Bélgica
Jefe del Estado
rey Alberto II
Jefe del gobierno
Elio Di Rupo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Bélgica había vulnerado el derecho a un juicio justo. Las autoridades adoptaron las primeras medidas para la creación de una institución nacional de derechos humanos.

Juicios injustos

Se tuvo conocimiento de que el gobierno había utilizado pruebas que podían haber sido obtenidas mediante tortura en un juicio a un presunto terrorista.

  • El 25 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la causa El Haski v. Belgium, falló que Bélgica había vulnerado el derecho de Lahoucine el Haski a un juicio justo al utilizar en las diligencias penales pruebas que probablemente se habían conseguido bajo tortura. En 2006, El Haski había sido declarado culpable de participar en las actividades de un grupo terrorista en virtud de declaraciones de testigos interrogados en terceros países, como Marruecos. El Tribunal Europeo concluyó que existía un “riesgo real” de que las declaraciones utilizadas en su contra en Marruecos se hubieran obtenido mediante tortura u otros malos tratos, y que los tribunales belgas debían haber excluido esas pruebas.
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Condiciones de reclusión

Las instalaciones psiquiátricas para presos con discapacidades mentales seguían siendo deficientes. El 2 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que Bélgica había vulnerado el derecho a la libertad y la seguridad de L.B., hombre con problemas de salud mental, al mantenerlo recluido durante más de siete años en centros penitenciarios que no eran adecuados para su estado.

En diciembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó preocupación por el hacinamiento y las deficientes instalaciones de saneamiento de muchas cárceles belgas.

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Discriminación

Siguió existiendo discriminación por motivos de religión o creencia, especialmente contra las personas musulmanas, en la educación pública y en el ámbito laboral. La prohibición general de llevar prendas y símbolos culturales y religiosos continuaba vigente en la educación pública flamenca.

Continuó en vigor la ley que penalizaba llevar el rostro cubierto en público. El 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional falló que la ley era conforme a la Constitución belga y a las obligaciones contraídas con arreglo al derecho internacional.

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Personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo

En enero, las autoridades aumentaron el número de plazas en los centros de acogida para solicitantes de asilo. Sin embargo, seguían siendo insuficientes, y se seguía negando el acceso a las familias de migrantes en situación irregular. Algunos menores de edad no acompañados fueron alojados en centros inadecuados, en donde no recibían la debida asistencia médica, jurídica y social.

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Derecho a la vivienda

El 21 de marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales determinó que Bélgica no ofrecía suficientes emplazamientos temporales ni permanentes para las familias nómadas y que, por tanto, había vulnerado el artículo de la Carta Social Europea relativo a la no discriminación, así como el derecho de la familia a la protección jurídica, económica y social.

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Comercio de armas

En junio, los Parlamentos de Flandes y Valonia aprobaron una nueva legislación regional sobre la importación, exportación y transferencia de armas que no imponía medidas suficientes de control del destino final de las armas vendidas.

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Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

En julio, las autoridades decidieron crear el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El 11 de septiembre, Bélgica firmó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.

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Visitas

  • Amnistía Internacional visitó Bélgica en abril y junio.