Bosnia y Herzegovina

Human Rights in Bosnia y Herzegovina

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Bosnia y Herzegovina is now live »

Jefe del Estado presidencia de carácter rotativo:
Željko Komšić, Nebojša Radmanović y Haris Silajdžić

Jefe del gobierno Nikola Špirić
Pena de muerte abolicionista para todos los delitos
Población 3,9 millones
Esperanza de vida 74,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m) 15/13 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada 96,7 por ciento

Aumentó el uso de la retórica nacionalista en Bosnia y Herzegovina, y el país continuó profundamente dividido en función de la pertenencia étnica. Pese a algunos progresos, continuó la impunidad para los autores de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1992-1995. El colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero fue objeto de ataques, y las medidas adoptadas por las autoridades para responder a ellos siguieron siendo inadecuadas.

Información general

Los partidos nacionalistas que representaban a las tres naciones constitutivas –musulmanes bosnios (bosniacos), croatas y serbios– seguían sin llegar a un acuerdo político sobre la división administrativa del Estado. Las elecciones municipales que se celebraron en octubre colocaron de nuevo en el poder a los partidos nacionalistas.

La comunidad internacional continuó ejerciendo una considerable influencia sobre la vida política en Bosnia y Herzegovina. En junio se amplió el mandato de la Oficina del Alto Representante por un periodo indefinido. Esta oficina se creó en 1995 como la principal agencia de aplicación de los acuerdos de paz, y recibió el encargo del Consejo de Aplicación de la Paz de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Dayton. El Alto Representante también actuaba como representante especial de la Unión Europea (UE). La fuerza para el mantenimiento de la paz dirigida por la Unión Europea, la EUFOR, con unos 2.200 efectivos, seguía estacionada en el país. La UE también mantuvo su misión de policía en Bosnia y Herzegovina.

En abril, después de varios intentos infructuosos, se introdujo una legislación para la reforma de la policía, una de las condiciones para que Bosnia y Herzegovina pudiera avanzar hacia la integración en la Unión Europea. Gracias a ello, en junio se rubricó el Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión Europea.

"Casi 13 años después del final de la guerra seguía sin conocerse el paradero de alrededor de 13.000 personas."

Justicia internacional: crímenes de guerra

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia continuó juzgando a destacados políticos y altos mandos del ejército inculpados por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de 1992-1995.

  • En abril, la Sala de Apelaciones del Tribunal redujo las condenas de Enver Hadžihasanović y Amir Kubura a tres años y medio y dos años, respectivamente. En 2006, ambos habían sido declarados culpables de no haber adoptado las medidas necesarias y razonables para impedir o castigar los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando, entre ellas el destacamento El Mujahedin de voluntarios musulmanes extranjeros del Ejército de Bosnia y Herzegovina. La Sala de Apelaciones concluyó que no se les podía responsabilizar de los crímenes cometidos por el destacamento porque no tenían control efectivo sobre él.
  • En julio, la Sala de Apelaciones absolvió a Naser Orić, ex jefe del Ejército de Bosnia y Herzegovina en Srebrenica y áreas colindantes, de todos los cargos de crímenes de guerra. La Sala declaró que, aunque no había duda de que se habían cometido crímenes graves contra detenidos serbios de Bosnia en los dos centros de detención de Srebrenica entre septiembre de 1992 y marzo de 1993, las pruebas presentadas no eran suficientes para atribuir la responsabilidad de esos delitos al acusado.
  • En septiembre, la Sala de Primera Instancia condenó a Rasim Delić, ex general del Ejército de Bosnia y Herzegovina, a tres años de cárcel por crímenes cometidos por el destacamento El Mujahedin. Rasim Delić fue declarado culpable de no tomar las medidas necesarias y razonables para impedir y castigar algunos delitos de trato cruel cometidos por el destacamento, aunque fue absuelto del resto de los cargos, incluido el de asesinato. En octubre recurrió la sentencia.
  • En junio, Stojan Župljanin, que había sido inculpado por el Tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra croatas de Bosnia y musulmanes de Bosnia, fue detenido en Belgrado y entregado a la custodia del Tribunal en La Haya.
  • En julio, Radovan Karadžić –presidente serbio de Bosnia durante la guerra– fue detenido en Belgrado y trasladado a la custodia del Tribunal (véase el apartado sobre Serbia). El Tribunal lo había acusado, entre otros delitos, del cerco de Sarajevo y del asesinato de más de 7.000 musulmanes de Bosnia en Srebrenica.

Sistema de justicia: crímenes de guerra

Seguía habiendo un gran número de procedimientos por crímenes de guerra abiertos ante tribunales nacionales de todo el país, incluida la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina. La capacidad del sistema judicial nacional para hacerse cargo de los complejos procesos por crímenes de guerra seguía siendo limitada, especialmente dada la cantidad de casos que aún quedaban por juzgar.

