Bosnia y Herzegovina
Jefe del Estado
presidencia de carácter rotativo - Željko Komšić, Nebojša Radmanović y Bakir Izetbegović (sustituyó a Haris Silajdžić en noviembre)
Jefe del gobierno
Nikola Špirić
Pena de muerte
abolicionista para todos los delitos
Población
3,8 millones
Esperanza de vida
75,5 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m)
17/12 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada
97,6 por ciento

La retórica nacionalista era generalizada. Proseguían los enjuiciamientos por crímenes de guerra, aunque el avance era lento. Se seguía impidiendo obtener justicia y reparación a víctimas civiles de la guerra.

Información general

En el periodo previo a las elecciones generales de octubre, las relaciones entre los principales grupos étnicos –musulmanes bosnios (bosniacos), croatas y serbios– siguieron estando marcadas por la retórica nacionalista. Los continuos llamamientos a la separación realizados por varios políticos de alto nivel de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia y Herzegovina, amenazaron la estabilidad del país. También políticos croatas propusieron en algunas ocasiones la creación de una entidad bajo control croata en Bosnia y Herzegovina.

En julio, poco antes de cumplirse el 15 aniversario del genocidio perpetrado en Srebrenica en 1995, varios políticos de alto nivel de la República Srpska emitieron declaraciones en las que glorificaban a los autores de este crimen, así como a otros presuntos responsables de él, como Radovan Karadžić. Algunos de estos políticos negaban que se hubiese cometido un genocidio en Srebrenica.

Los principales partidos étnicos –la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD) y el Partido de Acción Democrática, que representaban a las comunidades serbia y bosniaca, respectivamente– consiguieron la mayoría de los puestos de responsabilidad en las instituciones decisorias del país. Sin embargo, las elecciones también introdujeron una formación política no étnica –el Partido Socialdemócrata–, que obtuvo la mayoría de los escaños en la Federación de Bosnia y Herzegovina (la entidad de mayoría bosniaca y croata).

La comunidad internacional mantuvo su presencia en Bosnia y Herzegovina, y Valentin Inzko siguió ocupando el puesto de alto representante, jefe de la agencia civil de aplicación de la paz creada en virtud de los Acuerdos de Paz de Dayton de 1995. El alto representante también actuaba como representante especial de la Unión Europea (UE).

La UE mantuvo su fuerza de mantenimiento de la paz, formada por unos 1.600 efectivos, así como una misión policial de poco menos de 300 miembros.

Prosiguieron las negociaciones con la UE para la adhesión de Bosnia y Herzegovina. En el marco de este proceso, en diciembre se firmó un acuerdo de liberalización de visados que permitía a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina circular libremente por los 25 países comprendidos en el espacio Schengen de Europa.

En enero, Bosnia y Herzegovina comenzó su mandato de dos años como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Sistema de justicia: delitos de derecho internacional

Prosiguió a un ritmo lento el enjuiciamiento de delitos de derecho internacional ante las autoridades judiciales de Bosnia y Herzegovina.

La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatal continuó desempeñando el papel principal en el enjuiciamiento de crímenes de guerra en Bosnia y Herzegovina. A finales de septiembre tenía 50 juicios pendientes por crímenes de guerra. Se estaban celebrando otros 20 en la Federación de Bosnia y Herzegovina, y 13 más en la República Srpska. En el distrito de Brčko había 4 causas pendientes. Seguía sin recibir apenas atención el enjuiciamiento por violación y otros actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra. La Sala había visto en total menos de 20 causas de este tipo desde su creación en 2005.

Sin embargo, se calculaba que había hasta 10.000 causas por crímenes de guerra atrasadas. Se retrasó la aplicación de la estrategia nacional de trabajo sobre crímenes de guerra, que se había adoptado en 2008 con objeto de abordar este problema.

Las medidas de protección y apoyo a testigos aplicadas en Bosnia y Herzegovina seguían resultando inadecuadas y continuaban siendo uno de los principales obstáculos a los que tenían que enfrentarse las víctimas de crímenes de guerra y sus familiares a la hora de reclamar justicia.

Pese a haber puesto en marcha algunas iniciativas, las autoridades privaban de acceso a una reparación a muchas víctimas de crímenes de guerra, como las sobrevivientes de actos de violencia sexual, los familiares de víctimas de desaparición forzada y las víctimas de tortura.

Los ataques verbales al sistema de justicia y la negación de crímenes de guerra –como el genocidio perpetrado en Srebrenica en julio de 1995– por parte de altos cargos políticos menoscabaron aún más los esfuerzos del país por enjuiciar los crímenes de guerra.

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Justicia internacional

Al término de 2010 había pendientes seis causas por crímenes de guerra relativas a Bosnia y Herzegovina ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Otras dos estaban en fase de apelación.

