su mayoría pacífica celebrada al cierre de las elecciones presidenciales. Se acusó formalmente a más de 700 personas de delitos administrativos y se los recluyó entre 10 y 15 días. Fueron detenidos de forma arbitraria por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, y los agentes encargados de hacer cumplir la ley ejercieron una fuerza desproporcionada contra muchos manifestantes.
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Tortura y otros malos tratos

Bielorrusia presentó en agosto su cuarto informe periódico ante el Comité de la ONU contra la Tortura. En él rechazaba la recomendación formulada por el Comité en 2000 para que introdujera en el Código Penal una definición de la tortura acorde con la contenida en la Convención de la ONU contra la Tortura. También aseguraba que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos eran examinadas por fiscales. No obstante, según un informe no oficial presentado por organizaciones no gubernamentales en diciembre, las denuncias presentadas ante la Fiscalía rara vez daban lugar a investigaciones criminales por tortura y normalmente eran objeto de una investigación superficial, que se limitaba al interrogatorio de los agentes de policía presuntamente responsables.

  • El 18 de enero, el fiscal del distrito Savetski de Minsk rechazó una solicitud de apertura de una investigación criminal sobre las acusaciones de tortura formuladas por Pavel Levshin, detenido el 9 de diciembre de 2009 por agentes de policía del distrito como presunto autor de un robo. Pavel Levshin aseguraba que, el 10 de diciembre, de cinco a ocho de la tarde, había sufrido tortura y otros malos tratos a manos de los agentes. En su denuncia al fiscal afirmaba que lo habían esposado y obligado a permanecer tumbado sobre el estómago y con los pies atrapados por detrás de las manos, postura conocida como “la golondrina”. Lo habían golpeado con una porra de goma y con botellas de plástico llenas de agua. También le habían tapado la cabeza con una bolsa hasta casi asfixiarlo en cinco ocasiones. Un informe médico forense confirmó que Pavel Levshin presentaba lesiones coincidentes con sus denuncias, pero el fiscal citó el informe de la policía y afirmó que no se habían encontrado pruebas de tortura.
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Presos de conciencia

Al final del año se acusó formalmente a 29 personas, entre ellas seis candidatos presidenciales de la oposición, miembros de sus equipos de campaña y periodistas, de “organizar disturbios masivos” en el contexto de la manifestación del 19 de diciembre. Se enfrentaban a una pena máxima de prisión de 15 años. Contra muchos de ellos se habían presentado cargos únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones. Al menos 16 de ellos eran presos de conciencia.

  • Andrei Sannikau, candidato presidencial de la oposición, fue detenido durante la manifestación del 19 de diciembre. La policía antidisturbios lo golpeó y le causó lesiones en las piernas. Lo estaban trasladando en automóvil al hospital junto con su mujer, la periodista Iryna Khalip, cuando agentes del orden detuvieron el vehículo y se lo llevaron bajo custodia. El 27 de diciembre, unos funcionarios de los servicios sociales de atención a la infancia visitaron al hijo de la pareja, Danil, de tres años, e informaron a la abuela de que tendría que hacer los trámites necesarios para obtener la custodia del niño; de lo contrario, los servicios sociales se harían cargo de él. El 29 de diciembre se imputó a Andrei Sannikau el delito de organizar disturbios masivos. Posteriormente también se detuvo a Iryna Khalip y se presentaron cargos contra ella. El abogado de Andrei Sannikau, a quien sólo se le permitió un acceso intermitente a su cliente, expresó temores de que éste no estuviera recibiendo la atención médica adecuada para sus lesiones. Después fue amenazado con la expulsión del colegio de abogados por manifestar sus inquietudes sobre la salud de Andrei Sannikau.

El servicio militar seguía siendo obligatorio, pero se estaba debatiendo un anteproyecto de ley sobre el servicio civil alternativo, y se absolvió a dos objetores de conciencia durante el año.

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Visitas

  • Una delegación de Amnistía Internacional visitó el país en septiembre.