Bosnia y Herzegovina - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Bosnia y Herzegovina

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bosnia y Herzegovina is now live »

Jefe del Estado: presidencia de carácter rotativo: Željko Komšić, Nebojša Radmanović y Haris SilajdžićJefe del gobierno: Adnan Terzić
Presidente de la Federación de Bosnia y Herzegovina: Niko Lozančić
Presidente de la República Srpska: Milan Jelić (sustituyó a Dragan Čavić en noviembre)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Muchos autores de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra de 1992-1995 continuaban eludiendo la acción de la justicia, y seguía habiendo millares de desapariciones forzadas sin resolver. La falta de cooperación plena de la República Srpska con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia era un obstáculo para la justicia. Hubo avances con respecto al procesamiento en el ámbito nacional por crímenes de guerra, incluidas actuaciones ante la Sala de Crímenes de Guerra de Sarajevo, si bien los esfuerzos por llevar a los autores de estos delitos ante la justicia fueron insuficientes. Las minorías sufrían discriminación en aspectos como el trabajo y el acceso a la educación. Alrededor de 3.600 personas desplazadas internamente o refugiadas habían regresado a sus hogares en octubre.

Información general

Bosnia y Herzegovina seguía estando dividida en dos entidades semiautónomas, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina, además del Distrito de Brčko, con estatuto especial.

La comunidad internacional continuó ejerciendo una influencia significativa sobre el proceso político del país, en particular a través de un alto representante con poderes ejecutivos, designado por la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz, organismo intergubernamental encargado de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Dayton. En junio, el Consejo de Aplicación de la Paz comenzó a preparar el cierre de la Oficina del Alto Representante, previsto para junio de 2007. Se esperaba que la intervención de la comunidad internacional continuara por medio de un representante especial de la Unión Europea con poderes reforzados. Seguía habiendo en el país alrededor de 6.000 soldados de la fuerza para el mantenimiento de la paz dirigida por la Unión Europea, la EUFOR. El mandato de ésta se prorrogó un año más en noviembre por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU.

En octubre se celebraron elecciones generales. Fueron las primeras administradas totalmente por las autoridades locales y mostraron que el electorado seguía estando dividido por diferencias étnicas. La retórica nacionalista era generalizada e incluía llamamientos en favor de un referéndum sobre la independencia de la República Srpska. Al concluir 2006 aún no se había formado un nuevo gobierno.

Procesamientos internacionales por crímenes de guerra

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia continuó juzgando a presuntos autores de graves violaciones del derecho internacional humanitario. El 11 de marzo, el ex presidente serbio Slobodan Milošević murió de un ataque cardiaco en la unidad de detención del Tribunal, que lo había juzgado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo, y por genocidio cometido en Bosnia y Herzegovina.

En marzo, Enver Hadžihasanović y Amir Kubura, ex jefes del Ejército de Bosnia y Herzegovina, fueron condenados a cinco y dos años y medio de prisión, respectivamente, tras ser declarados culpables de no haber impedido ni castigado delitos cometidos contra no bosniacos por combatientes extranjeros voluntarios. En el caso de Enver Hadžihasanović, los delitos eran asesinato y trato cruel, y en el de Amir Kubura, saqueo de pueblos.

En mayo, Ivica Rajić, ex jefe del Consejo Croata de Defensa (fuerzas armadas croatas de Bosnia), fue condenado a 12 años de prisión por su participación en el ataque al pueblo de Stupni Do. El Tribunal determinó que las fuerzas bajo su mando habían matado intencionadamente al menos a 37 personas. Él había admitido los cargos de homicidio intencional, trato inhumano, apropiación de bienes y destrucción en gran escala, ilegítima y gratuita, no justificada por necesidades militares.

En junio, Dragan Zelenović, ex subjefe de la policía militar de la República Srpska y líder paramilitar de Foča, fue entregado al Tribunal para su custodia. Había sido detenido en la Federación Rusa en 2005. Pesaban sobre él cargos de tortura y violación, considerados crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población no serbia de Foča, por presunta violación, agresión sexual y participación en violaciones en grupo de detenidas.

También en junio, Naser Orić, ex oficial del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Srebrenica, fue declarado culpable de no haber impedido la comisión de asesinatos y tratos crueles contra prisioneros serbobosnios en 1992 y 1993. Se le impuso una condena de dos años de prisión.

En septiembre, Momčilo Krajišnik, alto cargo serbobosnio entre 1991 y 1995, fue condenado a 27 años de prisión por persecución, exterminio, asesinato, expulsión y traslado forzoso de población no serbia. Fue absuelto de los cargos de genocidio y complicidad en genocidio.

