Decenas de personas resultaron heridas cuando la policía dispersó con violencia un
campamento montado por manifestantes indígenas durante una marcha a La Paz para protestar
por los planes de construir una carretera que iba a atravesar un territorio indígena
protegido. Se dictaron condenas en el caso de “Octubre Negro” de 2003.
Las tensiones sociales aumentaron durante el año, en medio de reiteradas protestas
por cuestiones económicas y derechos indígenas.
En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial se congratuló
por la ley aprobada por el Congreso en enero para combatir la discriminación racial.
Sin embargo, expresó preocupación por su aplicación, por la escasa representación
de los pueblos indígenas en los órganos de toma de decisiones, por el inadecuado acceso
a la justicia y por la falta de claridad en cuanto a los mecanismos de la nueva Ley
de Deslinde Jurisdiccional para garantizar la coordinación y colaboración con el sistema
de justicia ordinario.
El 25 de septiembre, decenas de personas resultaron heridas cuando la policía empleó
gas lacrimógeno y toletes para disolver un campamento provisional establecido por
manifestantes indígenas cerca de Yucumo, en el departamento de Beni. Los indígenas
participaban en una marcha de unos 580 kilómetros organizada desde Trinidad, departamento
de Beni, hasta La Paz, para protestar por los planes del gobierno de construir una
carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Estos planes vulneraban tanto las garantías constitucionales relativas a la consulta
previa con los pueblos indígenas como las leyes de conservación del medio ambiente.
La policía detuvo a cientos de manifestantes indígenas y los llevó a las localidades
de San Borja y Rurrenabaque para que el ejército los devolviera a sus lugares de origen.
El gobierno declaró que la carretera traería desarrollo económico. Sin embargo, los
manifestantes indígenas alegaban que abriría la zona a las industrias extractivas
y fomentaría la deforestación y la producción de coca. La represión policial provocó
la dimisión de los ministros de Defensa y de Gobierno, así como protestas en todo
el país.
En octubre, el presidente Morales canceló el proyecto. En noviembre, un juez ordenó
el arresto domiciliario del subcomandante de la Policía Nacional por ordenar presuntamente
la operación policial de Yucumo. Las investigaciones penales sobre la actuación policial
continuaban al finalizar el año.
Los responsables de violaciones graves de derechos humanos, tales como desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas antes de la restauración de la democracia
en 1982, siguieron eludiendo la acción de la justicia.
Al finalizar el año, las fuerzas armadas no habían entregado a los fiscales información
sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, pese a que la Corte
Suprema había ordenado su desclasificación en abril de 2010. El gobierno no presionó
para que se revelase la información.
En agosto, la Corte Suprema condenó a siete ex oficiales de alta graduación por su
participación en los sucesos conocidos como “Octubre Negro”, en los que murieron 67
personas y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas celebradas en El Alto,
cerca de La Paz, a finales de 2003. Era la primera vez que un juicio contra oficiales
del ejército acusados de violaciones de derechos humanos concluía ante un tribunal
civil. Cinco ex oficiales del ejército fueron condenados a penas de entre 10 y 15
años de prisión, y dos ex ministros fueron condenados a 3 años. Al finalizar el año,
el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros, que habían huido
a Estados Unidos poco después de los sucesos, estaban pendientes de los procedimientos
de extradición. Otros ministros huyeron posteriormente a Perú y España.
Cuatro oficiales del ejército sometidos a investigación por la tortura en 2009 de
un recluta en Challapata, departamento de Oruro, fueron puestos en libertad en abril
después de que un juez anulase los cargos formulados en su contra. En julio, la Corte
Superior del Distrito de Oruro anuló la decisión del juez y ordenó que las actuaciones
judiciales continuasen en la jurisdicción civil. El juicio no había comenzado al finalizar
el año. En 2010 se habían divulgado unas imágenes de vídeo, filmadas en 2009, en las
que se veía a unos oficiales que sumergían repetidamente en agua al recluta.
En septiembre, un juez revocó los cargos formulados contra cinco miembros de la Policía
Nacional acusados de participar en la dispersión de un grupo de manifestantes que
habían cortado una carretera en la provincia de Caranavi en mayo de 2010. En aquella
operación murieron 2 personas y resultaron heridas al menos 30. Al finalizar el año,
los fiscales estudiaban la posibilidad de formular nuevos cargos.
Las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron
19 personas, en su mayoría campesinos, y resultaron heridas otras 53, prosiguieron,
aunque sufrieron retrasos.
En febrero, Gróver Beto Poma Guanto murió en un hospital dos días después de recibir
una paliza a manos de unos instructores de la escuela militar conocida como Escuela
de Cóndores de Bolivia (ESCOBOL), en Sanandita, departamento de Tarija. Al finalizar
el año había tres militares sometidos a investigación en relación con el caso. Sin
embargo, pese a los reiterados llamamientos para que el caso fuera transferido a la
jurisdicción civil, éste permaneció en el sistema de justicia militar, que carecía
de independencia e imparcialidad.