  • El caso de Mitar Rašević y Savo Todorović se transfirió del Tribunal a la Sala de Crímenes de Guerra. En febrero, los dos acusados fueron declarados culpables y condenados a 8 años y medio y a 12 años y medio de prisión, respectivamente. Habían sido acusados de participar en el establecimiento y mantenimiento de un régimen de castigos y malos tratos contra musulmanes bosnios en un centro de detención de Foča durante la guerra de 1992-1995 y de participar en el establecimiento de un sistema de trabajos forzados en la prisión.
  • En abril de 2008, Dušan Fuštar se acogió a un acuerdo de admisión de culpabilidad y la Sala de Crímenes de Guerra lo condenó a nueve años de prisión por asesinato, tortura y detención ilegal de detenidos croatas de Bosnia y musulmanes bosnios en el campo de detención de Keraterm. La acusación se había transferido a la Sala de Crímenes de Guerra desde el Tribunal. Después de que se llegase a un acuerdo con la Fiscalía General de Bosnia y Herzegovina, se modificó el acta de acusación contra Dušan Fuštar y se retiraron algunos cargos (en un principio, Dušan Fuštar estaba incluido en la causa contra Željko Mejakić y otros, véase infra).
  • El resto de los acusados –Duško Knežević, Željko Mejakić y Momčilo Gruban– fueron condenados en mayo a 31, 21 y 11 años de cárcel, respectivamente. Los acusaban de asesinato, violación, tortura y detención ilegal de personas en los campos de Keraterm y Omarska.
  • Paško Ljubičić, ex jefe de la policía militar de los croatas de Bosnia, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y fue condenado a 10 años de cárcel en abril. Paško Ljubičić había ordenado a sus subordinados la ejecución de 27 civiles bosniacos en la localidad de Busovača. También había dado orden de matar o expulsar a todos los hombres bosniacos de la zona de Ahmići, en Bosnia y Herzegovina, en abril de 1993, una medida que tuvo como consecuencia el asesinato de más de un centenar de civiles.
  • En mayo, Željko Lelek –ex agente de policía serbio de Bosnia– fue declarado culpable de participar en operaciones de «limpieza étnica» en el área de Višegrad, en Bosnia y Herzegovina, durante 1992. Fue condenado a 13 años de prisión por cargos de encarcelamiento ilegal, tortura y violación, así como de participar en el traslado forzoso de civiles no serbios, entre otros.
  • En julio, 7 de los 11 acusados por el genocidio cometido en la granja de Kravica, cerca de Srebrenica, en julio de 1995, fueron declarados culpables de matar a más de 1.000 musulmanes bosnios y condenados a penas de entre 38 y 42 años de prisión. Los otros cuatro acusados fueron absueltos de todos los cargos.

En las dos entidades semiautónomas –la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina–, los tribunales locales seguían juzgando casos de crímenes de guerra. Las autoridades de la República Srpska empezaron a dar muestras de estar adoptando un enfoque más proactivo; en esta entidad, en 2008 se estaban investigando alrededor de 150 casos.

  • El 17 de noviembre, el Tribunal Supremo de la República Srpska condenó en apelación a Milo Govedarica, miembro de la brigada Águilas Blancas, por crímenes de guerra perpetrados contra la población civil del municipio de Gacko.

Anteriormente, en julio, el Tribunal de Distrito de Trebinje había declarado culpable a Milo Govedarica y lo había condenado a siete años y seis meses de prisión por la violación de una mujer bosniaca y por el homicidio del civil Aziz Hasanbegović.

Desapariciones forzadas

Casi 13 años después del final de la guerra seguía sin conocerse el paradero de alrededor de 13.000 personas.

El Instituto de Personas Desaparecidas comenzó a trabajar a plena capacidad en 2008.

En junio, el Comité Internacional de la Cruz Roja donó su base de datos de personas desaparecidas al Instituto de Personas Desaparecidas, facilitando el establecimiento de un sistema centralizado de información sobre todas las personas desaparecidas en el territorio de Bosnia y Herzegovina.

  • En mayo, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina pronunció dos sentencias en una vista relacionada con 230 casos presentados por familias de personas desaparecidas. El Tribunal falló que se había violado el derecho de los demandantes a la vida familiar y privada, así como su derecho a no sufrir un trato inhumano, porque las autoridades estatales no habían iniciado investigaciones sobre la desaparición forzada y la muerte de sus familiares.

Personas refugiadas e internamente desplazadas

Las personas desplazadas durante la guerra de 1992-1995 continuaron volviendo a sus hogares, pero la escala del retorno se redujo considerablemente.

Según el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados de Bosnia y Herzegovina, más de 1,2 millones de personas todavía no habían regresado a sus hogares. Las que habían vuelto, a menudo no tenían acceso adecuado a una vivienda. Unas 2.700 familias seguían viviendo en alojamientos colectivos. Algunos de los que regresaron no pudieron recuperar los derechos sobre sus propiedades.