La cooperación de la República Srpska con el Tribunal siguió siendo inadecuada, y tampoco hizo la República Srpska avances en la búsqueda del ex dirigente serbobosnio Radovan Karadžić, que seguía en libertad pese a haber dictado el Tribunal acta de acusación contra él por delitos como genocidio. En diciembre, en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la fiscal del Tribunal señaló que las instituciones centrales no estaban trabajando de forma eficaz y que las autoridades de la República Srpska, pese a las mejoras que se habían producido hacía poco tiempo, no había mostrado una voluntad firme de detener a Radovan Karadžić y a Stojan Ûupljanin, los fugitivos que más probabilidades tienen de encontrarse en Bosnia y Herzegovina.

En virtud de una «estrategia de conclusión» aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, el Tribunal debía tener acabados todos los procesos en 2010. Debido a los ajustados plazos impuestos por la estrategia, el Tribunal continuó remitiendo a jurisdicciones nacionales de la ex Yugoslavia causas contra acusados de categoría inferior. En 2006 se transfirieron a Bosnia y Herzegovina causas abiertas contra siete personas.

Procesamientos nacionales por crímenes de guerra

La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina, establecida para ver asuntos especialmente delicados o remitidos por el Tribunal, dictó sus primeras sentencias.

En abril, el ex miembro de las fuerzas serbobosnias Neđo Samardžićwas fue declarado culpable de encarcelamiento ilegal, violación e instigación a la esclavitud sexual de personas no serbias de la zona de Foča. Se le impuso una condena de 13 años y cuatro meses de prisión. En septiembre se anuló la sentencia y en el nuevo juicio iniciado en diciembre ante un tribunal de apelación se incrementó la condena a 24 años de prisión.

En mayo, Dragoje Paunović, ex jefe local de las fuerzas serbobosnias, fue condenado a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1992. Había sido declarado culpable de perseguir a civiles bosniacos, por su responsabilidad individual y como superior en homicidios y otros actos inhumanos. La sentencia se confirmó en apelación en noviembre.

En julio, el ex agente de policía de la República Srpska Boban Šimšić fue declarado culpable de ayudar a miembros del Ejército de los Serbios de Bosnia a cometer desapariciones forzadas y violaciones de personas no serbias en 1992. Se le impuso una condena de cinco años de prisión.

Marko Samardûija, ex jefe del Ejército de los Serbios de Bosnia, fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, entre otras razones por su participación en el homicidio de al menos 144 detenidos bosniacos, y condenado a 26 años de prisión en noviembre.

También en noviembre, la Sala de Crímenes de Guerra pronunció su primer fallo sobre un asunto transferido por el Tribunal, el de Radovan Stanković, declarado culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población no serbia de la zona de Foča. Ex miembro del Ejército de los Serbios de Bosnia, había sido acusado de participar en la violación de mujeres bajo custodia de las fuerzas serbobosnias. Se le impuso una condena de 16 años de prisión.

En diciembre Nikola Andrun, ex miembro del Consejo Croata de Defensa, fue condenado a 13 años de prisión por crímenes de guerra cometidos cuando era el subjefe del campo de detención de Gabela. Entre los crímenes se contaban tortura e intimidación de detenidos que no eran croatas.

También se celebraron juicios por crímenes de guerra contra acusados de menor notoriedad en tribunales locales, incluso de la República Srpska, que seguía teniendo dificultades para ocuparse de estas causas por falta de personal y de programas efectivos de protección de testigos.

Desapariciones forzadas sin resolver

Según cálculos de la Comisión Internacional sobre Desaparecidos, seguía sin conocerse el paradero de alrededor de 13.000 personas desaparecidas durante la guerra. Muchas de ellas habían sido víctimas de desaparición forzada, cuyos autores disfrutaban de impunidad.

El traspaso de competencias de las comisiones sobre personas en paradero desconocido de la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska al Instituto de Personas Desaparecidas, organismo de ámbito nacional, avanzó lentamente. La dirección del Instituto se nombró en marzo y en diciembre se eligió a los miembros de la Junta Directiva y de Supervisión.

Se exhumaron alrededor de 2.500 lugares de enterramiento en varios puntos de Bosnia y Herzegovina.

En agosto se exhumaron en una fosa común de Kamenica, cerca de Zvornik, 1.009 esqueletos incompletos y 144 enteros. Se creía que la fosa contenía los restos de personas muertas a manos de las fuerzas serbobosnias en Srebrenica en 1995 y, según informes, era la mayor excavada desde el final de la guerra.

En enero, la Oficina del Alto Representante ordenó a las autoridades de la República Srpska que, en aplicación de una decisión de 2001 de la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina, formaran una comisión para investigar la desaparición forzada de Avdo Palić, jefe del Ejército de Bosnia y Herzegovina durante la guerra, destacado en la «zona de seguridad» de la ONU de Žepa, a quien se había visto por última vez en 1995, cuando negociaba la entrega de esta localidad al Ejército de los Serbios de Bosnia, tras lo cual había sido detenido, según informes, por las fuerzas serbobosnias. Su suerte y su paradero seguían sin conocerse. Se creó una comisión, que en abril presentó su informe a la Oficina del Alto Representante, afirmando que contenía información sobre el lugar donde se encontraban los restos del desaparecido. Sin embargo, estos datos resultaron insuficientes para llevar a cabo la exhumación, por lo que no hubo avances en ese caso. Según informes, la comisión volvió a ponerse en marcha en diciembre.