  • En junio, la sala de primera instancia del Tribunal condenó a siete ex mandos policiales y militares serbobosnios por cargos relacionados con delitos de derecho internacional cometidos en Srebrenica y Žepa en 1995. Vujadin Popović y Ljubiša Beara fueron declarados culpables de genocidio, además de otros delitos, y condenados a cadena perpetua. Drago Nikolić, declarado culpable de complicidad en genocidio, exterminio y asesinato, entre otros delitos, fue condenado a 35 años de prisión. Ljubomir Borovčanin, declarado culpable de complicidad en exterminio, asesinato, persecución y traslado forzoso, fue condenado a 17 años de prisión. Radivoje Miletić, declarado culpable de asesinato, persecución y traslado forzoso, fue condenado a 19 años de prisión. Milan Gvero fue declarado culpable de persecución y actos inhumanos y condenado a 5 años de prisión. Vinko Pandurević fue declarado culpable de complicidad en asesinatos, persecución y actos inhumanos y condenado a 13 años de prisión.

La sala de primera instancia del Tribunal determinó que se había matado al menos a 5.336 personas en diversas ejecuciones tras la rendición de Srebrenica, pero señaló que la cifra definitiva de víctimas podía ascender a 7.826.

  • Prosiguieron ante la sala de primera instancia del Tribunal las actuaciones contra Radovan Karadžić por varios cargos, entre los que figuraban dos relacionados con genocidio. El primero de éstos tenía relación con delitos cometidos entre el 31 de marzo y el 31 de diciembre de 1992 en varios municipios de Bosnia y Herzegovina –que incluyeron homicidios, tortura y traslado forzoso o expulsión– con objeto de causar la destrucción de los musulmanes y croatas de Bosnia como grupos religiosos o étnicos. El segundo tenía que ver con el homicidio de más de 7.000 hombres y niños en Srebrenica en julio de 1995. También se habían presentado otros cinco cargos por crímenes de lesa humanidad, como persecución, exterminio, asesinato y expulsión de población no serbia. El acta de acusación formal incluía además cuatro cargos por violación de las leyes y costumbres de la guerra, como tomar rehenes y sembrar el terror entre la población civil.

Durante el proceso, Radovan Karadžić negó todos los cargos, alegando que tanto Sarajevo como Srebrenica eran objetivos militares legítimos.

  • En enero dio comienzo el proceso de apelación de la causa contra Rasim Delić, declarado culpable de no haber adoptado todas las medidas necesarias y razonables para prevenir y castigar los delitos de trato cruel cometidos por miembros de la Unidad Muyahidín del ejército de Bosnia y Herzegovina. La sala de primera instancia del Tribunal lo había condenado a tres años de prisión en septiembre de 2008. El 16 de abril, mientras se encontraba en libertad provisional, Rasim Delić falleció. En junio, la sala de apelaciones del Tribunal dio por concluido el proceso y anunció que el fallo dictado por la sala de primera instancia debía considerarse definitivo.

Algunas víctimas y sus familiares decidieron reclamar justicia ante otros tribunales internacionales.

  • El 28 de enero de 2010, el Tribunal de Apelación de La Haya celebró la vista de una demanda civil interpuesta por 6.000 familiares de víctimas del genocidio de Srebrenica (las “Madres de Srebrenica”) contra Países Bajos y la ONU.

Los demandantes reclamaban una indemnización a las autoridades neerlandesas y a la ONU por no haberlos protegido ni a ellos ni a sus familias del genocidio cometido en Srebrenica en julio de 1995 por miembros del ejército serbobosnio dirigido por el general Ratko Mladić. En el fallo dictado en primera instancia en julio de 2008, el Tribunal de Distrito de La Haya había declarado que no tenía competencia sobre las acciones del personal de la ONU. También había eximido de toda responsabilidad al gobierno neerlandés.

El 30 de marzo, el Tribunal de Apelación de La Haya desestimó el recurso de apelación. Manifestó que la inmunidad de la ONU ante todo procedimiento judicial era absoluta y que él no tenía competencia para examinar la demanda de indemnización.

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Derechos de las mujeres

Sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra

Pese a que el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados puso en marcha algunas iniciativas con el objeto de promulgar leyes y políticas estatales pertinentes, las sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra continuaron privadas del ejercicio de sus derechos económicos y sociales.

Muchas mujeres violadas durante la guerra seguían viviendo en la pobreza. No encontraban trabajo, porque aún padecían secuelas físicas y psicológicas de aquella experiencia.

En julio, el Ministerio, conjuntamente con el Fondo de Población de la ONU y algunas ONG, inició la elaboración de una estrategia nacional para ofrecer reparación a estas sobrevivientes. Sin embargo, la iniciativa no recibió el apoyo político necesario.

Debido a la falta de apoyo del gobierno a la prestación de ayuda psicológica a las sobrevivientes, las ONG eran prácticamente las únicas que prestaban estos servicios, que solían tener por ello un alcance limitado. Numerosas sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra no tenían acceso al sistema de salud. También estaban discriminadas en el acceso a prestaciones sociales en comparación con otros grupos de víctimas del conflicto, como los veteranos de guerra.