Los retornados pertenecientes a minorías siguieron encontrando dificultades para ejercer sus derechos económicos y sociales, incluido el acceso a servicios médicos y educación. La falta de acceso al empleo, causada en parte por la precaria situación económica del país, pero también por la discriminación, siguió siendo uno de los obstáculos principales para el retorno.

Seguridad y medidas antiterroristas

El 20 de noviembre de 2008, el juez Richard Leon, de la Corte Federal de primera instancia del Distrito de Columbia, Estados Unidos, ordenó la liberación de cinco de los seis hombres de origen argelino que habían sido detenidos ilegalmente en Bosnia y Herzegovina y trasladados a la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba, en 2002. Según el fallo del juez, había pruebas suficientes para mantener al sexto hombre (Belkacem Bensayah) bajo custodia. A pesar de la orden, las autoridades de Bosnia y Herzegovina sólo se mostraron dispuestas a aceptar a tres de los hombres (Mustafa Aït Idir, Boudella el Hadj y Mohammed Nechle) y no adoptaron medidas diplomáticas para liberar a los otros dos. Los tres hombres fueron liberados de Guantánamo y llegaron a Sarajevo el 16 de diciembre.

En junio, la fiscalía del cantón de Sarajevo abrió un proceso judicial contra Zlatko Lagumdžija (ex primer ministro de Bosnia y Herzegovina) y Tomislav Limov (ex ministro del Interior), así como contra otros funcionarios de menor rango por su presunta participación en la detención ilegal y entrega de los seis hombres a la custodia de Estados Unidos.

La Comisión Estatal de Bosnia y Herzegovina para el Examen de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros continuó con su trabajo. Hasta 1.500 personas que llegaron a Bosnia y Herzegovina durante la guerra de 1992-1995 para realizar labores humanitarias en ONG o para alistarse en el Ejército de Bosnia y Herzegovina adoptaron posteriormente la nacionalidad bosnia. Si se les privaba de ella, estas personas podían ser expulsadas a sus países de origen, donde podrían correr riesgo de sufrir tortura o la pena de muerte.

  • Imad al Husein recurrió contra la decisión de privarle de la ciudadanía, y su caso se encontraba pendiente de resolución por parte del sistema judicial de Bosnia y Herzegovina. En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que adoptasen medidas provisionales para impedir su expulsión a Siria hasta el pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina y durante un periodo de siete días después de la notificación de la sentencia. A pesar de ello, se dictó una orden de expulsión. En octubre, el Tribunal Constitucional pidió que se celebrase un nuevo juicio ante el Tribunal del Estado de Bosnia y Herzegovina. Pese a esta decisión, el 6 de octubre Imad al Husein fue trasladado a un centro para personas en espera de ser expulsadas.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron los malos tratos en las prisiones y por parte de agentes de policía. La impunidad prevalecía debido a la ineficacia del mecanismo de denuncias y a que los fiscales no emprendían investigaciones sobre las denuncias de malos tratos.

Las condiciones de detención no cumplían las normas internacionales. Especialmente preocupantes eran las condiciones en el Anexo Psiquiátrico Forense de la prisión de Zenica, donde los pacientes con problemas de salud mental no recibían asistencia médica adecuada.

La ley de reforma de la policía aprobada en abril no abordaba el problema de la rendición de cuentas policial.

Discriminación de la comunidad romaní

Las medidas adoptadas para combatir la discriminación y la exclusión social de los miembros de las comunidades romaníes seguían siendo insuficientes y aisladas. La coordinación entre las medidas adoptadas por las distintas autoridades era muy escasa.

Según la ONG internacional Save the Children, sólo entre el 20 y el 30 por ciento de los niños romaníes asistía a centros de educación primaria, y sólo entre el 0,5 y el 3 por ciento a centros de educación preescolar.

El Consejo de Ministros del Estado desarrolló planes de acción para la integración de los miembros de la comunidad romaní en las áreas del empleo, los servicios de salud y la vivienda, y en septiembre Bosnia y Herzegovina se unió a la iniciativa Decenio de la Inclusión Romaní.

Libertad de reunión: Festival Gay de Sarajevo

Las autoridades no protegieron a los organizadores y participantes en el Festival Gay de Sarajevo, que se celebró por primera vez en Bosnia y Herzegovina en septiembre. El evento se clausuró antes de lo previsto, debido a las amenazas de muerte recibidas por los organizadores y a las agresiones contra los participantes. El festival estuvo rodeado de un clima de intimidación debido a la campaña homofóbica por parte de algunos políticos y medios de comunicación de Bosnia y Herzegovina.

En noviembre, la Fiscalía del cantón de Sarajevo inculpó a dos hombres por las agresiones contra los participantes en el festival.

Visitas de Amnistía Internacional

Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Bosnia y Herzegovina en febrero y diciembre.

Informes de Amnistía Internacional

Bosnia y Herzegovina: «Es mejor callar». Malos tratos a manos de la policía y en las prisiones (7 septiembre 2008)
Negar la evidencia: La participación de Europa en las entregas extraordinarias y detenciones secretas (24 junio 2008)

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