Bélgica - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Reino de Bélgica

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bélgica is now live »

Jefe del Estado: rey Alberto II
Jefe del gobierno: Guy Verhofstadt
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Siguieron las malas condiciones en los centros de inmigración y los malos tratos de la policía a personas migrantes y solicitantes de asilo. Se recluyó a menores migrantes en centros de detención cerrados destinados a inmigrantes ilegales y a solicitantes de asilo a quienes no se había concedido la condición de refugiados. Migrantes irregulares ocuparon edificios públicos y se declararon en huelga de hambre para apoyar demandas de reformas legislativas. El asesinato de una mujer y de una niña en Amberes y otros incidentes pusieron de manifiesto la persistencia de la violencia racista. El hacinamiento y las deficientes condiciones en las cárceles provocaron huelgas del personal

de prisiones. Nuevos indicios revelaron que vuelos secretos estadounidenses podrían haber aterrizado en territorio belga. Bélgica se convirtió en el primer país en prohibir las bombas de racimo.

Asilo e inmigración

Las nuevas leyes de asilo aprobadas en julio exigían que las nuevas solicitudes de asilo, incluidas las apelaciones, se tramitaran en un plazo máximo de 12 meses. Los procedimientos de asilo se reformaron con el fin de conceder protección subsidiaria a las personas cuyas circunstancias no están contempladas en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, pero que corren peligro de sufrir violaciones graves de sus derechos si vuelven a sus países de origen. Sin embargo, la nueva legislación no abordaba la situación de los migrantes irregulares. Siguió descendiendo la cifra de solicitudes de asilo.

A lo largo de 2006, migrantes irregulares y solicitantes de asilo a quienes no se había concedido la condición de refugiados ocuparon varias iglesias y edificios públicos en demanda de una regularización de su situación, el fin de las expulsiones y la clausura de los centros de detención cerrados. El gobierno regularizó la situación de muchos de los migrantes que habían ocupado en Bruselas la iglesia de San Bonifacio en febrero y marzo. En mayo se registraron huelgas de hambre en cuatro centros de acogida de solicitantes de asilo.

Se siguió recluyendo a menores migrantes en centros de detención cerrados, contraviniendo el derecho internacional.

Malos tratos policiales

Agentes de policía maltrataron, al parecer, a personas que iban a ser expulsadas por la fuerza.

El 1 de agosto se intentó expulsar por tercera vez a Hawa Diallo, solicitante de asilo de la República de Guinea a quien no se había concedido la condición de refugiada, pero se tuvo que desistir del intento después de que los pasajeros descendieran del avión en protesta por el trato que se le estaba dando. La noche anterior la habían separado de su bebé de 19 meses hasta la salida del avión. Se recibieron informes según los cuales los cinco agentes de policía que la acompañaban la agredieron y profirieron contra ella insultos racistas. Tras la fallida expulsión, la dejaron en libertad con la orden de abandonar Bélgica en un plazo máximo de cinco días. Desde el lugar donde se escondió presentó una denuncia de malos tratos ante la Comisión Permanente de Control de los Servicios de Policía.

El 12 de octubre, en una decisión histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que Bélgica estaba violando la prohibición de los tratos inhumanos y el derecho del respeto a la vida privada y familiar, garantizados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En 2002, una niña de cinco años no acompañada que había solicitado asilo fue detenida y expulsada sin compañía a la República Democrática del Congo, su país de origen, donde no había ningún familiar para recibirla.

Racismo y discriminación

De acuerdo con una directiva dictada en marzo, la policía empezó a inscribir en sus registros los delitos de motivación racista. El Centro para la Igualdad de Oportunidades indicó que recibía 1.000 denuncias de racismo al año e hizo notar que muchas de las agresiones no se denunciaban nunca.

En abril, Daniel Féret, presidente del partido Frente Nacional, fue declarado culpable de incitación al odio racial y condenado a 10 años de exclusión de todo cargo político y a 250 horas de servicio comunitario. Había distribuido material electoral en el que se equiparaba a los inmigrantes con delincuentes, salvajes y terroristas. El administrador del sitio web del Frente Nacional fue declarado culpable también y multado. El tribunal no ordenó la disolución del partido por falta de pruebas sobre su vinculación con los textos ofensivos. El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena en octubre.

El 11 de mayo, un residente en Amberes de 18 años disparó y mató a una mujer negra embarazada y a la niña blanca a la que cuidaba, e hirió gravemente a una mujer turca. Afirmó sin ningún rubor que había ido a la caza de extranjeros. Al concluir 2006 se habían llevado a cabo investigaciones preliminares, pero no se había fijado aún fecha para el juicio.

«Guerra contra el terror»

En noticias de prensa publicadas en marzo se afirmaba que al menos dos vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) habían hecho una breve escala en el aeropuerto de Deurne, en Amberes, en julio de 2002. Se desconocía si los aviones transportaban personas detenidas. Una investigación del Parlamento Europeo reveló que, de las 1.080 escalas realizadas por presuntos vuelos de la CIA en Europa, cuatro habían tenido lugar en Bélgica. En julio, una comisión del Senado belga llegó a la conclusión de que era insuficiente la supervisión de las operaciones de los servicios de información extranjeros en territorio belga, lo que impedía determinar el destino y la finalidad de estos vuelos.

Condiciones de reclusión

El número de personas encarceladas alcanzó un nuevo máximo histórico. Una tercera parte eran presos preventivos. Los centros destinados a menores estaban atestados y algunos menores eran recluidos en prisiones para adultos. Una ley sobre ayuda a los jóvenes aprobada en mayo incluía planes para construir una prisión especial para 200 menores.

En abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó sobre denuncias de malos tratos bajo custodia policial. El Comité condenaba el hacinamiento en la unidad psiquiátrica de la prisión de Namur, las celdas a modo de jaulas de los tribunales de justicia de Lieja y las pésimas condiciones de reclusión, en el centro de detención del aeropuerto de Bruselas, de personas a quienes se había negado la entrada en el país.

En abril, el personal de la prisión de Forest, en Bruselas, se declaró en huelga. El sindicato Confederación General de Servicios Públicos criticó el hacinamiento en las cárceles, sus pésimas condiciones, los edificios que en su opinión no cumplían los requisitos de salud, higiene y seguridad, y la formación básica de seis semanas -«totalmente insuficiente»- facilitada al personal. En agosto, tras la huida de 28 reclusos, los funcionarios de la prisión de Termonde se declararon en huelga para protestar contra el hacinamiento y la falta de personal. En septiembre volvieron a ponerse en huelga porque en su opinión no se habían llevado a cabo las mejoras prometidas.

Control de armas

El 8 de junio, Bélgica se convirtió en el primer país en prohibir las bombas de racimo al aprobar el Parlamento una ley que prohibía su fabricación, almacenamiento, transporte y comercio. En 1995, Bélgica fue el primer país que prohibió las minas terrestres antipersonal.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

  Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

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