Bolivia
Jefe del Estado y del gobierno
Evo Morales Ayma
Pena de muerte
abolicionista para los delitos comunes
Población
10,1 millones
Esperanza de vida
66,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años)
51,2 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
90,7 por ciento

Decenas de personas resultaron heridas cuando la policía dispersó con violencia un campamento montado por manifestantes indígenas durante una marcha a La Paz para protestar por los planes de construir una carretera que iba a atravesar un territorio indígena protegido. Se dictaron condenas en el caso de “Octubre Negro” de 2003.

Información general

Las tensiones sociales aumentaron durante el año, en medio de reiteradas protestas por cuestiones económicas y derechos indígenas.

En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial se congratuló por la ley aprobada por el Congreso en enero para combatir la discriminación racial. Sin embargo, expresó preocupación por su aplicación, por la escasa representación de los pueblos indígenas en los órganos de toma de decisiones, por el inadecuado acceso a la justicia y por la falta de claridad en cuanto a los mecanismos de la nueva Ley de Deslinde Jurisdiccional para garantizar la coordinación y colaboración con el sistema de justicia ordinario.

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Derechos de los pueblos indígenas

El 25 de septiembre, decenas de personas resultaron heridas cuando la policía empleó gas lacrimógeno y toletes para disolver un campamento provisional establecido por manifestantes indígenas cerca de Yucumo, en el departamento de Beni. Los indígenas participaban en una marcha de unos 580 kilómetros organizada desde Trinidad, departamento de Beni, hasta La Paz, para protestar por los planes del gobierno de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Estos planes vulneraban tanto las garantías constitucionales relativas a la consulta previa con los pueblos indígenas como las leyes de conservación del medio ambiente. La policía detuvo a cientos de manifestantes indígenas y los llevó a las localidades de San Borja y Rurrenabaque para que el ejército los devolviera a sus lugares de origen.

El gobierno declaró que la carretera traería desarrollo económico. Sin embargo, los manifestantes indígenas alegaban que abriría la zona a las industrias extractivas y fomentaría la deforestación y la producción de coca. La represión policial provocó la dimisión de los ministros de Defensa y de Gobierno, así como protestas en todo el país.

En octubre, el presidente Morales canceló el proyecto. En noviembre, un juez ordenó el arresto domiciliario del subcomandante de la Policía Nacional por ordenar presuntamente la operación policial de Yucumo. Las investigaciones penales sobre la actuación policial continuaban al finalizar el año.

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Impunidad

Los responsables de violaciones graves de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas antes de la restauración de la democracia en 1982, siguieron eludiendo la acción de la justicia.

Al finalizar el año, las fuerzas armadas no habían entregado a los fiscales información sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, pese a que la Corte Suprema había ordenado su desclasificación en abril de 2010. El gobierno no presionó para que se revelase la información.

  • En agosto, la Corte Suprema condenó a siete ex oficiales de alta graduación por su participación en los sucesos conocidos como “Octubre Negro”, en los que murieron 67 personas y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas celebradas en El Alto, cerca de La Paz, a finales de 2003. Era la primera vez que un juicio contra oficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos concluía ante un tribunal civil. Cinco ex oficiales del ejército fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión, y dos ex ministros fueron condenados a 3 años. Al finalizar el año, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros, que habían huido a Estados Unidos poco después de los sucesos, estaban pendientes de los procedimientos de extradición. Otros ministros huyeron posteriormente a Perú y España.
  • Cuatro oficiales del ejército sometidos a investigación por la tortura en 2009 de un recluta en Challapata, departamento de Oruro, fueron puestos en libertad en abril después de que un juez anulase los cargos formulados en su contra. En julio, la Corte Superior del Distrito de Oruro anuló la decisión del juez y ordenó que las actuaciones judiciales continuasen en la jurisdicción civil. El juicio no había comenzado al finalizar el año. En 2010 se habían divulgado unas imágenes de vídeo, filmadas en 2009, en las que se veía a unos oficiales que sumergían repetidamente en agua al recluta.
  • En septiembre, un juez revocó los cargos formulados contra cinco miembros de la Policía Nacional acusados de participar en la dispersión de un grupo de manifestantes que habían cortado una carretera en la provincia de Caranavi en mayo de 2010. En aquella operación murieron 2 personas y resultaron heridas al menos 30. Al finalizar el año, los fiscales estudiaban la posibilidad de formular nuevos cargos.
  • Las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos, y resultaron heridas otras 53, prosiguieron, aunque sufrieron retrasos.
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Tortura y otros malos tratos

En febrero, Gróver Beto Poma Guanto murió en un hospital dos días después de recibir una paliza a manos de unos instructores de la escuela militar conocida como Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCOBOL), en Sanandita, departamento de Tarija. Al finalizar el año había tres militares sometidos a investigación en relación con el caso. Sin embargo, pese a los reiterados llamamientos para que el caso fuera transferido a la jurisdicción civil, éste permaneció en el sistema de justicia militar, que carecía de independencia e imparcialidad.

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