Bielorrusia
Jefe del Estado
Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno
Mijaíl Miasnikovich
Pena de muerte
retencionista
Población
9,6 millones
Esperanza de vida
70,3 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
12,1 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
99,7 por ciento

Aumentaron durante el año las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. El gobierno siguió llevando a cabo ejecuciones. Continuaron detenidas y fueron sometidas a tortura y otros malos tratos personas consideradas presos de conciencia. El derecho a un juicio justo fue objeto de restricciones.

Información general

La agitación social aumentó debido a un empeoramiento de la situación económica, y el gobierno reaccionó imponiendo restricciones a la libertad de reunión y asociación.

El 17 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la situación en Bielorrusia. Condenó las violaciones de derechos humanos cometidas tras las elecciones de diciembre de 2010 e instó al gobierno a cooperar plenamente con los mecanismos de derechos humanos de la ONU y a permitir que los observadores internacionales desempeñaran su trabajo en lugar de detenerlos o expulsarlos. Las relaciones con la Unión Europea se deterioraron. El 10 de octubre, el Consejo de la Unión Europea anunció que prorrogaría hasta el 31 de octubre de 2012 la prohibición de viajar impuesta a los responsables de violaciones de las normas electorales internacionales y de la represión de la sociedad civil.

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Pena de muerte

El gobierno ejecutó a dos hombres e impuso dos condenas a muerte durante el año.

  • Andrei Burdyka y otro hombre fueron ejecutados entre el 14 y el 19 de julio. La madre de Andrei Burdyka recibió la confirmación oficial de su muerte a los tres meses. La otra familia aún no la había recibido al final del año. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedido formalmente al gobierno bielorruso, el 17 de diciembre de 2010, que no ejecutara a los dos hombres hasta que hubiera examinado su caso.
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Tortura y otros malos tratos

No existía un sistema independiente de vigilancia de los lugares de detención. Los fiscales solían desestimar las denuncias contra agentes encargados de hacer cumplir la ley, y quienes denunciaban se exponían a sufrir represalias de la policía.

  • El 28 de febrero, Alyaksei Mihalevich, candidato presidencial acusado de organizar la manifestación del 19 de diciembre de 2010 en Minsk, ofreció una conferencia de prensa tras quedar en libertad bajo fianza. En ella afirmó que él y otros detenidos habían sufrido torturas y otros malos tratos, como ser sometidos a registros corporales sin ropa hasta seis veces al día y obligados a permanecer de pie en posturas forzadas.
  • Zmitser Dashkevich, condenado el 24 de marzo a dos años de trabajos forzados en relación con la manifestación de diciembre de 2010, soportó reclusión en condiciones de aislamiento en ocho ocasiones durante el año. Este régimen de reclusión incluía privación del sueño, de ejercicio y de ropa de cama. Además, se impedía a los reclusos tumbarse o sentarse en las literas por el día.
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Libertad de expresión

En marzo, el periodista Andrzej Poczobut fue acusado de “injurias al presidente” y “difamación del presidente” por unos artículos que había escrito para el periódico polaco Gazeta Wyborcza. El 5 de junio se le impuso una condena condicional de tres años.

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Libertad de asociación

Grupos de derechos humanos registrados y no registrados se enfrentaron a procesamientos y hostigamiento a lo largo del año. El 3 de octubre se reformó la Ley de Asociaciones Públicas para prohibir que las ONG bielorrusas dispusieran de fondos o cuentas bancarias en el extranjero. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa observó que el Código Penal, que consideraba delito participar en las actividades de partidos políticos u otras asociaciones públicas no registrados, “era incompatible con una sociedad democrática”.

  • El 4 de agosto se detuvo al presidente de la ONG Centro de Derechos Humanos Viasna, Ales Bialiatski, y el 12 de ese mes se lo acusó de “ocultación de beneficios de cuantía elevada”, delito que comportaba hasta siete años de cárcel. Los cargos se referían al uso de una cuenta bancaria personal en Lituania para apoyar la labor de derechos humanos de Viasna. Las autoridades bielorrusas habían retirado a Viasna el reconocimiento oficial como ONG en 2003, lo que conllevaba la prohibición de abrir una cuenta bancaria en el país. El juicio comenzó el 2 de noviembre, y el 24 de ese mes Ales Bialiatski fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia y pidió su libertad incondicional.
  • El 12 de enero, el Ministerio de Justicia censuró formalmente al Comité Bielorruso de Helsinki por enviar un informe al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados en relación con las restricciones que sufrían los abogados. Señaló que el informe era un “intento de desacreditar a la República de Bielorrusia ante el mundo”. En junio se impuso a la organización el pago con carácter retroactivo de un impuesto por unos fondos recibidos de la Comisión Europea en 2002 y que inicialmente tenían exención tributaria. El impuesto iba acompañado de una segunda advertencia del Ministerio de Justicia por quebrantar la normativa sobre ONG. En diciembre, el Ministerio de Hacienda solicitó al Ministerio de Justicia el cierre del Comité Bielorruso de Helsinki.
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Libertad de reunión