Derecho al retorno

Se calculaba que, de los aproximadamente 2,2 millones de personas que se habían visto desplazadas durante el conflicto, más de un millón, entre refugiados y desplazados internos, habían regresado a sus hogares. Los avances realizados con respecto a los retornos fueron limitados. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) registró alrededor de 3.600 retornos entre enero y octubre. De ellos, unos 3.000 fueron a zonas donde los retornados formaban parte de una minoría.

Se denunciaron casos de violencia y hostigamiento de particulares contra retornados y miembros de minorías.

En febrero, un retornado croata de Bosnia de 78 años murió a causa de una paliza en Bugojno. Se condenó a tres hombres por el asesinato.

En mayo, una anciana retornada fue asesinada en su hogar a las afueras de Sanski Most. Según informes, la policía local detuvo a una persona sospechosa de haber cometido el delito.

La falta de trabajo constituía un importante obstáculo para el retorno sostenible. En general, las escasas oportunidades de empleo reflejaban la debilidad de la economía y los problemas de la transición y de la reconstrucción tras la guerra. Por otro lado, las personas retornadas sufrían discriminación por razones étnicas.

«Guerra contra el terror»

Seis hombres de origen argelino, que las autoridades de la Federación de Bosnia y Herzegovina habían transferido ilegalmente a la custodia de Estados Unidos en 2002, permanecían detenidos en Guantánamo, Cuba. En abril, tras la denuncia de la esposa de uno de ellos, Hadj Boudellaa, la Comisión de Derechos Humanos del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina determinó que las autoridades habían incumplido una decisión que la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia y Herzegovina había tomado sobre este caso en 2002. No habían utilizado la vía diplomática para proteger al detenido, no le habían prestado apoyo consular y no habían tomado todas las medidas necesarias para asegurarse de que no sería sometido a la pena de muerte, lo que incluía pedir garantías de ello al gobierno estadounidense.

En junio, el relator nombrado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para investigar presuntas detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos entre Estados, afirmó en su informe que el caso de estos seis hombres era «un ejemplo perfectamente documentado de secuestro de ciudadanos y residentes europeos por las autoridades estadounidenses con la connivencia activa de las autoridades de un Estado miembro del Consejo de Europa». En el informe pidió que las autoridades de Bosnia y Herzegovina intercedieran por la vía diplomática y de manera creíble ante el gobierno estadounidense para conseguir la pronta repatriación de los detenidos.

Rendición de cuentas de las fuerzas para el mantenimiento de la paz

En enero, miembros italianos de la EUFOR, en una operación de detención del presunto autor de crímenes de guerra Dragomir Abazović, dispararon a la esposa de éste y le causaron la muerte. Asimismo, lo hirieron de gravedad a él y a su hijo, de 11 años. Según informes, una investigación interna de la EUFOR determinó que los soldados habían actuado en defensa propia y no habían hecho nada indebido, pero el fiscal de distrito de Sarajevo Oriental llevó a cabo una investigación en virtud de la cual, según informes, había encontrado indicios de que los soldados habían disparado primero. Los resultados de ambas investigaciones se enviaron al fiscal competente de Italia para su examen.

Exclusión de la educación

Las tasas de asistencia de menores romaníes a la escuela primaria eran bajas, y la pobreza extrema seguía siendo una de las principales causas de la exclusión de la población romaní de la educación. La lengua, la cultura y las tradiciones romaníes no se incluían de manera sistemática en los currículos escolares. No se hicieron suficientes avances en la aplicación del Plan de Acción sobre las Necesidades Educativas de los Romaníes y los Miembros de otras Minorías Nacionales, de 2004. En abril se creó oficialmente el Consejo de Minorías Nacionales de Bosnia y Herzegovina, encargado de supervisar la aplicación del Plan, pero al concluir el año no estaba aún en funcionamiento.

Violencia contra las mujeres

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el hecho de que Bosnia y Herzegovina siguiera siendo país de origen, tránsito y destino de trata de mujeres y de que las víctimas de violencia sexual durante la guerra de 1992-1995 estuvieran además en desventaja debido a su condición de mujeres cabeza de familia y de desplazadas internas.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

Cómplices: El papel de Europa en las «entregas extraordinarias» de Estados Unidos (Índice AI: EUR 01/008/2006)
Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)
False starts: The exclusion of Romani children from primary education in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia (Índice AI: EUR 05/002/2006)
Llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que garantice que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia concluye su mandato (Índice AI: EUR 05/006/2006)
Bosnia y Herzegovina: Tras las puertas cerradas. Discriminación en el empleo por motivos étnicos (Índice AI: EUR 63/001/2006)

Visitas

Un delegado de Amnistía Internacional visitó Bosnia y Herzegovina en enero y en marzo.

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