En el periodo de sesiones de noviembre del Comité de la ONU contra la Tortura, el gobierno reconoció que en Bosnia y Herzegovina sólo 2.000 mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual constitutivos de crímenes de guerra recibían prestaciones sociales por su condición de víctimas civiles de la guerra.

Libertad de expresión

En agosto, el partido serbio Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD) presentó en el Parlamento de la República de Bosnia y Herzegovina un anteproyecto de ley que prohibía llevar en público indumentarias que dificultasen la identificación. Se expresó preocupación por que, de ser aprobado, este anteproyecto de ley conculcara los derechos de las mujeres que decidieran cubrirse con un velo integral como expresión de su identidad o convicciones religiosas, culturales, políticas o personales, incluido su derecho a la libertad de expresión y religión.

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Desapariciones forzadas

La determinación del paradero de las víctimas de desaparición forzada de la guerra de 1992-1995 avanzaba lentamente. Debido a la respuesta inadecuada del sistema de justicia, los responsables de este delito solían gozar de impunidad.

Aunque el Instituto de Personas Desaparecidas continuó realizando exhumaciones en diversos emplazamientos, siguió sin conocerse el paradero de entre 10.000 y 11.500 personas.

Las autoridades del Estado no crearon una base de datos de personas desaparecidas ni un fondo de ayuda a los familiares de los desaparecidos, pese a que ambas medidas estaban previstas en la Ley de Personas Desaparecidas aprobada en 2004.

En junio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó Bosnia y Herzegovina e instó a las autoridades a aplicar íntegramente la ley de 2004. También observó con preocupación que seguían sin ejecutarse numerosas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina en casos relacionados con desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo recomendó que las autoridades establecieran un programa nacional de reparaciones para familiares de víctimas de desaparición forzada, que debía incluir medidas como indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

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Discriminación

Derechos de las minorías

Las autoridades no ejecutaron la sentencia dictada en diciembre de 2009 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la demanda interpuesta por Dervo Sejdić (romaní) y Jakob Finci (judío). Los demandantes habían denunciado que, como no pertenecían a ninguno de los principales grupos étnicos, se les negaba el derecho a ser elegidos para las instituciones del Estado (puesto que conforme al marco legal vigente sólo se reconocía este derecho a bosniacos, croatas y serbios). El Tribunal había fallado que el marco constitucional y el sistema electoral discriminaban a los demandantes y las autoridades tenían la obligación de subsanarlo. Sin embargo, las iniciativas políticas para cambiar el marco constitucional y el sistema electoral y reformar las instituciones del Estado fracasaron.

Romaníes

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por la discriminación que sufrían los miembros de la comunidad romaní en el acceso a una vivienda adecuada, la atención de la salud, el empleo, la seguridad social y la educación. El Comité recomendó asimismo que las autoridades adoptasen medidas a fin de garantizar que todos los romaníes obtuviesen documentos de identidad.

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Seguridad y medidas antiterroristas

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina continuaron conculcando los derechos de algunas personas que se habían establecido en el país durante o después de la guerra y a quienes posteriormente se había concedido la nacionalidad de Bosnia y Herzegovina. A consecuencia de las decisiones adoptadas por la Comisión Estatal para la Revisión de Decisiones sobre Naturalización de Ciudadanos Extranjeros, algunas de estas personas perdieron la nacionalidad, y se abrió un proceso de expulsión en su contra.

Varias personas llevaban largo tiempo recluidas en el centro de expulsión de inmigrantes de Lukavica en espera de ser expulsadas a sus países de origen. Entre ellas se incluían Imad al Husein (detenido desde octubre de 2008), Ammar al Hanchi (detenido desde abril de 2009), Fadil el Hamdani (detenido desde junio de 2009) y Zijad al Gertani (detenido desde mayo de 2009). Las autoridades continuaban manteniendo detenidas a estas personas, a quienes se había revocado la nacionalidad, alegando motivos imprecisos, relacionados con la seguridad nacional. De ser expulsadas, estas personas correrían el riesgo de sufrir tortura o ser condenadas a muerte en sus países de origen.

No existía ninguna disposición legal que permitiese a los cuatro hombres anteriormente mencionados examinar las pruebas presentadas contra ellos, por lo que no podían impugnar de manera efectiva ante los tribunales de Bosnia y Herzegovina las decisiones adoptadas con relación a su detención.

Dos de los detenidos recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la revocación de su ciudadanía y su posterior expulsión del país. En ambos casos, el Tribunal dictó medidas provisionales contra la expulsión.

En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura recomendó, entre otras cosas, que las autoridades garantizaran que las consideraciones relativas a la seguridad nacional no menoscababan el principio de no devolución (non-refoulement). El Comité instó a Bosnia y Herzegovina a cumplir la obligación de respetar el principio de prohibición absoluta de la tortura en todas las circunstancias.

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Visitas

  • Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Bosnia y Herzegovina en marzo y diciembre.