Aumentó durante el año la restricción de las concentraciones públicas de toda índole. El 3 de octubre, el Parlamento aprobó varias modificaciones de la Ley de Asociaciones Públicas. Con arreglo a ellas, para organizar cualquier tipo de reunión pública se necesitaba un permiso oficial: los organizadores debían comunicar las “fuentes económicas” utilizadas para el acto y no estaban autorizados a anunciarlo hasta que se hubiera concedido el permiso, lo cual podía no ocurrir hasta cinco días antes de su celebración. Además, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tenían mayor potestad para realizar grabaciones de audio y vídeo, limitar el acceso de participantes al acto y practicar registros corporales.

  • En mayo, junio y julio hubo “protestas silenciosas” cada semana. Por todo el país, grupos de personas se dedicaron a pasear en silencio, aplaudir o hacer sonar las alarmas de sus teléfonos móviles simultáneamente. Viasna informó de que las autoridades habían detenido a más de 2.000 personas participantes en “protestas silenciosas”, y de que habían golpeado a algunas de ellas y las habían sometido a otras formas de uso desproporcionado de la fuerza. Hasta el 80 por ciento de las personas detenidas inicialmente fueron después condenadas a cumplir entre 5 y 15 días de detención administrativa o al pago de una multa. El 29 de julio, el gobierno aprobó una nueva ley draconiana que obligaba a solicitar permiso oficial para cualquier concentración de personas con el fin de realizar una “acción o inacción como forma de expresión pública de una actitud sociopolítica o como protesta”.
  • Roman Kislyak, abogado de derechos humanos, fue detenido el 16 de octubre tras bajar a pie y en solitario por la avenida principal de Brest pidiendo la libertad de Ales Bialiatski con un megáfono. Se lo acusó de participar simultáneamente en un piquete y una marcha. A la mañana siguiente compareció ante un tribunal administrativo, cuyo titular devolvió el caso a la policía para que continuara la investigación. El 28 de octubre, el Tribunal de Distrito de la zona Lenin de Brest impuso una multa equivalente a tres euros, y el tribunal de apelación confirmó el fallo.
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Presos de conciencia

Entre enero y junio continuaron los juicios entablados contra destacados activistas políticos por organizar o participar en la manifestación mayoritariamente pacífica del 19 de diciembre de 2010 en Minsk. Al final del año continuaban bajo custodia en relación con estos hechos seis activistas, todos ellos considerados presos de conciencia. Zmitser Bandarenka fue condenado a dos años de trabajos forzados el 26 de marzo; Andrei Sannikau, a cinco, el 14 de mayo; Pavel Sevyarynets, a tres, el 16 de mayo, y Mykalau Statkevich, a seis, el 26 de mayo. A Zmitser Dashkevich y Eduard Lobau los condenaron el 24 de marzo a dos y cuatro años, respectivamente, por vandalismo. A otros les impusieron condenas condicionales, como a la esposa de Andrei Sannikau, Iryna Khalip. Se liberó a otros seis presos de conciencia durante el año, entre ellos tres a los que comunicaron que sus casos habían sido archivados, y otro que quedó en libertad bajo fianza y solicitó asilo en el extranjero.

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Juicios injustos

A pesar de las garantías legislativas, las personas acusadas en relación con la manifestación del 19 de diciembre de 2010 tuvieron muy pocas oportunidades de acceso a sus representantes letrados y no pudieron reunirse con ellos en privado. Según varios abogados, era frecuente que les denegaran el acceso a sus clientes con el argumento de que no había salas disponibles para reuniones. El gobierno informó de que sólo había dos salas para abogados en el centro de detención del Comité de Seguridad del Estado (KGB) en Minsk y por ese motivo se habían restringido las reuniones.

Se inhabilitó para ejercer la abogacía a letrados que defendían a dirigentes de la oposición acusados de organizar disturbios masivos en diciembre de 2010. Pavel Sapelko, que había defendido a Andrei Sannikau, fue inhabilitado en marzo de 2011. Tamara Sidorenko, defensora de Alyaksei Mihalevich, perdió su licencia el 7 de agosto de 2011.

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