La libertad de expresión y reunión estaba sometida a restricciones. Al menos una persona fue condenada a muerte. Las condiciones de reclusión seguían siendo deficientes debido a los problemas de hacinamiento.
En octubre, el Ministerio del Interior prohibió todas las manifestaciones convocadas para reclamar información sobre el paradero de Pierre Urbain Dangnivo, funcionario del Ministerio de Hacienda desaparecido en agosto. Las sospechas sobre la posible implicación de funcionarios del gobierno en su desaparición provocaron protestas de la prensa, la sociedad civil y los partidos políticos de oposición. Al terminar el año, la investigación oficial no había aclarado su suerte. Muchos grupos de la sociedad civil, incluidos los sindicatos, denunciaron restricciones a la libertad de expresión y reunión.
ArribaEn mayo, Susanne Lanmanchion fue condenada a muerte in absentia por el Tribunal de lo Penal de Abomey (en el centro del país) por matar a su madre.
ArribaLas cárceles seguían adoleciendo de problemas de hacinamiento. En la prisión de Cotonú, principal ciudad del país, la población reclusa era seis veces mayor que su capacidad, lo que se traducía en duras condiciones para los presos. De sus 2.500 reclusos, el 80 por ciento estaban en detención previa al juicio.
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